8 abr 2014

Editorial contra las protestas sociales ambientales

9:00 a.m. | Publicado por Eco Sitio | | Editar entrada
La Voz del Interior (08/04/2014)
La responsabilidad de gobernar

Los conflictos de intereses deben ser resueltos por el Estado privilegiando el bien común de la sociedad y no apelando a consultas populares cada vez que surge un tema controvertido.
Gracias a la tecnología de la información, hoy es posible estar en contacto con cualquier punto del planeta, recibiendo imágenes, opiniones y análisis de los más variados sucesos, sean trascendentes o superficiales.
Así, las redes sociales y las encuestas de opinión permiten auscultar el mensaje al instante de las sociedades en relación con los hechos de más alto impacto. Sin embargo, tales elementos no deben dejar de lado la responsabilidad que cabe a los gobiernos democráticos.
Apoyados en esas tecnologías y en las encuestas de opinión, los responsables de los poderes ejecutivos de distintos estratos de gobierno suelen esgrimir la posibilidad de consultas populares para resolver diferencias profundas en el seno de una sociedad, en los casos en que existen intereses contrapuestos o antagónicos.
Es, por ejemplo, lo que sucede en torno de la radicación de la planta de Monsanto en la localidad de Malvinas Argentinas. Ahora se sugiere la posibilidad de una consulta popular. En un principio los tres niveles estatales –Nación, Provincia, municipio– alentaban o apoyaban esa inversión. No obstante, debido a la oposición de vecinos y activistas y al impacto del tema en la opinión pública, se evalúa esta salida de emergencia.
La pregunta que debería haberse planteado el Estado al principio del proceso es a quiénes favorecía y a quiénes perjudicaba la instalación de Monsanto. Una respuesta seria hubiera requerido que los estudios de impacto ambiental estuvieran listos –y bien hechos– antes y no después del anuncio oficial de la radicación de la planta.
El mismo razonamiento puede aplicarse a los controvertidos proyectos de Sólo Bus y del enterramiento sanitario de la basura. ¿Son las mejores soluciones posibles a los problemas en cuestión? ¿Son las más perdurables? ¿Había otras alternativas? En ninguno de los casos, el Estado trabajó con la seriedad necesaria para que los afectados –los vecinos de la avenida Rafael Núñez y los de Bouwer– comprendan el sentido de tales iniciativas y no se perciban como víctimas de los caprichos de las autoridades de turno.
La consulta popular es una herramienta democrática valiosa, que debe ser utilizada con sumo cuidado, no sólo por sus costos económicos, sino por el riesgo que implica plebiscitar una administración cada vez que emerge una controversia social. Además, nada garantiza que el resultado de tal plebiscito refleje el bien común, pues este no siempre coincide con la opinión pública dominante en determinado momento histórico.
El Estado debe tener la certeza absoluta de que lo que hace implica un beneficio para la sociedad en su conjunto y trabajar para que las partes antagónicas vean el sentido de las soluciones adoptadas. La obligación del ejercicio ejecutivo no puede en ningún caso eludir la responsabilidad de gobernar teniendo en el horizonte lo que es mejor para todos.

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