25 ene 2009
Cliba deja basura y reclamos millonarios
10:19 a.m. | 
Publicado por
Eco Sitio |
La Voz del Interior (25/01/2009)
Cliba deja basura y reclamos millonarios
La situación de la higiene es grave y se descontroló el problema de los basurales. La empresa reclama una deuda de $ 80 millones.
A Cliba le queda sólo una semana de prestación. La situación en la que se aleja del servicio de recolección y tratamiento de los residuos de la ciudad de Córdoba dista mucho de ser la mejor, al menos en la consideración que cualquier vecino hace a diario.
Aunque se nota una mejoría en la higiene urbana en comparación con el abarrotamiento de desperdicios que se observaron durante y después de las fiestas navideñas, en algunos sectores puntuales de la Capital las bolsas de basura aún esperan ser recogidas. Los vecinos se encargan de denostar las falencias del servicio cada vez que pueden (con quejas célebremente populares como "el camión no pasó por acá" o "mirá lo que es ese basural") y el malhumor arrecia porque los residuos se pudren en las veredas al calor del verano o dentro de las casas.
Es que enero de 2009 encontró a Cliba en franca retirada y con un evidente relajamiento en el servicio –no admitido por la firma del Grupo Roggio– por parte de los empleados transferidos a la empresa Córdoba Recicla Sociedad del Estado (Crese). Hubo días en que no se completaron las rutas establecidas para el retiro de la basura porque el gremio de recolectores (Surbac) trabajó a reglamento y cumplió sólo las horas estipuladas por convenio. Así, varias zonas se desatendieron.
La principal contratista del Estado municipal deja a la ciudad en una situación delicada en materia de limpieza, con severos problemas de recolección, un barrido de calles que alterna buenas y malas, casi un centenar de basurales a cielo abierto que se regeneran por la implacable acción de los carreros, y un enterramiento de los desechos en Potrero del Estado que acarrea innumerables cuestionamientos de ambientalistas por las afecciones a la salud que sufrirían los habitantes de la localidad de Bouwer.
Cliba se marcha con una pila de actas por incumplimiento de servicio impuestas por inspectores municipales, que se trasuntan en multas y descuentos.
Pero también se distancia del servicio exigiéndole a la Municipalidad de Córdoba una deuda superior a los 80 millones de pesos –sin contar los 20 millones que Cliba cobró días atrás– generada desde el año 2000 hasta la actual gestión que nadie sabe cómo se pagará y cuánto repercutirá para que puedan brindarse otras prestaciones básicas.
El intendente Daniel Giacomino sólo reconoce una deuda de 50 millones, más los planes de pago atrasados originados en las gestiones de Germán Kammerath, Luis Juez y la actual.
Cliba se va y se alista Crese para ingresar. Aún es una incógnita cómo funcionará el servicio que brindará desde el 1° de febrero y si el personal iniciará medidas de fuerza en caso de que Cliba no pague a tiempo las indemnizaciones acordadas (el plazo legal expira el 5 de febrero).
La prioridad de Crese será retirar los residuos domiciliarios día tras día para que no terminen depositados en baldíos y basurales, en perjuicio del medio ambiente. Esta triste situación se observa hoy y es el desafío que pretende revertir la futura empresa en seis meses de plazo.
Mientras, los vecinos sumaron un tema a sus conversaciones de vereda: ya ponen en tela de juicio si la prestación de Crese será o no más eficiente que la de Cliba.
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Potrero del Estado, el desafío ambiental del área metropolitana
La municipalización del enterramiento sanitario de Potrero del Estado supondrá una fuerte reducción del canon de más de 30 pesos que en la actualidad aplica Cliba por cada tonelada de basura proveniente del interior de la provincia que se entierra en este predio cercano a Bouwer.
Desde la Municipalidad de Córdoba informaron que el objetivo es arribar a acuerdos con todos los municipios del Gran Córdoba, a los fines de que se eliminen los basurales a cielo abierto que aún quedan –el de Villa Carlos Paz es el más problemático en la actualidad– y se coordine el inicio de un proceso de selección que en principio impida el enterramiento de escombros y restos de poda.
"Todo el departamento Colón genera cuatro mil toneladas de basura al mes. Es la quinta parte de lo que en la ciudad de Córdoba se retira sólo de los basurales a cielo abierto. Si se inicia un proceso elemental de separación para llevar los escombros a otro destino, Potrero del Estado tendrá capacidad para tratar toda la basura del área metropolitana", explicó el intendente Daniel Giacomino.
El proyecto es impulsado también desde la Provincia, que aportará cinco millones de pesos anuales a Potrero del Estado. La Municipalidad de Córdoba planea destinar esos recursos a adquirir en el mediano plazo los equipamientos pesados para el enterramiento que ahora le alquilará a Cliba por 400 mil pesos mensuales.
Además, se encuentra en proceso licitatorio la instalación y explotación de un sistema para la extracción de biogás del enterramiento sanitario. Se trata de un proceso que disminuye la emisión de gases del efecto invernadero (en especial, el metano) y que ofrecerá una fuente de ingresos al municipio por la obtención de bonos de carbono.
La situación actual del enterramiento sanitario es un verdadero enigma. La comuna de Bouwer y la Fundación para la Defensa del Ambiente (Funam) mantienen una larguísima pelea contra la Municipalidad y el Gobierno de Córdoba, por los supuestos daños ambientales que se ocasionan desde el predio. La altura de la gigantesca montaña de basura formada sobre la fosa existente, el miedo a un deficiente tratamiento de lixiviados y las dudas sobre la impermeabilización de las fosas alimentan la preocupación vecinal en Bouwer.
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Los residuos de una década
El sábado se va Cliba y se cierran varios ciclos en la Capital. El de un servicio que se fue alejando sin pausa de su eficiencia inicial y, a la vez, se hizo cada vez más costoso. Y el de un municipio que asumió que ya no puede pagar la que hasta ahora fue la principal prestación privada en la ciudad. Lo que está por verse es qué etapa se inicia el domingo con la llegada de Crese.
Es probable que las pobres expectativas que buena parte de la población de la ciudad de Córdoba tiene sobre el servicio de higiene urbana que en una semana comenzará a prestar la Municipalidad a través de Córdoba Recicla Sociedad del Estado (Crese) sean la única ventaja con la que cuenta por estos días la doliente gestión del intendente Daniel Giacomino.
Lo cierto es que debería ser extrema la impericia de Crese para que el servicio de recolección de basura sea en las próximas semanas peor que el que los habitantes de Córdoba están padeciendo en los días finales de la prestación de la empresa Cliba.
Pero el riesgo que asume la gestión de Giacomino es enorme: también debería ser extrema su pericia para resolver con éxito la complejidad y la magnitud del desafío que asumirá desde el domingo próximo.
Tres tristes récords. La cantidad de basura que se acumula en los cestos, los baldíos, los espacios verdes y los más de 90 basurales a cielo abierto que hay en la Capital no registra antecedentes. La década de 1980 tuvo épocas muy conflictivas en el ámbito de la higiene urbana, pero los índices de generación de residuos eran muy inferiores a los actuales y no existía entonces el ejército de carreros que hoy se encarga de mover los residuos que no se lleva Cliba y torna inmanejable el destino de las bolsas de basura.
Tampoco registra antecedentes la deuda que la Municipalidad de Córdoba acumuló con Cliba: la semana pasada le pagó 20 millones de pesos con recursos provenientes de un crédito a cuatro años concedido por el Banco Nación y los pagos de los dos últimos meses también habían dependido de préstamos que deberán devolverse al Banco de Córdoba. Aun así, el Grupo Roggio le reclama al municipio unos 80 millones de pesos.
La cifra incluye desde facturas impagas de la gestión de Germán Kammerath a restos de la gestión de Luis Juez, más los 50 millones de deuda fresca que acumuló la gestión Giacomino.
El tercer dato al que cuesta encontrarle parangón en el triste escenario de la higiene urbana es el costo del servicio. Cliba facturaba por sus servicios 3,2 millones de pesos mensuales cuando comenzó la gestión Juez y el acuerdo actual, que rige los tres últimos meses de contrato, exige al municipio el pago de 16,5 millones de pesos: en cinco años, el aumento fue de más de 400 por ciento.
Demás está decir que la suba no se explica por una mejora de la prestación. En estos años, los servicios se redujeron y se llevaron adelante con una flota que ya no debería circular.
La crisis inédita de la basura resume así el final de varios ciclos: el de un servicio privado que hace varios años dejó de responder a las necesidades de la ciudad y en paralelo se encareció; el de un modelo de tratamiento de la basura que atrasa décadas en relación con las pautas ambientales que por unanimidad recomiendan la separación y el reciclaje, y el de un municipio que se desfinanció al punto de no poder seguir pagando la prestación más importante que durante 40 años dejó en manos privadas.
La historia de esta suciedad. La ciudad ofrece a cada paso pruebas del retroceso que vivió en la última década. Pero pocos frentes son tan ilustrativos como el de la basura.
Hace apenas 11 años, Cliba estrenaba un contrato que prometía acciones de avanzada en materia ambiental. La empresa difundía cada mes las encuestas que evidenciaban la altísima consideración que los cordobeses tenían por el servicio de higiene y el municipio apenas destinaba a ese servicio un siete por ciento de su presupuesto y pagaba en tiempo y forma. En 2008, lo comprometido en el mismo concepto fue el 16 por ciento del total de los ingresos municipales.
Lo cierto es que el contrato apenas se respetó a rajatablas durante unos meses. Tuvo cambios minúsculos en la última etapa del gobierno de Rubén Martí y todas las reglas se alteraron durante la gestión Kammerath, cuando el municipio pasó trimestres enteros sin pagarle a Cliba. De esos años, quedaron una deuda gigantesca y la fundación de los actuales basurales.
La gestión de Luis Juez fue definitoria en la relación con Cliba. Regularizó los pagos y mantuvo en sus primeros años una larga negociación por la deuda heredada: el Grupo Roggio comenzó reclamando 61 millones de pesos y al final se firmó un convenio por 38 millones, que aún se están pagando.
Pero en paralelo, Juez le reconoció a Cliba un aumento tarifario mayúsculo: de un saque, el costo de cada cuadra barrida o recolectada creció más de un 70 por ciento. Tan alta fue la suba que el municipio tuvo que disponer una reducción de servicios para poder pagar la prestación. Fue en ese momento cuando los basurales a cielo abierto pasaron a ser una característica de Córdoba. La ciudad nunca recuperó el nivel de prestación previo a esa decisión.
Otras dos medidas fueron cruciales para el desaguisado actual: las cláusulas contractuales de actualización tarifaria fueron reemplazadas por un convenio con la UNC. Desde 2006, es la Universidad la que decide cuánto cuesta el servicio. Finalmente, Juez eludió un llamado a licitación que tendría que haber realizado en 2005, puesto que el contrato con Cliba vencía en 2006. Optó por prorrogar en forma reiterada la concesión y dejar las definiciones en manos de su sucesor.
Lo del último año es historia reciente: una licitación que prometía cambios de fondo y que fracasó de manera rotunda, un acuerdo empresario indisimulado y un municipio que se vio obligado a asumir la prestación a través de una sociedad del Estado por no poder seguir pagando lo que los prestadores privados pretenden cobrar. Y la ciudad convertida en un basural, por cierto.
Con suerte, Crese comenzará a recoger la basura en siete días. Hoy es todo lo que los vecinos piden. ¿Será lo que la ciudad necesita?
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Crese arranca en siete días con casi toda su flota alquilada
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Aunque se nota una mejoría en la higiene urbana en comparación con el abarrotamiento de desperdicios que se observaron durante y después de las fiestas navideñas, en algunos sectores puntuales de la Capital las bolsas de basura aún esperan ser recogidas. Los vecinos se encargan de denostar las falencias del servicio cada vez que pueden (con quejas célebremente populares como "el camión no pasó por acá" o "mirá lo que es ese basural") y el malhumor arrecia porque los residuos se pudren en las veredas al calor del verano o dentro de las casas.
Es que enero de 2009 encontró a Cliba en franca retirada y con un evidente relajamiento en el servicio –no admitido por la firma del Grupo Roggio– por parte de los empleados transferidos a la empresa Córdoba Recicla Sociedad del Estado (Crese). Hubo días en que no se completaron las rutas establecidas para el retiro de la basura porque el gremio de recolectores (Surbac) trabajó a reglamento y cumplió sólo las horas estipuladas por convenio. Así, varias zonas se desatendieron.
La principal contratista del Estado municipal deja a la ciudad en una situación delicada en materia de limpieza, con severos problemas de recolección, un barrido de calles que alterna buenas y malas, casi un centenar de basurales a cielo abierto que se regeneran por la implacable acción de los carreros, y un enterramiento de los desechos en Potrero del Estado que acarrea innumerables cuestionamientos de ambientalistas por las afecciones a la salud que sufrirían los habitantes de la localidad de Bouwer.
Cliba se marcha con una pila de actas por incumplimiento de servicio impuestas por inspectores municipales, que se trasuntan en multas y descuentos.
Pero también se distancia del servicio exigiéndole a la Municipalidad de Córdoba una deuda superior a los 80 millones de pesos –sin contar los 20 millones que Cliba cobró días atrás– generada desde el año 2000 hasta la actual gestión que nadie sabe cómo se pagará y cuánto repercutirá para que puedan brindarse otras prestaciones básicas.
El intendente Daniel Giacomino sólo reconoce una deuda de 50 millones, más los planes de pago atrasados originados en las gestiones de Germán Kammerath, Luis Juez y la actual.
Cliba se va y se alista Crese para ingresar. Aún es una incógnita cómo funcionará el servicio que brindará desde el 1° de febrero y si el personal iniciará medidas de fuerza en caso de que Cliba no pague a tiempo las indemnizaciones acordadas (el plazo legal expira el 5 de febrero).
La prioridad de Crese será retirar los residuos domiciliarios día tras día para que no terminen depositados en baldíos y basurales, en perjuicio del medio ambiente. Esta triste situación se observa hoy y es el desafío que pretende revertir la futura empresa en seis meses de plazo.
Mientras, los vecinos sumaron un tema a sus conversaciones de vereda: ya ponen en tela de juicio si la prestación de Crese será o no más eficiente que la de Cliba.
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La municipalización del enterramiento sanitario de Potrero del Estado supondrá una fuerte reducción del canon de más de 30 pesos que en la actualidad aplica Cliba por cada tonelada de basura proveniente del interior de la provincia que se entierra en este predio cercano a Bouwer.
Desde la Municipalidad de Córdoba informaron que el objetivo es arribar a acuerdos con todos los municipios del Gran Córdoba, a los fines de que se eliminen los basurales a cielo abierto que aún quedan –el de Villa Carlos Paz es el más problemático en la actualidad– y se coordine el inicio de un proceso de selección que en principio impida el enterramiento de escombros y restos de poda.
"Todo el departamento Colón genera cuatro mil toneladas de basura al mes. Es la quinta parte de lo que en la ciudad de Córdoba se retira sólo de los basurales a cielo abierto. Si se inicia un proceso elemental de separación para llevar los escombros a otro destino, Potrero del Estado tendrá capacidad para tratar toda la basura del área metropolitana", explicó el intendente Daniel Giacomino.
El proyecto es impulsado también desde la Provincia, que aportará cinco millones de pesos anuales a Potrero del Estado. La Municipalidad de Córdoba planea destinar esos recursos a adquirir en el mediano plazo los equipamientos pesados para el enterramiento que ahora le alquilará a Cliba por 400 mil pesos mensuales.
Además, se encuentra en proceso licitatorio la instalación y explotación de un sistema para la extracción de biogás del enterramiento sanitario. Se trata de un proceso que disminuye la emisión de gases del efecto invernadero (en especial, el metano) y que ofrecerá una fuente de ingresos al municipio por la obtención de bonos de carbono.
La situación actual del enterramiento sanitario es un verdadero enigma. La comuna de Bouwer y la Fundación para la Defensa del Ambiente (Funam) mantienen una larguísima pelea contra la Municipalidad y el Gobierno de Córdoba, por los supuestos daños ambientales que se ocasionan desde el predio. La altura de la gigantesca montaña de basura formada sobre la fosa existente, el miedo a un deficiente tratamiento de lixiviados y las dudas sobre la impermeabilización de las fosas alimentan la preocupación vecinal en Bouwer.
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Los residuos de una década
El sábado se va Cliba y se cierran varios ciclos en la Capital. El de un servicio que se fue alejando sin pausa de su eficiencia inicial y, a la vez, se hizo cada vez más costoso. Y el de un municipio que asumió que ya no puede pagar la que hasta ahora fue la principal prestación privada en la ciudad. Lo que está por verse es qué etapa se inicia el domingo con la llegada de Crese.
Es probable que las pobres expectativas que buena parte de la población de la ciudad de Córdoba tiene sobre el servicio de higiene urbana que en una semana comenzará a prestar la Municipalidad a través de Córdoba Recicla Sociedad del Estado (Crese) sean la única ventaja con la que cuenta por estos días la doliente gestión del intendente Daniel Giacomino.
Lo cierto es que debería ser extrema la impericia de Crese para que el servicio de recolección de basura sea en las próximas semanas peor que el que los habitantes de Córdoba están padeciendo en los días finales de la prestación de la empresa Cliba.
Pero el riesgo que asume la gestión de Giacomino es enorme: también debería ser extrema su pericia para resolver con éxito la complejidad y la magnitud del desafío que asumirá desde el domingo próximo.
Tres tristes récords. La cantidad de basura que se acumula en los cestos, los baldíos, los espacios verdes y los más de 90 basurales a cielo abierto que hay en la Capital no registra antecedentes. La década de 1980 tuvo épocas muy conflictivas en el ámbito de la higiene urbana, pero los índices de generación de residuos eran muy inferiores a los actuales y no existía entonces el ejército de carreros que hoy se encarga de mover los residuos que no se lleva Cliba y torna inmanejable el destino de las bolsas de basura.
Tampoco registra antecedentes la deuda que la Municipalidad de Córdoba acumuló con Cliba: la semana pasada le pagó 20 millones de pesos con recursos provenientes de un crédito a cuatro años concedido por el Banco Nación y los pagos de los dos últimos meses también habían dependido de préstamos que deberán devolverse al Banco de Córdoba. Aun así, el Grupo Roggio le reclama al municipio unos 80 millones de pesos.
La cifra incluye desde facturas impagas de la gestión de Germán Kammerath a restos de la gestión de Luis Juez, más los 50 millones de deuda fresca que acumuló la gestión Giacomino.
El tercer dato al que cuesta encontrarle parangón en el triste escenario de la higiene urbana es el costo del servicio. Cliba facturaba por sus servicios 3,2 millones de pesos mensuales cuando comenzó la gestión Juez y el acuerdo actual, que rige los tres últimos meses de contrato, exige al municipio el pago de 16,5 millones de pesos: en cinco años, el aumento fue de más de 400 por ciento.
Demás está decir que la suba no se explica por una mejora de la prestación. En estos años, los servicios se redujeron y se llevaron adelante con una flota que ya no debería circular.
La crisis inédita de la basura resume así el final de varios ciclos: el de un servicio privado que hace varios años dejó de responder a las necesidades de la ciudad y en paralelo se encareció; el de un modelo de tratamiento de la basura que atrasa décadas en relación con las pautas ambientales que por unanimidad recomiendan la separación y el reciclaje, y el de un municipio que se desfinanció al punto de no poder seguir pagando la prestación más importante que durante 40 años dejó en manos privadas.
La historia de esta suciedad. La ciudad ofrece a cada paso pruebas del retroceso que vivió en la última década. Pero pocos frentes son tan ilustrativos como el de la basura.
Hace apenas 11 años, Cliba estrenaba un contrato que prometía acciones de avanzada en materia ambiental. La empresa difundía cada mes las encuestas que evidenciaban la altísima consideración que los cordobeses tenían por el servicio de higiene y el municipio apenas destinaba a ese servicio un siete por ciento de su presupuesto y pagaba en tiempo y forma. En 2008, lo comprometido en el mismo concepto fue el 16 por ciento del total de los ingresos municipales.
Lo cierto es que el contrato apenas se respetó a rajatablas durante unos meses. Tuvo cambios minúsculos en la última etapa del gobierno de Rubén Martí y todas las reglas se alteraron durante la gestión Kammerath, cuando el municipio pasó trimestres enteros sin pagarle a Cliba. De esos años, quedaron una deuda gigantesca y la fundación de los actuales basurales.
La gestión de Luis Juez fue definitoria en la relación con Cliba. Regularizó los pagos y mantuvo en sus primeros años una larga negociación por la deuda heredada: el Grupo Roggio comenzó reclamando 61 millones de pesos y al final se firmó un convenio por 38 millones, que aún se están pagando.
Pero en paralelo, Juez le reconoció a Cliba un aumento tarifario mayúsculo: de un saque, el costo de cada cuadra barrida o recolectada creció más de un 70 por ciento. Tan alta fue la suba que el municipio tuvo que disponer una reducción de servicios para poder pagar la prestación. Fue en ese momento cuando los basurales a cielo abierto pasaron a ser una característica de Córdoba. La ciudad nunca recuperó el nivel de prestación previo a esa decisión.
Otras dos medidas fueron cruciales para el desaguisado actual: las cláusulas contractuales de actualización tarifaria fueron reemplazadas por un convenio con la UNC. Desde 2006, es la Universidad la que decide cuánto cuesta el servicio. Finalmente, Juez eludió un llamado a licitación que tendría que haber realizado en 2005, puesto que el contrato con Cliba vencía en 2006. Optó por prorrogar en forma reiterada la concesión y dejar las definiciones en manos de su sucesor.
Lo del último año es historia reciente: una licitación que prometía cambios de fondo y que fracasó de manera rotunda, un acuerdo empresario indisimulado y un municipio que se vio obligado a asumir la prestación a través de una sociedad del Estado por no poder seguir pagando lo que los prestadores privados pretenden cobrar. Y la ciudad convertida en un basural, por cierto.
Con suerte, Crese comenzará a recoger la basura en siete días. Hoy es todo lo que los vecinos piden. ¿Será lo que la ciudad necesita?
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