17 sept 2014
UNC: Navarro sale aclarar sobre Agronomía y Monsanto
8:13 a.m. | 
Publicado por
Eco Sitio |
La Voz del Interior (17/09/2014)
La UNC no debe limitarse a explicar qué es una planta de procesamiento de semillas
Joaquín Navarro - Secretario de Ciencia y Tecnología (UNC)
El conflicto es, como la mayoría de los problemas ambientales, complejo. Por ende, no puede resolverse con una solución simple y lineal que parta sólo desde el aporte técnico-agronómico.
En la edición del domingo 7 de septiembre de este diario, el periodista Sergio Suppo comparó la sublevación sediciosa de una parte importante de la fuerza policial provincial en diciembre de 2013 con la manifestación en rechazo al convenio suscripto por la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), ocurrida durante la sesión del Consejo Superior el pasado martes 2.
Según aquella opinión, ambos casos comparten el empleo de la violencia como método esgrimido para imponer lo intolerable.
Al respecto, no se puede evitar pensar que dicho razonamiento es, cuanto menos, inapropiado y hasta peligroso. De manera lisa y llana, porque es incomparable una sedición extorsiva de las fuerzas de seguridad provincial con el reclamo pacífico de vecinos preocupados por el futuro de su calidad de vida.
El cuestionamiento al convenio firmado por la Facultad de Ciencias Agropecuarias no se refiere a la consumación del hecho administrativo en sí mismo –pues el acto es reconocido como legal y enmarcado entre las atribuciones delegadas por el Consejo Superior a los decanos (HCS)–, sino a que este contradice una posición declarada de modo explícito y oportuno por el mismo cuerpo.
Es decir que ya existía el pronunciamiento sobre la necesidad de respetar la Constitución y las normativas vigentes en cuanto a protección ambiental.
En él se manifestaba, además, la solidaridad de la Universidad hacia las comunidades cordobesas movilizadas por el conflicto suscitado entre la empresa Monsanto y la comunidad de Malvinas Argentinas (cuyos miembros y adherentes a su causa eran quienes reclamaban de forma ruidosa, pero siempre dentro de la ley, en el recinto de sesiones).
Esclarecer
En este contexto, la declaración redactada el martes pasado por el rector y la vicerrectora, a la cual adhirieron casi la totalidad de los consiliarios presentes (la excepción fueron unos pocos que se abstuvieron) tuvo por objetivo esclarece r a la opinión pública.
Buscó, asimismo, reafirmar la postura original de la UNC, para corregir cualquier lectura errónea acerca de la existencia de un eventual e intempestivo giro en la posición de la Universidad a raíz del accionar aislado de una de sus unidades académicas. Nada tuvo que ver, como sugiere la edición del domingo 7 de septiembre, con “descomprimir” la protesta.
Salta a la vista que tanto el reclamo de un grupo de vecinos de Malvinas Argentinas en la sede del Consejo como la respuesta institucional en el HCS se condujeron por carriles muy diferentes a los aludidos sucesos de diciembre. Ocurrieron, además, en reclamo del respeto pleno de normativas preexistentes.
El segundo aspecto que merece discutirse es que, ante los dilemas, dudas y desafíos que implica debatir un tema tan sensible, nuestro papel como universitarios no se debe limitar a explicar apenas qué es una planta de procesamiento de semillas.
El conflicto que se ha suscitado es, como la mayoría de los problemas ambientales, complejo. Por ende, no puede resolverse con una solución simple y lineal que parta sólo desde el aporte técnico-agronómico o de cualquier otro campo disciplinar.
No es un “tema científico desde el principio hasta el final”. Por el contrario, es ante todo un conflicto socioambiental, cuyo abordaje requiere de una mirada transdisciplinaria.
A ella deben contribuir los diferentes saberes científicos, pero además, esta debe contemplar la percepción y el análisis de aquellos actores y sectores sociales que viven y sufren el conflicto y sus eventuales consecuencias directas.
La discusión, por tanto, no debiera realizarse en el seno de una única unidad académica, aun cuando existiesen diversas miradas entre los profesionales de dicha facultad.
Responsabilidad
Otra falsa aseveración consiste en afirmar que la UNC se niega a debatir el tema o intenta evadir sus responsabilidades como institución científica y educativa pública.
Por el contrario, nuestra casa está brindando apoyo a más de una veintena de proyectos de investigación que desarrollan equipos de sus distintas facultades, los cuales abordan temas relacionados en diverso grado con el impacto de los productos utilizados en las prácticas agrícolas más difundidas.
Entre este capital humano, debe considerarse también a los numerosos grupos de investigadores que son apoyados por otros organismos públicos de gestión de la ciencia y la tecnología, y cuyos lugares de trabajo se encuentran en el ámbito de la UNC.
Este conocimiento “estructurado” está disponible para la transferencia al medio, pero aun se encuentra fragmentado a consecuencia del abordaje disciplinar de cada problema que se investiga.
En situaciones de esta naturaleza, no siempre se dispone de “comprobaciones inapelables”. Por ello es que, para la protección del ambiente (y de los derechos de las personas), en la legislación existe y se aplica el “principio de precaución”.
La Universidad no puede ni debe resolver el conflicto que hoy involucra a una empresa multinacional, a las autoridades provinciales del área de Medio Ambiente de nuestra provincia y a la comunidad y autoridades de Malvinas Argentinas. No posee las atribuciones indispensables para solucionar semejante problema socioambiental.
Sin embargo, entendemos que es su responsabilidad asesorar, colaborar y trabajar en forma articulada en su análisis y resolución, poniendo a disposición de los tomadores de decisión sus saberes y capitales de trabajo.
En este sentido, es fundamental preservar nuestra participación científica libre de cualquier sospecha de vinculación corporativa con una empresa que hasta aquí no parece haber hecho bien las cosas, conforme podemos concluir del último rechazo del estudio de impacto ambiental.
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El conflicto es, como la mayoría de los problemas ambientales, complejo. Por ende, no puede resolverse con una solución simple y lineal que parta sólo desde el aporte técnico-agronómico.
En la edición del domingo 7 de septiembre de este diario, el periodista Sergio Suppo comparó la sublevación sediciosa de una parte importante de la fuerza policial provincial en diciembre de 2013 con la manifestación en rechazo al convenio suscripto por la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), ocurrida durante la sesión del Consejo Superior el pasado martes 2.
Según aquella opinión, ambos casos comparten el empleo de la violencia como método esgrimido para imponer lo intolerable.
Al respecto, no se puede evitar pensar que dicho razonamiento es, cuanto menos, inapropiado y hasta peligroso. De manera lisa y llana, porque es incomparable una sedición extorsiva de las fuerzas de seguridad provincial con el reclamo pacífico de vecinos preocupados por el futuro de su calidad de vida.
El cuestionamiento al convenio firmado por la Facultad de Ciencias Agropecuarias no se refiere a la consumación del hecho administrativo en sí mismo –pues el acto es reconocido como legal y enmarcado entre las atribuciones delegadas por el Consejo Superior a los decanos (HCS)–, sino a que este contradice una posición declarada de modo explícito y oportuno por el mismo cuerpo.
Es decir que ya existía el pronunciamiento sobre la necesidad de respetar la Constitución y las normativas vigentes en cuanto a protección ambiental.
En él se manifestaba, además, la solidaridad de la Universidad hacia las comunidades cordobesas movilizadas por el conflicto suscitado entre la empresa Monsanto y la comunidad de Malvinas Argentinas (cuyos miembros y adherentes a su causa eran quienes reclamaban de forma ruidosa, pero siempre dentro de la ley, en el recinto de sesiones).
Esclarecer
En este contexto, la declaración redactada el martes pasado por el rector y la vicerrectora, a la cual adhirieron casi la totalidad de los consiliarios presentes (la excepción fueron unos pocos que se abstuvieron) tuvo por objetivo esclarece r a la opinión pública.
Buscó, asimismo, reafirmar la postura original de la UNC, para corregir cualquier lectura errónea acerca de la existencia de un eventual e intempestivo giro en la posición de la Universidad a raíz del accionar aislado de una de sus unidades académicas. Nada tuvo que ver, como sugiere la edición del domingo 7 de septiembre, con “descomprimir” la protesta.
Salta a la vista que tanto el reclamo de un grupo de vecinos de Malvinas Argentinas en la sede del Consejo como la respuesta institucional en el HCS se condujeron por carriles muy diferentes a los aludidos sucesos de diciembre. Ocurrieron, además, en reclamo del respeto pleno de normativas preexistentes.
El segundo aspecto que merece discutirse es que, ante los dilemas, dudas y desafíos que implica debatir un tema tan sensible, nuestro papel como universitarios no se debe limitar a explicar apenas qué es una planta de procesamiento de semillas.
El conflicto que se ha suscitado es, como la mayoría de los problemas ambientales, complejo. Por ende, no puede resolverse con una solución simple y lineal que parta sólo desde el aporte técnico-agronómico o de cualquier otro campo disciplinar.
No es un “tema científico desde el principio hasta el final”. Por el contrario, es ante todo un conflicto socioambiental, cuyo abordaje requiere de una mirada transdisciplinaria.
A ella deben contribuir los diferentes saberes científicos, pero además, esta debe contemplar la percepción y el análisis de aquellos actores y sectores sociales que viven y sufren el conflicto y sus eventuales consecuencias directas.
La discusión, por tanto, no debiera realizarse en el seno de una única unidad académica, aun cuando existiesen diversas miradas entre los profesionales de dicha facultad.
Responsabilidad
Otra falsa aseveración consiste en afirmar que la UNC se niega a debatir el tema o intenta evadir sus responsabilidades como institución científica y educativa pública.
Por el contrario, nuestra casa está brindando apoyo a más de una veintena de proyectos de investigación que desarrollan equipos de sus distintas facultades, los cuales abordan temas relacionados en diverso grado con el impacto de los productos utilizados en las prácticas agrícolas más difundidas.
Entre este capital humano, debe considerarse también a los numerosos grupos de investigadores que son apoyados por otros organismos públicos de gestión de la ciencia y la tecnología, y cuyos lugares de trabajo se encuentran en el ámbito de la UNC.
Este conocimiento “estructurado” está disponible para la transferencia al medio, pero aun se encuentra fragmentado a consecuencia del abordaje disciplinar de cada problema que se investiga.
En situaciones de esta naturaleza, no siempre se dispone de “comprobaciones inapelables”. Por ello es que, para la protección del ambiente (y de los derechos de las personas), en la legislación existe y se aplica el “principio de precaución”.
La Universidad no puede ni debe resolver el conflicto que hoy involucra a una empresa multinacional, a las autoridades provinciales del área de Medio Ambiente de nuestra provincia y a la comunidad y autoridades de Malvinas Argentinas. No posee las atribuciones indispensables para solucionar semejante problema socioambiental.
Sin embargo, entendemos que es su responsabilidad asesorar, colaborar y trabajar en forma articulada en su análisis y resolución, poniendo a disposición de los tomadores de decisión sus saberes y capitales de trabajo.
En este sentido, es fundamental preservar nuestra participación científica libre de cualquier sospecha de vinculación corporativa con una empresa que hasta aquí no parece haber hecho bien las cosas, conforme podemos concluir del último rechazo del estudio de impacto ambiental.
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