8 ago 2011
Futuro negro para los bosques de Córdoba
6:11 p.m. | 
Publicado por
Eco Sitio |
El Puntal de Río Cuarto (08/08/2011)
“Ambiente está tramitando muchos más pedidos de desmonte que de conservación”
Según la Comisión de Ordenamiento Territorial de Bosque Nativo, desde que se sancionó la normativa provincial, la deforestación continuó avanzando en el norte y el sur cordobés y todos los indicadores ambientales han empeorado
Durante el primer año de vigencia de la polémica ley 9.814, la situación del monte nativo en la provincia ha empeorado. Así lo advierten los integrantes de la Comisión de Ordenamiento Territorial de Bosque Nativo (Cotbn), quienes habían elaborado un proyecto que finalmente no fue tenido en cuenta por la Legislatura. Advierten que la Secretaría de Ambiente está tramitando más pedidos de desmonte que de conservación de los bosques y que ni siquiera existen los controles necesarios para que se cumpla la normativa vigente.
El 5 de agosto de 2010 la Legislatura provincial aprobó la ley 9.814 de ordenamiento de bosques nativos, pese a los cuestionamientos de diversas organizaciones que durante dos años habían participado de la creación de un proyecto que finalmente no fue tenido en cuenta.
Los integrantes de la Cotbn denunciaron que la normativa había sido modificada a último momento y sólo priorizaba los intereses del agro en detrimento del medio ambiente, además de contradecir la legislación nacional.
“Un año después de la aprobación de la ley 9.814, las evidencias indican que el bosque
nativo en la provincia de Córdoba se sigue reduciendo y, más allá del ‘maquillaje verde’ que se intenta hacer con una burda ley de forestación, todos los indicadores ambientales de la provincia han empeorado: degradación de las cuencas y aumento de la crisis hídrica, pérdida de suelos y de la productividad, desaparición de especies y recursos naturales, y migración de comunidades campesinas”, advierten desde el Colectivo de Organizaciones en Defensa del Bosque y la Vida.
Más permisos para deforestar
“A partir de la reglamentación de la ley 9.814, la Secretaría de Ambiente está tramitando muchos más pedidos de desmonte selectivo que pedidos de conservación de bosques, lo que evidencia que el objetivo de esta ley es favorecer el interés económico de unos pocos en desmedro del bienestar de todos los cordobeses”, afirman desde el colectivo de organizaciones.
Uno de sus integrantes, Gustavo Peyroti, relató que en realidad Ambiente no brinda información clara al respecto, por lo que sólo pudieron obtener datos a través de personal del organismo oficial que dieron a conocer esa situación desde el anonimato.
Peyroti afirmó que una gran parte de los trámites que se están llevando adelante actualmente son aquellos presentados hace alrededor de 5 años. “Son proyectos de desmonte y desmonte selectivo, no están en el marco de la nueva ley ni de la ley nacional porque hace 5 años estas leyes no existían”, dijo.
Según pudieron conocer desde las organizaciones, serían alrededor de 600 los pedidos de intervención de boque nativo que se han presentado en el último tiempo. Sobre el objetivo de estas solicitudes, el integrante de la Cotbn sostuvo: “Seguramente no están encuadrados como conservación porque el mismo secretario de Ambiente dijo que son pedidos de hace 5 años y en ese momento no existían proyectos de conservación”.
A esto se suma, como indicó Peyroti, que la reglamentación de la “mal llamada ley de bosques” no incluye planes de conservación sino de intervención del bosque nativo para realizar distintas actividades.
“Hay una parte de la nueva ley que contempla proyectos de conservación y este punto no está reglamentado, entonces mal puede haber proyectos de conservación si la ley no lo reglamenta”, añadió.
Ante esta situación, desde las organizaciones ambientalistas ponen en duda el destino de los 19,7 millones de pesos que la Nación decidió entregar a Córdoba con el objetivo de proteger sus bosques. Según lo acordado, esos fondos deberían repartirse entre productores que conservarán el monte existente en sus propiedades.
“No sabemos a dónde van a ir esos 20 millones que son para proyectos de conservación. Nosotros no tenemos seguridad porque para que haya conservación tiene que haber una guía y sólo está reglamentada la intervención”, manifestó Peyroti.
Incumplimiento de la ley vigente
Incluso, la ingeniera forestal e integrante de la Cotbn Natalia De Luca advirtió que las intervenciones que se están tramitando actualmente estarían infringiendo la ley provincial vigente.
“Hay ciertos pasos a seguir para lograr una autorización en el marco de esta nueva ley que no se están cumpliendo: hay que presentar un plan firmado por un profesional pertinente registrado, hay una normativa para la presentación”, afirmó.
Además, De Luca sostuvo que los planes de desmonte presentados en el marco de la normativa anterior ya no tienen validez y deberían adaptarse a la nueva ley a pesar de las graves falencias que presenta esta última.
De cualquier modo, los integrantes de la Cotbn indican que la Provincia aprobó una resolución que establece que los proyectos de desmonte presentados antes de la ley nacional y que aún no han sido ejecutados tienen validez. Pero aclaran que “esto no se maneja en forma transparente”.
En este sentido, la ingeniera forestal advierte que Ambiente está siendo presionada para aprobar más de 200 expedientes de estas características.
“La Secretaría de Ambiente está recibiendo presión de todos lados porque no supieron manejar el tema y no llevan claridad a la gente”, dijo. Y continuó: “Lo que habría que exigir es que se actualicen los datos de planes presentados, porque esa información es pública”.
Otro aspecto de la ley 9.814 que se estaría incumpliendo según los miembros de la Cotbn es la creación de una comisión honoraria de ordenamiento de bosque nativo. Pese a que la normativa provincial establece la obligación de conformar dicha entidad, la misma aún no fue constituida.
La destrucción del monte
En las últimas décadas, los bosques de Córdoba han desaparecido a una velocidad seis veces mayor al resto del mundo. Esta devastación hizo desaparecer a más del 90% del monte existente en nuestra región.
A pesar de esta crítica situación, en el último año se continuaron realizando desmontes en múltiples zonas del territorio provincial, según advierten desde las organizaciones ambientalistas.
“Se ha continuado reduciendo el bosque”, afirman. Y mencionan que tanto en el norte como en el sur cordobés se observaron varios desmontes durante el último tiempo. Al respecto, aseguran que la falta de información oficial sobre el tema, sumado a lo que se percibe al recorrer la provincia, demuestra que “no hay buenas noticias”.
“Ha habido desmontes en el último año, durante la vigencia de la ley”, aseguró Peyroti y mencionó que se han intervenido bosques en las zonas de Cruz del Eje, Villa del Soto, San Marcos Sierra, Río Ceballos, Punilla Sur. De Luca advirtió que en las sierras del sur también se ha deforestado en los últimos meses.
“En la zona turística de San Antonio de Arredondo, Icho Cruz y Salsipuedes ha habido desmonte para la construcción de countries y esto se ha hecho en el último año, se ha desmontado mucho”, expresó Peyroti.
Y agregó: “La pregunta es: ¿Bajo qué ley está eso? ¿Hubo estudios de impacto ambiental?”. Al respecto, indicó que muchas intervenciones se están realizando en zonas que serían catalogadas como amarrillas y rojas y donde el desmonte no estaría avalado ni siquiera por la ley vigente, aunque ésta permite desmontar en zonas críticas si, por ejemplo, hay posibilidades de riesgo.
Desde la Cotbn señalan que en este aspecto también se habrían dado otras infracciones a la norma, ya que se suponía que hasta que la reglamentación no fuera aprobada no se podía realizar ningún tipo de intervención sobre el bosque. Ello ocurrió en febrero de este año y, sin embargo, se han registrado desmontes previos a esa fecha. “Hasta que no estaba la reglamentación no se podía desmontar. Así y todo, mientras se estuvo discutiendo la ley e inclusive volviendo de la Legislatura, observamos desmontes a la vista de todos”, relató la ingeniera forestal. En el mismo sentido, Peyroti comentó que en noviembre de 2010 realizaron denuncias por desmontes realizados en la zona de Cuesta Blanca y señaló que gracias a contactos de la jefa comunal se logró detener la deforestación.
Sin control
Las organizaciones involucradas en la temática distinguen diversos factores como causas del avance de la deforestación en los últimos meses. Además del crecimiento del negocio inmobiliario y la expansión de la frotera agropecuaria (ver recuadro), sostienen que las graves falencias de la ley provincial y la falta de control por parte de la Secretaría de Ambiente son centrales para configurar este escenario.
Al respecto, Peyroti estableció que con la nueva ley “todos los desmontes ilegales que ha habido en la provincia -que son muchísimos por falta de gestión y de intención política- ahora son legales”. Y destacó que justamente la incapacidad del Gobierno para controlar la deforestación también influyó en la configuración de una norma más permisiva.
Por su parte, De Luca sostuvo que la Secretaría de Ambiente no tiene suficiente personal y equipamiento para controlar la totalidad del territorio provincial.
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“Ambiente está tramitando muchos más pedidos de desmonte que de conservación”
Según la Comisión de Ordenamiento Territorial de Bosque Nativo, desde que se sancionó la normativa provincial, la deforestación continuó avanzando en el norte y el sur cordobés y todos los indicadores ambientales han empeorado
Durante el primer año de vigencia de la polémica ley 9.814, la situación del monte nativo en la provincia ha empeorado. Así lo advierten los integrantes de la Comisión de Ordenamiento Territorial de Bosque Nativo (Cotbn), quienes habían elaborado un proyecto que finalmente no fue tenido en cuenta por la Legislatura. Advierten que la Secretaría de Ambiente está tramitando más pedidos de desmonte que de conservación de los bosques y que ni siquiera existen los controles necesarios para que se cumpla la normativa vigente.
El 5 de agosto de 2010 la Legislatura provincial aprobó la ley 9.814 de ordenamiento de bosques nativos, pese a los cuestionamientos de diversas organizaciones que durante dos años habían participado de la creación de un proyecto que finalmente no fue tenido en cuenta.
Los integrantes de la Cotbn denunciaron que la normativa había sido modificada a último momento y sólo priorizaba los intereses del agro en detrimento del medio ambiente, además de contradecir la legislación nacional.
“Un año después de la aprobación de la ley 9.814, las evidencias indican que el bosque
nativo en la provincia de Córdoba se sigue reduciendo y, más allá del ‘maquillaje verde’ que se intenta hacer con una burda ley de forestación, todos los indicadores ambientales de la provincia han empeorado: degradación de las cuencas y aumento de la crisis hídrica, pérdida de suelos y de la productividad, desaparición de especies y recursos naturales, y migración de comunidades campesinas”, advierten desde el Colectivo de Organizaciones en Defensa del Bosque y la Vida.
Más permisos para deforestar
“A partir de la reglamentación de la ley 9.814, la Secretaría de Ambiente está tramitando muchos más pedidos de desmonte selectivo que pedidos de conservación de bosques, lo que evidencia que el objetivo de esta ley es favorecer el interés económico de unos pocos en desmedro del bienestar de todos los cordobeses”, afirman desde el colectivo de organizaciones.
Uno de sus integrantes, Gustavo Peyroti, relató que en realidad Ambiente no brinda información clara al respecto, por lo que sólo pudieron obtener datos a través de personal del organismo oficial que dieron a conocer esa situación desde el anonimato.
Peyroti afirmó que una gran parte de los trámites que se están llevando adelante actualmente son aquellos presentados hace alrededor de 5 años. “Son proyectos de desmonte y desmonte selectivo, no están en el marco de la nueva ley ni de la ley nacional porque hace 5 años estas leyes no existían”, dijo.
Según pudieron conocer desde las organizaciones, serían alrededor de 600 los pedidos de intervención de boque nativo que se han presentado en el último tiempo. Sobre el objetivo de estas solicitudes, el integrante de la Cotbn sostuvo: “Seguramente no están encuadrados como conservación porque el mismo secretario de Ambiente dijo que son pedidos de hace 5 años y en ese momento no existían proyectos de conservación”.
A esto se suma, como indicó Peyroti, que la reglamentación de la “mal llamada ley de bosques” no incluye planes de conservación sino de intervención del bosque nativo para realizar distintas actividades.
“Hay una parte de la nueva ley que contempla proyectos de conservación y este punto no está reglamentado, entonces mal puede haber proyectos de conservación si la ley no lo reglamenta”, añadió.
Ante esta situación, desde las organizaciones ambientalistas ponen en duda el destino de los 19,7 millones de pesos que la Nación decidió entregar a Córdoba con el objetivo de proteger sus bosques. Según lo acordado, esos fondos deberían repartirse entre productores que conservarán el monte existente en sus propiedades.
“No sabemos a dónde van a ir esos 20 millones que son para proyectos de conservación. Nosotros no tenemos seguridad porque para que haya conservación tiene que haber una guía y sólo está reglamentada la intervención”, manifestó Peyroti.
Incumplimiento de la ley vigente
Incluso, la ingeniera forestal e integrante de la Cotbn Natalia De Luca advirtió que las intervenciones que se están tramitando actualmente estarían infringiendo la ley provincial vigente.
“Hay ciertos pasos a seguir para lograr una autorización en el marco de esta nueva ley que no se están cumpliendo: hay que presentar un plan firmado por un profesional pertinente registrado, hay una normativa para la presentación”, afirmó.
Además, De Luca sostuvo que los planes de desmonte presentados en el marco de la normativa anterior ya no tienen validez y deberían adaptarse a la nueva ley a pesar de las graves falencias que presenta esta última.
De cualquier modo, los integrantes de la Cotbn indican que la Provincia aprobó una resolución que establece que los proyectos de desmonte presentados antes de la ley nacional y que aún no han sido ejecutados tienen validez. Pero aclaran que “esto no se maneja en forma transparente”.
En este sentido, la ingeniera forestal advierte que Ambiente está siendo presionada para aprobar más de 200 expedientes de estas características.
“La Secretaría de Ambiente está recibiendo presión de todos lados porque no supieron manejar el tema y no llevan claridad a la gente”, dijo. Y continuó: “Lo que habría que exigir es que se actualicen los datos de planes presentados, porque esa información es pública”.
Otro aspecto de la ley 9.814 que se estaría incumpliendo según los miembros de la Cotbn es la creación de una comisión honoraria de ordenamiento de bosque nativo. Pese a que la normativa provincial establece la obligación de conformar dicha entidad, la misma aún no fue constituida.
La destrucción del monte
En las últimas décadas, los bosques de Córdoba han desaparecido a una velocidad seis veces mayor al resto del mundo. Esta devastación hizo desaparecer a más del 90% del monte existente en nuestra región.
A pesar de esta crítica situación, en el último año se continuaron realizando desmontes en múltiples zonas del territorio provincial, según advierten desde las organizaciones ambientalistas.
“Se ha continuado reduciendo el bosque”, afirman. Y mencionan que tanto en el norte como en el sur cordobés se observaron varios desmontes durante el último tiempo. Al respecto, aseguran que la falta de información oficial sobre el tema, sumado a lo que se percibe al recorrer la provincia, demuestra que “no hay buenas noticias”.
“Ha habido desmontes en el último año, durante la vigencia de la ley”, aseguró Peyroti y mencionó que se han intervenido bosques en las zonas de Cruz del Eje, Villa del Soto, San Marcos Sierra, Río Ceballos, Punilla Sur. De Luca advirtió que en las sierras del sur también se ha deforestado en los últimos meses.
“En la zona turística de San Antonio de Arredondo, Icho Cruz y Salsipuedes ha habido desmonte para la construcción de countries y esto se ha hecho en el último año, se ha desmontado mucho”, expresó Peyroti.
Y agregó: “La pregunta es: ¿Bajo qué ley está eso? ¿Hubo estudios de impacto ambiental?”. Al respecto, indicó que muchas intervenciones se están realizando en zonas que serían catalogadas como amarrillas y rojas y donde el desmonte no estaría avalado ni siquiera por la ley vigente, aunque ésta permite desmontar en zonas críticas si, por ejemplo, hay posibilidades de riesgo.
Desde la Cotbn señalan que en este aspecto también se habrían dado otras infracciones a la norma, ya que se suponía que hasta que la reglamentación no fuera aprobada no se podía realizar ningún tipo de intervención sobre el bosque. Ello ocurrió en febrero de este año y, sin embargo, se han registrado desmontes previos a esa fecha. “Hasta que no estaba la reglamentación no se podía desmontar. Así y todo, mientras se estuvo discutiendo la ley e inclusive volviendo de la Legislatura, observamos desmontes a la vista de todos”, relató la ingeniera forestal. En el mismo sentido, Peyroti comentó que en noviembre de 2010 realizaron denuncias por desmontes realizados en la zona de Cuesta Blanca y señaló que gracias a contactos de la jefa comunal se logró detener la deforestación.
Sin control
Las organizaciones involucradas en la temática distinguen diversos factores como causas del avance de la deforestación en los últimos meses. Además del crecimiento del negocio inmobiliario y la expansión de la frotera agropecuaria (ver recuadro), sostienen que las graves falencias de la ley provincial y la falta de control por parte de la Secretaría de Ambiente son centrales para configurar este escenario.
Al respecto, Peyroti estableció que con la nueva ley “todos los desmontes ilegales que ha habido en la provincia -que son muchísimos por falta de gestión y de intención política- ahora son legales”. Y destacó que justamente la incapacidad del Gobierno para controlar la deforestación también influyó en la configuración de una norma más permisiva.
Por su parte, De Luca sostuvo que la Secretaría de Ambiente no tiene suficiente personal y equipamiento para controlar la totalidad del territorio provincial.
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