9 ago 2010

Jure apela a Corte Suprema por la basura

La Mañana de Córdoba (09/08/2010)
Jure apela a Corte Suprema para retener el campo donde tira la basura Gamsur

El Tribunal Superior de Justicia ordenó a Río IV devolver 80 hectáreas al ex propietario.
Aunque el procedimiento jurídico es más que complejo y entraña un serio riesgo para el municipio local, el intendente Juan Jure decidió apelar ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación con el fin de evitar que se transforme en realidad la última sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ) en contra del Estado riocuartense.
A través de esa resolución que ayer informó el diario Puntal, el más alto cuerpo judicial de Córdoba ordenó a la administración Jure devolver a sus dueños originales el campo donde la empresa mixta Gamsur deposita diariamente los residuos sólidos urbanos.
El fallo del Tribunal Superior, después de ocho años de litigio no pudo llegar en peor momento, agravando la crisis casi terminal que soporta Gamsur con una deuda de más de 16 millones de pesos y un polémico proceso de venta iniciado por el intendente Juan Jure.
La decisión del TSJ que el municipio apelará ante la Corte determinó en forma contundente que el estado riocuartense deberá devolver al producto rural Carlos Roberto Calvo el terreno de 80 hectáreas que desde hace varios años funciona como enterramiento sanitario.
En su nota dominical, Puntal recordó que el controvertido proceso de compra de esas tierras se inició en 2001, mientras gobernaba Río Cuarto el intendente justicialistas Alberto Cantero.
Tras la negociación de rigor y ante la amenaza de perder el campo a través de una expropiación, Calvo acordó con el municipio la entrega de las tierras a cambio de 400 mil pesos/dólares. Por las primeras 20 hectáreas que tenían una escrituración independiente Cantero pagó 80 mil pesos y éstas pasaron al dominio comunal.
El problema surgió con las restantes 80 hectáreas que pertenecían a un campo más grande de 267 hectáreas que no estaban subdivididas. Mientras se completaban los trámites, se acordó terminar el pago total el 23 de agosto de 2002. Sin embargo, el fin de la convertibilidad con la devaluación del peso complicó todo el proceso. Cuando llegó la fecha de pago, la gestión Cantero intentó abonar el saldo de 266 mil pesos pero el propietario exigió la diferencia en dólares. Ante esta situación el municipio inició una demanda judicial exigiendo la transferencia definitiva del campo.
El primer fallo de la jueza Rosana de Souza le ordenó pagar el 9 de mayo de 2005 a la Municipalidad el saldo a razón de 1 peso más el 65 por ciento de la diferencia entre la paridad uno a uno y la cotización del dólar en el mercado libre.
Además, condenó a la Municipalidad a realizar las tareas de mensura y subdivisión en un plazo máximo de 30 días. Se apeló, pero la segunda sentencia a cargo de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial determinó que el contrato no podía cumplirse. Calvo debería devolver las sumas cobradas por las 80 hectáreas y el municipio tenía que reintegrar las tierras en las mismas condiciones en que las recibió. Pero, además, le aceptó a Calvo un reclamo por daños y perjuicios por los años.
El ex intendente radical Benigno Rins llevó el caso hasta el Tribunal Superior. El 3 de agosto pasado este órgano determinó que el municipio deberá devolver las 80 hectáreas y que Calvo tendrá que reintegrar los fondos que cobró por esas tierras (los 70 mil dólares de entrega inicial más los 266 mil pesos que el municipio depositó para demostrar voluntad de pago). Sin embargo, el Tribunal Superior anuló parcialmente el fallo de la Cámara y definió que no deberá pagarse a Calvo una indemnización por daños y perjuicios.

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