14 nov 2010
Restringen radicación de plantas de acopio
9:59 a.m. | 
Publicado por
Eco Sitio |
El Puntal de Río Cuarto (14/11/2010)
Restringen la radicación de plantas de acopio en los pueblos
La Ley aprobada por la Legislatura delimita la ubicación de estos establecimientos. En tanto, sobre los ya existentes exige adecuar las instalaciones para reducir el impacto ambiental por la polución y los ruidos molestos. En el sur cordobés el funcionamiento de estas plantas generan constantes reclamos de vecinos
La falta de planificación urbana en ciudades y pueblos de nuestra región permitió la ubicación de distintas plantas de acopio de cereales, la mayoría de ellas situadas en los predios del ferrocarril, y a sólo metros de escuelas y las plazas principales.
Estas plantas creadas hace más de cinco décadas quedaron insertas dentro de las mismas localidades. Como resultado de estos asentamientos, los vecinos dicen que deben convivir con el ruido constante de las secadoras en invierno, que es el tiempo en que el cereal necesita del calor para el rápido secado y las máquinas trabajan ininterrumpidamente las 24 horas.
Hoy la ley recientemente sancionada en la Legislatura provincial procura regular la actividad de estos establecimientos con el claro objetivo de reducir el impacto ambiental que la producción de estas plantas produce en la comunidad, así como también reducir los accidentes y las enfermedades laborales.
Pero la preocupación actual de los pueblos es el control sobre las plantas ya existentes, que generan constantes problemas de polución y ruidos molestos. Y el dilema siempre presente de que, por otra parte, estos establecimientos son los cimientos que sustentan la economía de sus comunidades y la principal fuente laboral.
Sobre ello la nueva legislación plantea plazos de “adecuación”, esto es, incorporar tecnología para reducir el impacto ambiental y social, y como contrapartida se pretende incentivarlas con reducciones en los impuestos provinciales.
En tanto, las nuevas plantas sólo podrán radicarse fuera de los ejidos urbanos de ciudades y pueblos, previa presentación y autorización de proyectos.
En la actualidad
Adelia María, Coronel Moldes, General Deheza, General Cabrera, Sampacho, Tosquita, Vicuña Mackenna, Suco, Chaján, Alejandro, Monte de los Gauchos, por mencionar algunas localidades, tienen varias plantas de acopio instaladas desde hace décadas en los predios de ferrocarril y a dos o tres cuadras del centro mismo de sus poblaciones.
Un ejemplo aún más claro son las plantas ubicadas a la vera de la ruta 158 y en las principales avenidas de las localidades de General Cabrera y General Deheza.
En estas comunidades los reclamos de los vecinos se reiteran; además, hay estudios realizados por estudiantes -como en el caso de Coronel Moldes- que alertan sobre el impacto negativo que este tipo de explotaciones tienen sobre la salud de los habitantes y su medio ambiente.
Estos derivan en alergias, irritaciones oculares, eczemas y picazones constantes.
En cada uno de estos reclamos los municipios intervinieron solicitando a las empresas la utilización de filtros, sistema reductores de sonidos y hasta fijando horarios de trabajo que respeten el descanso de los vecinos. Pero admiten que los riesgos no se reducen a cero. “La polución existe y no se va a erradicar totalmente”, aseguran las autoridades.
A pesar de ello, a ninguno de los municipios se les ocurrirá desplazar una de estas plantas porque son la principal fuente de trabajo, donde se desempeñan decenas de obreros, en la mayoría de los casos son la única fuente laboral de importancia que existe un muchos poblados del interior.
Además, no hay ordenanzas municipales que fijen pautas claras o condicionamientos para el funcionamiento de estas plantas. Así, la nueva ley provincial se presenta como una buena herramienta de control, donde será un órgano estatal, como Ambiente, el encargado de ejercer el poder de policía.
Las autoridades municipales admiten que se requiere tomar medidas de control para el reordenamiento, pero se topan con otros intereses que son difíciles de compatibilizar, como la dependencia económica de los pueblos de estas industrias. “Si llegamos a poner demasiados requisitos, vamos a terminar expulsando las plantas y pondremos en riesgo fuentes laborales e ingresos de nuestras comunidades”, advierten.
Alcances y contenido
La nueva normativa que aprobó la Legislatura provincial y que para entrar en vigencia requiere de la promulgación del Ejecutivo y su publicación en el Boletín Oficial, abarca a las plantas de acopio, clasificadoras, acondicionadoras y de conservación de granos.
Entre sus principales aspectos contempla para la radicación de nuevas plantas: la obligación de presentar proyectos ante la autoridad de aplicación -que será la Secretaría de Ambiente-, la que evaluará el contenido y los alcances de la inversión. Además, sólo se autorizarán nuevas radicaciones en zonas ubicadas fueras del sector urbanizado tanto de ciudades como de pueblos pequeños. Además se le exigirá la incorporación de infraestructura adecuada para el control de poluciones o ruidos. Así, por ejemplo, de poseer equipos secadores de granos deben contar con medios de captación de polvillo y granza para evitar que se esparzan por el ambiente. A su vez, el transporte, la carga y descarga de semillas deberán hacerse en lugares cerrados, también apuntando a evitar la voladura de polvillo al exterior.
En cuanto a la carga y descarga de camiones o vagones, éstos deben ser ubicados en espacios suficientemente confinados y provistos de sistema de cierre, aspiración, recolección y retención de material particulado.
También se les exigirá contar con playas de estacionamiento para camiones dentro y fuera del establecimiento.
En funcionamiento
Para las plantas en funcionamiento la ley exige adecuaciones, y como una forma de incentivarlas proponen rebajas en los impuestos provinciales, de acuerdo a los volúmenes de acopio: a las mayores de 10 mil toneladas, 33% de reducción impositiva en el primer año, 20% en el segundo, y 15% en el tercero.
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Los alcances de los controles municipales
Los intendentes aseguran realizar inspecciones, pero admiten que las mismas son insuficientes
“Es lo que está a nuestro alcance hacer. Tratamos de regular lo más posible, hacer controles periódicos, buscando la manera de reducir el impacto. Pero sabemos que no podemos reducir a cero estos inconvenientes”, admitió el intendente de Coronel Moldes, Jorge Costanzo.
En esta ciudad y en el predio del ferrocarril, ubicado a tan sólo una cuadra de la plaza central y de dos colegios , funcionan dos grandes plantas de acopio.
“Hoy está a nuestro alcance el hacer controles, porque pensar en pedir que estas plantas se trasladen es muy difícil. Esto requiere de grandes inversiones, además las instalaciones se ubicaron en ese lugar justamente por tener las vías férreas para el traslado de su producción. Creemos que sí a futuro se pueden ir llevando parte de las instalaciones hacia otros lugares, y así lo está proponiendo una de las firmas, pero es una tarea que va a ser muy gradual”, señaló Costanzo.
Para ello, dijo, se deberán fijar ventajas impositivas a la industria y también facilitarle el acceso a servicios tales como agua, gas, energía.
No obstante, el intendente reconoció que los pueblos necesitan de estas industrias para sustentar su economía y sus fuentes laborales.
Hugo Cometto, intendente de Adelia María, destacó como una buena señal el avance en legislaciones que regulen el funcionamiento de estas plantas, pero admitió que demandará de mucho tiempo.
“En cada pueblo de nuestra zona hay una cerealera sobre los ferrocarriles. Desde hace tiempo yo vengo insistiendo en la necesidad de que sean retiradas de estos lugares, pero para ello se deben crear determinadas condiciones, por ejemplo darles plazos de cinco a 10 años para que busquen un nuevo lugar donde asentarse. Hasta se puede ir pensando en pequeños parques donde varias industrias se instalen y, por ejemplo, en nuestro caso sumar el esfuerzo de Adelia María y Monte de los Gauchos para tener un lugar donde estas plantas se reubiquen; y que sigan trabajando sin generar los problemas que hoy padecemos”.
Al ser consultado por qué medidas se toman para frenar el impacto de las plantas hoy en funcionamiento, Cometto señaló que en primer lugar se hizo una revisación total de las industrias y se les solicitó la colocación de filtros para reducir la polución. Además, el Municipio se encargó de llevar adelante un plan de forestación plantando unos 800 árboles, creando verdaderas cortinas verdes que limitan la polución.
“Sabemos que son medidas paliativas, porque los problemas no se solucionan totalmente. Esto ocurrirá si se logra que las plantas se reinstalen fuera de los ejidos urbanos, pero esto demandará de un largo tiempo”, admitió el mandatario municipal.
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Restringen la radicación de plantas de acopio en los pueblos
La Ley aprobada por la Legislatura delimita la ubicación de estos establecimientos. En tanto, sobre los ya existentes exige adecuar las instalaciones para reducir el impacto ambiental por la polución y los ruidos molestos. En el sur cordobés el funcionamiento de estas plantas generan constantes reclamos de vecinos
La falta de planificación urbana en ciudades y pueblos de nuestra región permitió la ubicación de distintas plantas de acopio de cereales, la mayoría de ellas situadas en los predios del ferrocarril, y a sólo metros de escuelas y las plazas principales.
Estas plantas creadas hace más de cinco décadas quedaron insertas dentro de las mismas localidades. Como resultado de estos asentamientos, los vecinos dicen que deben convivir con el ruido constante de las secadoras en invierno, que es el tiempo en que el cereal necesita del calor para el rápido secado y las máquinas trabajan ininterrumpidamente las 24 horas.
Hoy la ley recientemente sancionada en la Legislatura provincial procura regular la actividad de estos establecimientos con el claro objetivo de reducir el impacto ambiental que la producción de estas plantas produce en la comunidad, así como también reducir los accidentes y las enfermedades laborales.
Pero la preocupación actual de los pueblos es el control sobre las plantas ya existentes, que generan constantes problemas de polución y ruidos molestos. Y el dilema siempre presente de que, por otra parte, estos establecimientos son los cimientos que sustentan la economía de sus comunidades y la principal fuente laboral.
Sobre ello la nueva legislación plantea plazos de “adecuación”, esto es, incorporar tecnología para reducir el impacto ambiental y social, y como contrapartida se pretende incentivarlas con reducciones en los impuestos provinciales.
En tanto, las nuevas plantas sólo podrán radicarse fuera de los ejidos urbanos de ciudades y pueblos, previa presentación y autorización de proyectos.
En la actualidad
Adelia María, Coronel Moldes, General Deheza, General Cabrera, Sampacho, Tosquita, Vicuña Mackenna, Suco, Chaján, Alejandro, Monte de los Gauchos, por mencionar algunas localidades, tienen varias plantas de acopio instaladas desde hace décadas en los predios de ferrocarril y a dos o tres cuadras del centro mismo de sus poblaciones.
Un ejemplo aún más claro son las plantas ubicadas a la vera de la ruta 158 y en las principales avenidas de las localidades de General Cabrera y General Deheza.
En estas comunidades los reclamos de los vecinos se reiteran; además, hay estudios realizados por estudiantes -como en el caso de Coronel Moldes- que alertan sobre el impacto negativo que este tipo de explotaciones tienen sobre la salud de los habitantes y su medio ambiente.
Estos derivan en alergias, irritaciones oculares, eczemas y picazones constantes.
En cada uno de estos reclamos los municipios intervinieron solicitando a las empresas la utilización de filtros, sistema reductores de sonidos y hasta fijando horarios de trabajo que respeten el descanso de los vecinos. Pero admiten que los riesgos no se reducen a cero. “La polución existe y no se va a erradicar totalmente”, aseguran las autoridades.
A pesar de ello, a ninguno de los municipios se les ocurrirá desplazar una de estas plantas porque son la principal fuente de trabajo, donde se desempeñan decenas de obreros, en la mayoría de los casos son la única fuente laboral de importancia que existe un muchos poblados del interior.
Además, no hay ordenanzas municipales que fijen pautas claras o condicionamientos para el funcionamiento de estas plantas. Así, la nueva ley provincial se presenta como una buena herramienta de control, donde será un órgano estatal, como Ambiente, el encargado de ejercer el poder de policía.
Las autoridades municipales admiten que se requiere tomar medidas de control para el reordenamiento, pero se topan con otros intereses que son difíciles de compatibilizar, como la dependencia económica de los pueblos de estas industrias. “Si llegamos a poner demasiados requisitos, vamos a terminar expulsando las plantas y pondremos en riesgo fuentes laborales e ingresos de nuestras comunidades”, advierten.
Alcances y contenido
La nueva normativa que aprobó la Legislatura provincial y que para entrar en vigencia requiere de la promulgación del Ejecutivo y su publicación en el Boletín Oficial, abarca a las plantas de acopio, clasificadoras, acondicionadoras y de conservación de granos.
Entre sus principales aspectos contempla para la radicación de nuevas plantas: la obligación de presentar proyectos ante la autoridad de aplicación -que será la Secretaría de Ambiente-, la que evaluará el contenido y los alcances de la inversión. Además, sólo se autorizarán nuevas radicaciones en zonas ubicadas fueras del sector urbanizado tanto de ciudades como de pueblos pequeños. Además se le exigirá la incorporación de infraestructura adecuada para el control de poluciones o ruidos. Así, por ejemplo, de poseer equipos secadores de granos deben contar con medios de captación de polvillo y granza para evitar que se esparzan por el ambiente. A su vez, el transporte, la carga y descarga de semillas deberán hacerse en lugares cerrados, también apuntando a evitar la voladura de polvillo al exterior.
En cuanto a la carga y descarga de camiones o vagones, éstos deben ser ubicados en espacios suficientemente confinados y provistos de sistema de cierre, aspiración, recolección y retención de material particulado.
También se les exigirá contar con playas de estacionamiento para camiones dentro y fuera del establecimiento.
En funcionamiento
Para las plantas en funcionamiento la ley exige adecuaciones, y como una forma de incentivarlas proponen rebajas en los impuestos provinciales, de acuerdo a los volúmenes de acopio: a las mayores de 10 mil toneladas, 33% de reducción impositiva en el primer año, 20% en el segundo, y 15% en el tercero.
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Los alcances de los controles municipales
Los intendentes aseguran realizar inspecciones, pero admiten que las mismas son insuficientes
“Es lo que está a nuestro alcance hacer. Tratamos de regular lo más posible, hacer controles periódicos, buscando la manera de reducir el impacto. Pero sabemos que no podemos reducir a cero estos inconvenientes”, admitió el intendente de Coronel Moldes, Jorge Costanzo.
En esta ciudad y en el predio del ferrocarril, ubicado a tan sólo una cuadra de la plaza central y de dos colegios , funcionan dos grandes plantas de acopio.
“Hoy está a nuestro alcance el hacer controles, porque pensar en pedir que estas plantas se trasladen es muy difícil. Esto requiere de grandes inversiones, además las instalaciones se ubicaron en ese lugar justamente por tener las vías férreas para el traslado de su producción. Creemos que sí a futuro se pueden ir llevando parte de las instalaciones hacia otros lugares, y así lo está proponiendo una de las firmas, pero es una tarea que va a ser muy gradual”, señaló Costanzo.
Para ello, dijo, se deberán fijar ventajas impositivas a la industria y también facilitarle el acceso a servicios tales como agua, gas, energía.
No obstante, el intendente reconoció que los pueblos necesitan de estas industrias para sustentar su economía y sus fuentes laborales.
Hugo Cometto, intendente de Adelia María, destacó como una buena señal el avance en legislaciones que regulen el funcionamiento de estas plantas, pero admitió que demandará de mucho tiempo.
“En cada pueblo de nuestra zona hay una cerealera sobre los ferrocarriles. Desde hace tiempo yo vengo insistiendo en la necesidad de que sean retiradas de estos lugares, pero para ello se deben crear determinadas condiciones, por ejemplo darles plazos de cinco a 10 años para que busquen un nuevo lugar donde asentarse. Hasta se puede ir pensando en pequeños parques donde varias industrias se instalen y, por ejemplo, en nuestro caso sumar el esfuerzo de Adelia María y Monte de los Gauchos para tener un lugar donde estas plantas se reubiquen; y que sigan trabajando sin generar los problemas que hoy padecemos”.
Al ser consultado por qué medidas se toman para frenar el impacto de las plantas hoy en funcionamiento, Cometto señaló que en primer lugar se hizo una revisación total de las industrias y se les solicitó la colocación de filtros para reducir la polución. Además, el Municipio se encargó de llevar adelante un plan de forestación plantando unos 800 árboles, creando verdaderas cortinas verdes que limitan la polución.
“Sabemos que son medidas paliativas, porque los problemas no se solucionan totalmente. Esto ocurrirá si se logra que las plantas se reinstalen fuera de los ejidos urbanos, pero esto demandará de un largo tiempo”, admitió el mandatario municipal.
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