24 mar 2013
Funam también en contra de extender Embalse
8:24 p.m. | 
Publicado por
Eco Sitio |
El Puntal de Río Cuarto (24/03/2013)
Denunciarán al gobierno por extender la vida útil de la central de Embalse
Funam presentará una acción penal contra funcionarios nacionales y provinciales. Greenpeace junto a otras organizaciones también advirtieron que la medida es ilegal ya que no se realizaron estudios de impacto ambiental ni audiencias públicas. Aseguran que los riesgos de accidentes se agravarán
La decisión de extender por 25 años más la vida útil del reactor nuclear de Embalse a partir de 2014 genera múltiples cuestionamientos de distintas organizaciones y especialistas, quienes advierten los riesgos sociales y ambientales que implicaría la medida. Ahora, Funam denunciará penalmente a autoridades nacionales y provinciales por la ilegalidad del proyecto, que no cuenta con estudios de impacto ambiental ni audiencias públicas, tal como indican las leyes vigentes.
La polémica por la central de Embalse se reavivó en los últimos días a partir del anuncio de que el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) brindó un préstamo por $1.200 millones para mantener la planta en funcionamiento. Se trata de la primera vez que un organismo internacional de crédito otorga dinero para un proyecto nuclear a escala global.
Tanto el biólogo Raúl Montenegro, presidente de Funam, como el representante de Greenpeace, Mauro Fernández, denuncian múltiples irregularidades en la decisión del gobierno nacional de extender la vida útil de la central nuclear ubicada en la provincia de Córdoba, cuyo período de operación debe cesar este año.
Según informaron desde la Nación, la realización de este proyecto contempla que la planta detenga sus actividades en noviembre de este año y, luego de diversas modificaciones, vuelva a ponerse en funcionamiento casi dos años después.
Las organizaciones sociales afirman que el proyecto es ilegal pero, además, aseguran que este segundo ciclo de la planta agravaría la contaminación existente con materiales radioactivos y aumentaría notablemente los riesgos de accidentes, cuyas consecuencias podrían llegar a más de 300 kilómetros a la redonda de la planta.
Proyecto ilegal
Respecto del proyecto que pretende extender la vida útil de la central nuclear, Montenegro explicó: “Es ilegal por el hecho de que no se ha cumplimentado la evaluación de impacto ambiental que prevé la Ley de Ambiente de la Provincia y tampoco se cumplió lo que prevé la Ley Nacional de Ambiente. Entonces nosotros estamos preparando una acción penal contra funcionarios de Nación y de la Comisión Nacional de Energía Atómica (Cnea) y también de la provincia de Córdoba”, dijo y especificó que la denuncia incluirá a autoridades de la Secretaría de Ambiente provincial.
Por su parte, Mauro Fernández, coordinador de la Campaña de Energía de Greenpeace Argentina, añadió que tampoco se realizaron las audiencias públicas para consultar a la población, tal como establecen las normas vigentes.
Al mismo tiempo, afirmó: “Que un banco de desarrollo de América Latina le otorgue un crédito a una obra que está empezando sin cumplir la ley vigente sorprende, y sorprende también que la corporación vaya en contra de su propia misión, que es favorecer el desarrollo sostenible en la región”.
Los riesgos: Fukushima y Chernobil
Desde Funam y Greenpeace señalan que extender el funcionamiento de la central de Embalse por 25 años más conlleva importantes riesgos de accidentes, además de prolongar la contaminación existente.
El riesgo más alarmante según los especialistas es que ocurra el máximo accidente posible, es decir de nivel siete en la escala de eventos nucleares, cuyo impacto afectaría a casi toda la provincia de Córdoba e incluso a provincias limítrofes. La magnitud y las terribles consecuencias de un accidente de este tipo se hicieron visibles en los desastres de Fukushima y Chernobil.
Según Fernández, en el caso de Embalse son diversos los factores que podrían originar un accidente de este tipo, tales como “pérdida de refrigerantes, una falla humana, el riesgo sísmico que tiene la central nuclear de Embalse estando ubicada sobre la falla de Santa Rosa, el tipo de reactor que tiene la central”, enumeró.
Esto se agrava si se tiene en cuenta que la planta, según un informe de Funam, ya ha sufrido al menos diez incidentes y accidentes de distinto nivel de gravedad entre 1983 y 2005, muchos de ellos reconocidos por Cnea y Nasa.
Montenegro explicó que gran parte de estos incidentes se relacionan con las caraterísticas del reactor de la central: “Es un reactor Candu 6 que además de su antigüedad, porque ya está al filo su vida útil, es un modelo de por sí muy antiguo y que tiene una serie de fallas inherentes a su diseño”.
En ese marco, el biólogo precisó que el accidente más frecuente que ha tenido la central nuclear es la pérdida de agua pesada contaminada radiactivamente, que en muchos casos terminó depositada en el lago de Embalse poniendo en riesgo la salud de la población.
Estas fallas, añadió, se agravarían si finalmente se extiende la vida útil de la planta: “Se parte de un reactor en términos de estructura que va a tener partes antiguas y partes nuevas. Por lo tanto la inseguridad que va a tener es enorme”, dijo pero afirmó que confía en que el Poder Judicial y las medidas iniciadas desde la sociedad impedirán la concreción de este proyecto.
El presidente de Funam informó que a los riesgos mencionados se suma otro factor de gran peligrosidad: “En la central de Embalse el combustible agotado, altamente radioactivo, se almacena en el mismo predio y en estructuras que no resistirían, por ejemplo, el choque de un avión”.
Para graficar las implicancias de esta situación, indicó: “El combustible nuclear agotado acumulado hasta hoy en Embalse equivale a varios Chernobil”. Y destacó que en el accidente de “Fukushima fue la primera vez que se vio afectado el combustible nuclear agotado”.
“No puedo creer que haya la tranquilidad que hay en Cordoba de que se extienda la vida útil de la central, es terrorífico. La central tuvo un accidente que pudo haber sido de gravísimas consecuencias. No tenemos un historial de prolijidad como se dijo, sino de desprolijidad total”, reflexionó Montenegro ante este panorama.
Además, aseguró que todos estos datos también se incluirán en la denuncia penal para demostrar “de qué manera se ha jugado con la vida de las personas violando normas desde Ambiente”.
Por otro lado, Fernández mencionó las consecuencias que la central nuclear genera en el ambiente a largo plazo, más allá de las fallas que pudieran existir. “Al margen de los riesgos, está el plutonio que queda activo en el planeta durante 240 siglos, la minería que genera la energía nuclear con una demanda de 90 toneladas de uranio”.
Respecto a esto último, el representante de Greenpeace mencionó otra de las consecuencias indirectas que tendría la extensión de la vida útil de la planta: “Hoy por hoy se va a necesitar reactivar la minería en el país y generar un impacto absolutamente innecesario en otras provincias, principalmente Chubut y Mendoza, donde se está
pretendiendo reactivar la minería de uranio”.
Córdoba No Nuclear
En este contexto, distintas organizaciones están impulsando un proyecto de ley que busca prohibir las actividades nucleares en la provincia de Córdoba a partir del primero de enero de 2014. La iniciativa fue presentada el pasado 6 de marzo en la Legislatura y está siendo promocionada a través de la campaña Córdoba No Nuclear.
Fernández explicó que Greenpeace junto a otras organizaciones está trabajando actualmente en diferentes localidades de la provincia con el objetivo de reunir 25 mil firmas para poder presentar el proyecto de ley que prohíbe la actividad nuclear como iniciativa popular y de esa manera impulsar su tratamiento en la Legislatura.
“La idea es que la gente sea la que apoye este proyecto, demostrar así también la necesidad y el reclamo de diálogo por parte de los ciudadanos cordobeses que hoy se sienten tomados de rehenes por los planes del gobierno nacional al avanzar con esta obra sin ni siquiera consultar a la población”, aseguró el representante de la ONG.
Con la intención de visibilizar la problemática de la central nuclear de Embalse, el 11 de marzo pasado un grupo de activistas de Greenpeace ingresó a la planta sin autorización y logró llegar a la cima del reactor, donde desplegaron una bandera con la consigna “Basta de peligro nuclear”.
Según Fernández, esta acción demostró “las débiles medidas de seguridad de la central y su vulnerabilidad ante cualquier imprevisto. “Llama la atención y es para quedarse bastante preocupados. Nosotros porque somos Greenpeace, una organización pacífica y que no busca ni poner en riesgo a la población ni ocasionar ningún daño, pero no podemos asegurar lo mismo de otra persona que pueda ingresar”.
Por ley, la Nación debe invertir en energía renovable
Mientras el gobierno nacional avanza en el Plan Nuclear, en el que se enmarca la extensión de la vida útil de la central de Embalse, la ley 26.190 establece la obligación de que el 8% de la energía eléctrica de Argentina provenga de fuentes renovables para 2016. Ante ello, desde Greenpeace reclaman que el gobierno nacional destine fondos para cumplir con el objetivo dispuesto por ley.
En este sentido, Fernández aseguró que no se está avanzando con lo establecido por la ley de Fomento Nacional para el Uso de Fuentes Renovables de Energía “por falta de financiamiento mientras que el gobierno nacional insiste con las obras de la central nuclear de Embalse, invirtiendo cifras siderales que podrían generar muchísima más electricidad si fuesen invertidas en energía renovable”.
Desde la Nación afirman que la planta de Embalse permite satisfacer la necesidad de electricidad de casi 4 millones de personas. Sin embargo, la organización ambientalista asegura que el dato no es real: “En 2012 la energía nuclear en su totalidad, Embalse y Atucha, aportaron solo el 4% de la electricidad nacional”, explicó Fernández.
Y recordó que la ley 26.190, reglamentada en 2009, obliga a satisfacer el 8% de la electricidad a través de fuentes renovables de energía, a partir de los estudios de factibilidad realizados. Por lo tanto, indica, las posibilidades de estas fuentes estarían duplicando la electricidad brindada por las plantas nucleares existentes en Argentina.
“Las inversiones se están yendo hacia el desarrollo de energía atómica, una energía que después de 32 años de desarrollo y muchos miles de millones de dólares, llegó solamente a aportar el 4% de la electricidad mientras que una energía renovable en 10 años puede crecer a un 8%”, reflexionó el coordinador de la Campaña Energía de Greenpeace.
De esta manera, el activista sostuvo que el gobierno está incumpliendo con la ley al destinar grandes cantidades de dinero al Plan Nuclear. En el mismo se enmarca no sólo la nueva puesta en funcionamiento de la central de Embalse, sino también Atucha I y II. A ello se suma la construcción del reactor nuclear Caren y la construcción de Atucha III.
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Denunciarán al gobierno por extender la vida útil de la central de Embalse
Funam presentará una acción penal contra funcionarios nacionales y provinciales. Greenpeace junto a otras organizaciones también advirtieron que la medida es ilegal ya que no se realizaron estudios de impacto ambiental ni audiencias públicas. Aseguran que los riesgos de accidentes se agravarán
La decisión de extender por 25 años más la vida útil del reactor nuclear de Embalse a partir de 2014 genera múltiples cuestionamientos de distintas organizaciones y especialistas, quienes advierten los riesgos sociales y ambientales que implicaría la medida. Ahora, Funam denunciará penalmente a autoridades nacionales y provinciales por la ilegalidad del proyecto, que no cuenta con estudios de impacto ambiental ni audiencias públicas, tal como indican las leyes vigentes.
La polémica por la central de Embalse se reavivó en los últimos días a partir del anuncio de que el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) brindó un préstamo por $1.200 millones para mantener la planta en funcionamiento. Se trata de la primera vez que un organismo internacional de crédito otorga dinero para un proyecto nuclear a escala global.
Tanto el biólogo Raúl Montenegro, presidente de Funam, como el representante de Greenpeace, Mauro Fernández, denuncian múltiples irregularidades en la decisión del gobierno nacional de extender la vida útil de la central nuclear ubicada en la provincia de Córdoba, cuyo período de operación debe cesar este año.
Según informaron desde la Nación, la realización de este proyecto contempla que la planta detenga sus actividades en noviembre de este año y, luego de diversas modificaciones, vuelva a ponerse en funcionamiento casi dos años después.
Las organizaciones sociales afirman que el proyecto es ilegal pero, además, aseguran que este segundo ciclo de la planta agravaría la contaminación existente con materiales radioactivos y aumentaría notablemente los riesgos de accidentes, cuyas consecuencias podrían llegar a más de 300 kilómetros a la redonda de la planta.
Proyecto ilegal
Respecto del proyecto que pretende extender la vida útil de la central nuclear, Montenegro explicó: “Es ilegal por el hecho de que no se ha cumplimentado la evaluación de impacto ambiental que prevé la Ley de Ambiente de la Provincia y tampoco se cumplió lo que prevé la Ley Nacional de Ambiente. Entonces nosotros estamos preparando una acción penal contra funcionarios de Nación y de la Comisión Nacional de Energía Atómica (Cnea) y también de la provincia de Córdoba”, dijo y especificó que la denuncia incluirá a autoridades de la Secretaría de Ambiente provincial.
Por su parte, Mauro Fernández, coordinador de la Campaña de Energía de Greenpeace Argentina, añadió que tampoco se realizaron las audiencias públicas para consultar a la población, tal como establecen las normas vigentes.
Al mismo tiempo, afirmó: “Que un banco de desarrollo de América Latina le otorgue un crédito a una obra que está empezando sin cumplir la ley vigente sorprende, y sorprende también que la corporación vaya en contra de su propia misión, que es favorecer el desarrollo sostenible en la región”.
Los riesgos: Fukushima y Chernobil
Desde Funam y Greenpeace señalan que extender el funcionamiento de la central de Embalse por 25 años más conlleva importantes riesgos de accidentes, además de prolongar la contaminación existente.
El riesgo más alarmante según los especialistas es que ocurra el máximo accidente posible, es decir de nivel siete en la escala de eventos nucleares, cuyo impacto afectaría a casi toda la provincia de Córdoba e incluso a provincias limítrofes. La magnitud y las terribles consecuencias de un accidente de este tipo se hicieron visibles en los desastres de Fukushima y Chernobil.
Según Fernández, en el caso de Embalse son diversos los factores que podrían originar un accidente de este tipo, tales como “pérdida de refrigerantes, una falla humana, el riesgo sísmico que tiene la central nuclear de Embalse estando ubicada sobre la falla de Santa Rosa, el tipo de reactor que tiene la central”, enumeró.
Esto se agrava si se tiene en cuenta que la planta, según un informe de Funam, ya ha sufrido al menos diez incidentes y accidentes de distinto nivel de gravedad entre 1983 y 2005, muchos de ellos reconocidos por Cnea y Nasa.
Montenegro explicó que gran parte de estos incidentes se relacionan con las caraterísticas del reactor de la central: “Es un reactor Candu 6 que además de su antigüedad, porque ya está al filo su vida útil, es un modelo de por sí muy antiguo y que tiene una serie de fallas inherentes a su diseño”.
En ese marco, el biólogo precisó que el accidente más frecuente que ha tenido la central nuclear es la pérdida de agua pesada contaminada radiactivamente, que en muchos casos terminó depositada en el lago de Embalse poniendo en riesgo la salud de la población.
Estas fallas, añadió, se agravarían si finalmente se extiende la vida útil de la planta: “Se parte de un reactor en términos de estructura que va a tener partes antiguas y partes nuevas. Por lo tanto la inseguridad que va a tener es enorme”, dijo pero afirmó que confía en que el Poder Judicial y las medidas iniciadas desde la sociedad impedirán la concreción de este proyecto.
El presidente de Funam informó que a los riesgos mencionados se suma otro factor de gran peligrosidad: “En la central de Embalse el combustible agotado, altamente radioactivo, se almacena en el mismo predio y en estructuras que no resistirían, por ejemplo, el choque de un avión”.
Para graficar las implicancias de esta situación, indicó: “El combustible nuclear agotado acumulado hasta hoy en Embalse equivale a varios Chernobil”. Y destacó que en el accidente de “Fukushima fue la primera vez que se vio afectado el combustible nuclear agotado”.
“No puedo creer que haya la tranquilidad que hay en Cordoba de que se extienda la vida útil de la central, es terrorífico. La central tuvo un accidente que pudo haber sido de gravísimas consecuencias. No tenemos un historial de prolijidad como se dijo, sino de desprolijidad total”, reflexionó Montenegro ante este panorama.
Además, aseguró que todos estos datos también se incluirán en la denuncia penal para demostrar “de qué manera se ha jugado con la vida de las personas violando normas desde Ambiente”.
Por otro lado, Fernández mencionó las consecuencias que la central nuclear genera en el ambiente a largo plazo, más allá de las fallas que pudieran existir. “Al margen de los riesgos, está el plutonio que queda activo en el planeta durante 240 siglos, la minería que genera la energía nuclear con una demanda de 90 toneladas de uranio”.
Respecto a esto último, el representante de Greenpeace mencionó otra de las consecuencias indirectas que tendría la extensión de la vida útil de la planta: “Hoy por hoy se va a necesitar reactivar la minería en el país y generar un impacto absolutamente innecesario en otras provincias, principalmente Chubut y Mendoza, donde se está
pretendiendo reactivar la minería de uranio”.
Córdoba No Nuclear
En este contexto, distintas organizaciones están impulsando un proyecto de ley que busca prohibir las actividades nucleares en la provincia de Córdoba a partir del primero de enero de 2014. La iniciativa fue presentada el pasado 6 de marzo en la Legislatura y está siendo promocionada a través de la campaña Córdoba No Nuclear.
Fernández explicó que Greenpeace junto a otras organizaciones está trabajando actualmente en diferentes localidades de la provincia con el objetivo de reunir 25 mil firmas para poder presentar el proyecto de ley que prohíbe la actividad nuclear como iniciativa popular y de esa manera impulsar su tratamiento en la Legislatura.
“La idea es que la gente sea la que apoye este proyecto, demostrar así también la necesidad y el reclamo de diálogo por parte de los ciudadanos cordobeses que hoy se sienten tomados de rehenes por los planes del gobierno nacional al avanzar con esta obra sin ni siquiera consultar a la población”, aseguró el representante de la ONG.
Con la intención de visibilizar la problemática de la central nuclear de Embalse, el 11 de marzo pasado un grupo de activistas de Greenpeace ingresó a la planta sin autorización y logró llegar a la cima del reactor, donde desplegaron una bandera con la consigna “Basta de peligro nuclear”.
Según Fernández, esta acción demostró “las débiles medidas de seguridad de la central y su vulnerabilidad ante cualquier imprevisto. “Llama la atención y es para quedarse bastante preocupados. Nosotros porque somos Greenpeace, una organización pacífica y que no busca ni poner en riesgo a la población ni ocasionar ningún daño, pero no podemos asegurar lo mismo de otra persona que pueda ingresar”.
Por ley, la Nación debe invertir en energía renovable
Mientras el gobierno nacional avanza en el Plan Nuclear, en el que se enmarca la extensión de la vida útil de la central de Embalse, la ley 26.190 establece la obligación de que el 8% de la energía eléctrica de Argentina provenga de fuentes renovables para 2016. Ante ello, desde Greenpeace reclaman que el gobierno nacional destine fondos para cumplir con el objetivo dispuesto por ley.
En este sentido, Fernández aseguró que no se está avanzando con lo establecido por la ley de Fomento Nacional para el Uso de Fuentes Renovables de Energía “por falta de financiamiento mientras que el gobierno nacional insiste con las obras de la central nuclear de Embalse, invirtiendo cifras siderales que podrían generar muchísima más electricidad si fuesen invertidas en energía renovable”.
Desde la Nación afirman que la planta de Embalse permite satisfacer la necesidad de electricidad de casi 4 millones de personas. Sin embargo, la organización ambientalista asegura que el dato no es real: “En 2012 la energía nuclear en su totalidad, Embalse y Atucha, aportaron solo el 4% de la electricidad nacional”, explicó Fernández.
Y recordó que la ley 26.190, reglamentada en 2009, obliga a satisfacer el 8% de la electricidad a través de fuentes renovables de energía, a partir de los estudios de factibilidad realizados. Por lo tanto, indica, las posibilidades de estas fuentes estarían duplicando la electricidad brindada por las plantas nucleares existentes en Argentina.
“Las inversiones se están yendo hacia el desarrollo de energía atómica, una energía que después de 32 años de desarrollo y muchos miles de millones de dólares, llegó solamente a aportar el 4% de la electricidad mientras que una energía renovable en 10 años puede crecer a un 8%”, reflexionó el coordinador de la Campaña Energía de Greenpeace.
De esta manera, el activista sostuvo que el gobierno está incumpliendo con la ley al destinar grandes cantidades de dinero al Plan Nuclear. En el mismo se enmarca no sólo la nueva puesta en funcionamiento de la central de Embalse, sino también Atucha I y II. A ello se suma la construcción del reactor nuclear Caren y la construcción de Atucha III.
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