28 oct 2011

Ex Aceitera: no se pudo detectar contaminación

El Puntal de Río Cuarto (28/10/2011)
La Justicia no pudo detectar contaminación en la aceitera

En los últimos días se realizaron estudios complementarios para determinar si hay presencia de elementos nocivos en el aire. Desde la fiscalía de Guzmán indicaron que sólo se descubrió amianto pero no el traspaso de ese mineral al suelo, al agua o al ambiente. Passarini continúa imputado
Hasta ahora, a pesar de las denuncias y pruebas que ha presentado el gobierno municipal, la Justicia no ha podido encontrar indicios de contaminación peligrosa en el predio de la ex oleaginosa Río Cuarto. La información fue aportada por el fiscal Walter Guzmán, que tiene a su cargo la investigación de la causa.
En los últimos días, personal del Inti (Instituto Nacional de Tecnología Industrial) estuvo en la manzana 48 haciendo una inspección ocular y definiendo un plan para relevar el aire de la ex oleaginosa. Esa es la última prueba que falta para saber si, efectivamente, los efectos del amianto que fue detectado en las cañerías de la ex planta fabril se trasladó al ambiente.
“Para llevarle un poco de tranquilidad a la gente, hay que decir que hasta ahora no se encontraron indicios de contaminación. Porque son dos cosas distintas: lo que se detectó fue amianto porque era un material muy usado en ese tipo de plantas. Pero la contaminación es otra cosa. Para que exista esa contaminación tiene que comprobarse la presencia de ese amianto en el suelo, en el agua del sector o en el aire. Se han hecho estudios y ninguno de esos casos se detectó. Por eso estamos haciendo nuevas pruebas”, manifestó el fiscal Guzmán.
Inicialmente, en febrero de 2010, cuando presentó la demanda en contra del empresario Leonardo Passarini, la Municipalidad aportó los estudios que realizó la Universidad Nacional de Córdoba y en los que se detectó la presencia de amianto en cuatro de las seis muestras recolectadas por técnicos del Centro de Química Aplicada.
A partir de esa constatación, el gobierno de Juan Jure le inició una demanda penal a Leonardo Passarini, dueño de la ex oleaginosa. En abril de ese año, el empresario fue imputado por el fiscal Julio Rivero por los efectos gravemente nocivos que la aceitera estaría causando en el sur de la ciudad. En el marco de la ley nacional 24.051, Rivero acusó al propietario de “contaminación del suelo y del ambiente en general gravemente nociva para la salud de las personas indeterminadas mediante la concentración y/o acumulación negligente y antirreglamentaria de residuos peligrosos”. Aún hoy Passarini continúa imputado, a pesar de que la causa siguió un sinuoso camino judicial que incluyó un traspaso a la Justicia Federal y una vuelta a los fueros ordinarios.
La investigación está ahora en manos de Guzmán. Pero quien ordenó que se iniciaran las pericias fue el juez federal, Carlos Ochoa, quien en enero de este año ordenó que un equipo técnico de la Gendarmería Nacional hiciera un relevamiento en la ex aceitera. En esa oportunidad se relevaron 20 sectores del ex predio fabril: allí se tomaron 40 muestrar que terminaron indicando la presencia de amianto.
Sin embargo, Guzmán sostiene que la detección de ese mineral en la fábrica no es indicio de contaminación. Por eso ordenó estudios complementarios sobre el aire, el suelo y el agua.
Los últimos análisis que quedan son, precisamente, sobre el aire. Pero, hasta ahora, según indicó el propio fiscal, se han realizado incluso relevamientos fuera de la ex aceitera para comprobar si hubo una migración del asbesto -que se desintegra y es transportado por el viento- hacia afuera de la manzana 48, el corazón de lo que fue la fábrica.
Sin embargo, los resultados fueron negativos.
En los últimos días, el fiscal le notificó a las autoridades del Municipio que no podrán avanzar con el desguace ni la demolición de la manzana 48 -que el Estado local adquirió por 3.071.000 pesos- hasta tanto no terminen de hacerse los relevamientos en esos 11 mil metros cuadrados que serán clave para definir la situación legal de Passarini.
El miércoles, el gobierno anunció que firmará un contrato con una empresa que realizará el desmantelamiento de las instalaciones a costo cero.

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