30 may 2010
300 nuevos casos de disputas de tierras por mes
10:52 a.m. | 
Publicado por
Eco Sitio |
La Voz del Interior (30/05/2010)
Hay 300 nuevos casos de disputas de tierras por mes
Es la cantidad de expedientes que se inician en la Unidad Ejecutora creada hace 5 años. Involucran a productores y a miles de familias rurales.
En enero de 2004, Raly Barrionuevo hizo subir al escenario Atahualpa Yupanqui, de Cosquín, a Ramona Bustamante. La plaza Próspero Molina se conmovió profundamente cuando el cantante y compositor santiagueño radicado en Unquillo, comentó la historia de esta campesina de 84 años quien unos días antes, mediante orden judicial y por la fuerza, debió abandonar el campo en el que había vivido y trabajado durante buena parte de su vida.
La denuncia pública hizo visible un problema social grave, oculto hasta entonces, que sufren miles de familias rurales que viven principalmente en los departamentos del norte y el oeste de Córdoba.
El caso se convirtió en el emblema de la disputa por la tenencia de la tierra, agudizada en la última década por el interés creciente de productores importantes por afectar más tierras a la explotación agropecuaria intensiva.
Distintas organizaciones defensoras de los derechos de los campesinos hicieron de ese caso una banderas de lucha.
Buenos reflejos. Para evitar que la ebullición social que provocó el desalojo violento de la campesina superara el estado larval, el entonces gobernador José Manuel de la Sota ordenó a los legisladores de su partido apurar el tratamiento de proyectos destinados al saneamiento de títulos y descomprimir de ese modo la situación detonada por el caso Bustamante.
Dos meses después, la Legislatura provincial sancionó la ley 9.150. La norma declara de "orden público el saneamiento de los títulos de propiedad para obtener el registro real de dominio y el relevamiento de la situación posesoria de los inmuebles urbanos, rurales y semi rurales, ubicados en todo el territorio provincial".
Esas tareas están a cargo de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos (Uest), creada por la ley 9.150. Este instrumento dio origen, además, al Registro Personal de Poseedores (que depende del Registro General de la Provincia), para que se inscriban las parcelas urbanas, rurales y semirurales sujetas a actos posesorios, "sin perjuicio de que el dominio se encuentre sin matricular o inscripto en el Registro General a nombre de una persona distinta a quien aparece invocando la posesión".
A fuego lento. Desde 2004 a la fecha se presentaron ante la Uest unas 23 mil solicitudes de inscripción, de las que apenas se inscribieron unas 200 en el Registro de Poseedores.
La primera inscripción se asentó en mayo de 2008.
"En los primeros cuatro años los técnicos se dedicaron a las tareas de relevamiento y mensura", explicó Manuel Rivalta, actual presidente de la Uest. El funcionario aclaró que en el organismo se realizan gestiones de carácter administrativo, terreno en el que se puede avanzar sólo hasta donde empieza el campo judicial. En éste, la problemática se rige por el Código Civil.
Rivalta aseguró además que la Unidad Ejecutora recibe 60 pedidos de asesoramiento por día y se tramitan 300 expedientes al mes. Por eso, la mesa de entrada de la dependencia cuenta con dos abogados y una docena de letrados asesoran a otras áreas, señaló.
El presidente de la Uest no disimula la satisfacción que le provoca el hecho de que en menos de dos años de gestión se hayan dictado 380 resoluciones definitivas de inscripción y otras 651 se encuentren en estado provisorio a la espera de las mensuras para ser asentadas en el Registro de Poseedores.
Destacó los resultados en Olivares de San Nicolás (Cruz del Eje) donde se salvó a 63 familias del remate de sus casas, producto de un litigio judicial que involucró a todo el pueblo. También, los logros en Tuclame y La Playa (Departamento Minas) donde más de 100 familias en total se beneficiaron con resoluciones posesorias.
"Lo que tiene que quedar claro es que nosotros no le quitamos ni otorgamos derechos a nadie. Sólo trabajamos para que se puedan completar los títulos de dominios sobre inmuebles", concluyó Rivalta.
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Inseguridad jurídica y vulnerabilidad
La inseguridad jurídica respecto a la tenencia de la tierra que sufren cientos de familias campesinas explica.
La inseguridad jurídica respecto a la tenencia de la tierra que sufren cientos de familias campesinas explica, en gran medida, por qué la población rural registró un descenso de aproximadamente el 12 por ciento en Córdoba en la última década, según el Indec.
Si bien el Código Civil reconoce el derecho de propiedad a quien posea un inmueble en forma pacífica e ininterrumpida durante más de 20 años -mediante el juicio de usucapión-, las dificultades que encuentran los campesinos para acceder a la Justicia con el fin de hacer valer ese y otros derechos los coloca, a menudo, en situaciones de vulnerabilidad extrema. Muchos de ellos terminan despojados de sus posesiones a través de desalojos por la fuerza dispuestos por algún juez. Cuando esto sucede, los desplazados no sólo pierden el techo que los cobija sino también toda posibilidad de seguir trabajando la tierra para satisfacer sus necesidades elementales.
La migración obligada suele condenar al empobrecimiento y la marginalidad a quien sufre la expulsión compulsiva del lugar donde ha desarrollado su vida.
Los pueblos y conglomerados urbanos del norte, noroeste y oeste provincial saben lo que eso implica en términos sociales y económicos.
La realidad muestra que entre el reconocimiento formal de los derechos posesorios y el efectivo cumplimiento en la práctica judicial hay un abismo ancho y profundo.
Se trata de un problema estructural que requiere de una solución integral. Cualquier estrategia correctiva debería contemplar la relación tierra-campesino desde la perspectiva de territorialidad y atendiendo, especialmente, a la función social que cumple.
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Campesinos piden más control público
Proponen asignar más presupuesto al Registro de Poseedores. Y que visiten los parajes rurales para hacer las verificaciones "in situ".
La disputa por tierras se da en un contexto complejo determinado por la inseguridad jurídica sobre inmuebles rurales, semi rurales y urbanos. Así lo ve el Movimiento Campesino de Córdoba. Éste es un espacio que comparten varias organizaciones de base con el fin de reivindicar la producción rural y la vida campesina, garantizar el acceso a los recursos y defender el derecho a la tierra.
"Un problema central para las familias campesinas es el alto costo de la confección de los planos de mensura, prueba gravitante para defender la posesión y evitar los desalojos forzosos, que implican una clara violación de los derechos humanos", plantea Ramiro Fresneda, abogado y militante del Movimiento Campesino de Córdoba. Esta organización presentó 300 solicitudes ante la Unidad Ejecutora, "de las cuales muchas se extraviaron y otras fueron cajoneadas", asegura el letrado. Reconoce, no obstante, que "la actual gestión de (Manuel) Rivalta ha demostrado voluntad de resolver el problema, pero -sostiene- es necesario avanzar de forma urgente en la inscripción de las posesiones reales".
Más personal y presupuesto. Para el dirigente campesino, resulta imprescindible asignar más presupuesto al organismo, aumentar el personal para que pueda visitar los parajes rurales del interior y realizar verificaciones in situ de las tierras "que las familias campesinas vienen poseyendo de manera pacífica y pública desde hace décadas". Fresneda entiende que esas condiciones son necesarias para diseñar una política pública en la materia "que sea eficiente e integral y dé solución definitiva al problema".
Y propone la conformación de una mesa de trabajo con representantes de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de universidades y de pequeños productores para debatir la problemática, y la modificación de la ley 9.150 "para mejorar su aplicación en la práctica".
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Hay 300 nuevos casos de disputas de tierras por mes
Es la cantidad de expedientes que se inician en la Unidad Ejecutora creada hace 5 años. Involucran a productores y a miles de familias rurales.
En enero de 2004, Raly Barrionuevo hizo subir al escenario Atahualpa Yupanqui, de Cosquín, a Ramona Bustamante. La plaza Próspero Molina se conmovió profundamente cuando el cantante y compositor santiagueño radicado en Unquillo, comentó la historia de esta campesina de 84 años quien unos días antes, mediante orden judicial y por la fuerza, debió abandonar el campo en el que había vivido y trabajado durante buena parte de su vida.
La denuncia pública hizo visible un problema social grave, oculto hasta entonces, que sufren miles de familias rurales que viven principalmente en los departamentos del norte y el oeste de Córdoba.
El caso se convirtió en el emblema de la disputa por la tenencia de la tierra, agudizada en la última década por el interés creciente de productores importantes por afectar más tierras a la explotación agropecuaria intensiva.
Distintas organizaciones defensoras de los derechos de los campesinos hicieron de ese caso una banderas de lucha.
Buenos reflejos. Para evitar que la ebullición social que provocó el desalojo violento de la campesina superara el estado larval, el entonces gobernador José Manuel de la Sota ordenó a los legisladores de su partido apurar el tratamiento de proyectos destinados al saneamiento de títulos y descomprimir de ese modo la situación detonada por el caso Bustamante.
Dos meses después, la Legislatura provincial sancionó la ley 9.150. La norma declara de "orden público el saneamiento de los títulos de propiedad para obtener el registro real de dominio y el relevamiento de la situación posesoria de los inmuebles urbanos, rurales y semi rurales, ubicados en todo el territorio provincial".
Esas tareas están a cargo de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos (Uest), creada por la ley 9.150. Este instrumento dio origen, además, al Registro Personal de Poseedores (que depende del Registro General de la Provincia), para que se inscriban las parcelas urbanas, rurales y semirurales sujetas a actos posesorios, "sin perjuicio de que el dominio se encuentre sin matricular o inscripto en el Registro General a nombre de una persona distinta a quien aparece invocando la posesión".
A fuego lento. Desde 2004 a la fecha se presentaron ante la Uest unas 23 mil solicitudes de inscripción, de las que apenas se inscribieron unas 200 en el Registro de Poseedores.
La primera inscripción se asentó en mayo de 2008.
"En los primeros cuatro años los técnicos se dedicaron a las tareas de relevamiento y mensura", explicó Manuel Rivalta, actual presidente de la Uest. El funcionario aclaró que en el organismo se realizan gestiones de carácter administrativo, terreno en el que se puede avanzar sólo hasta donde empieza el campo judicial. En éste, la problemática se rige por el Código Civil.
Rivalta aseguró además que la Unidad Ejecutora recibe 60 pedidos de asesoramiento por día y se tramitan 300 expedientes al mes. Por eso, la mesa de entrada de la dependencia cuenta con dos abogados y una docena de letrados asesoran a otras áreas, señaló.
El presidente de la Uest no disimula la satisfacción que le provoca el hecho de que en menos de dos años de gestión se hayan dictado 380 resoluciones definitivas de inscripción y otras 651 se encuentren en estado provisorio a la espera de las mensuras para ser asentadas en el Registro de Poseedores.
Destacó los resultados en Olivares de San Nicolás (Cruz del Eje) donde se salvó a 63 familias del remate de sus casas, producto de un litigio judicial que involucró a todo el pueblo. También, los logros en Tuclame y La Playa (Departamento Minas) donde más de 100 familias en total se beneficiaron con resoluciones posesorias.
"Lo que tiene que quedar claro es que nosotros no le quitamos ni otorgamos derechos a nadie. Sólo trabajamos para que se puedan completar los títulos de dominios sobre inmuebles", concluyó Rivalta.
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Inseguridad jurídica y vulnerabilidad
La inseguridad jurídica respecto a la tenencia de la tierra que sufren cientos de familias campesinas explica.
La inseguridad jurídica respecto a la tenencia de la tierra que sufren cientos de familias campesinas explica, en gran medida, por qué la población rural registró un descenso de aproximadamente el 12 por ciento en Córdoba en la última década, según el Indec.
Si bien el Código Civil reconoce el derecho de propiedad a quien posea un inmueble en forma pacífica e ininterrumpida durante más de 20 años -mediante el juicio de usucapión-, las dificultades que encuentran los campesinos para acceder a la Justicia con el fin de hacer valer ese y otros derechos los coloca, a menudo, en situaciones de vulnerabilidad extrema. Muchos de ellos terminan despojados de sus posesiones a través de desalojos por la fuerza dispuestos por algún juez. Cuando esto sucede, los desplazados no sólo pierden el techo que los cobija sino también toda posibilidad de seguir trabajando la tierra para satisfacer sus necesidades elementales.
La migración obligada suele condenar al empobrecimiento y la marginalidad a quien sufre la expulsión compulsiva del lugar donde ha desarrollado su vida.
Los pueblos y conglomerados urbanos del norte, noroeste y oeste provincial saben lo que eso implica en términos sociales y económicos.
La realidad muestra que entre el reconocimiento formal de los derechos posesorios y el efectivo cumplimiento en la práctica judicial hay un abismo ancho y profundo.
Se trata de un problema estructural que requiere de una solución integral. Cualquier estrategia correctiva debería contemplar la relación tierra-campesino desde la perspectiva de territorialidad y atendiendo, especialmente, a la función social que cumple.
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Campesinos piden más control público
Proponen asignar más presupuesto al Registro de Poseedores. Y que visiten los parajes rurales para hacer las verificaciones "in situ".
La disputa por tierras se da en un contexto complejo determinado por la inseguridad jurídica sobre inmuebles rurales, semi rurales y urbanos. Así lo ve el Movimiento Campesino de Córdoba. Éste es un espacio que comparten varias organizaciones de base con el fin de reivindicar la producción rural y la vida campesina, garantizar el acceso a los recursos y defender el derecho a la tierra.
"Un problema central para las familias campesinas es el alto costo de la confección de los planos de mensura, prueba gravitante para defender la posesión y evitar los desalojos forzosos, que implican una clara violación de los derechos humanos", plantea Ramiro Fresneda, abogado y militante del Movimiento Campesino de Córdoba. Esta organización presentó 300 solicitudes ante la Unidad Ejecutora, "de las cuales muchas se extraviaron y otras fueron cajoneadas", asegura el letrado. Reconoce, no obstante, que "la actual gestión de (Manuel) Rivalta ha demostrado voluntad de resolver el problema, pero -sostiene- es necesario avanzar de forma urgente en la inscripción de las posesiones reales".
Más personal y presupuesto. Para el dirigente campesino, resulta imprescindible asignar más presupuesto al organismo, aumentar el personal para que pueda visitar los parajes rurales del interior y realizar verificaciones in situ de las tierras "que las familias campesinas vienen poseyendo de manera pacífica y pública desde hace décadas". Fresneda entiende que esas condiciones son necesarias para diseñar una política pública en la materia "que sea eficiente e integral y dé solución definitiva al problema".
Y propone la conformación de una mesa de trabajo con representantes de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de universidades y de pequeños productores para debatir la problemática, y la modificación de la ley 9.150 "para mejorar su aplicación en la práctica".
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