24 ene 2017
La Mesa de Enlace quiere más bosques para desmontar
9:00 a.m. | 
Publicado por
Eco Sitio |
La Voz del Interior (24/01/2017)
La Mesa de Enlace cargó duro contra la Provincia por la ley de bosques
En medio del debate por una nueva ley de bosques, que desbordó las paredes de la Legislatura para convertirse en tema de los discursos de algunos artistas en los festivales, la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias de Córdoba cuestionó en duros términos al Gobierno provincial y le exigió que “arregle este lío”.
El organismo, integrado por la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez) y las filiales locales de Federación Agraria Argentina (FAA), Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro) y Sociedad Rural Argentina (SRA), convocó ayer a una conferencia de prensa para poner blanco sobre negro la postura del sector rural en el debate sobre la Ley de Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo.
El primer cuestionamiento que se escuchó fue el de la poca efectividad y utilidad de la ley vigente, sancionada en el año 2009.
“Se habla mucho de las disidencias, pero con las entidades ambientalistas tenemos también coincidencias. Una de ellas, que el marco legal actual es ambiguo y promueve decisiones discrecionales de los funcionarios que la aplican, lo que termina yendo en contra de lo que en teoría busca proteger”, subrayó el titular de Cartez, Gabriel De Raedemaeker.
Uno de los asesores técnicos de la Mesa de Enlace, Carlos Arnold, explicó que el principal problema es la falta de un mapa que establezca con parámetros claros cuál es la superficie real de bosque nativo y qué áreas pueden eventualmente intervenirse y cuáles no.
“Tanto desde Nación como de otras provincias indican que Córdoba nunca supo cómo debía elaborarse ese mapa”, señaló Arnold.
Que arreglen este lío
Sobre este punto, Marco Giraudo, presidente del consejo provincial de Coninagro, fue enfático en relación a que las autoridades no pueden alegar que el problema les es ajeno.
“Fue este mismo Gobierno el que aprobó la ley anterior: Schiaretti era el gobernador; el actual ministro de Agricultura, Sergio Busso; era presidente de la Legislatura; y el ahora jefe del bloque de Unión por Córdoba (UPC), Carlos Gutiérrez, era en ese entonces el ministro de Agricultura. Ahora que arreglen este lío”, dijo.
En este contexto, los ruralistas plantearon su disconformidad con la decisión de desarmar la mesa de diálogo que involucraba a las entidades del agro, ambientalistas, funcionarios y organismos técnicos como el Inta, para llevar el debate al ámbito legislativo.
“Veníamos participando y avanzando en los consensos hasta que, de un día para el otro, el Ejecutivo decidió mandar un proyecto a la Legislatura, sin acuerdo, y nos dijo que el debate se iba a canalizar por ahí”, se quejó Luis Magliano, vicepresidente de Cartez.
De Raedemaeker completó: “Automáticamente se dijo que la ley había sido escrita por el agro y hemos observado 27 de los 60 artículos que la integran; entonces, mal puede decirse que es una ley del ruralismo. No hubo ningún consenso con nosotros”
Agustín Pizzichini, dirigente de Federación Agraria, cuestionó en este marco que, al llevar el debate al recinto político, lo mismo haya quedado el agro y otros actores sociales en medio de la discusión, y los legisladores fuera de ella.
“Nos molesta que nos usen en algo tan sensible; esto no es un tema de rentabilidad, es un tema social, defendemos a los productores que hace décadas viven ahí y lo que hacen con estas leyes es destruirlos. Los legisladores no han ido en la p… vida al monte a hablar con la gente”, se enojó Pizzichini.
Mariano Andrade, director de la Sociedad Rural en Córdoba, agregó: “En esa zona, quienes no tienen capacidad de producir, no tienen capacidad de vivir. La expulsión productiva es expulsión social”.
Para Marco Giraudo, la polémica esconde un trasfondo político del que el Gobierno no quiere hacerse cargo.
“Ahora piden consenso con Cambiemos cuando podrían sacar la ley ellos solos con 40 votos, pero como es un año político quieren acordar. Al presupuesto lo sacaron solos”, manifestó.
La postura de la Nación. La legisladora Soher el Sukaría aseguró que el Gobierno nacional no está de acuerdo con el proyecto que el PJ cordobés presentó en diciembre en la Legislatura provincial.
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“Se habla mucho de las disidencias, pero con las entidades ambientalistas tenemos también coincidencias. Una de ellas, que el marco legal actual es ambiguo y promueve decisiones discrecionales de los funcionarios que la aplican, lo que termina yendo en contra de lo que en teoría busca proteger”, subrayó el titular de Cartez, Gabriel De Raedemaeker.
Uno de los asesores técnicos de la Mesa de Enlace, Carlos Arnold, explicó que el principal problema es la falta de un mapa que establezca con parámetros claros cuál es la superficie real de bosque nativo y qué áreas pueden eventualmente intervenirse y cuáles no.
“Tanto desde Nación como de otras provincias indican que Córdoba nunca supo cómo debía elaborarse ese mapa”, señaló Arnold.
Que arreglen este lío
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“Fue este mismo Gobierno el que aprobó la ley anterior: Schiaretti era el gobernador; el actual ministro de Agricultura, Sergio Busso; era presidente de la Legislatura; y el ahora jefe del bloque de Unión por Córdoba (UPC), Carlos Gutiérrez, era en ese entonces el ministro de Agricultura. Ahora que arreglen este lío”, dijo.
En este contexto, los ruralistas plantearon su disconformidad con la decisión de desarmar la mesa de diálogo que involucraba a las entidades del agro, ambientalistas, funcionarios y organismos técnicos como el Inta, para llevar el debate al ámbito legislativo.
“Veníamos participando y avanzando en los consensos hasta que, de un día para el otro, el Ejecutivo decidió mandar un proyecto a la Legislatura, sin acuerdo, y nos dijo que el debate se iba a canalizar por ahí”, se quejó Luis Magliano, vicepresidente de Cartez.
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Agustín Pizzichini, dirigente de Federación Agraria, cuestionó en este marco que, al llevar el debate al recinto político, lo mismo haya quedado el agro y otros actores sociales en medio de la discusión, y los legisladores fuera de ella.
“Nos molesta que nos usen en algo tan sensible; esto no es un tema de rentabilidad, es un tema social, defendemos a los productores que hace décadas viven ahí y lo que hacen con estas leyes es destruirlos. Los legisladores no han ido en la p… vida al monte a hablar con la gente”, se enojó Pizzichini.
Mariano Andrade, director de la Sociedad Rural en Córdoba, agregó: “En esa zona, quienes no tienen capacidad de producir, no tienen capacidad de vivir. La expulsión productiva es expulsión social”.
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