9 may 2019

Un country en Candonga en disputa judicial

9:00 a.m. | Publicado por Eco Sitio | | Editar entrada


La Voz del Interior (09/05/2019)
Candonga: country paralizado apela ante el Tribunal Superior

Un fallo judicial le ordenó suspender el avance de las obras. Es un barrio privado, sobre 150 hectáreas.
La empresa Ticupil consideró “ilegal, arbitraria y abstracta” la resolución de la Cámara de Apelaciones de 4ª Nominación que le ordenó suspender por seis meses las obras del emprendimiento inmobiliario Candonga Villa Serrana, que desarrolla en la zona norte de Sierras Chicas.
Hace 10 días, esa cámara dictó esa medida a partir de un amparo promovido por la Asamblea de Vecinos de Chavascate. Este grupo vecinal mantiene una disputa judicial con la desarrollista desde el inicio del proyecto, en 2010.
La empresa entiende que el dictamen vulnera derechos y garantías constitucionales. Por un lado, lo cuestionó mediante la petición de “aclaratoria” que presentó el viernes último y, por el otro, a través de un recurso de casación que interpondrá ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
Luciano García, gerente general de Ticupil, recordó que en diciembre de 2017, “en un expediente autónomo, la Cámara Contencioso Administrativo de 1ª Nominación dejó sin efecto una medida cautelar de no innovar y autorizó las obras de infraestructura”. Según planteó, lo hizo “por cuanto existía una urgente necesidad de garantizar la provisión de los servicios públicos a todos los adquirentes de buena fe que se encontraban ejecutando ya sus viviendas” en ese predio de 150 hectáreas. Esa resolución fue apelada y la causa está también en el TSJ. “En cumplimiento de esa orden, durante 2018 se ejecutó toda la obra eléctrica del loteo, y resta sólo la sustitución de un transformador”, añadió.
“Las demás obras de infraestructura, autorizadas por la Secretaría de Ambiente en 2010 (apertura de calles, alumbrado, sistematización de lagunas de retardo, red de agua, plan de reforestación), ya se encontraban a esa fecha totalmente ejecutadas”, acotó García.
Por aquella autorización de 2010, el entonces secretario de Ambiente de la Provincia, Raúl Costa, y dos de sus colaboradores están imputados por abuso de autoridad y supuesta violación a la ley de bosques nativos.
La empresa cuestiona que ahora conviven “dos resoluciones judiciales, dictadas por dos cámaras distintas, absolutamente contradictorias entre sí”.
Los vecinos denunciantes consideran que “la sentencia que ordena paralizar obras debe ser cumplida porque se basa en el principio precautorio, para prevenir daños ambientales en el lugar”.

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