11 ene 2012
Sin agua y con obras innecesarias
12:47 p.m. | 
Publicado por
Eco Sitio |
La Voz del Interior (11/01/2012)
Sin agua y con obras innecesarias
Por Raúl A. Montenegro. - Biólogo, profesor titular de la UNC, presidente de Funam.
Justamente en la zona serrana, la más destruida por desmontes y fuego, están las cabeceras de cuenca donde se fabrica y almacena el agua que todos necesitamos.
El ex gobernador Juan Schiaretti terminó su mandato y se fue de vacaciones. La Justicia y los ciudadanos parecemos acostumbrados al desatino.
Tal vez por eso no hubo reclamos ni protestas. Aunque nos queda menos del cinco por ciento de bosque nativo cerrado, el ex gobernador promulgó la Ley de Bosques 9.814, que garantiza su exterminio.
La Universidad Nacional de Río Cuarto objetó la constitucionalidad de la norma ante la Corte Suprema de Justicia, que analiza ahora el caso.
Esto explica por qué no se reciben en Córdoba los fondos previstos en la Ley Nacional de Bosques para financiar proyectos de conservación y manejo sustentable.
Era inevitable. Tuvimos una de las tasas de desmonte más altas del mundo –2,93 por ciento anual, mayor que la media mundial y que la media para África– y hoy esos desmontes continúan. Los legales y los ilegales.
Más negocios. Salsipuedes, Unquillo, Río Ceballos, La Granja. Todos crujen por falta de agua. Justamente en la zona serrana, la más destruida por desmontes y fuego, están las cabeceras de cuenca donde se fabrica y almacena el agua que todos necesitamos. Pero en Córdoba, el Gobierno privilegió a los sojeros y a los ganaderos intensivos.
Lamentablemente, con porotos de soja y glifosato no se fabrica agua. Todo lo contrario. Aun así, el gobierno de Juan Schiaretti, olvidando que las cuencas hídricas deben ser administradas y protegidas, prefirió proponer, como solución, traer agua del río Paraná.
Es decir, más negocios para las constructoras y nada de agua para las localidades ubicadas en zona serrana, lejos de la llanura.
Cuando los vecinos, la comuna de Bouwer y Funam impedimos que el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires enviara sus 10 toneladas de pilas y baterías usadas a la zona, presentamos un anteproyecto de ley para que la provincia quedara cerrada a los residuos peligrosos procedentes de otras jurisdicciones.
Legisladores y Ejecutivo miraron para otro lado. Resultado, Córdoba sigue siendo una de las escasas cinco provincias que todavía acepta basura tóxica y que permite, por ejemplo, que se la queme en el horno cementero de Holcim, en Yocsina. Que esa empresa suiza descargara dioxinas cancerígenas por encima de lo permitido durante 2009 y 2010, no le quitó el sueño al entonces gobernador.
Gran ironía: las pilas que no dejamos entrar en Córdoba serán enviadas por el gobierno de Mauricio Macri a Francia y Canadá para su tratamiento. Está claro que no eran inofensivas.
Fugas nucleares. Córdoba tiene dos reactores nucleares: uno de potencia en Embalse (un antiguo Candú con un largo historial de fallas y fugas de agua pesada radiactiva al lago de Embalse) y un reactor de investigación ubicado en la Ciudad Universitaria.
Las gestiones de José Manuel de la Sota y Juan Schiaretti dieron el visto bueno para que se extienda la vida útil de Embalse por otros 25 años, aunque eso signifique un riesgo inaceptable. No hubo estudios de impacto ambiental ni audiencias públicas ni consulta alguna.
Cuando ocurrieron los graves accidentes de Fukushima, el Gobierno ni siquiera lo registró. Aunque cinco meses antes de lo ocurrido en Japón, Funam le remitió a Schiaretti un plan ciudadano para actuar en caso de accidente nuclear, el ex gobernador nunca respondió.
Empezamos entonces a distribuir nuestro plan en Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay. Pero, pese a este gran esfuerzo y como resultado del desinterés provincial, la mayor parte de los ciudadanos de Córdoba sigue sin estar preparado para actuar ante un accidente nuclear grave (nivel 7, el peor posible).
Y de manera muy tardía –como resultado de nuestras críticas–, hasta el reactor nuclear de investigación de la Ciudad Universitaria estaría elaborando, por fin, su propio plan ciudadano.
Construcciones y demoliciones. Mientras la provincia seguía sin política ambiental, derivando incluso recursos del Plan Provincial de Manejo del Fuego para construir disparatados vertederos regionales de basura que vecinos de Punilla y Calamuchita rechazan, se construyó un faro que no necesitamos, pues carecemos de mar y de barcos perdidos. Costó nueve millones de pesos.
Se demolió la mayor parte de la Casa de Gobierno, en abierta violación a las leyes ambientales de la Provincia y la Nación, y se iniciaron obras a los apurones, como el Centro Cívico, sin los correspondientes estudios de impacto ambiental y sin audiencias públicas. Costo del Centro Cívico, sin costo financiero: 450 millones de pesos.
En cuanto al contaminado río Suquía, que sigue contaminado, se decidió asfaltarlo para realzar las obras aceleradas del ex gobernador. No importó que volvieran a violarse normas vigentes y que la obra agravara el impacto de las crecientes del Suquía.
Respecto de la nueva Casa de Gobierno, además de su opinable fealdad, viola todos los criterios de sustentabilidad. No usa de manera adecuada la luz del Sol, gasta más energía eléctrica y tiene alto costo de mantenimiento.
¿Cómo pudieron permitirse obras improvisadas y costosas, cuando era evidente la dramática situación financiera de la Provincia? ¿Y las cuencas hídricas? ¿Y las fábricas naturales de suelo y agua? ¿Y los crecientes riesgos tecnológicos? ¿Y la precaria estabilidad ambiental?
¿Qué política?. Hoy tenemos Centro Cívico, un río asfaltado y un faro inútil, pero la provincia no tiene una red homologada de estaciones meteorológicas, fundamentales para medir y predecir algo tan esencial como nuestro clima y nuestras lluvias.
Si la Justicia no interviene, si dejamos que los funcionarios tomen malas decisiones, violen normas y se vayan sonriendo, estaremos condenados a que los errores se repitan.
El verdadero problema es que Córdoba, una de las provincias ambientalmente más destruidas de la Argentina, ya no tiene margen para más errores y más torpeza.
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Sin agua y con obras innecesarias
Por Raúl A. Montenegro. - Biólogo, profesor titular de la UNC, presidente de Funam.
Justamente en la zona serrana, la más destruida por desmontes y fuego, están las cabeceras de cuenca donde se fabrica y almacena el agua que todos necesitamos.
El ex gobernador Juan Schiaretti terminó su mandato y se fue de vacaciones. La Justicia y los ciudadanos parecemos acostumbrados al desatino.
Tal vez por eso no hubo reclamos ni protestas. Aunque nos queda menos del cinco por ciento de bosque nativo cerrado, el ex gobernador promulgó la Ley de Bosques 9.814, que garantiza su exterminio.
La Universidad Nacional de Río Cuarto objetó la constitucionalidad de la norma ante la Corte Suprema de Justicia, que analiza ahora el caso.
Esto explica por qué no se reciben en Córdoba los fondos previstos en la Ley Nacional de Bosques para financiar proyectos de conservación y manejo sustentable.
Era inevitable. Tuvimos una de las tasas de desmonte más altas del mundo –2,93 por ciento anual, mayor que la media mundial y que la media para África– y hoy esos desmontes continúan. Los legales y los ilegales.
Más negocios. Salsipuedes, Unquillo, Río Ceballos, La Granja. Todos crujen por falta de agua. Justamente en la zona serrana, la más destruida por desmontes y fuego, están las cabeceras de cuenca donde se fabrica y almacena el agua que todos necesitamos. Pero en Córdoba, el Gobierno privilegió a los sojeros y a los ganaderos intensivos.
Lamentablemente, con porotos de soja y glifosato no se fabrica agua. Todo lo contrario. Aun así, el gobierno de Juan Schiaretti, olvidando que las cuencas hídricas deben ser administradas y protegidas, prefirió proponer, como solución, traer agua del río Paraná.
Es decir, más negocios para las constructoras y nada de agua para las localidades ubicadas en zona serrana, lejos de la llanura.
Cuando los vecinos, la comuna de Bouwer y Funam impedimos que el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires enviara sus 10 toneladas de pilas y baterías usadas a la zona, presentamos un anteproyecto de ley para que la provincia quedara cerrada a los residuos peligrosos procedentes de otras jurisdicciones.
Legisladores y Ejecutivo miraron para otro lado. Resultado, Córdoba sigue siendo una de las escasas cinco provincias que todavía acepta basura tóxica y que permite, por ejemplo, que se la queme en el horno cementero de Holcim, en Yocsina. Que esa empresa suiza descargara dioxinas cancerígenas por encima de lo permitido durante 2009 y 2010, no le quitó el sueño al entonces gobernador.
Gran ironía: las pilas que no dejamos entrar en Córdoba serán enviadas por el gobierno de Mauricio Macri a Francia y Canadá para su tratamiento. Está claro que no eran inofensivas.
Fugas nucleares. Córdoba tiene dos reactores nucleares: uno de potencia en Embalse (un antiguo Candú con un largo historial de fallas y fugas de agua pesada radiactiva al lago de Embalse) y un reactor de investigación ubicado en la Ciudad Universitaria.
Las gestiones de José Manuel de la Sota y Juan Schiaretti dieron el visto bueno para que se extienda la vida útil de Embalse por otros 25 años, aunque eso signifique un riesgo inaceptable. No hubo estudios de impacto ambiental ni audiencias públicas ni consulta alguna.
Cuando ocurrieron los graves accidentes de Fukushima, el Gobierno ni siquiera lo registró. Aunque cinco meses antes de lo ocurrido en Japón, Funam le remitió a Schiaretti un plan ciudadano para actuar en caso de accidente nuclear, el ex gobernador nunca respondió.
Empezamos entonces a distribuir nuestro plan en Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay. Pero, pese a este gran esfuerzo y como resultado del desinterés provincial, la mayor parte de los ciudadanos de Córdoba sigue sin estar preparado para actuar ante un accidente nuclear grave (nivel 7, el peor posible).
Y de manera muy tardía –como resultado de nuestras críticas–, hasta el reactor nuclear de investigación de la Ciudad Universitaria estaría elaborando, por fin, su propio plan ciudadano.
Construcciones y demoliciones. Mientras la provincia seguía sin política ambiental, derivando incluso recursos del Plan Provincial de Manejo del Fuego para construir disparatados vertederos regionales de basura que vecinos de Punilla y Calamuchita rechazan, se construyó un faro que no necesitamos, pues carecemos de mar y de barcos perdidos. Costó nueve millones de pesos.
Se demolió la mayor parte de la Casa de Gobierno, en abierta violación a las leyes ambientales de la Provincia y la Nación, y se iniciaron obras a los apurones, como el Centro Cívico, sin los correspondientes estudios de impacto ambiental y sin audiencias públicas. Costo del Centro Cívico, sin costo financiero: 450 millones de pesos.
En cuanto al contaminado río Suquía, que sigue contaminado, se decidió asfaltarlo para realzar las obras aceleradas del ex gobernador. No importó que volvieran a violarse normas vigentes y que la obra agravara el impacto de las crecientes del Suquía.
Respecto de la nueva Casa de Gobierno, además de su opinable fealdad, viola todos los criterios de sustentabilidad. No usa de manera adecuada la luz del Sol, gasta más energía eléctrica y tiene alto costo de mantenimiento.
¿Cómo pudieron permitirse obras improvisadas y costosas, cuando era evidente la dramática situación financiera de la Provincia? ¿Y las cuencas hídricas? ¿Y las fábricas naturales de suelo y agua? ¿Y los crecientes riesgos tecnológicos? ¿Y la precaria estabilidad ambiental?
¿Qué política?. Hoy tenemos Centro Cívico, un río asfaltado y un faro inútil, pero la provincia no tiene una red homologada de estaciones meteorológicas, fundamentales para medir y predecir algo tan esencial como nuestro clima y nuestras lluvias.
Si la Justicia no interviene, si dejamos que los funcionarios tomen malas decisiones, violen normas y se vayan sonriendo, estaremos condenados a que los errores se repitan.
El verdadero problema es que Córdoba, una de las provincias ambientalmente más destruidas de la Argentina, ya no tiene margen para más errores y más torpeza.
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