14 ene. 2017

Ley de bosques que divide aguas



La Voz del Interior (14/01/2017)
Siguen las acusaciones cruzadas por el freno que sufrió la ley de bosques

Desde el delasotismo rechazan que se trate de una interna del bloque y afirman que no hay grieta. Dicen que quienes no quisieron debatir la normativa fueron los legisladores de Cambiemos.
Parlamentarios del arco opositor no se dieron por aludidos y advirtieron que los cuestionamientos van dirigidos al oficialismo. A principios de semana, la entidad ruralista Cartez cargó duro contra los “representantes del pueblo cordobés” que, con actitud “mezquina”, privilegian la “politiquería partidaria” por sobre la discusión de una nueva ley de bosques.
Legisladores de diferentes bancadas coincidieron en afirmar que las críticas de Cartez apuntan a la interna del bloque de la mayoría, que en la última sesión de la Unicameral del año pasado no reunió los votos (propios) para aprobar la norma en cuestión.
Desde la bancada radical, su titular, Orlando Arduh, expresó que Cambiemos busca consensuar una ley “seria” y “equilibrada”, lo que es muy distinto “a decir que la primera minoría va a acordar con UPC”.
Esta afirmación se la atribuyó al oficialismo debido a que no termina de unificar su posición. Los delasotistas descartan esto, manifestando que los cambios que propusieron ya fueron tratados en el seno de su bloque y que “no hay grieta”.
En este sentido, se pronunció Daniel Passerini, quien recordó que en la penúltima sesión, fue la primera minoría (Cambiemos) quien no acompañó una preferencia para tratar la nueva norma a fines de diciembre pasado.
En tanto, Arduh señaló que aspiran a discutir una ley con las entidades del campo y las organizaciones ambientalistas.
“Queremos consensuar una ley con todos los actores involucrados”, sostuvo el radical, a lo que añadió: “hay que buscar el equilibrio entre producción y conservación”.
En ese marco, pese a reconocer que no comparte el rol que asumió Serrano caracterizado como Doña Jovita al encabezar la marcha de protesta, el parlamentario del riñón mestrista pidió que se lo convoque a las reuniones de comisión y a las audiencias públicas para escuchar, además del artista, a una “persona de experiencia que conoce la realidad de Traslasierra”.
Por su parte, el integrante del Frente Cívico, Juan Pablo Quinteros, opinó: “Sería bueno que Cartez dé los nombres de aquellos legisladores que actúan de manera mezquina”.
Al afirmar que se apunta a la interna del PJ, rechazó hablar de manera general como sostiene el pronunciamiento de la entidad ruralista. “Que digan quiénes son y cuáles son las actitudes que rechazan”, enfatizó el juecista.
Cabe recordar que la entidad integrada por asociaciones rurales cordobesas apuntó de lleno contra Serrano y Barrionuevo por opinar del tema sin sustento científico.
“Parece existir una licencia otorgada por la popularidad que habilita a emitir, con liviandad, opiniones técnicas sobre temáticas que exceden largamente el conocimiento artístico y las habilidades teatrales”, acentuó Cartez en un comunicado.
Al mismo tiempo, criticó a los “representantes del pueblo” que “actúan de manera mezquina, privilegiando la politiquería partidaria en vez de involucrarse (...) en la discusión de un marco legal superador “.

Dura replica
Quien recogió el guante por las críticas ruralistas fue la legisladora Liliana Montero. “Son preocupantes las expresiones de dirigentes agropecuarios que en un acto de soberbia descalifican a quienes no piensan como ellos, a quienes representamos al pueblo mediante el voto, a quienes con fundamentos científicos se han expresado en la Legislatura”, remarcó.
Asimismo, demandó respeto por “científicos y ciudadanos que hace años vienen trabajando en defensa de los intereses colectivos de una provincia que debe desarrollarse con sustentabilidad, anteponiendo los intereses generales a los intereses sectoriales”.
Montero apostó por la construcción de consenso en base a “un diálogo franco y sincero en el que todos nos sentemos a decidir sensatamente lo mejor para el conjunto” y no a través de “imposiciones” y “con soberbia”.
Por otro lado, Passerini le respondió a Marco Giraudo (Coninagro), quien responsabilizó a “10 legisladores que responden a De la Sota” por haber trabado el tratamiento de la nueva ley de bosques en la última sesión del 2016.
La espada delasotista tildó de “falacia” las expresiones del ruralista, y aseguró: “Los legisladores de UPC somos 40, no se confunda”. Ante lo que consideró como una “chicana” de alguien que “hace política partidaria, el oficialista le recordó: “No fuimos los legisladores de UPC los que no quisimos discutir. Hay que informarse mejor antes de acusar”.

Cómo armar el nuevo mapa
Es lo que todos los sectores quieren ver.
Legisladores de la oposición y expertos ambientalistas afirman que la discusión estará focalizada en la confección del nuevo mapa de ordenamiento territorial de bosques nativos, a raíz de que las organizaciones ruralistas pretenden avanzar sobre el área de máxima conservación (roja) que son alrededor de 2 millones de hectáreas. Desde el bloque de la mayoría sostienen que el mapa vigente debe actualizarse cada 5 años, así lo estipula la norma. Argumentan además que se pintó de rojo con “brocha gorda”, por eso defienden su postura de corregirlo con la utilización de recursos científicos – tecnológicos disponibles en la actualidad. De esta manera, se confeccionará un instrumento “objetivo” acorde con la realidad, manifiestan desde UPC. Por otra parte, oficialistas y opositores que quieren una nueva ley, coinciden en destacar que hay que buscar un “equilibrio” entre conservación y producción; el compromiso de que no se tale un árbol más; la ­prohibición al desmonte químico; la realización de audiencias públicas regionales; y un plan de reforestación.

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Por qué se abrió el debate

Durante 2016, la Secretaría de Ambiente de la Provincia formó una mesa de diálogo con el objetivo de actualizar y mejorar esa herramienta, ya que la que incorpora la actual ley de bosques 9.814 es deficiente.
La ley nacional 26.331 obliga a las provincias a actualizar el mapa de ordenamiento territorial de bosques nativos cada cinco años. Para Córdoba, ese plazo venció en 2015.
Durante 2016, la Secretaría de Ambiente de la Provincia formó una mesa de diálogo con el objetivo de actualizar y mejorar esa herramienta, ya que la que incorpora la actual ley de bosques 9.814 es deficiente.
Sin embargo, a fines de 2016, legisladores de Unión por Córdoba y de la Unión Cívica Radical presentaron un proyecto de ley para cambiar no sólo el mapa sino también la ley. Esa decisión encendió la polémica.
El argumento es que la actual normativa no protegía los bosques y dificultaba el desarrollo productivo del norte y noroeste cordobés.
La Provincia entregó material técnico al Poder Legislativo para que elaborara el mapa correspondiente. Cabe aclarar que la ley nacional indica que el mapa debe ser actualizado por la autoridad de aplicación de la norma; esto es, la Secretaría de Ambiente.

Cambios propuestos
El proyecto de ley realiza algunos cambios a la norma actual. Por ejemplo, fija como autoridad de aplicación al Ministerio de Ciencia de la Provincia.
El mapa debe categorizar a los bosques nativos según el grado de conservación y las actividades productivas permitidas.
Las entidades rurales piden que se reduzcan las áreas pintadas como bosque nativo que figuran en el mapa actual y que se permita realizar ganadería en un sistema silvopastoril en un sector más amplio que el actual.
Ecólogos, ambientalistas y el movimiento campesino reclaman que se conserven las hectáreas actualmente protegidas.
La razón es que los bosques nativos son ecosistemas clave para la regulación hídrica y climática, la protección de la biodiversidad y la subsistencia de comunidades campesinas.
También aducen que las normativas nacionales fijan un principio de no regresividad en la cantidad de bosque a considerar por el cuerpo normativo.
El mapa actual incluye casi cuatro millones de hectáreas en las categorías amarilla y roja. Los datos científicos más precisos estiman que existen unos 3,6 millones de hectáreas con bosque nativo. Para las entidades rurales, Córdoba debería incluir en su mapa unas dos millones de hectáreas.

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1 comentarios:

Informes e inscripciones dijo...

Porque no incluyen en los mapas las zonas inundadas? Xq no convocsn a los afectafos x las inundaciones? X que no una consulta popular?

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