La Voz del Interior (16/10/2021)
Desborde cloacal: la Justicia pidió las filmaciones para llegar a la “empresa privada” que rompió el caño en Alberdi

La semana próxima podrían contar con el material y así descubrir cómo se rompió el caño que terminó con la tragedia ambiental y sanitaria.
La Justicia espera contar en los próximos días con una pieza clave para develar el misterio de “la empresa fantasma” que causó la rotura del caño de cloacas en el límite entre Villa Páez y barrio Alberdi y desencadenó la crisis ambiental y sanitaria en ambas barriadas días después.
La fiscalía de instrucción a cargo de Tomás Casas ya solicitó a la Policía de la Provincia de Córdoba los registros de una cámara domo ubicada en las cercanías del Gigante de Alberdi, según pudo saber este medio.
La filmación permitiría establecer quién abrió la calzada y rompió el ducto de 700 milímetros en la esquina de Arturo Orgaz e Igualdad. El desborde de aguas servidas días después derivó en la evacuación de nueve familias y la asistencia social y sanitaria a 200 hogares.
El sector de la ciudad que depende del caño roto
El material también serviría para analizar la secuencia del desborde cloacal, que se agravó el viernes por la tarde, según relatan los vecinos, provocó la rotura de un caño de aguas, y terminó en un río de aguas servidas el martes al mediodía.
Tras la rotura del caño, el Instituto de Protección Ambiental y Animal (IPA) que depende del municipio realizó una denuncia penal en los tribunales provinciales por contaminación con sustancias peligrosas.
En el escrito se señala que una “intervención de terceros y no declarada ante el municipio y consecuentemente, sin habilitación, (…) derivó en la rotura de una cañería”. No brinda mayores precisiones y pide a la Justicia que investigue.

Hipótesis
La hipótesis de una intervención ilegal de una “empresa privada” sin autorización fue apuntada también por el secretario de Gobierno, Miguel Siciliano, a principios de esta semana tras la crisis. Algunas versiones extraoficiales de funcionarios apuntan a un posible intento de conexión clandestina a la red de cloacas.
No hay pedidos de intervención por parte de alguna empresa en el lugar en la Dirección de Administración del Espacio Público (Daep), ni en el registro de obras de emergencia, según señalaron desde el municipio. Además, tanto Epec como Aguas Cordobesas indicaron que no tuvieron responsabilidad en la rotura.
En la Justicia analizan todas las hipótesis posibles respecto de la rotura. Debe determinar si hubo o no delito. Esperan analizar las filmaciones mientras siguen recolectando testimonios de los vecinos para dar con el origen del daño y el desborde.
Contrario a las primeras versiones, desde finales de septiembre por pedido del municipio estaba operando en esa esquina la empresa constructora Aclade SRL para atender el problema de la rotura, que según los vecinos llevaba más de dos meses.
La firma fue comandada por la Municipalidad para atender el problema en el marco de un contrato de rehabilitación y mantenimiento de redes. La empresa sigue operando en la zona cero del desastre. Otras firmas realizan el resto de las tareas.

Obra
Mientras continúa la investigación judicial, ambos barrios fueron declarados zona de emergencia ambiental, sanitaria y social mediante un decreto firmado por el intendente Martín Llaryora el jueves pasado. La resolución le permitirá al municipio realizar contrataciones de manera exprés mediante fondos específicos para atender a la crisis. A posteriori, los gastos serán remitidos al Tribunal de Cuentas.
El decreto municipal señala que la emergencia tendrá vigencia por 60 días, con posibilidad de extenderla de manera automática.
Este viernes, las autoridades que trabajan en el lugar señalaron que ya se había “secado” la zona afectada y comenzaron a diseñar un esquema de trabajo. No obstante, aún no pudieron dar precisiones sobre cuánto tiempo demorará la obra al no ser una prevista con anticipación.
“Estamos analizando la cañería que debemos sustituir y también desobstruir”, señaló Roberto Frezzi, director de Redes Sanitarias y Gas del municipio. Además de la rotura del caño, la Municipalidad detectó una obstrucción unos metros más arriba en la calle Igualdad esquina Remonda que afecta también a toda la zona.
Mientras tanto, en el tapón cuadras arriba en Juan Cafferata y La Tablada se sigue vertiendo líquido cloacal sin tratamiento.
Para atender la situación sanitaria, la Municipalidad montó un campamento médico en Bajo Alberdi y en el centro vecinal de Villa Páez, este último con atención las 24 horas. Además, la Secretaría de Salud incorporó promotores que informan a los vecinos con las medidas de prevención para evitar enfermedades y reparten kits sanitarios para desinfectar los domicilios.

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Colapso cloacal: otro golpe a los vecinos

Centenares de personas han tenido que soportar los olores irrespirables de aguas servidas que corrían como río por las calles de dos barrios de la capital provincial.
Los habitantes de la ciudad de Córdoba están habituados desde hace tiempo a convivir con los olores nauseabundos y nocivos para la salud que desparraman los recurrentes colapsos de las redes cloacales.
Los responsables de gobernar la Municipalidad de la Capital durante las últimas décadas conocen de primera mano los fracasos estrepitosos que se verificaron en la intención de remediar de una vez y para siempre ese desagradable sometimiento a la sociedad. A la comunidad que paga impuestos y tasas cada vez más caras que para nada se condicen con los dudosos servicios que reciben.
Por estos días, la historia se repitió de manera brutal, aunque focalizada en la irresponsabilidad de alguna empresa que destruyó conductos de gran porte de la red cloacal y con ello detonó un desastre ambiental en zonas densamente pobladas de los barrios Alberdi y Villa Páez.
Es un enigma qué tipo de trabajo realizaban los operarios de esa firma, como también si tenían o no estudios de cálculo serios y fehacientes sobre la ubicación subterránea de caños de agua y de cloacas. A la luz del contratiempo, es posible inferir que se metieron a operar las máquinas excavadoras sin adoptar las más mínimas previsiones.
A la Municipalidad no le quedaba otro camino que presentar una denuncia penal en la Justicia a fin de que se investigue hasta las últimas consecuencias quiénes fueron los autores de semejante desquicio, con consecuencias gravísimas para la salud pública y del ambiente.
El caso no es para tomarlo a la ligera. Centenares de personas tuvieron que soportar los olores irrespirables de aguas servidas que corrían como río por las calles de esas barriadas. Incluso, muchos frentistas debieron evacuarse, dejando sus viviendas a merced de los malvivientes.
Ahora bien, es pertinente la denuncia judicial, pero queda como una materia pendiente otro aspecto crucial: la misión irrenunciable del municipio de controlar a las empresas que ejecutan obras de distinta envergadura en la vía pública. Por lo general, trabajos que contemplan roturas de calles o de sendas peatonales que luego no son reparadas como establecen las normativas.
En el tema que nos ocupa, la Justicia tendrá que investigar y eventualmente sancionar con el peso de la ley a los irresponsables. Aun así, nadie les sacará de encima a los vecinos el sinsabor de haber soportado durante días los olores nauseabundos a causa de las improvisaciones ajenas.
Pero vale la reiteración en el sentido de que los desbordes cloacales son de vieja data y han llegado a tener una continuidad casi diaria. Ello en función de la ausencia de obras para un sistema con cañerías añejas y obsoletas que revientan ante cualquier mínimo movimiento de suelo.
Lo sucedido en Villa Páez tiene otras connotaciones, aunque con los damnificados de siempre: los vecinos. Víctimas de la mugre que se genera a menudo en un sistema sin control y con empresas con antecedentes controversiales que ponen manos a la obra con improvisación, aun sin la debida habilitación oficial.

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