24 ene 2018
Desmontes 2017: sin cifras oficiales
8:00 a.m. | 
Publicado por
Eco Sitio |
La Voz del Interior (24/01/2018)
En 2017 hubo menos desmonte, aunque no hay cifras oficiales
La noticia es agridulce. Lo positivo es que bajó el desmonte en Córdoba. Lo malo es que se sigue deforestando a pesar de que hay una ley que lo restringe.
También es negativo que la Policía Ambiental del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos no publique más el monitoreo que realiza de estas intervenciones.
De enero a septiembre de 2016 se perdieron 1.470 hectáreas de bosques nativos en la provincia. En igual períodos de 2017, desaparecieron 527 hectáreas, es decir, casi dos tercios menos.
Reiteramos, no son datos oficiales, sino de la ONG Guyra, que realiza un monitoreo sobre la deforestación en el Bosque Chaqueño Sudamericano a partir de imágenes satelitales.
El monitoreo provincial incluye inspecciones por tierra y por aire, además de los datos satelitales. En el sitio web sólo hay información hasta junio de 2016. Este diario pidió una actualización de los datos, pero no hubo respuestas. Se realiza desde septiembre de 2014.
Según Guyra, la tasa diaria de desmonte fue de 5,4 hectáreas o 7,3 canchas de fútbol como la del estadio Kempes. En 2017, la cifra fue de dos hectáreas o 2,5 canchas por día.
Por departamento, el más afectado fue Cruz del Eje, con 160 hectáreas. Le siguieron Ischilín (119), Tulumba (73), Sobremonte (71), Pocho (51), Río Primero (50) y San Javier (5).
En su momento, las autoridades provinciales criticaron el monitoreo de la ONG Guyra por ser impreciso. Desde el organismo, radicado en Paraguay, reconocieron que su método puede tener fallas, pero recordaron que el bosque chaqueño de Córdoba es menos del uno por ciento de toda la superficie que monitorean, con lo cual en su sistema serían errores a microescala.
Federico Kopta, del Foro Ambiental Córdoba, recordó que los datos de Guyra son una fuente de información independiente muy importante.
“Nos permitió conocer un pico de desmontes sucedido en junio de 2012, con 3.302 hectáreas deforestadas. Y ayudó a mantener el tema en los medios, cuando la inacción oficial y la falta de respuesta a las solicitudes de información fueron la regla”, comentó.
Según Kopta, desde 2014 el monitoreo de la Policía Ambiental impulsó a que la superficie desmontada disminuyera paulatinamente. Pero luego recordó que en noviembre de 2015, la Policía Ambiental comenzó a reducir el detalle de los datos informados, ya que sólo dio a conocer la superficie intervenida en forma ilegal, pero no la autorizada.
“Que ahora deje de publicar esos datos significa un enorme retroceso en el acceso a la información pública ambiental”, aseguró.
En 2017 hubo menos desmonte, aunque no hay cifras oficiales
La noticia es agridulce. Lo positivo es que bajó el desmonte en Córdoba. Lo malo es que se sigue deforestando a pesar de que hay una ley que lo restringe.
También es negativo que la Policía Ambiental del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos no publique más el monitoreo que realiza de estas intervenciones.
De enero a septiembre de 2016 se perdieron 1.470 hectáreas de bosques nativos en la provincia. En igual períodos de 2017, desaparecieron 527 hectáreas, es decir, casi dos tercios menos.
Reiteramos, no son datos oficiales, sino de la ONG Guyra, que realiza un monitoreo sobre la deforestación en el Bosque Chaqueño Sudamericano a partir de imágenes satelitales.
El monitoreo provincial incluye inspecciones por tierra y por aire, además de los datos satelitales. En el sitio web sólo hay información hasta junio de 2016. Este diario pidió una actualización de los datos, pero no hubo respuestas. Se realiza desde septiembre de 2014.
Según Guyra, la tasa diaria de desmonte fue de 5,4 hectáreas o 7,3 canchas de fútbol como la del estadio Kempes. En 2017, la cifra fue de dos hectáreas o 2,5 canchas por día.
Por departamento, el más afectado fue Cruz del Eje, con 160 hectáreas. Le siguieron Ischilín (119), Tulumba (73), Sobremonte (71), Pocho (51), Río Primero (50) y San Javier (5).
En su momento, las autoridades provinciales criticaron el monitoreo de la ONG Guyra por ser impreciso. Desde el organismo, radicado en Paraguay, reconocieron que su método puede tener fallas, pero recordaron que el bosque chaqueño de Córdoba es menos del uno por ciento de toda la superficie que monitorean, con lo cual en su sistema serían errores a microescala.
Federico Kopta, del Foro Ambiental Córdoba, recordó que los datos de Guyra son una fuente de información independiente muy importante.
“Nos permitió conocer un pico de desmontes sucedido en junio de 2012, con 3.302 hectáreas deforestadas. Y ayudó a mantener el tema en los medios, cuando la inacción oficial y la falta de respuesta a las solicitudes de información fueron la regla”, comentó.
Según Kopta, desde 2014 el monitoreo de la Policía Ambiental impulsó a que la superficie desmontada disminuyera paulatinamente. Pero luego recordó que en noviembre de 2015, la Policía Ambiental comenzó a reducir el detalle de los datos informados, ya que sólo dio a conocer la superficie intervenida en forma ilegal, pero no la autorizada.
“Que ahora deje de publicar esos datos significa un enorme retroceso en el acceso a la información pública ambiental”, aseguró.
Causas
Las principales causas del desmonte son la eliminación de sotobosque para realizar ganadería en el norte provincial, para la cual sólo dejan en pie algunos árboles para dar sombra. Salvo algunas excepciones, la ley provincial de bosques nativos (9.814) prohíbe estas intervenciones.
Otras veces, las imágenes satelitales detectan desmontes de mantenimiento de picadas y franjas cortafuegos, las cuales están permitidas con autorización previa. Aunque a menor escala, también se dan desmontes por loteos, los cuales están prohibidos por ley.
Lo informado
Los únicos controles de desmonte de la Policía Ambiental que se conocieron son los publicados por el área de prensa del Gobierno.
Durante 2017 fueron siete. En casi todos ellos, la denuncia fue realizada por vecinos. Y fueron intervenciones de pocas hectáreas para realizar algún tipo de loteo urbano o periurbano.
El primero fue el 4 de enero en Las Bajadas (Calamuchita), tras una denuncia de vecinos. El desmonte fue de una hectárea para una exploración para la extracción de cuarzo.
El último procedimiento de 2017 informado por Policía Ambiental fue el 12 de septiembre en Las Saladas, departamento Río Primero. En un patrullaje de rutina realizado desde un avión, se divisó una máquina realizando un desmonte. Se confirmó que la intervención era ilegal.
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Una ley sin derecho ni revés ni controles
La Provincia parece tolerar desmontes totales a pesar de que la ley lo prohíbe. El último caso es la luz verde que recibió un loteo en San Javier-Yacanto.
El último inciso del artículo 20° de la Ley 9814 de Ordenamiento Territorial de Bosque Nativos dice: “Realizar un monitoreo satelital de las distintas ecorregiones, garantizar el acceso público a la información y mantener actualizado el inventario de bosques nativos de la Provincia de Córdoba”.
Hoy por hoy no se cumple. La Policía Ambiental dejó de publicar los datos de sus monitoreos desde junio de 2016, lo que siembra la duda sobre si se siguen haciendo. En su momento, estos controles fueron un ejemplo para imitar por otras provincias.
La fecha tampoco parece casual porque fue durante esos meses cuando el Ejecutivo, en coincidencia con las asociaciones rurales, comenzó a lanzar la idea de que había que cambiar la ley.
Sin embargo, esto es apenas una muestra de lo que parece ser ya una norma muerta. El mapa anexo a la ley que define las categorías de conservación del monte autóctono está desactualizado, además de que cuando se aprobó se parecía más a una selfie geográfica de Córdoba que a un mapa georreferenciado y a escala.
Por otro lado, la Provincia parece tolerar desmontes totales a pesar de que la ley lo prohíbe. El último caso es la luz verde que recibió un loteo en San Javier-Yacanto.
Ambiente decidió darle curso al expediente y llamar a una audiencia pública, no sin algunas desprolijidades.
Este es sólo un caso más del uso controvertido que se hace de la norma que debe proteger nuestros bosques. Su real efecto está en duda, aunque quizá no toda la culpa es del texto de la ley, sino de quienes deben cumplirla y hacerla cumplir.
Desde que se sancionó en 2010, se perdieron unas 30 mil hectáreas de bosque nativo. Y la ley no permite el desmonte total, salvo excepciones como la obra pública.
Esto significa menos paisaje para el turismo, menos agua en tiempos de sequía, inundaciones más catastróficas, aire menos puro y menos hábitat para las especies autóctonas.
A fines de 2016, el Ejecutivo y los legisladores quisieron cambiarla y actualizar el mapa, pero a espaldas de las normas nacionales que prevén mecanismos de participación amplia y criterios ambientales precisos. La respuesta estuvo en la calle con movilizaciones masivas.
Mientras tanto, continúa esta sangría verde.
Quizá el desmonte de los últimos años es bajo, pero ocurre que ya queda poco bosque nativo. Tan poco que hasta el más pequeño arbolito cuenta para sostener nuestro bienestar.
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Las principales causas del desmonte son la eliminación de sotobosque para realizar ganadería en el norte provincial, para la cual sólo dejan en pie algunos árboles para dar sombra. Salvo algunas excepciones, la ley provincial de bosques nativos (9.814) prohíbe estas intervenciones.
Otras veces, las imágenes satelitales detectan desmontes de mantenimiento de picadas y franjas cortafuegos, las cuales están permitidas con autorización previa. Aunque a menor escala, también se dan desmontes por loteos, los cuales están prohibidos por ley.
Lo informado
Los únicos controles de desmonte de la Policía Ambiental que se conocieron son los publicados por el área de prensa del Gobierno.
Durante 2017 fueron siete. En casi todos ellos, la denuncia fue realizada por vecinos. Y fueron intervenciones de pocas hectáreas para realizar algún tipo de loteo urbano o periurbano.
El primero fue el 4 de enero en Las Bajadas (Calamuchita), tras una denuncia de vecinos. El desmonte fue de una hectárea para una exploración para la extracción de cuarzo.
El último procedimiento de 2017 informado por Policía Ambiental fue el 12 de septiembre en Las Saladas, departamento Río Primero. En un patrullaje de rutina realizado desde un avión, se divisó una máquina realizando un desmonte. Se confirmó que la intervención era ilegal.
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Una ley sin derecho ni revés ni controles
La Provincia parece tolerar desmontes totales a pesar de que la ley lo prohíbe. El último caso es la luz verde que recibió un loteo en San Javier-Yacanto.
El último inciso del artículo 20° de la Ley 9814 de Ordenamiento Territorial de Bosque Nativos dice: “Realizar un monitoreo satelital de las distintas ecorregiones, garantizar el acceso público a la información y mantener actualizado el inventario de bosques nativos de la Provincia de Córdoba”.
Hoy por hoy no se cumple. La Policía Ambiental dejó de publicar los datos de sus monitoreos desde junio de 2016, lo que siembra la duda sobre si se siguen haciendo. En su momento, estos controles fueron un ejemplo para imitar por otras provincias.
La fecha tampoco parece casual porque fue durante esos meses cuando el Ejecutivo, en coincidencia con las asociaciones rurales, comenzó a lanzar la idea de que había que cambiar la ley.
Sin embargo, esto es apenas una muestra de lo que parece ser ya una norma muerta. El mapa anexo a la ley que define las categorías de conservación del monte autóctono está desactualizado, además de que cuando se aprobó se parecía más a una selfie geográfica de Córdoba que a un mapa georreferenciado y a escala.
Por otro lado, la Provincia parece tolerar desmontes totales a pesar de que la ley lo prohíbe. El último caso es la luz verde que recibió un loteo en San Javier-Yacanto.
Ambiente decidió darle curso al expediente y llamar a una audiencia pública, no sin algunas desprolijidades.
Este es sólo un caso más del uso controvertido que se hace de la norma que debe proteger nuestros bosques. Su real efecto está en duda, aunque quizá no toda la culpa es del texto de la ley, sino de quienes deben cumplirla y hacerla cumplir.
Desde que se sancionó en 2010, se perdieron unas 30 mil hectáreas de bosque nativo. Y la ley no permite el desmonte total, salvo excepciones como la obra pública.
Esto significa menos paisaje para el turismo, menos agua en tiempos de sequía, inundaciones más catastróficas, aire menos puro y menos hábitat para las especies autóctonas.
A fines de 2016, el Ejecutivo y los legisladores quisieron cambiarla y actualizar el mapa, pero a espaldas de las normas nacionales que prevén mecanismos de participación amplia y criterios ambientales precisos. La respuesta estuvo en la calle con movilizaciones masivas.
Mientras tanto, continúa esta sangría verde.
Quizá el desmonte de los últimos años es bajo, pero ocurre que ya queda poco bosque nativo. Tan poco que hasta el más pequeño arbolito cuenta para sostener nuestro bienestar.
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