17 mar 2013
En Río Cuarto, debate sonre el modelo agrícola
9:40 a.m. | 
Publicado por
Eco Sitio |
El Puntal de Río Cuarto (17/03/2013)
El debate por el uso de la semilla y su impacto en la seguridad alimentaria
De visita en Río Cuarto, el especialista en derecho agrario Aldo Casella analizó el anteproyecto de ley que busca cobrar regalías a los productores. “Todo sistema de propiedad intelectual tiene que resguardar la posibilidad del desarrollo de la tecnología y la autonomía nacional de decisión”, advirtió
De visita en la ciudad, el especialista en derecho agrario y docente de la Universidad Nacional del Litorial Aldo Casella analizó la situación de nuestro país respecto a la propiedad intelectual en agricultura y la intención de modificar la ley para implementar el cobro de regalías por el uso de las semillas. Además, advirtió que a la hora de regular esta temática la seguridad alimentaria del país puede verse afectada si no se resguarda la autonomía de decisión y el acceso a la tecnología.
Casella brindó una charla organizada por la Universidad Nacional de Río Cuarto y se refirió al anteproyecto de ley de semillas difundido a mediados del año pasado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. La iniciativa busca modificar la normativa actual con el fin de establecer el pago de regalías a las empresas proveedoras de semillas por parte de los productores. Aunque se esperaba que el texto fuera debatido el año pasado, el mismo aún no fue ingresado en el Congreso.
En diálogo con PUNTAL, el abogado explicó que el anteproyecto mencionado genera desacuerdo tanto hacia dentro como hacia fuera del oficialismo y agregó que el debate por el uso de la semilla se sostiene desde hace más de una década en el país, a raíz de los cambios que se vienen dando en la agricultura a nivel mundial y los avances de la biotecnología.
“Por parte del sector productor de semillas -fundamentalmente los que tienen derechos de propiedad intelectual sobre variedades- hay interés de que el agricultor no pueda volver a utilizar la semilla que reserva de sus cosechas”, explicó Casella.
Y continuó: “La ley actual lo permite y hay una práctica, que se llama regalía extendida, que está fuera del marco de la ley y se plantea como una práctica contractual de validez discutida y que quiere llevarse a la ley, es decir la posibilidad de que el productor luego de adquirir la semilla legalmente, al obtener su cosecha no pueda reservar una parte para resembrar o no pueda hacerlo gratuitamente. Esta discusión se viene repitiendo desde hace no menos de 12 años”.
- De aprobarse por ley ¿este pago de regalías sería válido para todas las semillas?
Sí, no se ha hecho diferenciación: es para todo tipo de material de multiplicación de variedades vegetales.
- ¿Cómo afectaría esto a los pequeños y grandes productores?
Ya sea un productor grande o pequeño, el pagar regalías por la utilización de la propia semilla implica una transferencia de renta del sector productor al sector de la producción de semillas. Obviamente que puede afectar en mayor medida a los pequeños productores porque son los que desarrollan la práctica de reservar sus semillas, por los altos costos que puede significar y más que nada por impedir la libre disposición.
Uniformización productiva
“Este acento sobre la propiedad intelectual viene acompañado de un proceso internacional global de uniformización productiva, de encadenamiento de grandes complejos industriales o agroindustriales”, indicó Casella.
En ese sentido, advirtió que la mayor preocupación que puede acarrear la modificación del actual marco normativo es que “posibilite mecanismos para ir integrando cadenas a partir de este tipo de derechos”, abarcando así insumos y productos.
- ¿Como se relacióna esta intención de modificar la ley con la instalación de Monsanto y con la aprobación en el último año de alrededor de 10 semillas transgénicas en el país?
Lógicamente que esta andanada de eventos de semillas transgénicas también está indicando un interés en el negocio importante, que además quiere resguardarse con estos sistemas y lograr una futura apropiación mayor de rentas. Entonces una reforma a la ley de semillas legitimaría ese retorno de inversiones más acelerado, una apropiación de rentas más acelerada.
- ¿Cómo impactaría este proceso y el avance de la biotecnología en la biodiversidad y la seguridad alimentaria de Argentina?
En la seguridad alimentaria siempre hay que tener cuidado con los sistemas que puedan generar condicionamientos a partir de agregarles a las posiciones económicamente dominantes un instrumento jurídico que pueda condicionar, a través del control con estos derechos, el desarrollo de la producción. Toda ley o sistema de propiedad intelectual tiene que tener cuidado de tener, como se suele decir, anticuerpos procompetitivos, o sea, resguardar la posibilidad del desarrollo de la tecnología, el acceso y fundamentalmente la autonomía nacional de decisión. Si no afectaría a la seguridad alimentaria. No estoy en condiciones de decir que este proyecto la pueda afectar pero hay que tener cuidado.
En cuanto a la biodiversidad, esto puede venir muy vinculado a un sistema cada vez de mayor homonegeidad productiva, entonces obviamente van desapareciendo variedades y eso puede efectivamente afectar la biodiversidad. Es una pérdida de variedad que muchos genetistas están advirtiendo porque la diversidad de recursos genéticos verdaderamente es un resguardo ante cambios externos que podemos no estar en condiciones de responder en un futuro.
Por último, Casella señaló que la modificación de la ley de semillas no puede considerarse “un proyecto oficialista”, ya que el mismo no fue presentado hasta ahora de manera oficial por el Poder Ejecutivo y existen sectores dentro del Estado nacional que han manifestado su desacuerdo. A ellos se suman entidades como la Federación Agraria, así como otras asociaciones de productores y organizaciones campesinas que se oponen a la iniciativa.
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Revelan graves falencias del Senasa en el control de los agroquímicos
La Auditoría General de la Nación elaboró un informe “lapidario” según el cual el ente no puede cumplir con sus atribuciones. Las tareas para prevenir daños en la salud de la población afectada, 12 millones de personas, no se realizan desde 2010 y no se evalúan los riesgos de los productos para su reclasificación
Una investigación realizada por la Auditoría General de la Nación (AGN) detectó graves falencias en el control de la aplicación de agroquímicos por parte de Senasa. En un informe que sus propios autores caracterizaron como “lapidario” se afirma que el ente no puede cumplir con sus atribuciones.
Según el informe elaborado por la Auditoría, los cultivos transgénicos sujetos a fumigación sistemática cubren 22 millones de hectáreas en Argentina, donde habitan alrededor de 12 millones de personas. Sin embargo, la Comisión creada para prevenir daños en la salud de la población afectada por agroquímicos no trabaja desde el año 2010. Tampoco se realizan las evaluaciones pertinentes para determinar la peligrosidad de los productos autorizados.
El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) es el organismo encargado de registrar y autorizar los agroquímicos utilizados en la actividad agropecuaria. Así, el ente se ocupa de clasificar los plaguicidas según su toxicidad y lleva registros de las empresas productoras y aplicadoras de los mismos. Además, debe tomar muestras de los agroquímicos sujetos a importación y exportación.
“Nada de esto está cumplimentado de acuerdo a lo que debería ser; el organismo no cumple eficiente ni eficazmente con su obligación de autorizar y con su obligación de registrar y tampoco cumple debidamente con los análisis de las muestras de los agroquímicos”, afirmó el auditor general Vicente Brusca en base a una investagación que analizó el trabajo del organismo nacional entre 2008 y 2011.
Inclusive, según indicaron desde la AGN, el propio Senasa reconoció en su respuesta al informe que “se le han otorgado atribuciones que no puede cumplir adecuadamente”.
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El debate por el uso de la semilla y su impacto en la seguridad alimentaria
De visita en Río Cuarto, el especialista en derecho agrario Aldo Casella analizó el anteproyecto de ley que busca cobrar regalías a los productores. “Todo sistema de propiedad intelectual tiene que resguardar la posibilidad del desarrollo de la tecnología y la autonomía nacional de decisión”, advirtió
De visita en la ciudad, el especialista en derecho agrario y docente de la Universidad Nacional del Litorial Aldo Casella analizó la situación de nuestro país respecto a la propiedad intelectual en agricultura y la intención de modificar la ley para implementar el cobro de regalías por el uso de las semillas. Además, advirtió que a la hora de regular esta temática la seguridad alimentaria del país puede verse afectada si no se resguarda la autonomía de decisión y el acceso a la tecnología.
Casella brindó una charla organizada por la Universidad Nacional de Río Cuarto y se refirió al anteproyecto de ley de semillas difundido a mediados del año pasado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. La iniciativa busca modificar la normativa actual con el fin de establecer el pago de regalías a las empresas proveedoras de semillas por parte de los productores. Aunque se esperaba que el texto fuera debatido el año pasado, el mismo aún no fue ingresado en el Congreso.
En diálogo con PUNTAL, el abogado explicó que el anteproyecto mencionado genera desacuerdo tanto hacia dentro como hacia fuera del oficialismo y agregó que el debate por el uso de la semilla se sostiene desde hace más de una década en el país, a raíz de los cambios que se vienen dando en la agricultura a nivel mundial y los avances de la biotecnología.
“Por parte del sector productor de semillas -fundamentalmente los que tienen derechos de propiedad intelectual sobre variedades- hay interés de que el agricultor no pueda volver a utilizar la semilla que reserva de sus cosechas”, explicó Casella.
Y continuó: “La ley actual lo permite y hay una práctica, que se llama regalía extendida, que está fuera del marco de la ley y se plantea como una práctica contractual de validez discutida y que quiere llevarse a la ley, es decir la posibilidad de que el productor luego de adquirir la semilla legalmente, al obtener su cosecha no pueda reservar una parte para resembrar o no pueda hacerlo gratuitamente. Esta discusión se viene repitiendo desde hace no menos de 12 años”.
- De aprobarse por ley ¿este pago de regalías sería válido para todas las semillas?
Sí, no se ha hecho diferenciación: es para todo tipo de material de multiplicación de variedades vegetales.
- ¿Cómo afectaría esto a los pequeños y grandes productores?
Ya sea un productor grande o pequeño, el pagar regalías por la utilización de la propia semilla implica una transferencia de renta del sector productor al sector de la producción de semillas. Obviamente que puede afectar en mayor medida a los pequeños productores porque son los que desarrollan la práctica de reservar sus semillas, por los altos costos que puede significar y más que nada por impedir la libre disposición.
Uniformización productiva
“Este acento sobre la propiedad intelectual viene acompañado de un proceso internacional global de uniformización productiva, de encadenamiento de grandes complejos industriales o agroindustriales”, indicó Casella.
En ese sentido, advirtió que la mayor preocupación que puede acarrear la modificación del actual marco normativo es que “posibilite mecanismos para ir integrando cadenas a partir de este tipo de derechos”, abarcando así insumos y productos.
- ¿Como se relacióna esta intención de modificar la ley con la instalación de Monsanto y con la aprobación en el último año de alrededor de 10 semillas transgénicas en el país?
Lógicamente que esta andanada de eventos de semillas transgénicas también está indicando un interés en el negocio importante, que además quiere resguardarse con estos sistemas y lograr una futura apropiación mayor de rentas. Entonces una reforma a la ley de semillas legitimaría ese retorno de inversiones más acelerado, una apropiación de rentas más acelerada.
- ¿Cómo impactaría este proceso y el avance de la biotecnología en la biodiversidad y la seguridad alimentaria de Argentina?
En la seguridad alimentaria siempre hay que tener cuidado con los sistemas que puedan generar condicionamientos a partir de agregarles a las posiciones económicamente dominantes un instrumento jurídico que pueda condicionar, a través del control con estos derechos, el desarrollo de la producción. Toda ley o sistema de propiedad intelectual tiene que tener cuidado de tener, como se suele decir, anticuerpos procompetitivos, o sea, resguardar la posibilidad del desarrollo de la tecnología, el acceso y fundamentalmente la autonomía nacional de decisión. Si no afectaría a la seguridad alimentaria. No estoy en condiciones de decir que este proyecto la pueda afectar pero hay que tener cuidado.
En cuanto a la biodiversidad, esto puede venir muy vinculado a un sistema cada vez de mayor homonegeidad productiva, entonces obviamente van desapareciendo variedades y eso puede efectivamente afectar la biodiversidad. Es una pérdida de variedad que muchos genetistas están advirtiendo porque la diversidad de recursos genéticos verdaderamente es un resguardo ante cambios externos que podemos no estar en condiciones de responder en un futuro.
Por último, Casella señaló que la modificación de la ley de semillas no puede considerarse “un proyecto oficialista”, ya que el mismo no fue presentado hasta ahora de manera oficial por el Poder Ejecutivo y existen sectores dentro del Estado nacional que han manifestado su desacuerdo. A ellos se suman entidades como la Federación Agraria, así como otras asociaciones de productores y organizaciones campesinas que se oponen a la iniciativa.
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Revelan graves falencias del Senasa en el control de los agroquímicos
La Auditoría General de la Nación elaboró un informe “lapidario” según el cual el ente no puede cumplir con sus atribuciones. Las tareas para prevenir daños en la salud de la población afectada, 12 millones de personas, no se realizan desde 2010 y no se evalúan los riesgos de los productos para su reclasificación
Una investigación realizada por la Auditoría General de la Nación (AGN) detectó graves falencias en el control de la aplicación de agroquímicos por parte de Senasa. En un informe que sus propios autores caracterizaron como “lapidario” se afirma que el ente no puede cumplir con sus atribuciones.
Según el informe elaborado por la Auditoría, los cultivos transgénicos sujetos a fumigación sistemática cubren 22 millones de hectáreas en Argentina, donde habitan alrededor de 12 millones de personas. Sin embargo, la Comisión creada para prevenir daños en la salud de la población afectada por agroquímicos no trabaja desde el año 2010. Tampoco se realizan las evaluaciones pertinentes para determinar la peligrosidad de los productos autorizados.
El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) es el organismo encargado de registrar y autorizar los agroquímicos utilizados en la actividad agropecuaria. Así, el ente se ocupa de clasificar los plaguicidas según su toxicidad y lleva registros de las empresas productoras y aplicadoras de los mismos. Además, debe tomar muestras de los agroquímicos sujetos a importación y exportación.
“Nada de esto está cumplimentado de acuerdo a lo que debería ser; el organismo no cumple eficiente ni eficazmente con su obligación de autorizar y con su obligación de registrar y tampoco cumple debidamente con los análisis de las muestras de los agroquímicos”, afirmó el auditor general Vicente Brusca en base a una investagación que analizó el trabajo del organismo nacional entre 2008 y 2011.
Inclusive, según indicaron desde la AGN, el propio Senasa reconoció en su respuesta al informe que “se le han otorgado atribuciones que no puede cumplir adecuadamente”.
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