22 ene 2017
Retos para una nueva ley de bosques nativos
9:00 a.m. | 
Publicado por
Eco Sitio |
La Voz del Interior (22/01/2017)
Retos para una nueva ley de bosques nativos
La actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos debería constituir una política de Estado que asegure la sostenibilidad ambiental de la provincia y con ello la del conjunto de sus habitantes, por sobre el interés de lucro de algunos en particular.
La Legislatura cordobesa retomaría en febrero la actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), luego de la fallida intención de aprobarlo el 28 de diciembre pasado. En el ínterin, enero no ha sido tranquilo, pese al receso estival.
Apenas seis días después de la fecha prevista de votación, el gobernador recibió a los dirigentes ruralistas, quienes habían manifestado previamente su frustración por la no aprobación de la ley. Y el 9 de enero, Cartez emitió un comunicado en el que denostaba a José Luis Serrano y a Raly Barrionuevo, aludiendo a una supuesta carencia de rigor científico en su compromiso a favor de los bosques nativos.
Asimismo, el 5 de enero, luego de la reunión con Juan Schiaretti, el presidente de Coninagro Córdoba tuiteó: “¡10 legisladores UPC que responden al Dr. De la Sota no permitieron que se tratara en el recinto proyecto consensuado de OTBN! ¿Consensuar cuándo?”.
De este tuit surgen preguntas mayores: ¿cuál es el proyecto “consensuado” de OTBN que los legisladores que responden a De la Sota no habrían permitido que se tratara? ¿Consensuado entre quiénes?
Pareciera que los acontecimientos de enero no cambian la lógica del conflicto, sino que la profundizan. Resulta imprescindible que el Gobierno provincial y los legisladores comprendan los cambios de contexto de los últimos años.
Vale recordar que hubo un giro en la política de Córdoba luego del motín policial del 3 y 4 de diciembre de 2013. A raíz de lo sucedido, el gobernador José Manuel de la Sota entendió cabalmente que la provincia no podía seguir funcionando encapsulada, atendiendo únicamente a determinados sectores corporativos.
Con esa nueva lógica, consiguió su supervivencia política y hasta un posterior crecimiento de su imagen. Y como fruto de esa concepción distinta es que se construyó la Ley de Política Ambiental (número 10.208), que fue aprobada casi por unanimidad luego de un año de trabajo de los legisladores y una verdadera vocación de construir el mejor marco legal posible.
También hubo un giro en la percepción de la importancia del bosque nativo para la supervivencia de las poblaciones humanas con las trágicas inundaciones de febrero de 2015.
La inundación de San Carlos Minas de 1992 costó más vidas, pero fue muy lejos de la capital provincial. Sierras Chicas es parte del área metropolitana de la ciudad de Córdoba y tiene una proporción importante de su población nacida en la propia Capital.
Una consecuencia de las inundaciones de 2015 fue el empoderamiento de distintas organizaciones de Sierras Chicas, con una masa crítica de personas concientizadas sobre la necesidad de conservar los bosques nativos, para quienes la ciudad de Córdoba también es su lugar de “localía”. Esto explicaría en parte la masiva convocatoria a la movilización del 28 de diciembre en rechazo el proyecto de ley oficial.
¿Cómo debería continuar el tratamiento? Ya no se trata de seguir convocando nuevas organizaciones a la Legislatura ni de realizar más audiencias públicas donde fuere, en tanto que eso sea un barniz de participación para legitimar una decisión ya tomada, la cual todos desconocemos, salvo los que están dispuestos a aprobarla y eventualmente sus beneficiarios. Se trata de transparentar todo el proceso, del que sólo sabemos la expresa intención de algunos legisladores oficialistas de reducir la superficie con Categoría I (Rojo).
El Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema) ha establecido pautas metodológicas para las actualizaciones de los Ordenamientos Territoriales de los Bosques Nativos, asegurando que deben realizarse según el concepto de no regresividad en materia ambiental, que consiste en que la normativa ambiental no debe ser modificada si esto implica retroceder respecto a los niveles de protección alcanzados con anterioridad.
Establece que los cambios de zonificación prediales deberán ser concedidos sólo para casos excepcionales y nunca ser de aplicación general y sistemática. También aporta pautas para la participación de la sociedad civil. Es fundamental que dicha normativa sea respetada, como también la transparencia de todo el proceso, cosa que evidentemente no ha sucedido hasta ahora.
En este marco, la actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos debería constituir una política de Estado que asegure la sostenibilidad ambiental de la provincia y con ello la del conjunto de sus habitantes, por sobre el interés de lucro de algunos en particular.
Lograr una ley y un mapa de ordenamiento que preserven los servicios ambientales para el bien común requerirá un proceso de construcción de consensos en función de la mejor evidencia científica disponible y el sentido ético de responsabilidad intergeneracional.
Córdoba ha sido testigo de procesos políticos maduros como el que llevó en 2014 a la sanción de la Ley de Política Ambiental número 10.208. Atento a lo vital que resultan los servicios ambientales de los pocos bosques y matorrales nativos remanentes, resulta imprescindible un proceso político similar, sin urgencias ni arrebatos.
Por Federico Kopta - Presidente del Foro Ambiental Córdoba
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Retos para una nueva ley de bosques nativos
La actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos debería constituir una política de Estado que asegure la sostenibilidad ambiental de la provincia y con ello la del conjunto de sus habitantes, por sobre el interés de lucro de algunos en particular.
La Legislatura cordobesa retomaría en febrero la actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), luego de la fallida intención de aprobarlo el 28 de diciembre pasado. En el ínterin, enero no ha sido tranquilo, pese al receso estival.
Apenas seis días después de la fecha prevista de votación, el gobernador recibió a los dirigentes ruralistas, quienes habían manifestado previamente su frustración por la no aprobación de la ley. Y el 9 de enero, Cartez emitió un comunicado en el que denostaba a José Luis Serrano y a Raly Barrionuevo, aludiendo a una supuesta carencia de rigor científico en su compromiso a favor de los bosques nativos.
Asimismo, el 5 de enero, luego de la reunión con Juan Schiaretti, el presidente de Coninagro Córdoba tuiteó: “¡10 legisladores UPC que responden al Dr. De la Sota no permitieron que se tratara en el recinto proyecto consensuado de OTBN! ¿Consensuar cuándo?”.
De este tuit surgen preguntas mayores: ¿cuál es el proyecto “consensuado” de OTBN que los legisladores que responden a De la Sota no habrían permitido que se tratara? ¿Consensuado entre quiénes?
Pareciera que los acontecimientos de enero no cambian la lógica del conflicto, sino que la profundizan. Resulta imprescindible que el Gobierno provincial y los legisladores comprendan los cambios de contexto de los últimos años.
Vale recordar que hubo un giro en la política de Córdoba luego del motín policial del 3 y 4 de diciembre de 2013. A raíz de lo sucedido, el gobernador José Manuel de la Sota entendió cabalmente que la provincia no podía seguir funcionando encapsulada, atendiendo únicamente a determinados sectores corporativos.
Con esa nueva lógica, consiguió su supervivencia política y hasta un posterior crecimiento de su imagen. Y como fruto de esa concepción distinta es que se construyó la Ley de Política Ambiental (número 10.208), que fue aprobada casi por unanimidad luego de un año de trabajo de los legisladores y una verdadera vocación de construir el mejor marco legal posible.
También hubo un giro en la percepción de la importancia del bosque nativo para la supervivencia de las poblaciones humanas con las trágicas inundaciones de febrero de 2015.
La inundación de San Carlos Minas de 1992 costó más vidas, pero fue muy lejos de la capital provincial. Sierras Chicas es parte del área metropolitana de la ciudad de Córdoba y tiene una proporción importante de su población nacida en la propia Capital.
Una consecuencia de las inundaciones de 2015 fue el empoderamiento de distintas organizaciones de Sierras Chicas, con una masa crítica de personas concientizadas sobre la necesidad de conservar los bosques nativos, para quienes la ciudad de Córdoba también es su lugar de “localía”. Esto explicaría en parte la masiva convocatoria a la movilización del 28 de diciembre en rechazo el proyecto de ley oficial.
¿Cómo debería continuar el tratamiento? Ya no se trata de seguir convocando nuevas organizaciones a la Legislatura ni de realizar más audiencias públicas donde fuere, en tanto que eso sea un barniz de participación para legitimar una decisión ya tomada, la cual todos desconocemos, salvo los que están dispuestos a aprobarla y eventualmente sus beneficiarios. Se trata de transparentar todo el proceso, del que sólo sabemos la expresa intención de algunos legisladores oficialistas de reducir la superficie con Categoría I (Rojo).
El Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema) ha establecido pautas metodológicas para las actualizaciones de los Ordenamientos Territoriales de los Bosques Nativos, asegurando que deben realizarse según el concepto de no regresividad en materia ambiental, que consiste en que la normativa ambiental no debe ser modificada si esto implica retroceder respecto a los niveles de protección alcanzados con anterioridad.
Establece que los cambios de zonificación prediales deberán ser concedidos sólo para casos excepcionales y nunca ser de aplicación general y sistemática. También aporta pautas para la participación de la sociedad civil. Es fundamental que dicha normativa sea respetada, como también la transparencia de todo el proceso, cosa que evidentemente no ha sucedido hasta ahora.
En este marco, la actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos debería constituir una política de Estado que asegure la sostenibilidad ambiental de la provincia y con ello la del conjunto de sus habitantes, por sobre el interés de lucro de algunos en particular.
Lograr una ley y un mapa de ordenamiento que preserven los servicios ambientales para el bien común requerirá un proceso de construcción de consensos en función de la mejor evidencia científica disponible y el sentido ético de responsabilidad intergeneracional.
Córdoba ha sido testigo de procesos políticos maduros como el que llevó en 2014 a la sanción de la Ley de Política Ambiental número 10.208. Atento a lo vital que resultan los servicios ambientales de los pocos bosques y matorrales nativos remanentes, resulta imprescindible un proceso político similar, sin urgencias ni arrebatos.
Por Federico Kopta - Presidente del Foro Ambiental Córdoba
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