4 ago 2006

Controles médicos

La Mañana de Córdoba (04/08/2006)
Sólo 20 vecinos continúan los controles médicos

Inicialmente, 91 residentes de Alta Córdoba fueron atendidos en los consultorios especialmente habilitados en el Hospital de Urgencias y el Hospital Infantil. La ficha clínica de control médico y ambiental que se les abrió suponía que los análisis específicos debían repetirse a los seis meses y al año. Los profesionales de la salud que conformaron el Comité de Crisis sostienen que la mayoría se conformó cuando retiraron los plaguicidas del barrio. El médico aseguró que “son pocos los vecinos que siguen haciéndose los controles clínicos previstos. Incluso, no tenemos conocimiento de algún tipo de demanda grupal, organizada, concreta”.
El 16 de julio se cumplió un año del traslado de las casi doce toneladas de plaguicidas prohibidos que SENASA almacenaba -desde hacía más de treinta años- en el depósito de Alta Córdoba hasta el predio de TAYM, en Bouwer.
Era sábado y hacia mucho frío. La fecha quedó marcada a fuego en la memoria de los residentes de esa zona residencial de la ciudad, que mantuvieron la vigilia en el lugar hasta que fue cargado el último de los tambores de 200 litros que contenía el potencial veneno.
Muchos de los que se autoconvocaron tenían ya la confirmación de que su sangre estaba contaminada. Y también que era poca la casuística con la que contaban los médicos como para animarse a dar un diagnóstico preciso.
Entonces, la Municipalidad de Córdoba conformó un Comité de Crisis abocado a atender las necesidades de los potenciales afectados, desde donde se decidieron las líneas de acción a seguir.
La denominada “manzana cero” fue el primer eslabón de esa cadena. Así, se convocó a los 131 vecinos residentes del área de influencia directa donde estaba ubicado el predio del organismo nacional a fin de efectuarles un chequeo clínico completo.
Las fichas elaboradas en el Hospital de Urgencias y en el Infantil dan cuenta de que 91 personas concurrieron efectivamente a los consultorios especialmente preparados. Eran 80 adultos y 11 niños. Todos con la misma sospecha y algunos, ya con la certeza.

Pocos antecedentes
“Hubo alguna gente a la que, incluso, se la llegó a citar en varias oportunidades y sin embargo no concurrió nunca. En muchos casos, contábamos con los análisis previos que había realizado la gente de la Provincia, a los que nosotros agregamos otras muestras específicas para esclarecer con certidumbre cuál era la situación”. El toxicólogo Ricardo Fernández citó el caso del Colegio García Faure. “Se hicieron los estudios clínicos al personal docente con más antigüedad en el establecimiento y se detectaron niveles bajos de contaminantes en sangre. Eso permitió llevar tranquilidad a esa comunidad, en particular”.
“Partíamos de la base que había una limitante porque es difícil plantear un valor de referencia con qué compararlos y, menos aún, pensar en establecer patrones de referencia locales”, indicó el especialista, quien dio cuenta de que “a priori, los biomarcadores de efecto no mostraban alteraciones hepáticas, de riñones, o en sangre, salvo casos puntuales”.Se trabajó sobre un score de riesgo para determinar cuál era el grado de compromiso de cada paciente, según la cantidad o la presencia de alguno de los cinco contaminantes en el organismo.

Vigilancia epidemiológica

Los especialistas de ambos centros coincidieron en la importancia de que los chequeos médicos sean periódicos. De hecho, la idea era que los pacientes los repitieran a los seis meses y al año.
Esa rutina les permitiría monitorear los niveles de DDT en sangre que, en la mayoría de los casos se constató la metabolización en el organismo y su conversión a DDD y DDE, seguían siendo sinónimo de toxicidad.De los 91 pacientes que concurrieron a realizarse ese primer chequeo, actualmente son menos de 20 los que continúan en contacto con los profesionales de ambos centros de salud públicos.
Y si bien no puede descartarse que muchos hayan optado por buscar un médico particular o centro privado de salud , también es cierto que la complejidad de los estudios que deben realizarse suponen costos elevados -por encima de los contemplados por las coberturas de las obras sociales o prepagas- y que podrían valerse de la experiencia de quienes se desempeñaron en la infraestructura sanitaria especialmente montada.

Sin tiempo para remediar
Otro de los datos que sorprende es que nada se haya hecho para revertir la contaminación del predio del organismo nacional. Oportunamente, el Departamento Ejecutivo exigió al SENASA que presentara un plan de remediación. Si bien es un proceso costoso que no siempre permite recuperar todos los usos y funciones posibles del suelo o ambiente contaminado, se partía de la premisa de garantizar seguridad a los vecinos.
Esa imposición quedó más tarde en manos de la Justicia Federal y no tuvo avances. El predio fue precintado y se le asignó custodia policial para evitar que alguien tratara de ingresar a modificar algo.
Sin embargo, en febrero de este año los vecinos fotografiaron al responsable del organismo en Córdoba cuando ingresaba al lugar tras violentar la faja de seguridad. Presumiblemente, quería retirar algunos objetos del lugar sin la correspondiente autorización.“Seguimos haciendo gestiones a nivel nacional y tenemos expectativas a partir del nombramiento de la secretaria de Medio Ambiente, Romina Picolotti”, manifestó el subdirector de Epidemiología, Enrique Torres. El funcionario adelantó que “posiblemente, la próxima semana tengamos una reunión con técnicos de esa Secretaría, y plantearemos una agenda de temas para trabajar de manera conjunta, como DDT y Dioxitek”.
Sobre la actitud adoptada por los vecinos, Torres consideró que “realmente, no ha habido casos de personas que se presentaran pidiendo que se les hicieran más estudios, y creo que es porque ellos tuvieron mucha tranquilidad una vez que se retiraron las cosas del predio”.

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