30 ene 2017
La cuenca láctea bajo agua
9:00 a.m. | 
Publicado por
Eco Sitio |
Diario El Alfil (30/01/2017)
Lo que las inundaciones dejan a la vista
El corazón de la cuenca láctea argentina quedó, una vez más, bajo agua. Ya la campaña agrícola en el país tiene un piso de pérdidas de entre 1100 y 1750 millones de dólares, según previsiones oficiales y privadas, por el efecto de las inundaciones en el centro-sur de Santa Fe, zonas del norte y oeste de Buenos Aires y sur y sureste de Córdoba. Los datos ponen en duda que se logre una cosecha récord con las implicancias que siempre tiene para la economía en general.
Por ejemplo, las estimaciones para la soja pasaron de 55 millones de toneladas a un recorte del 10 por ciento que significan cerca del siete por ciento del valor de la cosecha. A eso hay que sumarle pérdidas en tambos, en maíz y en pasturas. Ya cerraron tambos y hay industrias lácteas en serio riesgo de continuidad porque la baja de la producción complica su sostenibilidad: caen los ingresos y se mantienen los costos.
Es cierto que las lluvias desde las últimas semanas de diciembre superaron largamente la media histórica, pero también lo es que las mismas zonas vienen afectadas hace tres y cuatro años y la yo estuvieron –muchas veces- antes.
Esta vez –como las anteriores- hay cruce de reproches entre los distintos niveles de gobierno y entre las diferentes administraciones provinciales. Que si los fondos prometidos llegaron, que si las obras se ejecutaron, que si la infraestructura estuvo bien planificada. La historia es la de siempre, lo que cambian son los protagonistas.
Ahora la administración de Lifschitz reclamó asistencia al gobierno de Mauricio Macri y afirmó que recibía agua desde Córdoba. La Nación señaló que Santa Fe no había enviado los informes requerido a tiempo; Juan Schiaretti apuntó que los recursos prometidos por el macrismo para obras están demorados.
Si la historia es recurrente, ¿hay un problema de fondo que nunca nadie aborda? Los especialistas coinciden que, en Argentina, el problema se aborda de manera fragmentaria. “La incorporación a la evaluación de las inundaciones, de abordajes integrados, y el apoyo de herramientas pronóstico y de alarma como la modelación, permite cuantificar los cambios inducidos por acciones del hombre, sus efectos y la posible modificación de la calidad ambiental”, sostiene un informe de hace 15 años de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de Rosario.
Las naciones desarrolladas afrontan con planificación integral las soluciones para las regiones amenazadas potencialmente por inundaciones. La Constitución argentina establece que todas las aguas públicas son de dominio provincial y son esos gobiernos los que ejercen jurisdicción sobre ellas, salvo la navegación y el comercio internacional o interprovincial que son de dominio nacional.
La Nación debe arbitrar y hacerlo con decisión y autoridad. Según los diferentes actores a lo largo de los años, esa situación no se dio nunca. Se avanza algo, pasa la inundación y el trabajo se frena hasta que el agua vuelve a subir y la tarea se concentra –nuevamente- en la emergencia.
También es rol de los Estados auditar la necesaria rotación de cultivos para que no haya pérdida de capacidad de absorción de los suelos.
Y, en la emergencia, cada uno gestiona el agua conforme a su criterio y sus posibilidades. Así, los productores construyen canales clandestinos; los Estados también canalizan el agua hacia vías troncales que ya no tienen más capacidad. El resultado va empeorando.
Ningún técnico duda de que contribuiría a un manejo consensuado de cuencas la elaboración de planes de ordenamiento territorial subordinados a las políticas ambientales y de gestión de agua establecidas a largo plazo; consideradas políticas de Estado.
En setiembre pasado el Banco Mundial elaboró un informe sobre el medio ambiente en la Argentina; aseguró que “las inundaciones son el mayor desastre natural que amenaza al país, y representan el 60% de los desastres naturales y el 95% de los daños económicos”.
Los daños están, otra vez, a la vista. Las soluciones posibles, también. Hay que decidir pensar más allá de la emergencia.
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Por ejemplo, las estimaciones para la soja pasaron de 55 millones de toneladas a un recorte del 10 por ciento que significan cerca del siete por ciento del valor de la cosecha. A eso hay que sumarle pérdidas en tambos, en maíz y en pasturas. Ya cerraron tambos y hay industrias lácteas en serio riesgo de continuidad porque la baja de la producción complica su sostenibilidad: caen los ingresos y se mantienen los costos.
Es cierto que las lluvias desde las últimas semanas de diciembre superaron largamente la media histórica, pero también lo es que las mismas zonas vienen afectadas hace tres y cuatro años y la yo estuvieron –muchas veces- antes.
Esta vez –como las anteriores- hay cruce de reproches entre los distintos niveles de gobierno y entre las diferentes administraciones provinciales. Que si los fondos prometidos llegaron, que si las obras se ejecutaron, que si la infraestructura estuvo bien planificada. La historia es la de siempre, lo que cambian son los protagonistas.
Ahora la administración de Lifschitz reclamó asistencia al gobierno de Mauricio Macri y afirmó que recibía agua desde Córdoba. La Nación señaló que Santa Fe no había enviado los informes requerido a tiempo; Juan Schiaretti apuntó que los recursos prometidos por el macrismo para obras están demorados.
Si la historia es recurrente, ¿hay un problema de fondo que nunca nadie aborda? Los especialistas coinciden que, en Argentina, el problema se aborda de manera fragmentaria. “La incorporación a la evaluación de las inundaciones, de abordajes integrados, y el apoyo de herramientas pronóstico y de alarma como la modelación, permite cuantificar los cambios inducidos por acciones del hombre, sus efectos y la posible modificación de la calidad ambiental”, sostiene un informe de hace 15 años de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de Rosario.
Las naciones desarrolladas afrontan con planificación integral las soluciones para las regiones amenazadas potencialmente por inundaciones. La Constitución argentina establece que todas las aguas públicas son de dominio provincial y son esos gobiernos los que ejercen jurisdicción sobre ellas, salvo la navegación y el comercio internacional o interprovincial que son de dominio nacional.
La Nación debe arbitrar y hacerlo con decisión y autoridad. Según los diferentes actores a lo largo de los años, esa situación no se dio nunca. Se avanza algo, pasa la inundación y el trabajo se frena hasta que el agua vuelve a subir y la tarea se concentra –nuevamente- en la emergencia.
También es rol de los Estados auditar la necesaria rotación de cultivos para que no haya pérdida de capacidad de absorción de los suelos.
Y, en la emergencia, cada uno gestiona el agua conforme a su criterio y sus posibilidades. Así, los productores construyen canales clandestinos; los Estados también canalizan el agua hacia vías troncales que ya no tienen más capacidad. El resultado va empeorando.
Ningún técnico duda de que contribuiría a un manejo consensuado de cuencas la elaboración de planes de ordenamiento territorial subordinados a las políticas ambientales y de gestión de agua establecidas a largo plazo; consideradas políticas de Estado.
En setiembre pasado el Banco Mundial elaboró un informe sobre el medio ambiente en la Argentina; aseguró que “las inundaciones son el mayor desastre natural que amenaza al país, y representan el 60% de los desastres naturales y el 95% de los daños económicos”.
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