La Voz del Interior (05/03/2022)
Contaminación de Bajo Grande en Mar Chiquita: tras cinco años, se resolvió quién la investiga

La Cámara Federal determinó que es un conflicto interprovincial. Convocó a los gobiernos de Córdoba, de Santiago del Estero y de la Nación. El exintendente Mestre y otros ocho exfuncionarios están imputados, y podrían apelar ante la Corte.
La causa por la contaminación de la planta cloacal de Bajo Grande a la laguna Mar Chiquita continuará en la Justicia Federal. La Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba resolvió que la investigación debe permanecer bajo la órbita de ese fuero. El caso lleva cinco años de discusiones sobre en qué ámbito judicial deben investigarse.
El fallo –de 32 páginas– lleva la firma de la vocal del cuerpo Graciela Montesi y revoca la decisión del juez federal Hugo Vaca Narvaja, que declaró la incompetencia del fuero meses atrás por considerar que no había interjurisdiccionalidad en la contaminación que produce la Estación Depuradora de Bajo Grande (Edar), en la ciudad de Córdoba.
Además, la sentencia deja dos recomendaciones. La primera, incluir a todos los actores en la causa: el Gobierno de Córdoba, el de la provincia de Santiago del Estero y al Estado nacional. La segunda, darle celeridad al proceso que se inició en 2017 y que cinco años después sigue en su fase inicial de instrucción.

Contaminación cloacal
En octubre pasado, luego de dos peritajes en la laguna Mar Chiquita y en el río Suquía, Vaca Narvaja resolvió que la contaminación que emite la Edar desde la Capital no afecta a la laguna. Aunque sí advirtió que el cauce del río se encuentra impactado por las bacterias fecales y otros residuos peligrosos a lo largo de todo su curso, con efecto mayor en la desembocadura de Bajo Grande, en la Capital.
La decisión fue apelada por el Foro Ambiental Córdoba, una de las entidades que impulsó la denuncia. Aseguran que el pasivo ambiental que produce la planta de Bajo Grande sí afecta a Mar Chiquita, que está a punto de ser declarada parque nacional. Y apuntan que hay interjurisdiccionalidad en el daño ambiental que provoca la ciudad de Córdoba.
La enorme laguna no está sólo en territorio cordobés: su extremo norte es compartido con la provincia de Santiago del Estero.
Por esta causa, pesa desde marzo de 2020 una imputación sobre el exintendente Ramón Javier Mestre y ocho exfuncionarios de su gestión. Este medio se comunicó con las defensas, que señalaron que están estudiando el fallo. Tienen 10 días hábiles para tomar una definición respecto de una eventual apelación.

Recomendaciones
La primera recomendación de la Cámara Federal fija que “deberá respectivamente oficiarse a la Secretaría de Ambiente del Gobierno de la Provincia de Córdoba, al Ministerio de Obras, Servicios Públicos, Agua y Ambiente de la Provincia de Santiago del Estero, y al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación”.
En segundo término, le “recomienda” al juzgado que dé “la mayor celeridad posible al trámite de las actuaciones, a fin de posibilitar la pronta definición de la situación procesal de los imputados y la efectiva averiguación de la verdad real”.

Definiciones
La Cámara tomó un criterio distinto al que fijó el Juzgado federal 3 para determinar la competencia. Para el juez Vaca Narvaja, el vertido de efluentes y la contaminación no constituyen un conflicto interjurisdiccional porque no afecta a la laguna, y por lo tanto tampoco a la provincia vecina.
Mientras que el tribunal que preside Montesi considera la cuenca hídrica como una unidad. De esta manera, establece que la contaminación es un problema de Córdoba, de Santiago del Estero y de la Nación.
“Verificada prima facie la contaminación del río Suquía, existen factores que permitirían razonablemente inferir que la laguna Mar Chiquita resulta cuerpo receptor de la contaminación que afectaría al cauce del río Suquía y el estuario de la Laguna del Plata, valorando fundamentalmente la interdependencia entre los elementos de una cuenca hídrica”, dice el fallo.
Sobre la competencia federal, la Cámara además pone en juego la futura declaración de parque nacional. “La Provincia cede a favor del Estado nacional el dominio y la jurisdicción ambiental de un extenso territorio para la creación del Parque Nacional Ansenuza y de la Reserva Nacional Ansenuza y Bañados del Río Dulce, lo que constituye un paso importante en dicho proceso y que implica la jurisdicción nacional definitiva sobre dicha área”, apunta.
“Siempre sostuvimos que se trata de una cuestión interjurisdiccional”, apuntó a su vez Yamila Najtle, abogada de la ONG Foro Ambiental Córdoba. “Se dan condiciones eutróficas con fósforo en toda la cuenca hídrica que incluye al río Suquía, a la laguna del Plata y a Mar Chiquita”, agregó.

Causas
Tras conocerse el fallo esta semana, los imputados tienen dos caminos. El primero es apelar ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN). La definición de este recurso, según señalan los especialistas, dilatará aún más el avance de la causa.
El segundo es más complejo y apunta a una resolución política. Si los imputados perciben que les conviene no apelar, pueden intentar abrir la responsabilidad penal al resto de las gestiones municipales, inclusive la actual. En esa línea especuló un analista judicial que lee el proceso en clave política.
En el fuero judicial provincial también hay una causa por el daño ambiental que produce la planta de Bajo Grande. Ese expediente lleva más de 10 años en los tribunales.
En 2021, el juez Julio Fontaine responsabilizó a la Municipalidad de Córdoba y también a la Provincia por el pasivo ambiental. Aunque no estaba en la denuncia original, el magistrado extendió la responsabilidad al Gobierno de Córdoba por ser titular jurisdiccional del río. Ambos apelaron el fallo.

En repaso
La causa federal ya lleva cinco años. La inició en 2017 una denuncia del exconcejal y actual funcionario municipal Santiago Gómez. A la demanda se sumaron el Foro Ambiental Córdoba y vecinos de Chacra La Merced.
Durante ese lustro, la discusión pasó por la competencia de los fueros y no sobre el problema de fondo: la contaminación que produce la planta, su reparación y la remediación del pasivo ambiental.
El último anuncio sobre la puesta en funcionamiento de la nueva planta de Bajo Grande –que se construye con fondos de la Nación y de la Provincia– señala como fecha de inicio el 31 de marzo.
La nueva estructura había sido anunciada en 2016 y se proyectó su finalización para fines de 2019. La obra se extendió más de dos años que lo inicialmente previsto.
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