12 mar 2012
Costas públicas, apropiadas por privados
La Voz del Interior (12/03/2012)
Costas públicas, apropiadas por privados
En varios lagos, las propiedades privadas avanzan sobre playas usurpando espacios que deben ser de acceso público. En 2004, se inició un plan de corrección pero se paralizó por completo. Los Molinos es un modelo; el San Roque y Embalse, la contracara.
Si un vecino extiende su propiedad sobre una vereda u ocupa parte de la plaza del barrio para uso propio, la ilegalidad resultará evidente y sería sancionada. Sin embargo, en Córdoba, desde hace décadas, cientos o quizá miles de vecinos son “okupas” privilegiados de costas de lagos o ríos que, aunque sean públicas, se las apropian para uso privado.
Por décadas, la falta de control y de planificación del Estado (la Provincia y los municipios) facilitó todo tipo de abusos. En este caso, agravado por tratarse de espacios atractivos para el turismo y el esparcimiento. En 2004, la Provincia puso en marcha el Plan de Ordenamiento Territorial, que implicó un paso adelante notorio: se colocaron mojones en siete lagos que en forma visible delimitaron por primera vez lo público de lo privado.
Con ese plan, se avanzó hasta 2007. Pero desde entonces quedó adormecido.
Así, en los lagos donde más apropiaciones indebidas se observan (como San Roque y Embalse), el programa se paralizó cuando ya debía a empezar a corregir apropiaciones en zonas costeras de coquetas residencias y valiosos emprendimientos.
Desde el área de Recursos Hídricos de la Provincia señalan ahora que lo retomarán. En octubre de 2009, los funcionarios que entonces ocupaban esa cartera aseguraron a este diario lo mismo, pero desde entonces no hubo avances.
Hasta ahí. El plan de delimitación empezó en 2004, durante la gestión de Fabián López como director de la entonces Dipas. Era gobernador José Manuel de la Sota. Cuando López dejó ese puesto en 2007, se paralizó.
Los mojones son caños pintados en blanco y rojo, fijados al suelo, ubicados según coordenadas satelitales. En caso de ser removidos, pueden ser reubicados exactamente en el mismo sitio. Rodean siete lagos: Los Molinos, Embalse, San Roque, Piedras Moras, El Cajón, Cruz del Eje y La Viña.Una vez colocados, correspondía hacer respetar los límites que marcan. En varios lagos, no hay casi situaciones de conflicto, porque la mayor parte de las tierras son fiscales o hay escasas viviendas o emprendimientos costeros.
Pero en Los Molinos, Embalse y San Roque, los avances privados sobre costas públicas eran ya numerosos y con los mojones colocados se hicieron más evidentes.
Sin embargo, el plan sólo avanzó en el dique Los Molinos. Recorrer buena parte de su costa depara una grata imagen de ordenamiento y claridad: las propiedades privadas llegan hasta la línea de mojones, desde allí un camino rodea todo el borde y las playas (que por ley son públicas) quedan liberadas para su uso.
Para establecer ese orden, entre 2005 y 2006 la ex Dipas notificó a los propietarios que usurpaban espacios y luego, ante incumplimientos, con la fuerza policial levantó alambrados y hasta instalaciones.
“Está bien que se marque el límite y que todos lo respeten. Pero sentimos como una burla que se haya hecho acá y que en otros lagos, como Embalse o San Roque, siga todo como antes”, se quejó Alberto, propietario de una impactante casa de veraneo en Los Molinos, cuyo “patio” supo llegar casi hasta el agua antes de las correcciones.
Paradito. En el lago de Embalse, sólo hubo algunos procedimientos en su extremo sur, donde no hay casi viviendas de veraneo y los alambrados eran, en general, de pequeños productores rurales. También se corrigió en un barrio de Villa Rumipal. Pero nada más.
En el San Roque, apenas se retocaron algunos cientos de metros. Pero quedó instalada la impresión de que el plan se paró cuando llegó a sectores de familias con poder económico o político. Es el cuadro que se acomoda justo a aquella consigna de que “todos son iguales ante la ley, pero algunos parecen más iguales que otros”.
Respuesta. “La idea es concluir ese proceso; no pararlo”, señaló a este diario Marcelo Cámara, nuevo secretario de Recursos Hídricos de la Provincia.
“Pero para avanzar, esperamos no tener conflictos judiciales, porque hubo algunas demandas de propietarios que argumentan que los mojones estaban mal ubicados o que aparecen con escrituras, incluso sobre áreas inundables de lagos”, señaló.
Cámara admitió que el ordenamiento que resta es sobre todo en el San Roque y el Embalse. Recordó que este plan “nació durante el primer gobierno de De la Sota”, cuando contestó sobre si habría voluntad política de avanzar en lo que resta, sin distinciones.
En 2009, el entonces subsecretario de Recursos Hídricos (durante la gestión de Juan Schiaretti), Jorge Masih, también había respondido a este diario que el plan no se paralizaría, aunque desde entonces pasaron tres años sin novedades, salvo escasas y puntuales correcciones.
Por qué liberarlas
Razones. La importancia de evitar apropiaciones de costas no es sólo para permitir el acceso del público a espacios que le pertenecen y para evitar la ilegalidad de usurpaciones arbitrarias de tierras.
Crecidas. También es marcado como relevante para un adecuado manejo del nivel de los embalses, ya que pueden surgir complicaciones si las crecidas llegan a sitios ocupados por debajo de la cota máxima (lo que ha ocurrido en varias oportunidades).
Desechos. Otro aspecto es que la contaminación del lago, por ejemplo con efluentes cloacales clandestinos, es más fácil de disimular cuando el inmueble limita con el mismo lago.
En los ríos, el control es más difícil
También sucede. Sobre los ríos y arroyos cordobeses también son frecuentes los casos de apropiaciones indebidas de riberas. Son ilegales los patios de casas que se extienden hasta el cauce mismo o los alambrados que impiden el paso normal de peatones o eventualmente de vehículos.
Imposible. El plan de amojonamiento no fue imaginado para esos casos, porque sería impracticable. Hay más de 30 mil kilómetros de ríos y arroyos en Córdoba y la línea de ribera es más compleja de trazar que en los lagos, sobre todo en las zonas menos urbanizadas.
Otra promesa. La sistematización del ordenamiento es aún un asunto pendiente. Sólo en algunos tramos de algunos ríos se avanzó en forma parcial.
Para denunciar. Mientras, Recursos Hídricos suele actuar e inspeccionar, pero sobre todo ante denuncias puntuales de abusos, que pueden hacerse al 0800 888-3888 (Casa del Ciudadano) o en Recursos Hídricos del Gobierno de la Provincia (0351 434-2000)
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"Hubo una decisión política de desarmar y olvidar el plan"
Jorge González era jefe de la Oficina de Tierras de la ex Dipas, cuando el Plan de Ordenamiento Territorial se puso en marcha.
En 2004, estaba a cargo de los operativos de amojonamientos y de las posteriores correcciones ante apropiaciones indebidas. En 2008, fue relevado de esa función.
Un año antes, Fabián López había dejado de ser director de la Dipas para asumir como secretario de Recursos Hídricos de la Nación.
“En 2007, se desarmó el equipo de trabajo. Fue una decisión política, claramente, para empezar a olvidar el plan. El argumento de los planteos judiciales no cierra. Suena a excusa. Puede haber algún mojón mal puesto, pero nunca una línea de mojones. Todo se hizo con mucha precisión técnica, con base en un sistema de información satelital digital”, planteó. González sigue siendo empleado en Recursos Hídricos e integró los equipos técnicos de Luis Juez en la última campaña.
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Cota máxima para lagos, 15 metros para los ríos
El cuadro normativo respecto de las riberas de costas y ríos tiene en cuenta las crecidas.
Lo conforman el Código Civil nacional, el Código de Aguas provincial y las resoluciones que dicta Recursos Hídricos de Córdoba. En los lagos (todos surgidos de expropiaciones), el criterio general es que el espacio público está fijado por la cota máxima de diseño, es decir, el nivel superior al que podría llegar el agua en su máxima creciente. Es varios metros superior al nivel de vertedero.
En los ríos y arroyos, los cauces y riberas son públicos. El criterio nacional más general es que la línea de ribera no puede ser inferior a la de las crecidas medias. En Córdoba, resoluciones transitorias han fijado un retiro de 15 metros desde el cauce sobre los principales y de 12 para los más chicos y arroyos.
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Costas públicas, apropiadas por privados
En varios lagos, las propiedades privadas avanzan sobre playas usurpando espacios que deben ser de acceso público. En 2004, se inició un plan de corrección pero se paralizó por completo. Los Molinos es un modelo; el San Roque y Embalse, la contracara.
Si un vecino extiende su propiedad sobre una vereda u ocupa parte de la plaza del barrio para uso propio, la ilegalidad resultará evidente y sería sancionada. Sin embargo, en Córdoba, desde hace décadas, cientos o quizá miles de vecinos son “okupas” privilegiados de costas de lagos o ríos que, aunque sean públicas, se las apropian para uso privado.
Por décadas, la falta de control y de planificación del Estado (la Provincia y los municipios) facilitó todo tipo de abusos. En este caso, agravado por tratarse de espacios atractivos para el turismo y el esparcimiento. En 2004, la Provincia puso en marcha el Plan de Ordenamiento Territorial, que implicó un paso adelante notorio: se colocaron mojones en siete lagos que en forma visible delimitaron por primera vez lo público de lo privado.
Con ese plan, se avanzó hasta 2007. Pero desde entonces quedó adormecido.
Así, en los lagos donde más apropiaciones indebidas se observan (como San Roque y Embalse), el programa se paralizó cuando ya debía a empezar a corregir apropiaciones en zonas costeras de coquetas residencias y valiosos emprendimientos.
Desde el área de Recursos Hídricos de la Provincia señalan ahora que lo retomarán. En octubre de 2009, los funcionarios que entonces ocupaban esa cartera aseguraron a este diario lo mismo, pero desde entonces no hubo avances.
Hasta ahí. El plan de delimitación empezó en 2004, durante la gestión de Fabián López como director de la entonces Dipas. Era gobernador José Manuel de la Sota. Cuando López dejó ese puesto en 2007, se paralizó.
Los mojones son caños pintados en blanco y rojo, fijados al suelo, ubicados según coordenadas satelitales. En caso de ser removidos, pueden ser reubicados exactamente en el mismo sitio. Rodean siete lagos: Los Molinos, Embalse, San Roque, Piedras Moras, El Cajón, Cruz del Eje y La Viña.Una vez colocados, correspondía hacer respetar los límites que marcan. En varios lagos, no hay casi situaciones de conflicto, porque la mayor parte de las tierras son fiscales o hay escasas viviendas o emprendimientos costeros.
Pero en Los Molinos, Embalse y San Roque, los avances privados sobre costas públicas eran ya numerosos y con los mojones colocados se hicieron más evidentes.
Sin embargo, el plan sólo avanzó en el dique Los Molinos. Recorrer buena parte de su costa depara una grata imagen de ordenamiento y claridad: las propiedades privadas llegan hasta la línea de mojones, desde allí un camino rodea todo el borde y las playas (que por ley son públicas) quedan liberadas para su uso.
Para establecer ese orden, entre 2005 y 2006 la ex Dipas notificó a los propietarios que usurpaban espacios y luego, ante incumplimientos, con la fuerza policial levantó alambrados y hasta instalaciones.
“Está bien que se marque el límite y que todos lo respeten. Pero sentimos como una burla que se haya hecho acá y que en otros lagos, como Embalse o San Roque, siga todo como antes”, se quejó Alberto, propietario de una impactante casa de veraneo en Los Molinos, cuyo “patio” supo llegar casi hasta el agua antes de las correcciones.
Paradito. En el lago de Embalse, sólo hubo algunos procedimientos en su extremo sur, donde no hay casi viviendas de veraneo y los alambrados eran, en general, de pequeños productores rurales. También se corrigió en un barrio de Villa Rumipal. Pero nada más.
En el San Roque, apenas se retocaron algunos cientos de metros. Pero quedó instalada la impresión de que el plan se paró cuando llegó a sectores de familias con poder económico o político. Es el cuadro que se acomoda justo a aquella consigna de que “todos son iguales ante la ley, pero algunos parecen más iguales que otros”.
Respuesta. “La idea es concluir ese proceso; no pararlo”, señaló a este diario Marcelo Cámara, nuevo secretario de Recursos Hídricos de la Provincia.
“Pero para avanzar, esperamos no tener conflictos judiciales, porque hubo algunas demandas de propietarios que argumentan que los mojones estaban mal ubicados o que aparecen con escrituras, incluso sobre áreas inundables de lagos”, señaló.
Cámara admitió que el ordenamiento que resta es sobre todo en el San Roque y el Embalse. Recordó que este plan “nació durante el primer gobierno de De la Sota”, cuando contestó sobre si habría voluntad política de avanzar en lo que resta, sin distinciones.
En 2009, el entonces subsecretario de Recursos Hídricos (durante la gestión de Juan Schiaretti), Jorge Masih, también había respondido a este diario que el plan no se paralizaría, aunque desde entonces pasaron tres años sin novedades, salvo escasas y puntuales correcciones.
Por qué liberarlas
Razones. La importancia de evitar apropiaciones de costas no es sólo para permitir el acceso del público a espacios que le pertenecen y para evitar la ilegalidad de usurpaciones arbitrarias de tierras.
Crecidas. También es marcado como relevante para un adecuado manejo del nivel de los embalses, ya que pueden surgir complicaciones si las crecidas llegan a sitios ocupados por debajo de la cota máxima (lo que ha ocurrido en varias oportunidades).
Desechos. Otro aspecto es que la contaminación del lago, por ejemplo con efluentes cloacales clandestinos, es más fácil de disimular cuando el inmueble limita con el mismo lago.
En los ríos, el control es más difícil
También sucede. Sobre los ríos y arroyos cordobeses también son frecuentes los casos de apropiaciones indebidas de riberas. Son ilegales los patios de casas que se extienden hasta el cauce mismo o los alambrados que impiden el paso normal de peatones o eventualmente de vehículos.
Imposible. El plan de amojonamiento no fue imaginado para esos casos, porque sería impracticable. Hay más de 30 mil kilómetros de ríos y arroyos en Córdoba y la línea de ribera es más compleja de trazar que en los lagos, sobre todo en las zonas menos urbanizadas.
Otra promesa. La sistematización del ordenamiento es aún un asunto pendiente. Sólo en algunos tramos de algunos ríos se avanzó en forma parcial.
Para denunciar. Mientras, Recursos Hídricos suele actuar e inspeccionar, pero sobre todo ante denuncias puntuales de abusos, que pueden hacerse al 0800 888-3888 (Casa del Ciudadano) o en Recursos Hídricos del Gobierno de la Provincia (0351 434-2000)
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"Hubo una decisión política de desarmar y olvidar el plan"
Jorge González era jefe de la Oficina de Tierras de la ex Dipas, cuando el Plan de Ordenamiento Territorial se puso en marcha.
En 2004, estaba a cargo de los operativos de amojonamientos y de las posteriores correcciones ante apropiaciones indebidas. En 2008, fue relevado de esa función.
Un año antes, Fabián López había dejado de ser director de la Dipas para asumir como secretario de Recursos Hídricos de la Nación.
“En 2007, se desarmó el equipo de trabajo. Fue una decisión política, claramente, para empezar a olvidar el plan. El argumento de los planteos judiciales no cierra. Suena a excusa. Puede haber algún mojón mal puesto, pero nunca una línea de mojones. Todo se hizo con mucha precisión técnica, con base en un sistema de información satelital digital”, planteó. González sigue siendo empleado en Recursos Hídricos e integró los equipos técnicos de Luis Juez en la última campaña.
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Cota máxima para lagos, 15 metros para los ríos
El cuadro normativo respecto de las riberas de costas y ríos tiene en cuenta las crecidas.
Lo conforman el Código Civil nacional, el Código de Aguas provincial y las resoluciones que dicta Recursos Hídricos de Córdoba. En los lagos (todos surgidos de expropiaciones), el criterio general es que el espacio público está fijado por la cota máxima de diseño, es decir, el nivel superior al que podría llegar el agua en su máxima creciente. Es varios metros superior al nivel de vertedero.
En los ríos y arroyos, los cauces y riberas son públicos. El criterio nacional más general es que la línea de ribera no puede ser inferior a la de las crecidas medias. En Córdoba, resoluciones transitorias han fijado un retiro de 15 metros desde el cauce sobre los principales y de 12 para los más chicos y arroyos.
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