20 ago 2010

Debate en Río IV por la ley de bosques

El Puntal de Río Cuarto (20/08/2010)
Intenso debate con nuevas críticas a la ley de bosques en el Concejo

La sala estuvo colmada y sirvió para que integrantes de la COTBN expusieran sus diferencias con la normativa aprobada en la Unicameral. Fueron invitadas entidades del campo, pero no participaron
La ley de bosques aprobada por la Unicameral en la madrugada del 5 de agosto sigue generando polémica y críticas de parte de sectores ambientalistas y académicos.
Ayer, en el Concejo Deliberante, hubo fuertes cuestionamientos en un debate organizado sobre la normativa que estuvo encabezado por el biólogo Ricardo Suárez, integrante de la Comisión de Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo (COTBN); y la ingeniera forestal, Natalia De Luca.
Además de ambientalistas y profesionales, participaron los concejales Eduardo Scoppa, Claudia Bringas, Jorge Cendoya y estuvo presente también Ricardo Rojas entre los espectadores. El director de la Casa de Gobierno de la Provincia en Río Cuarto, Hugo Palacios, también se sentó en las primeras filas.
Suárez fue el encargado de desmenuzar el texto aprobado por 55 votos a favor en la Legislatura provincial. Y describió numerosos artículos en los que, según señaló, “hay perjuicios serios para la conservación de los bosques”.
En la exposición se destacó la fuerte pérdida de zonas boscosas sobre un mapa elaborado por Kurtz en 1904 donde se observaba la gran diversidad de bosques en la provincia. También se destacó un trabajo realizado por Zak y Cabido donde el mismo mapa era mostrado 100 años después. “Como podrán observar, lo que queda es muy poco y por eso es necesario hacer todo para protegerlo”, indicó el especialista.
Más adelante, Suárez proyectó un mapa argentino de la Secretaría de Ambiente de la Nación donde se remarcaba que en 1935 existían 1.072.600 kilómetros cuadrados de bosques en el país y en 2004 sólo quedaban 331.904. En Córdoba la reducción pasó de 138.000 a 13.308 kilómetros cuadrados.
Uno de los cuestionamientos centrales de los ambientalistas es el permiso de “aprovechamiento sustentable” de las zonas rojas o categoría I que establece la flamante normativa. La crítica sobre este punto se centra especialmente en su comparación “con la norma nacional que establece una estricta conservación”, explicaron los especialistas. A esto le suman la posibilidad de poder desmontar donde existe o se genere infraestructura para producción bajo riego, en cuyo caso a las hectáreas se las considerará incluidas en la categoría verde (III). “Acá se va a dar el colmo de que un productor que conecte un sapito en el medio del monte lo va a poder talar”, se quejó Suárez.

¿También sin miel?
El biólogo anticipó que además de los procesos de desertificación y degradación también se darán otras consecuencias negativas como la pérdida de producciones actuales como la apícola. “Sin bosque la posibilidad de producir miel desaparece”, agregó.
En la reunión hubo un solo productor ganadero que decidió participar de manera particular. El productor expuso un sinfín de razones por las que necesitaba “aprovechar el bosque para generar kilos de carne”, lo que terminó en un extenso cruce de opiniones con el resto de los participantes del encuentro. Esto derivó incluso en reclamos para que no siguiera hablando, hasta que Suárez reclamó respeto por las opiniones diferentes, aunque se mostró contrario a los argumentos.
Luego de repasar buena parte del articulado, el biólogo aseguró que la mayoría de los legisladores “aprobó esta norma sin haberla leído”, y remarcó que “el mapa de zonas boscosas presentado como anexo de la normativa es mentiroso porque no responde a la realidad”.
Por su parte, la ingeniera De Luca describió el proceso en el que los sectores ambientalistas participaron de la elaboración de un proyecto de ley de bosques para la provincia y señaló cómo “cuando se había logrado un consenso entre las diferentes posturas finalmente se impuso el proyecto más vinculado a Cartez”.
Esto último es lo que vienen denunciando también sectores académicos que participaron del debate previo de la ley. En ese marco, la Universidad Nacional de Río Cuarto y también la de Córdoba, analizan recurrir a la Justicia para solicitar la inconstitucionalidad de la normativa provincial porque supuestamente no respeta los preceptos mínimos fijados por la ley nacional conocida como “ley Bonasso” y remarcan que eso se generó por el cambio de último momento que se hizo al proyecto consensuado.

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