9 ago 2013
Gamsur no irá a juicio por fraude (por ahora)
8:57 a.m. | 
Publicado por
Eco Sitio |
El Puntal de Río Cuarto (09/08/2013)
Por falta de pruebas, el caso Gamsur no irá a juicio
El juez de Control, Daniel Muñoz, entendió que la investigación por los mayores costos todavía no está concluida y le devolvió la causa al fiscal Guzmán. Hay dos empresarios imputados por intento de fraude
El caso Gamsur no irá a juicio. No por ahora, al menos. Es que el juez de Control, Daniel Muñoz, determinó que la investigación por el intento de fraude al Estado está inconclusa y que no existen elementos ni para sobreseer ni para acusar a los empresarios Juan Carlos Masoero y Alcides Capello. Por lo tanto, le devolvió la causa al fiscal Walter Guzmán para que profundice la búsqueda de pruebas.
En julio de este año Guzmán había pedido que el caso, que se inició en 2009, fuera elevado a juicio porque entendió que había elementos para sospechar que los imputados intentaron defraudar al Municipio cuando le reclamaron un reajuste de 12,2 millones de pesos en concepto de mayores costos. Masoero y Capello eran los directores privados de la empresa de higiene urbana que, en ese entonces, era una sociedad entre empresarios y el Estado local.
Los abogados defensores se opusieron a esa decisión e hicieron un planteo. La resolución de Muñoz les dio la razón: “Por acordar con la defensa que la investigación no se encuentra cumplida se declara que no existe mérito para acusar ni tampoco para sobreseer, correspondiendo se devuelva la causa a la Fiscalía de Instrucción de Primer Turno para producir las medidas probatorias pertinentes”.
El caso Gamsur tuvo una fuerte repercusión en 2009 y fue el inicio de la ruptura de relaciones entre el gobierno de Juan Jure, que recién asumía en el Municipio, y los empresarios de la mixta. Al final, el Estado terminó comprando las acciones y haciéndose cargo de Gamsur; posteriormente le traspasó el contrato a Cotreco, que actualmente presta el servicio de recolección de residuos y alumbrado público.
La acusación de Guzmán señalaba que los empresarios privados de Gamsur llevaron adelante una serie de acciones tendientes a sobreestimar los mayores costos que generó la inflación. En su pedido de elevación a juicio les adjudicó maniobras como, por ejemplo, sobreestimar las horas extra, facturar indebidamente el adicional de presentismo y elevar, en general, la mayoría de los ítems relacionados con la mano de obra.
Así, Guzmán consideró que los mayores costos reales que debió soportar Gamsur eran los que determinó la Secretaría de Economía que en 2009 conducía el actual jefe de Gabinete, Guillermo Mana. Según ese cálculo, la cifra correcta era de 7,5 millones de pesos. El Tribunal de Cuentas había fijado incluso un monto menor -5 millones de pesos-, pero el fiscal no lo consideró.
Contra la pericia
La prueba principal que influyó en la decisión del fiscal de pedir la elevación a juicio de la causa fue una pericia contable. Pero la defensa protestó contra esa prueba porque el fiscal no permitió que participaran peritos de control. Muñoz lo plantea en su resolución.
“La autoridad judicial que ordena una pericia debe proporcionar el material necesario o permitir el acceso al lugar en que se encuentran los elementos hábiles para permitir su realización”, se lee en el escrito del juez de Control. Y agrega que como la prueba no puede considerarse completa, tampoco puede pronunciarse sobre si la causa está o no prescripta, uno de los planteos que hizo Jorge Valverde, abogado de Capello.
Los abogados de Masoero, por su parte, cuestionan directamente el rumbo que tomó la investigación de Guzmán. “Aluden a un erróneo enfoque que provocó el direccionamiento incriminatorio a los directivos de la empresa que sólo concretaron una petición administrativa, lo que impidió orientar debidamente las sospechas sobre los funcionarios municipales que actuaron en las gestiones. Bajo este análisis proponen que era adecuado transitar la vía administrativa para luego trasladar al ámbito penal las conductas constatadas delictivas”, dice la resolución de Muñoz.
Para el juez de Control, es necesario amalgamar los requerimientos que plantearon los abogados de los dos imputados. Por lo tanto, entendió que la causa debía volver al fiscal que investigó el caso.
“Corresponde devolver la causa por ausencia de agotamiento de la investigación para que se diluciden el conjunto de circunstancias vinculadas con el delito”, indica Muñoz. Y agrega que es la manera de resguardar el legítimo derecho a la defensa, tal como postularon los abogados defensores.
Eduardo Scoppa, concejal de Encuentro Ciudadano, había pedido que la investigación se extendiera también a los funcionarios políticos.
Ver Noticia On Line
.
Por falta de pruebas, el caso Gamsur no irá a juicio
El juez de Control, Daniel Muñoz, entendió que la investigación por los mayores costos todavía no está concluida y le devolvió la causa al fiscal Guzmán. Hay dos empresarios imputados por intento de fraude
El caso Gamsur no irá a juicio. No por ahora, al menos. Es que el juez de Control, Daniel Muñoz, determinó que la investigación por el intento de fraude al Estado está inconclusa y que no existen elementos ni para sobreseer ni para acusar a los empresarios Juan Carlos Masoero y Alcides Capello. Por lo tanto, le devolvió la causa al fiscal Walter Guzmán para que profundice la búsqueda de pruebas.
En julio de este año Guzmán había pedido que el caso, que se inició en 2009, fuera elevado a juicio porque entendió que había elementos para sospechar que los imputados intentaron defraudar al Municipio cuando le reclamaron un reajuste de 12,2 millones de pesos en concepto de mayores costos. Masoero y Capello eran los directores privados de la empresa de higiene urbana que, en ese entonces, era una sociedad entre empresarios y el Estado local.
Los abogados defensores se opusieron a esa decisión e hicieron un planteo. La resolución de Muñoz les dio la razón: “Por acordar con la defensa que la investigación no se encuentra cumplida se declara que no existe mérito para acusar ni tampoco para sobreseer, correspondiendo se devuelva la causa a la Fiscalía de Instrucción de Primer Turno para producir las medidas probatorias pertinentes”.
El caso Gamsur tuvo una fuerte repercusión en 2009 y fue el inicio de la ruptura de relaciones entre el gobierno de Juan Jure, que recién asumía en el Municipio, y los empresarios de la mixta. Al final, el Estado terminó comprando las acciones y haciéndose cargo de Gamsur; posteriormente le traspasó el contrato a Cotreco, que actualmente presta el servicio de recolección de residuos y alumbrado público.
La acusación de Guzmán señalaba que los empresarios privados de Gamsur llevaron adelante una serie de acciones tendientes a sobreestimar los mayores costos que generó la inflación. En su pedido de elevación a juicio les adjudicó maniobras como, por ejemplo, sobreestimar las horas extra, facturar indebidamente el adicional de presentismo y elevar, en general, la mayoría de los ítems relacionados con la mano de obra.
Así, Guzmán consideró que los mayores costos reales que debió soportar Gamsur eran los que determinó la Secretaría de Economía que en 2009 conducía el actual jefe de Gabinete, Guillermo Mana. Según ese cálculo, la cifra correcta era de 7,5 millones de pesos. El Tribunal de Cuentas había fijado incluso un monto menor -5 millones de pesos-, pero el fiscal no lo consideró.
Contra la pericia
La prueba principal que influyó en la decisión del fiscal de pedir la elevación a juicio de la causa fue una pericia contable. Pero la defensa protestó contra esa prueba porque el fiscal no permitió que participaran peritos de control. Muñoz lo plantea en su resolución.
“La autoridad judicial que ordena una pericia debe proporcionar el material necesario o permitir el acceso al lugar en que se encuentran los elementos hábiles para permitir su realización”, se lee en el escrito del juez de Control. Y agrega que como la prueba no puede considerarse completa, tampoco puede pronunciarse sobre si la causa está o no prescripta, uno de los planteos que hizo Jorge Valverde, abogado de Capello.
Los abogados de Masoero, por su parte, cuestionan directamente el rumbo que tomó la investigación de Guzmán. “Aluden a un erróneo enfoque que provocó el direccionamiento incriminatorio a los directivos de la empresa que sólo concretaron una petición administrativa, lo que impidió orientar debidamente las sospechas sobre los funcionarios municipales que actuaron en las gestiones. Bajo este análisis proponen que era adecuado transitar la vía administrativa para luego trasladar al ámbito penal las conductas constatadas delictivas”, dice la resolución de Muñoz.
Para el juez de Control, es necesario amalgamar los requerimientos que plantearon los abogados de los dos imputados. Por lo tanto, entendió que la causa debía volver al fiscal que investigó el caso.
“Corresponde devolver la causa por ausencia de agotamiento de la investigación para que se diluciden el conjunto de circunstancias vinculadas con el delito”, indica Muñoz. Y agrega que es la manera de resguardar el legítimo derecho a la defensa, tal como postularon los abogados defensores.
Eduardo Scoppa, concejal de Encuentro Ciudadano, había pedido que la investigación se extendiera también a los funcionarios políticos.
Ver Noticia On Line
.
Etiquetas:
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
Suscribirse
Entradas
Comentarios
0 comentarios: