3 ago 2006

Depende de la CNEA

La Mañana de Córdoba (03/08/2006)
“Depende de la CNEA el traslado de Dioxitek”

Los cordobeses que circulaban ayer por la Plaza de la Intendencia no cabían en su asombro. La escena era al menos llamativa.
Una treintena de personas, luciendo máscaras de extraterrestres se habían instalado en la explanada del Palacio Municipal, portando carteles con consignas en contra de la energía nuclear.
Eran los integrantes de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados Alta Córdoba, que realizaron una manifestación para exigir la erradicación de la planta de procesamiento de uranio Dioxitek SA del vecindario.
Amas de casa, estudiantes y trabajadores no dudaron en colocarse máscaras “alienadas” para representar “el peligro de contaminación en Alta Córdoba ante la presencia de esta empresa que produce dióxido de uranio”.
La acción de protesta se produjo minutos antes de entregar un petitorio acompañado por 800 firmas en el despacho del intendente Luis Juez y una nota en la que reclamaron el cierre de la planta, el retiro de los residuos radiactivos y la remediación del predio, entre otras exigencias.
Si bien el grupo no accedió al mandatario ayer, solicitaron formalmente una audiencia pública y quedaron a la espera de una respuestas para los próximos días.
Consultado por medios radiales, Juez manifestó que ya solicitó un encuentro con Romina Piccolotti, secretaria de Ambiente de la Nación. “Acá tiene que haber una decisión nacional de trasladar esa planta”, afirmó el mandatario, aunque aseguró que insistirán para que esto se concrete en breve.

A Mendoza
Esta afirmación fue reiterada por la directora de Ambiente municipal, Diana Raab, en cuya cartera recayó la nota de los vecinos.
“El municipio está atado al cumplimiento de un convenio con la CNEA que data de 1995, por el cual se autoriza la persistencia de la planta en Alta Córdoba hasta que la Comisión Nacional encuentre un lugar donde trasladarla. Una vez que eso ocurra, se les dará un período de tres años para que pueda instalarse en otro lado”, explicó la funcionaria ambiental.
Dijo que otros requerimientos explicitados en el convenio, como la conformación de una comisión de control y la realización de estudios ambientales, “a mi entender nunca se hicieron”.
Recordó además que el municipio realizó días atrás inspecciones para controlar las medidas de seguridad en conjunto con la Autoridad Regulatoria Nacional, que es la que otorga la licencia a Dioxitek para su funcionamiento.
“Existe la decisión política de insistir con que esa planta no puede estar en un barrio residencial. Por otro lado, también somos conscientes de que la CNEA tendrá en breve una audiencia pública en Mendoza para discutir la reexplotación de la mina de uranio de San Rafael. Cuando le requerimos el traslado de la planta, nos aseguraron que, de obtener esa autorización en Mendoza, seguramente Dioxitek se irá a esa provincia”, dijo la funcionaria.
En este sentido, aseguró que “por lo menos ahora tenemos una respuesta más concreta que hace once años, cuando se firmó el convenio entre el municipio y la CNEA”.

Pedido a Senn
Ayer también, la Defensoría del Pueblo de la Provincia envió un pedido de informes al presidente de la Agencia Córdoba Ambiente sobre la planta de procesamiento de uranio.
Siendo esa agencia el órgano de aplicación de la Ley Nacional 24.051 y la Ley provincial 8973 (ambas relativas a los residuos peligrosos y materiales tóxicos), la defensora Jessica Valentini solicitó que le informe “si la empresa Dioxitek dio cumplimiento a dicha normativa, si se han realizado las auditorías pertinentes, y cuál ha sido el resultado de las mismas”.Según adelantó Valentini a este diario, emitirá otro pedido de informe en breve, dirigido a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).

Preocupación
La insistencia de los vecinos en la erradicación de la planta, se basa en la posible contaminación que produciría. Según datos aportados por el biólogo Raúl Montenegro, en base a informes de la Autoridad Regulatoria Nacional y la CNEA, allí se almacenarían “más de 36.000 toneladas de residuos radiactivos de baja actividad, sin membrana y sin sistemas de contención”, y que esos residuos “están contaminando desde hace años el suelo, las aguas subterráneas y el aire”.

GABRIELA YALANGOZIAN

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