14 mar 2010
Cargo para medidores, con canilla libre
8:59 a.m. | 
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Eco Sitio |
Día a Día (14/03/2010)
Cargo para medidores, con canilla libre
Tarifazo del agua. En 2009, el Ersep pidió “revisión extraordinaria” del contrato para incluir el cargo nuevo. Ahora, lo tratará como un aumento más.
En el Ente Regulador de los Servicios Públicos (Ersep) soplaron vientos de cambio con la llegada de 2010. Al menos, esto parece haber sucedido en la opinión del oficialismo del organismo respecto de la inclusión de un cargo fijo en la tarifa de agua, para que sean todos los usuarios (a través de la factura) los que financien la compra e instalación masiva de medidores de caudal.
Esto es así: hace nueve meses, y ante la cruda confesión del Gobierno –que reconoció no contar con fondos para financiar la colocación de los aparatos (ver “Yo señor...”)–, el Ersep planteó apelar a un procedimiento de revisión extraordinario del contrato de concesión, lo que habilitaría a un largo proceso y a un estudio profundo de todas las finanzas de Aguas Cordobesas. Esta era, en junio pasado, la condición necesaria que el ente de control consideraba pertinente para evaluar, entre otras cosas, una transferencia en el origen de los fondos, desde la Provincia, hacia los usuarios.
Sin embargo, este año, y en un viraje en la interpretación del articulado del contrato vigente, el organismo regulador decidió incluir el tratamiento del cargo fijo en la audiencia pública que se realizará el próximo 19 de marzo. De esta forma, la intención del Gobierno de transmitirle a los frentistas el costo de los medidores será tratada por la vía convencional (y mucho más expeditiva), junto con un nuevo pedido de incremento de tarifa.
Aumento. Hay que recordar que se estudia una suba del 10,58 por ciento en la factura y la creación de un cargo fijo de 18 puntos porcentuales, que sería abonado por todos los usuarios (excepto tarifa social y zonal 1), durante tres años. Lo recaudado por este ítem tendrá un destino específico: financiar el Plan de Mejoras y Expansión del Servicio (Pmes), cuyo principal gasto lo supone la instalación masiva de 70 mil flamantes medidores.
¿Extraordinario o no? Según Juan Pablo Quinteros, vocal del Frente Cívico en el Ersep, “la figura de revisión extraordinaria está perfectamente contemplada en el convenio de renegociación del contrato que se hizo en 2006”. Según el funcionario opositor, “esta metodología requiere un estudio profundo de la tarifa, con la consecuente evaluación de rentabilidad”. Además, “como si fuera poco, todo cambio de esta naturaleza implicaría también la aprobación de una nueva ley”, reflexionó Quinteros, en diálogo con Día a Día.
Respecto de la nota de junio de 2009 del Ministerio de Obras Públicas, Quinteros dijo que “es muy clara”. “La Provincia reconoce que es cierto que tiene que asumir el costo de los medidores y, además, que no tiene una moneda”, describió.
Ante el pedido de este diario, el oficialismo del Ersep (integrado por Rody Guerreiro, Luis Arias y Jorge Saravia) ensayó una aclaración. “La situación (cargo fijo para medidores) no configura ninguna de las causas establecidas en el contrato para generar una revisión extraordinaria”, dijeron. Según los directores, “el año pasado, ante una solicitud de la Provincia de revisar integralmente el Pmes, que incluía un replanteo de metas y objetivos contractuales, el Ersep planteó la posibilidad de que se permitiera, en caso de que fuera necesario, la utilización de algunos procedimientos establecidos para una revisión extraordinaria, pero no se solicitó habilitarla”.
Por otra parte, para Alberto Castagno, vocal por la UCR, y según consta en su voto en contrario al tratamiento del cargo fijo, la modificación del Pmes “debe presentarse con la debida certificación por auditores, como lo exige el contrato”.
¿Yo señor? Sí, pero no tengo un mango
Mucho antes de que estallara la crisis hídrica y de que el Gobierno decidiera reflotar el tema de la colocación masiva de medidores en la ciudad de Córdoba para combatir a los “derrochones”, la Provincia ya tenía decidido que no se iba a hacer cargo del costo de la instalación de los aparatos.
En una nota dirigida al Ersep en marzo del año pasado (ver documento adjunto), que lleva la firma del ministro de Obras y Servicios Públicos, Hugo Testa, la Provincia reconocía que el costo de la instalación de los medidores era su responsabilidad, pero que le resultaría imposible asumirlo “por la crítica realidad financiera nacional e internacional”, y por “la difícil situación que se debe enfrentar para administrar las finanzas provinciales”.
Según la renegociación de 2006, el denominado Plan de Mejoras y Expansión del Servicio 2008-2010 (Pmes) debía ser financiado por el Estado y no, como era originalmente, por la empresa concesionaria. En el Pmes, además de obras de expansión y mantenimiento, los medidores representan gran parte de la erogación total.
Lo que viene: audiencia pública
A decir y escuchar. El viernes 19 se tratarán en audiencia pública dos temas: una suba (10,58%) correspondiente a los primeros nueve meses de 2009; y la creación de un cargo fijo para costear la instalación de 70 mil medidores. Originalmente, el plan de 2006 (llamado Pmes) era colocar 150 mil hasta el año 2010, y los iba a pagar la Provincia. Nunca se hizo.
Despertó. El plan estaba “planchado”, pero la emergencia hídrica de fines de 2009 aceleró la necesidad (y los anuncios).
Cuánto cuestan. Hoy, cada aparato colocado le cuesta al usuario que lo instala $ 409 más IVA.
Objeción. La oposición en el Ersep dice que el tratamiento de un cargo fijo supone una revisión extraordinaria del contrato.
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Gota a gota
27 de marzo de 2009. Una nota del Ministerio de Obras Públicas (izquierda) refería que como consecuencia de la crítica situación de las finanzas provinciales le resultaba imposible al Gobierno “asumir los compromisos de recursos que requeriría el Plan de Mejoras y Expansión del Servicio (Pmes)”. De los $ 65,8 millones que suponía el plan –en 2006–, $ 30 millones correspondían a medidores nuevos.
¿Y si pagan los usuarios? En esa nota, el Gobierno pidió al Ersep que redefiniera “los escenarios asociados a las distintas alternativas de inversión, agregando el impacto tarifario”. También hablaba de “valores tarifarios de aplicación”, de “eventuales ajustes” y de “capacidad de pago de los usuarios”.
2 de junio de 2009. El Ersep respondió (derecha) que esa solicitud implicaba “una revisión de singular profundidad”. También detallaba que el pedido excedía “el procedimiento habitual”. También solicitó al Ministerio que autorizara “a analizar el pedido mediante la utilización de la revisión extraordinaria”. Esto es, “abrir” el contrato y estudiar en detalle la contabilidad de Aguas.
4 de junio de 2009. Dos días después, desde Obras Públicas respondieron no tener objeción sobre la aplicación de los procedimientos propuestos por el Ersep, pero, al mismo tiempo, pidieron celeridad en el proceso. “Les bajaron la orden de ‘sacarlo’ a la brevedad, no respetando lo establecido en el contrato. O sea que el oficialismo del Ersep se allanó a la ‘orden’ impartida por Obras Públicas”, interpreta hoy Juan Pablo Quinteros, vocal del Frente Cívico en el ente regulador.
2 de marzo de 2010. Finalmente, el Ersep decidió no apelar a un procedimiento extraordinario e incluyó el tratamiento del cargo fijo para los medidores (un estudio de Aguas calcula 18%) en la audiencia pública del próximo 19. Se tratará junto con el pedido de aumento de tarifa (10,58%).
Explicación. Según dicen ahora desde el oficialismo del Ersep, “no se ha configurado ninguna de las causas establecidas en el contrato para generar una revisión extraordinaria”. Y que la nota del año pasado refería a la propuesta del Gobierno de un “replanteo integral de metas y objetivos”.
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Cargo para medidores, con canilla libre
Tarifazo del agua. En 2009, el Ersep pidió “revisión extraordinaria” del contrato para incluir el cargo nuevo. Ahora, lo tratará como un aumento más.
En el Ente Regulador de los Servicios Públicos (Ersep) soplaron vientos de cambio con la llegada de 2010. Al menos, esto parece haber sucedido en la opinión del oficialismo del organismo respecto de la inclusión de un cargo fijo en la tarifa de agua, para que sean todos los usuarios (a través de la factura) los que financien la compra e instalación masiva de medidores de caudal.
Esto es así: hace nueve meses, y ante la cruda confesión del Gobierno –que reconoció no contar con fondos para financiar la colocación de los aparatos (ver “Yo señor...”)–, el Ersep planteó apelar a un procedimiento de revisión extraordinario del contrato de concesión, lo que habilitaría a un largo proceso y a un estudio profundo de todas las finanzas de Aguas Cordobesas. Esta era, en junio pasado, la condición necesaria que el ente de control consideraba pertinente para evaluar, entre otras cosas, una transferencia en el origen de los fondos, desde la Provincia, hacia los usuarios.
Sin embargo, este año, y en un viraje en la interpretación del articulado del contrato vigente, el organismo regulador decidió incluir el tratamiento del cargo fijo en la audiencia pública que se realizará el próximo 19 de marzo. De esta forma, la intención del Gobierno de transmitirle a los frentistas el costo de los medidores será tratada por la vía convencional (y mucho más expeditiva), junto con un nuevo pedido de incremento de tarifa.
Aumento. Hay que recordar que se estudia una suba del 10,58 por ciento en la factura y la creación de un cargo fijo de 18 puntos porcentuales, que sería abonado por todos los usuarios (excepto tarifa social y zonal 1), durante tres años. Lo recaudado por este ítem tendrá un destino específico: financiar el Plan de Mejoras y Expansión del Servicio (Pmes), cuyo principal gasto lo supone la instalación masiva de 70 mil flamantes medidores.
¿Extraordinario o no? Según Juan Pablo Quinteros, vocal del Frente Cívico en el Ersep, “la figura de revisión extraordinaria está perfectamente contemplada en el convenio de renegociación del contrato que se hizo en 2006”. Según el funcionario opositor, “esta metodología requiere un estudio profundo de la tarifa, con la consecuente evaluación de rentabilidad”. Además, “como si fuera poco, todo cambio de esta naturaleza implicaría también la aprobación de una nueva ley”, reflexionó Quinteros, en diálogo con Día a Día.
Respecto de la nota de junio de 2009 del Ministerio de Obras Públicas, Quinteros dijo que “es muy clara”. “La Provincia reconoce que es cierto que tiene que asumir el costo de los medidores y, además, que no tiene una moneda”, describió.
Ante el pedido de este diario, el oficialismo del Ersep (integrado por Rody Guerreiro, Luis Arias y Jorge Saravia) ensayó una aclaración. “La situación (cargo fijo para medidores) no configura ninguna de las causas establecidas en el contrato para generar una revisión extraordinaria”, dijeron. Según los directores, “el año pasado, ante una solicitud de la Provincia de revisar integralmente el Pmes, que incluía un replanteo de metas y objetivos contractuales, el Ersep planteó la posibilidad de que se permitiera, en caso de que fuera necesario, la utilización de algunos procedimientos establecidos para una revisión extraordinaria, pero no se solicitó habilitarla”.
Por otra parte, para Alberto Castagno, vocal por la UCR, y según consta en su voto en contrario al tratamiento del cargo fijo, la modificación del Pmes “debe presentarse con la debida certificación por auditores, como lo exige el contrato”.
¿Yo señor? Sí, pero no tengo un mango
Mucho antes de que estallara la crisis hídrica y de que el Gobierno decidiera reflotar el tema de la colocación masiva de medidores en la ciudad de Córdoba para combatir a los “derrochones”, la Provincia ya tenía decidido que no se iba a hacer cargo del costo de la instalación de los aparatos.
En una nota dirigida al Ersep en marzo del año pasado (ver documento adjunto), que lleva la firma del ministro de Obras y Servicios Públicos, Hugo Testa, la Provincia reconocía que el costo de la instalación de los medidores era su responsabilidad, pero que le resultaría imposible asumirlo “por la crítica realidad financiera nacional e internacional”, y por “la difícil situación que se debe enfrentar para administrar las finanzas provinciales”.
Según la renegociación de 2006, el denominado Plan de Mejoras y Expansión del Servicio 2008-2010 (Pmes) debía ser financiado por el Estado y no, como era originalmente, por la empresa concesionaria. En el Pmes, además de obras de expansión y mantenimiento, los medidores representan gran parte de la erogación total.
Lo que viene: audiencia pública
A decir y escuchar. El viernes 19 se tratarán en audiencia pública dos temas: una suba (10,58%) correspondiente a los primeros nueve meses de 2009; y la creación de un cargo fijo para costear la instalación de 70 mil medidores. Originalmente, el plan de 2006 (llamado Pmes) era colocar 150 mil hasta el año 2010, y los iba a pagar la Provincia. Nunca se hizo.
Despertó. El plan estaba “planchado”, pero la emergencia hídrica de fines de 2009 aceleró la necesidad (y los anuncios).
Cuánto cuestan. Hoy, cada aparato colocado le cuesta al usuario que lo instala $ 409 más IVA.
Objeción. La oposición en el Ersep dice que el tratamiento de un cargo fijo supone una revisión extraordinaria del contrato.
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Gota a gota
27 de marzo de 2009. Una nota del Ministerio de Obras Públicas (izquierda) refería que como consecuencia de la crítica situación de las finanzas provinciales le resultaba imposible al Gobierno “asumir los compromisos de recursos que requeriría el Plan de Mejoras y Expansión del Servicio (Pmes)”. De los $ 65,8 millones que suponía el plan –en 2006–, $ 30 millones correspondían a medidores nuevos.
¿Y si pagan los usuarios? En esa nota, el Gobierno pidió al Ersep que redefiniera “los escenarios asociados a las distintas alternativas de inversión, agregando el impacto tarifario”. También hablaba de “valores tarifarios de aplicación”, de “eventuales ajustes” y de “capacidad de pago de los usuarios”.
2 de junio de 2009. El Ersep respondió (derecha) que esa solicitud implicaba “una revisión de singular profundidad”. También detallaba que el pedido excedía “el procedimiento habitual”. También solicitó al Ministerio que autorizara “a analizar el pedido mediante la utilización de la revisión extraordinaria”. Esto es, “abrir” el contrato y estudiar en detalle la contabilidad de Aguas.
4 de junio de 2009. Dos días después, desde Obras Públicas respondieron no tener objeción sobre la aplicación de los procedimientos propuestos por el Ersep, pero, al mismo tiempo, pidieron celeridad en el proceso. “Les bajaron la orden de ‘sacarlo’ a la brevedad, no respetando lo establecido en el contrato. O sea que el oficialismo del Ersep se allanó a la ‘orden’ impartida por Obras Públicas”, interpreta hoy Juan Pablo Quinteros, vocal del Frente Cívico en el ente regulador.
2 de marzo de 2010. Finalmente, el Ersep decidió no apelar a un procedimiento extraordinario e incluyó el tratamiento del cargo fijo para los medidores (un estudio de Aguas calcula 18%) en la audiencia pública del próximo 19. Se tratará junto con el pedido de aumento de tarifa (10,58%).
Explicación. Según dicen ahora desde el oficialismo del Ersep, “no se ha configurado ninguna de las causas establecidas en el contrato para generar una revisión extraordinaria”. Y que la nota del año pasado refería a la propuesta del Gobierno de un “replanteo integral de metas y objetivos”.
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