27 ago 2014
Agronomía de la UNC firma convenio con Monsanto
8:40 a.m. | 
Publicado por
Eco Sitio |
La Mañana de Córdoba (27/08/2014)
Estudiantes de la UNC denunciaron que Agronomía firmó un convenio con Monsanto
Los alumnos de la Facultad de Agronomía denunciaron un acuerdo entre la multinacional Monsanto y la casa de estudios para realizar tareas de formación.
«Nos posicionamos en contra de esta acción del decano, verticalista y autoritaria. No podemos creer que esta facultad legitime la instalación de Monsanto en el campo escuela de nuestra facultad”, señalaron desde el Centro de Estudiantes.
Al respecto, Laura González, presidenta de la organización estudiantil, recordó que “la Universidad se había definido a favor de la lucha de los ciudadanos de Malvinas Argentinas, que desde hace años resiste la instalación de Monsanto en su localidad”.
González, presidenta del Centro de Estudiantes de Agronomía, dijo que el convenio que firmó el decano Juan Marcelo Conrero “es por 3 años, de formación, y fue firmado el ocho de agosto, durante los festejos por el día del ingeniero agrónomo. En un clima festivo, se firmaron un montón de convenios; nadie prestaba atención”.
“El acuerdo plantea hacer una revisión del impacto ambiental de Monsanto”, reveló González.
Vale recordar que ya fue presentado un primer informe impacto ambiental por parte de la empresa a la provincia, el cual fue rechazado. Además, la Justicia provincial ordenó paralizar la obra de construcción de la planta de tratamiento de semillas en Malvinas Argentinas.
“Como centro de estudiante nos posicionamos en contra de esta acción del decano, verticalista y autoritaria. No podemos creer que esta facultad legitime, desde una institución pública, la instalación de Monsanto en el campo escuela de nuestra facultad y en Córdoba, habiéndose ya la Universidad de Córdoba posicionado en contra de Monsanto y a favor de la lucha histórica del pueblo de Malvinas Argentinas”, recordó González.
“Nos quiere hacer funcionales como estudiante a esta multinacional. No creemos que sea la solución hacer pasantías o becas de trabajo con esta empresa que no responde a las necesidades de nuestro pueblo. Necesitamos otras prácticas para relacionarnos con nuestros productores para garantizar la alimentación”, reclamó la dirigente estudiantil.
Esta incursión de Monsanto para seducir instancias formativas públicas de Córdoba no es la única. Semanas atrás LA MAÑANA publicó que la multinacional promociona y financia supuestos cursos de capacitación para jóvenes dictados en una escuela pública de Malvinas Argentinas.
Bajo la consigna “Malvinas quiere aprender”, Monsanto y la Fundación para la Inclusión Social lanzaron estos cursos, que se dictan en la Escuela Ipem 24 Anexo Malvinas Argentinas.
En ellos, se “capacita” en electricidad, sanidad, cuidado de ancianos, cocina, reparación de celulares, computación, corte y confección.
“Es una provocación para los ciudadanos de Malvinas Argentinas el hecho de que se utilicen las instalaciones de una escuela pública provincial para realizar actividades financiadas por Monsanto”, consideró Roberto Birri, legislador provincial por el socialismo, que prometió hacer un pedido de informes ante la Legislatura.
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Estudiantes de la UNC denunciaron que Agronomía firmó un convenio con Monsanto
Los alumnos de la Facultad de Agronomía denunciaron un acuerdo entre la multinacional Monsanto y la casa de estudios para realizar tareas de formación.
«Nos posicionamos en contra de esta acción del decano, verticalista y autoritaria. No podemos creer que esta facultad legitime la instalación de Monsanto en el campo escuela de nuestra facultad”, señalaron desde el Centro de Estudiantes.
Al respecto, Laura González, presidenta de la organización estudiantil, recordó que “la Universidad se había definido a favor de la lucha de los ciudadanos de Malvinas Argentinas, que desde hace años resiste la instalación de Monsanto en su localidad”.
González, presidenta del Centro de Estudiantes de Agronomía, dijo que el convenio que firmó el decano Juan Marcelo Conrero “es por 3 años, de formación, y fue firmado el ocho de agosto, durante los festejos por el día del ingeniero agrónomo. En un clima festivo, se firmaron un montón de convenios; nadie prestaba atención”.
“El acuerdo plantea hacer una revisión del impacto ambiental de Monsanto”, reveló González.
Vale recordar que ya fue presentado un primer informe impacto ambiental por parte de la empresa a la provincia, el cual fue rechazado. Además, la Justicia provincial ordenó paralizar la obra de construcción de la planta de tratamiento de semillas en Malvinas Argentinas.
“Como centro de estudiante nos posicionamos en contra de esta acción del decano, verticalista y autoritaria. No podemos creer que esta facultad legitime, desde una institución pública, la instalación de Monsanto en el campo escuela de nuestra facultad y en Córdoba, habiéndose ya la Universidad de Córdoba posicionado en contra de Monsanto y a favor de la lucha histórica del pueblo de Malvinas Argentinas”, recordó González.
“Nos quiere hacer funcionales como estudiante a esta multinacional. No creemos que sea la solución hacer pasantías o becas de trabajo con esta empresa que no responde a las necesidades de nuestro pueblo. Necesitamos otras prácticas para relacionarnos con nuestros productores para garantizar la alimentación”, reclamó la dirigente estudiantil.
Esta incursión de Monsanto para seducir instancias formativas públicas de Córdoba no es la única. Semanas atrás LA MAÑANA publicó que la multinacional promociona y financia supuestos cursos de capacitación para jóvenes dictados en una escuela pública de Malvinas Argentinas.
Bajo la consigna “Malvinas quiere aprender”, Monsanto y la Fundación para la Inclusión Social lanzaron estos cursos, que se dictan en la Escuela Ipem 24 Anexo Malvinas Argentinas.
En ellos, se “capacita” en electricidad, sanidad, cuidado de ancianos, cocina, reparación de celulares, computación, corte y confección.
“Es una provocación para los ciudadanos de Malvinas Argentinas el hecho de que se utilicen las instalaciones de una escuela pública provincial para realizar actividades financiadas por Monsanto”, consideró Roberto Birri, legislador provincial por el socialismo, que prometió hacer un pedido de informes ante la Legislatura.
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Avanza el proyecto incentivar la instalación de solares
El Puntal de Río Cuarto (27/08/2014)
Concejo: avanza el proyecto para alentar la instalación de calefones a energía solar
Investigadores de la Universidad se reunieron con concejales oficialistas para coordinar los puntos de la iniciativa que se tratará en breve. Estiman que a fin de año podrían probar los primeros equipos del plan
El Concejo Deliberante y la Universidad Nacional de Río Cuarto se reunieron ayer para avanzar sobre el proyecto que contempla incentivar la instalación de calefones solares a cambio de la condonación de impuestos como el caso del que se paga por “derecho de construcción”.
La iniciativa es impulsada por el edil oficialista, Martín Carranza, y cuenta con el apoyo de los investigadores de la Facultad de Ingeniería, Javier Garnica y Jorge Barral.
La idea de usar energías alternativas se reactivó en el último tiempo a partir del fuerte incremento que han sufrido las facturas de gas natural por la quita de subsidios decretada por el Estado nacional.
Por eso, en el Legislativo entienden que el Municipio tiene que buscar los mecanismos necesarios para alentar la incorporación de estos calefones en todas aquellas nuevas construcciones privadas que se pongan en marcha en la ciudad. Asimismo, la propuesta establece que el propio Ejecutivo dé el ejemplo y aplique el sistema en sus futuros proyectos.
“Nosotros trabajamos desde hace 20 años con la energía solar y nos parece muy bueno que el Concejo Deliberante inicie proyectos sobre esta temática. Por eso, nos comprometemos a aportar nuestro asesoramiento en la parte técnica para que, entre otras cosas, los equipos que se promocionen funcionen correctamente”, aseguró el ingeniero Barral.
-¿Se recupera fácilmente el costo que implica la instalación de un calefón a energía solar?
-Los equipos para una familia tipo de 4 o 5 personas cuestan entre 10 y 15 mil pesos. Es muy probable que en el corto plazo este tipo de tecnologías empiecen a ser más competitivas, sobre todo después de la quita de subsidios al gas. Los argentinos debemos comenzar a pensar a largo plazo. El Estado tiene que fortalecer el desarrollo de estas tecnologías y favorecer la instalación de las mismas por medio de beneficios económicos. Actualmente no hay empresas grandes que financien el costo del equipamiento para que sea accesible para todo el mundo.
-¿Se empezó a utilizar más este sistema en Río Cuarto?
-Hay algunos equipos ya instalados. Comercialmente hay negocios que los ofrecen. Existe un fuerte movimiento de importación de estos artefactos desde China, pero todavía resulta difícil competirle al gas natural. Sigue siendo más común en los lugares alejados de la distribución de gas natural, gas licuado, electricidad o leña. En esos puntos, el calefón solar es más competitivo.
-De todas formas, ustedes entienden que la brecha se ha acortado…
-Sí, sin dudas. El proceso no va a ser inmediato, llevará su tiempo, pero lo importante es que se está moviendo y haciendo cada vez más conocido.
-¿En cuánto tiempo se amortiza un equipo de estas características?
-Comparado con el gas natural, el tiempo de amortización es bastante importante. Con respecto al gas licuado, la leña y/o la electricidad, el proceso puede llevar entre dos y cuatro años. Una vez cumplido ese plazo, la energía obtenida es absolutamente gratuita.
-¿Qué vida útil tienen los aparatos?
-La vida útil es de entre 15 y 20 años y, en la mayoría de los casos, no necesitan mantenimiento. También se pueden combinar con las otras energías.
-¿Qué pasa con el ambiente?
-Desde el punto de vista ambiental es sumamente confiable, la energía solar no causa contaminación.
Antes de fin de año
A todo esto, el presidente del bloque oficialista, Martín Carranza, aseguró que van a continuar trabajando para pulir la iniciativa y presentarla ante el Concejo Deliberante para darle tratamiento.
“Lo vamos a ingresar esta semana o la que viene. La idea es organizar una serie de charlas, conferencias y debates para que todos puedan conocer de qué se trata la propuesta. A la vez, esperamos contar antes de que termine el año con uno de los equipos para que la gente sepa cómo funciona”, agregó Carranza.
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Concejo: avanza el proyecto para alentar la instalación de calefones a energía solar
Investigadores de la Universidad se reunieron con concejales oficialistas para coordinar los puntos de la iniciativa que se tratará en breve. Estiman que a fin de año podrían probar los primeros equipos del plan
El Concejo Deliberante y la Universidad Nacional de Río Cuarto se reunieron ayer para avanzar sobre el proyecto que contempla incentivar la instalación de calefones solares a cambio de la condonación de impuestos como el caso del que se paga por “derecho de construcción”.
La iniciativa es impulsada por el edil oficialista, Martín Carranza, y cuenta con el apoyo de los investigadores de la Facultad de Ingeniería, Javier Garnica y Jorge Barral.
La idea de usar energías alternativas se reactivó en el último tiempo a partir del fuerte incremento que han sufrido las facturas de gas natural por la quita de subsidios decretada por el Estado nacional.
Por eso, en el Legislativo entienden que el Municipio tiene que buscar los mecanismos necesarios para alentar la incorporación de estos calefones en todas aquellas nuevas construcciones privadas que se pongan en marcha en la ciudad. Asimismo, la propuesta establece que el propio Ejecutivo dé el ejemplo y aplique el sistema en sus futuros proyectos.
“Nosotros trabajamos desde hace 20 años con la energía solar y nos parece muy bueno que el Concejo Deliberante inicie proyectos sobre esta temática. Por eso, nos comprometemos a aportar nuestro asesoramiento en la parte técnica para que, entre otras cosas, los equipos que se promocionen funcionen correctamente”, aseguró el ingeniero Barral.
-¿Se recupera fácilmente el costo que implica la instalación de un calefón a energía solar?
-Los equipos para una familia tipo de 4 o 5 personas cuestan entre 10 y 15 mil pesos. Es muy probable que en el corto plazo este tipo de tecnologías empiecen a ser más competitivas, sobre todo después de la quita de subsidios al gas. Los argentinos debemos comenzar a pensar a largo plazo. El Estado tiene que fortalecer el desarrollo de estas tecnologías y favorecer la instalación de las mismas por medio de beneficios económicos. Actualmente no hay empresas grandes que financien el costo del equipamiento para que sea accesible para todo el mundo.
-¿Se empezó a utilizar más este sistema en Río Cuarto?
-Hay algunos equipos ya instalados. Comercialmente hay negocios que los ofrecen. Existe un fuerte movimiento de importación de estos artefactos desde China, pero todavía resulta difícil competirle al gas natural. Sigue siendo más común en los lugares alejados de la distribución de gas natural, gas licuado, electricidad o leña. En esos puntos, el calefón solar es más competitivo.
-De todas formas, ustedes entienden que la brecha se ha acortado…
-Sí, sin dudas. El proceso no va a ser inmediato, llevará su tiempo, pero lo importante es que se está moviendo y haciendo cada vez más conocido.
-¿En cuánto tiempo se amortiza un equipo de estas características?
-Comparado con el gas natural, el tiempo de amortización es bastante importante. Con respecto al gas licuado, la leña y/o la electricidad, el proceso puede llevar entre dos y cuatro años. Una vez cumplido ese plazo, la energía obtenida es absolutamente gratuita.
-¿Qué vida útil tienen los aparatos?
-La vida útil es de entre 15 y 20 años y, en la mayoría de los casos, no necesitan mantenimiento. También se pueden combinar con las otras energías.
-¿Qué pasa con el ambiente?
-Desde el punto de vista ambiental es sumamente confiable, la energía solar no causa contaminación.
Antes de fin de año
A todo esto, el presidente del bloque oficialista, Martín Carranza, aseguró que van a continuar trabajando para pulir la iniciativa y presentarla ante el Concejo Deliberante para darle tratamiento.
“Lo vamos a ingresar esta semana o la que viene. La idea es organizar una serie de charlas, conferencias y debates para que todos puedan conocer de qué se trata la propuesta. A la vez, esperamos contar antes de que termine el año con uno de los equipos para que la gente sepa cómo funciona”, agregó Carranza.
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Caroya: fuerte conflicto urbanístico / productivo
Diario El Despertador de Jesús María (27/08/2014)
Productores piden garantías de convivencia entre lo urbano y lo rural
Santiago Lauret presentó una nota solicitando que quien se instale en el sector productivo firme una declaración jurada aceptando las condiciones del entorno.
El debate (mediático) por la ampliación urbana hizo levantar las voces de los productores agropecuarios, que piden normas de convivencia claras.
Ayer, este diario publicó una entrevista a la familia Tabbia, la cual generó el apoyo de muchos propietarios de chacras que temen por su futuro ante el avance de la urbanización.
“La sociedad de Colonia Caroya no está preparada para que conviva lo urbano y lo rural; en Europa no hay ningún problema, pero no estamos en Europa”, dijeron los dueños del viñedo más grande de la Colonia, ubicado en Calle 52 Sur, a metros de donde llegaría lo urbano si se autorizan las nuevas subdivisiones.
En febrero de 2010, unos 200 productores autoconvocados se reunieron en Colonia Vicente Agüero para plantear su situación: “Las constantes interferencias en el desarrollo de nuestras actividades laborales, sobre todo la de la pulverización y uso de agroquímicos, causan conflictos entre vecinos con intervenciones policiales. Queremos seguir trabajando y produciendo como hasta ahora lo venimos realizando, sabiendo que debemos ajustarnos a las normas vigentes en relación a la manipulación y uso de agroquímicos”, decían en un comunicado en el que pedían la contratación de un Ingeniero Agrónomo que los asesore.
Acerca del ordenamiento territorial, sugerían “que quede claramente delimitada la zona rural y urbana y qué se puede hacer o no en cada una de ellas, teniendo en cuenta que muchas producciones, especialmente las frutícolas, son planificadas a 15 o más años”.
La solicitud de hace cuatro años fue “informar a quienes vayan a construir y habitar en la zona rural, que la misma tiene carácter productivo y declarar bajo juramento que acepta tales condiciones”.
Reglas claras
Si bien el tema excede a la ampliación urbana que se discute en estas semanas, ese pedido resurgió ayer ante la expansión de viviendas a sectores productivos que identifican a una comunidad que se creó hace 136 años con el perfil frutihortícola.
Es real que la mayoría de las viviendas levantadas en la zona rural son de hijos de propietarios que no pueden acceder a comprar un terreno urbano, pero hay nuevos habitantes que adquieren hectáreas rurales pensando que van a vivir en un country y no en medio de chacras productivas.
Por este último escenario, el enólogo Santiago Lauret le envió una nota al intendente Luis Grión en la que le pide “reglas de convivencia”.
“Que se haga una ordenanza o algo que establezca las reglas básicas de convivencia -añadió-. Lo hemos conversado con productores, con las Ingenieras Alicia Cavallo y Clara Cragnolini, que todo el que venga a vivir a Colonia Caroya tiene que saber que debe convivir con lo rural”.
Sugiere también que en cada pedido de autorización de planos se agregue una leyenda, en forma de declaración jurada, que explicite la aceptación de vivir en un entorno productivo: “El productor tiene que vivir de su trabajo, no podemos estar en la angustia de ahora; no están las reglas claras y una de esas es aceptar que al lado tuyo tenés un viñedo, maíz o lo que sea y sabés que tenés que convivir con eso”.
Sobre la ampliación urbana, Lauret dijo que “los dos sectores tienen razón en sus argumentos”. Por eso reitera la necesidad de establecer reglas.
“Dentro de cuatro años vamos a seguir con esta discusión que se planteó en San Durí en el 2010, que vos ponés en marcha un tractor y ya te están denunciando; hay preocupación en los productores; ahora, el que compró hectáreas rurales, ¿con qué intenciones lo hizo? Antes de comprar tenés que saber que al lado hay actividad agropecuaria”, concluyó.
Ver Noticia On Line
Más Información:
Ampliación urbana: Vecinos convocan a una asamblea pública
Carta abierta al Sr. Intendente de Colonia Caroya
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Productores piden garantías de convivencia entre lo urbano y lo rural
Santiago Lauret presentó una nota solicitando que quien se instale en el sector productivo firme una declaración jurada aceptando las condiciones del entorno.
El debate (mediático) por la ampliación urbana hizo levantar las voces de los productores agropecuarios, que piden normas de convivencia claras.
Ayer, este diario publicó una entrevista a la familia Tabbia, la cual generó el apoyo de muchos propietarios de chacras que temen por su futuro ante el avance de la urbanización.
“La sociedad de Colonia Caroya no está preparada para que conviva lo urbano y lo rural; en Europa no hay ningún problema, pero no estamos en Europa”, dijeron los dueños del viñedo más grande de la Colonia, ubicado en Calle 52 Sur, a metros de donde llegaría lo urbano si se autorizan las nuevas subdivisiones.
En febrero de 2010, unos 200 productores autoconvocados se reunieron en Colonia Vicente Agüero para plantear su situación: “Las constantes interferencias en el desarrollo de nuestras actividades laborales, sobre todo la de la pulverización y uso de agroquímicos, causan conflictos entre vecinos con intervenciones policiales. Queremos seguir trabajando y produciendo como hasta ahora lo venimos realizando, sabiendo que debemos ajustarnos a las normas vigentes en relación a la manipulación y uso de agroquímicos”, decían en un comunicado en el que pedían la contratación de un Ingeniero Agrónomo que los asesore.
Acerca del ordenamiento territorial, sugerían “que quede claramente delimitada la zona rural y urbana y qué se puede hacer o no en cada una de ellas, teniendo en cuenta que muchas producciones, especialmente las frutícolas, son planificadas a 15 o más años”.
La solicitud de hace cuatro años fue “informar a quienes vayan a construir y habitar en la zona rural, que la misma tiene carácter productivo y declarar bajo juramento que acepta tales condiciones”.
Reglas claras
Si bien el tema excede a la ampliación urbana que se discute en estas semanas, ese pedido resurgió ayer ante la expansión de viviendas a sectores productivos que identifican a una comunidad que se creó hace 136 años con el perfil frutihortícola.
Es real que la mayoría de las viviendas levantadas en la zona rural son de hijos de propietarios que no pueden acceder a comprar un terreno urbano, pero hay nuevos habitantes que adquieren hectáreas rurales pensando que van a vivir en un country y no en medio de chacras productivas.
Por este último escenario, el enólogo Santiago Lauret le envió una nota al intendente Luis Grión en la que le pide “reglas de convivencia”.
“Que se haga una ordenanza o algo que establezca las reglas básicas de convivencia -añadió-. Lo hemos conversado con productores, con las Ingenieras Alicia Cavallo y Clara Cragnolini, que todo el que venga a vivir a Colonia Caroya tiene que saber que debe convivir con lo rural”.
Sugiere también que en cada pedido de autorización de planos se agregue una leyenda, en forma de declaración jurada, que explicite la aceptación de vivir en un entorno productivo: “El productor tiene que vivir de su trabajo, no podemos estar en la angustia de ahora; no están las reglas claras y una de esas es aceptar que al lado tuyo tenés un viñedo, maíz o lo que sea y sabés que tenés que convivir con eso”.
Sobre la ampliación urbana, Lauret dijo que “los dos sectores tienen razón en sus argumentos”. Por eso reitera la necesidad de establecer reglas.
“Dentro de cuatro años vamos a seguir con esta discusión que se planteó en San Durí en el 2010, que vos ponés en marcha un tractor y ya te están denunciando; hay preocupación en los productores; ahora, el que compró hectáreas rurales, ¿con qué intenciones lo hizo? Antes de comprar tenés que saber que al lado hay actividad agropecuaria”, concluyó.
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Ampliación urbana: Vecinos convocan a una asamblea pública
Carta abierta al Sr. Intendente de Colonia Caroya
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Parque del Este: Inadmisible deterioro ambiental
La Voz del Interior (27/08/2014)
Inadmisible deterioro ambiental
El abandono del Parque del Este es una cuenta pendiente de las administraciones municipales. El lugar debe ser recuperado para el bien de la ciudad de Córdoba y de sus vecinos.
Tan sólo unas 40 cuadras hacia el este de la esquina de Colón y General Paz, parece que la Municipalidad de Córdoba ya no es la autoridad encargada de cuidar lo que allí sucede, en un inmenso terreno casi desierto.
Estamos hablando del Parque del Este, 215 hectáreas de una reserva verde que, en realidad, está absolutamente abandonada y, en consecuencia, ha sido degradada de todas las formas posibles: basurales improvisados y a cielo abierto; numerosas lagunas generadas por la extracción de áridos, y un segmento del río Suquía bastante descuidado, con varias curtiembres ubicadas aguas arriba que podrían ser agentes de contaminación. De la suma de estos elementos, resulta un fuerte olor fétido que inunda la zona.
Si se compara esta “postal” con lo que pasa en un punto más o menos equivalente del oeste urbano, se torna más incomprensible aun entender por qué las autoridades municipales no han hecho nada para impedir semejante degradación: la intersección de Colón y Sagrada Familia, donde se produjo un importante desarrollo en las últimas décadas, está más lejos de Colón y General Paz que el Parque del Este de esa misma esquina céntrica.
Por cierto, cuando hablamos de la inacción de la autoridad municipal, no estamos pensando sólo en la actual gestión: el nivel de destrucción que se advierte en Parque del Este no se generó en dos o tres años.
¿Puede estimarse el tiempo de la negligencia estatal? Hubo una época en que la zona era verdaderamente verde, ya que, como lo recordó uno de los vecinos del lugar, había numerosas quintas. Sólo sería cuestión de investigar qué les pasó a esos quinteros para comenzar a escribir la historia de este inadmisible deterioro ambiental.
Ahora, la Municipalidad, con el apoyo del Taller de Investigación de Proyectos Urbanos de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional y otras organizaciones, aspira a desarrollar allí el Polígono Científico Tecnológico.
Se habla de instalar un polo industrial de unas 45 hectáreas, destinado a laboratorios, sedes de cámaras, centros de capacitación e investigación. Pero no es fácil conseguir adherentes y no hay fondos para realizar todas las obras de servicios necesarias. Por ejemplo, hay una sola calle para acceder al predio, es de tierra y está en muy malas condiciones. La Municipalidad tiene un plan de obras viales bien diseñado, pero ¿con qué fondos lo hará realidad y en qué plazos?
Además, un sector importante de la tierra de la reserva está en manos privadas. ¿Cómo se puede acordar con los propietarios su destino y conservación si el Estado municipal no puede asegurar la participación que le corresponde?
Parque del Este –como otras zonas olvidadas– es un predio inmenso que debe ser recuperado para que la ciudad de Córdoba sea más digna de ser vivida.
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Inadmisible deterioro ambiental
El abandono del Parque del Este es una cuenta pendiente de las administraciones municipales. El lugar debe ser recuperado para el bien de la ciudad de Córdoba y de sus vecinos.
Tan sólo unas 40 cuadras hacia el este de la esquina de Colón y General Paz, parece que la Municipalidad de Córdoba ya no es la autoridad encargada de cuidar lo que allí sucede, en un inmenso terreno casi desierto.
Estamos hablando del Parque del Este, 215 hectáreas de una reserva verde que, en realidad, está absolutamente abandonada y, en consecuencia, ha sido degradada de todas las formas posibles: basurales improvisados y a cielo abierto; numerosas lagunas generadas por la extracción de áridos, y un segmento del río Suquía bastante descuidado, con varias curtiembres ubicadas aguas arriba que podrían ser agentes de contaminación. De la suma de estos elementos, resulta un fuerte olor fétido que inunda la zona.
Si se compara esta “postal” con lo que pasa en un punto más o menos equivalente del oeste urbano, se torna más incomprensible aun entender por qué las autoridades municipales no han hecho nada para impedir semejante degradación: la intersección de Colón y Sagrada Familia, donde se produjo un importante desarrollo en las últimas décadas, está más lejos de Colón y General Paz que el Parque del Este de esa misma esquina céntrica.
Por cierto, cuando hablamos de la inacción de la autoridad municipal, no estamos pensando sólo en la actual gestión: el nivel de destrucción que se advierte en Parque del Este no se generó en dos o tres años.
¿Puede estimarse el tiempo de la negligencia estatal? Hubo una época en que la zona era verdaderamente verde, ya que, como lo recordó uno de los vecinos del lugar, había numerosas quintas. Sólo sería cuestión de investigar qué les pasó a esos quinteros para comenzar a escribir la historia de este inadmisible deterioro ambiental.
Ahora, la Municipalidad, con el apoyo del Taller de Investigación de Proyectos Urbanos de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional y otras organizaciones, aspira a desarrollar allí el Polígono Científico Tecnológico.
Se habla de instalar un polo industrial de unas 45 hectáreas, destinado a laboratorios, sedes de cámaras, centros de capacitación e investigación. Pero no es fácil conseguir adherentes y no hay fondos para realizar todas las obras de servicios necesarias. Por ejemplo, hay una sola calle para acceder al predio, es de tierra y está en muy malas condiciones. La Municipalidad tiene un plan de obras viales bien diseñado, pero ¿con qué fondos lo hará realidad y en qué plazos?
Además, un sector importante de la tierra de la reserva está en manos privadas. ¿Cómo se puede acordar con los propietarios su destino y conservación si el Estado municipal no puede asegurar la participación que le corresponde?
Parque del Este –como otras zonas olvidadas– es un predio inmenso que debe ser recuperado para que la ciudad de Córdoba sea más digna de ser vivida.
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26 ago 2014
Colonia Caroya: mil árboles para repartir
Diario El Despertador de Jesús María (26/08/2014)
Disponen de mil árboles para frentistas de Colonia Caroya
El Departamento de Desarrollo Rural y Ambiente de la Municipalidad ofrece ejemplares para el arbolado urbano de la ciudad.
El 29 de agosto de 1900 fue establecido, desde el Consejo Nacional de Educación, el Día del Árbol. La iniciativa fue del Dr. Estanislao Zeballos.
En la Semana del Arbol, la Municipalidad de esta ciudad, a través del Departamento de Desarrollo Rural y Ambiente, pone a disposición mil ejemplares para el arbolado urbano.
La idea surgió del Centro Vecinal del Lote XV, cuya cúpula solicitó un trabajo en conjunto con el Estado local para arbolar las veredas céntricas.
Según un relevamiento de la comisión barrial, presidida por el Lic. Roberto Faccioli, solamente el Lote XV tiene un déficit de 250 árboles.
El Centro Vecinal Francisco Pez (Lote XI Sur) también está trabajando con el Departamento para forestar los frentes de las viviendas.
“Poner mil árboles a disposición es una buena forma de acudir al pedido de los vecinos; desde ayer estamos trayendo las plantas desde el vivero municipal a la Oficina de Ambiente para que los vecinos las retiren aquí;?nosotros les entregamos el árbol, un escrito sobre las características y los cuidados que deben tener y los vecinos deben dejar la dirección y el compromiso que lo van a colocar y cuidar”, dijo el Jefe del Departamento, Ing. Agr. Eduardo Angulo.
La idea del funcionario es armonizar el paisaje urbano con árboles similares en la misma manzana.
Se ofrecen ejemplares de aguaribay, fresno, ceibo, arce, roble, algarrobo (aunque no es recomendado para la zona urbana), jacarandá y crespón, entre otros, que son las especies más comunes en la zona urbana.
En espacios públicos y cortadas.
En el marco de la Semana del Arbol, la Municipalidad también está forestando espacios públicos, como la ciclovía que está construyendo en la Calle 14 Sur para los alumnos del Centro Educativo Gral. Manuel Belgrano.
“Está previsto colocar cortinas forestales en cortadas de ladrillos; no sólo mejoran el aspecto visual, sino que son barreras ante posibles situación de contaminación”, indicó Angulo.
Agregó que en el Vivero Municipal, ubicado detrás del Polideportivo Municipal, hay árboles de una gran variedad de especies a disposición de los habitantes caroyenses a un bajo costo, pero este programa implementado durante esta semana es sólo para el arbolado urbano.
“También queremos hacer un convenio con una escuela de La Granja para abastecernos de más árboles y poder contar con más especies autóctonas”, concluyó el funcionario municipal.
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Disponen de mil árboles para frentistas de Colonia Caroya
El Departamento de Desarrollo Rural y Ambiente de la Municipalidad ofrece ejemplares para el arbolado urbano de la ciudad.
El 29 de agosto de 1900 fue establecido, desde el Consejo Nacional de Educación, el Día del Árbol. La iniciativa fue del Dr. Estanislao Zeballos.
En la Semana del Arbol, la Municipalidad de esta ciudad, a través del Departamento de Desarrollo Rural y Ambiente, pone a disposición mil ejemplares para el arbolado urbano.
La idea surgió del Centro Vecinal del Lote XV, cuya cúpula solicitó un trabajo en conjunto con el Estado local para arbolar las veredas céntricas.
Según un relevamiento de la comisión barrial, presidida por el Lic. Roberto Faccioli, solamente el Lote XV tiene un déficit de 250 árboles.
El Centro Vecinal Francisco Pez (Lote XI Sur) también está trabajando con el Departamento para forestar los frentes de las viviendas.
“Poner mil árboles a disposición es una buena forma de acudir al pedido de los vecinos; desde ayer estamos trayendo las plantas desde el vivero municipal a la Oficina de Ambiente para que los vecinos las retiren aquí;?nosotros les entregamos el árbol, un escrito sobre las características y los cuidados que deben tener y los vecinos deben dejar la dirección y el compromiso que lo van a colocar y cuidar”, dijo el Jefe del Departamento, Ing. Agr. Eduardo Angulo.
La idea del funcionario es armonizar el paisaje urbano con árboles similares en la misma manzana.
Se ofrecen ejemplares de aguaribay, fresno, ceibo, arce, roble, algarrobo (aunque no es recomendado para la zona urbana), jacarandá y crespón, entre otros, que son las especies más comunes en la zona urbana.
En espacios públicos y cortadas.
En el marco de la Semana del Arbol, la Municipalidad también está forestando espacios públicos, como la ciclovía que está construyendo en la Calle 14 Sur para los alumnos del Centro Educativo Gral. Manuel Belgrano.
“Está previsto colocar cortinas forestales en cortadas de ladrillos; no sólo mejoran el aspecto visual, sino que son barreras ante posibles situación de contaminación”, indicó Angulo.
Agregó que en el Vivero Municipal, ubicado detrás del Polideportivo Municipal, hay árboles de una gran variedad de especies a disposición de los habitantes caroyenses a un bajo costo, pero este programa implementado durante esta semana es sólo para el arbolado urbano.
“También queremos hacer un convenio con una escuela de La Granja para abastecernos de más árboles y poder contar con más especies autóctonas”, concluyó el funcionario municipal.
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25 ago 2014
Lo que plantea la muni de Río Cuarto contra Monsanto
El Puntal de Río Cuarto (25/08/2014)
El Municipio evalúa atacar la demanda de Monsanto por sus “vicios formales”
Esta semana debe presentar sus argumentos para defender el decreto que le denegó la habilitación a la multinacional. Una de las opciones es interponer un recurso de excepción contra el planteo de la semillera
En un nuevo capítulo de lo que parecer será una larga batalla judicial, el Municipio contestará esta semana la demanda que le inició Monsanto, contra el decreto del intendente Jure, que le denegó la habilitación para radicarse en Río Cuarto. El equipo legal de la Comuna trabaja en la preparación del escrito, que presentará ante la Cámara de Apelaciones 1 en lo Contencioso Administrativo. Más allá de esto, una de las opciones que evalúan es interponer un recurso de excepción, atacando la legitimidad de la propia demanda iniciada por la multinacional. Vale recordar que la Justicia aceptó el planteo de Monsanto y avanza el juicio.
En diálogo con este diario, el subsecretario Legal y Técnico del Municipio, Ignacio Fernández Sardina, confirmó que preparan -junto al Fiscal Municipal Hernán Di Santo- la contestación de la demanda iniciada por Monsanto en mayo de este año.
Luego de recibir el traslado de la misma, la gestión de Jure tiene plazo hasta mediados de semana para presentar sus argumentos en defensa de las actuaciones administrativas y contra la propia demanda.
En mayo último, Monsanto presentó una demanda contra el decreto 1.396/13 del intendente Juan Jure con el que el decreto con que el mandatario le denegó la habilitación de la planta de experimentación de semillas de soja y maíz, en el límite sur del ejido urbano de Río Cuarto.
Una de las razones por las que Monsanto atacó el decreto es que atenta contra un principio elemental del andamiaje normativo: la igualdad ante la ley. Además, sostiene que la planta de experimentación de semillas de Río Cuarto se ajusta a todas las exigencias legales, por lo cual entiende que no hay razones para que se le rechace la habilitación municipal.
El Municipio tiene la iniciativa
Ahora, le toca al Municipio responder a esos cuestionamientos, defendiendo la legitimidad y la legalidad del decreto del intendente Jure. Vale recordar que la Cámara 1 en lo Contencioso Administrativo habilitó la instancia judicial, dio participación al Municipio y luego corrió traslado de la demanda.
Según precisó Fernández Sardina, en la contestación se presentarán argumentos “de por qué la demanda estaría mal planteada”.
“Si interponemos un recurso de excepción, la Cámara tiene que resolverlo antes de la cuestión planteada por Monsanto. En cambio, si apuntamos a la cuestión de fondo, el tribunal deberá analizar la prueba”, señaló Fernández Sardina.
Además, el subsecretario Legal y Técnico adelantó que la estrategia se terminará de definir en el transcurso de la semana. En tal sentido, dijo que se reunirá con el fiscal municipal Hernán Di Santo, para determinar el tipo de estrategia defensiva que se va a adoptar.
No se resuelve en el corto plazo
De todas formas, el funcionario aclaró que la disputa no se resolvería en el corto plazo.
Sobre este punto, explicó que luego de analizar los argumentos del Municipio y la empresa, tendrán lugar los alegatos y finalmente llegará la resolución de la Cámara.
Pero no todo termina ahí. “Se puede cuestionar en el Tribunal Superior de Justicia, e incluso intentar ir hasta la Corte Suprema”, señaló.
El 16 de mayo, último día antes de que venciera el plazo, Monsanto presentó en los tribunales una demanda en la que reclamó que el decreto 1396/13 sea declarado inconstitucional.
Desde entonces, en la Justicia se cumplieron los pasos formales que derivaron en que el litigio fuera aceptado.
El 22 de noviembre del año pasado, cuando Jure anunció que le decía “no” a Monsanto, la multinacional primero amagó con abandonar su proyecto riocuartense. Sin embargo, en diciembre presentó un recurso de reconsideración ante el propio Municipio, que fue rechazado.
“No consideramos la opción de tener un fallo adverso”
En lo que se refiere a la intervención del Municipio en el pedido de habilitación de Monsanto, Ignacio Fernández Sardina se mostró confiado en que se actuó correctamente. Además, dijo que no está en los plantes recibir un fallo adverso de la Justicia.
“Confiamos plenamente en lo que fue la actuación administrativa del Municipio. Creemos que se obró bien y sin perjuicio del derecho de defensa de la empresa, en el marco del ejercicio de las atribuciones que tiene el intendente”, sostuvo Fernández Sardina.
Por otro lado, manifestó: “No vemos como opción que la Cámara falle en contra de la Municipalidad”.
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El Municipio evalúa atacar la demanda de Monsanto por sus “vicios formales”
Esta semana debe presentar sus argumentos para defender el decreto que le denegó la habilitación a la multinacional. Una de las opciones es interponer un recurso de excepción contra el planteo de la semillera
En un nuevo capítulo de lo que parecer será una larga batalla judicial, el Municipio contestará esta semana la demanda que le inició Monsanto, contra el decreto del intendente Jure, que le denegó la habilitación para radicarse en Río Cuarto. El equipo legal de la Comuna trabaja en la preparación del escrito, que presentará ante la Cámara de Apelaciones 1 en lo Contencioso Administrativo. Más allá de esto, una de las opciones que evalúan es interponer un recurso de excepción, atacando la legitimidad de la propia demanda iniciada por la multinacional. Vale recordar que la Justicia aceptó el planteo de Monsanto y avanza el juicio.
En diálogo con este diario, el subsecretario Legal y Técnico del Municipio, Ignacio Fernández Sardina, confirmó que preparan -junto al Fiscal Municipal Hernán Di Santo- la contestación de la demanda iniciada por Monsanto en mayo de este año.
Luego de recibir el traslado de la misma, la gestión de Jure tiene plazo hasta mediados de semana para presentar sus argumentos en defensa de las actuaciones administrativas y contra la propia demanda.
En mayo último, Monsanto presentó una demanda contra el decreto 1.396/13 del intendente Juan Jure con el que el decreto con que el mandatario le denegó la habilitación de la planta de experimentación de semillas de soja y maíz, en el límite sur del ejido urbano de Río Cuarto.
Una de las razones por las que Monsanto atacó el decreto es que atenta contra un principio elemental del andamiaje normativo: la igualdad ante la ley. Además, sostiene que la planta de experimentación de semillas de Río Cuarto se ajusta a todas las exigencias legales, por lo cual entiende que no hay razones para que se le rechace la habilitación municipal.
El Municipio tiene la iniciativa
Ahora, le toca al Municipio responder a esos cuestionamientos, defendiendo la legitimidad y la legalidad del decreto del intendente Jure. Vale recordar que la Cámara 1 en lo Contencioso Administrativo habilitó la instancia judicial, dio participación al Municipio y luego corrió traslado de la demanda.
Según precisó Fernández Sardina, en la contestación se presentarán argumentos “de por qué la demanda estaría mal planteada”.
“Si interponemos un recurso de excepción, la Cámara tiene que resolverlo antes de la cuestión planteada por Monsanto. En cambio, si apuntamos a la cuestión de fondo, el tribunal deberá analizar la prueba”, señaló Fernández Sardina.
Además, el subsecretario Legal y Técnico adelantó que la estrategia se terminará de definir en el transcurso de la semana. En tal sentido, dijo que se reunirá con el fiscal municipal Hernán Di Santo, para determinar el tipo de estrategia defensiva que se va a adoptar.
No se resuelve en el corto plazo
De todas formas, el funcionario aclaró que la disputa no se resolvería en el corto plazo.
Sobre este punto, explicó que luego de analizar los argumentos del Municipio y la empresa, tendrán lugar los alegatos y finalmente llegará la resolución de la Cámara.
Pero no todo termina ahí. “Se puede cuestionar en el Tribunal Superior de Justicia, e incluso intentar ir hasta la Corte Suprema”, señaló.
El 16 de mayo, último día antes de que venciera el plazo, Monsanto presentó en los tribunales una demanda en la que reclamó que el decreto 1396/13 sea declarado inconstitucional.
Desde entonces, en la Justicia se cumplieron los pasos formales que derivaron en que el litigio fuera aceptado.
El 22 de noviembre del año pasado, cuando Jure anunció que le decía “no” a Monsanto, la multinacional primero amagó con abandonar su proyecto riocuartense. Sin embargo, en diciembre presentó un recurso de reconsideración ante el propio Municipio, que fue rechazado.
“No consideramos la opción de tener un fallo adverso”
En lo que se refiere a la intervención del Municipio en el pedido de habilitación de Monsanto, Ignacio Fernández Sardina se mostró confiado en que se actuó correctamente. Además, dijo que no está en los plantes recibir un fallo adverso de la Justicia.
“Confiamos plenamente en lo que fue la actuación administrativa del Municipio. Creemos que se obró bien y sin perjuicio del derecho de defensa de la empresa, en el marco del ejercicio de las atribuciones que tiene el intendente”, sostuvo Fernández Sardina.
Por otro lado, manifestó: “No vemos como opción que la Cámara falle en contra de la Municipalidad”.
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Adelia María contará con un predio para fumigadores
El Puntal de Río Cuarto (25/08/2014)
Adelia María contará con un predio para equipos fumigadores
El lugar está ubicado al oeste de la localidad, lejos del zona urbanizada. En el mismo sector se habilitará un espacio para los depósitos de agrotóxicos
Adelia María.- Un predio para el resguardo de equipos de fumigación se está construyendo en esta localidad y procura evitar que maquinarias con rezagos de productos químicos circulen o permanezcan dentro de la zona urbanizada.
La Municipalidad viene construyendo este lugar para guarda y además se contempla para el futuro la posibilidad de contar con otro espacio donde trasladar todos los depósitos de agrotóxicos que hoy existen en la localidad.
Todo ha sido planificado con proyección de futuro. Es decir, se ha contemplado la reserva de este lugar al oeste del pueblo, pero con el detalle que por allí no se concretarán edificaciones familiares a los fines de alejarlas de los riesgos de los agroquímicos. Por otro, se pretende contar con un espacio de almacenamiento general de todos los productos existentes en la localidad a los fines de resguardar la salud poblacional y contener un espacio reservado únicamente para estos herbicidas.
El intendente Javier Rezza mostró parte de los trabajos que se vienen efectuando en los predios. De este modo, Adelia María será pionera en la organización, guarda de productos y equipos de aplicación con espacios cercados.
"Si bien el sistema de aplicación en nuestra provincia hoy está muy avanzado, era necesario concretar un espacio con todos los adelantos para preservar la integridad de todos", explicó el titular de la Municipalidad local.
Rezza sostuvo que en la actualidad los obreros vienen realizando tareas de instalación de los cercos perimetrales y la conexión eléctrica en todos los sectores, para su pronta habilitación. La obra lleva menos de un año en ejecución y se estima que estará lista en los próximos meses.
El lugar ha sido dividido en calles internas y espacios individuales de tal modo que los propietarios de las máquinas de aplicación puedan maniobrar con libertad. “Esto parece un barrio de fumigadores", expresó uno de los obreros que trabajaba en el lugar en virtud que las calles internas se asemejan un asentamiento poblacional, pero en vez de viviendas serán los clásicos "mosquitos" los que queden en guarda en ese sector.
Plazos
De acuerdo al plan previsto por el gobierno municipal para el año 2017, todas las empresas que comercializan productos agroquímicos como los propietarios de maquinarias fumigadoras deberán estar fuera del ejido urbano y tendrán que reubicarse en los predios que la Municipalidad local adquirió a la vera de la ruta provincial E-86.
El proyecto que se gestó a poco de iniciar su mandato el intendente Javier Rezza procura dar un espacio adecuado a estos comercios y reducir al mínimo los riesgos de contaminación o accidentes en la zona urbana, donde actualmente se encuentra la mayoría de los locales que trabajan con agrotóxicos.
En la actualidad ya son ocho las empresas que adquirieron sus terrenos en este nuevo espacio.
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Adelia María contará con un predio para equipos fumigadores
El lugar está ubicado al oeste de la localidad, lejos del zona urbanizada. En el mismo sector se habilitará un espacio para los depósitos de agrotóxicos
Adelia María.- Un predio para el resguardo de equipos de fumigación se está construyendo en esta localidad y procura evitar que maquinarias con rezagos de productos químicos circulen o permanezcan dentro de la zona urbanizada.
La Municipalidad viene construyendo este lugar para guarda y además se contempla para el futuro la posibilidad de contar con otro espacio donde trasladar todos los depósitos de agrotóxicos que hoy existen en la localidad.
Todo ha sido planificado con proyección de futuro. Es decir, se ha contemplado la reserva de este lugar al oeste del pueblo, pero con el detalle que por allí no se concretarán edificaciones familiares a los fines de alejarlas de los riesgos de los agroquímicos. Por otro, se pretende contar con un espacio de almacenamiento general de todos los productos existentes en la localidad a los fines de resguardar la salud poblacional y contener un espacio reservado únicamente para estos herbicidas.
El intendente Javier Rezza mostró parte de los trabajos que se vienen efectuando en los predios. De este modo, Adelia María será pionera en la organización, guarda de productos y equipos de aplicación con espacios cercados.
"Si bien el sistema de aplicación en nuestra provincia hoy está muy avanzado, era necesario concretar un espacio con todos los adelantos para preservar la integridad de todos", explicó el titular de la Municipalidad local.
Rezza sostuvo que en la actualidad los obreros vienen realizando tareas de instalación de los cercos perimetrales y la conexión eléctrica en todos los sectores, para su pronta habilitación. La obra lleva menos de un año en ejecución y se estima que estará lista en los próximos meses.
El lugar ha sido dividido en calles internas y espacios individuales de tal modo que los propietarios de las máquinas de aplicación puedan maniobrar con libertad. “Esto parece un barrio de fumigadores", expresó uno de los obreros que trabajaba en el lugar en virtud que las calles internas se asemejan un asentamiento poblacional, pero en vez de viviendas serán los clásicos "mosquitos" los que queden en guarda en ese sector.
Plazos
De acuerdo al plan previsto por el gobierno municipal para el año 2017, todas las empresas que comercializan productos agroquímicos como los propietarios de maquinarias fumigadoras deberán estar fuera del ejido urbano y tendrán que reubicarse en los predios que la Municipalidad local adquirió a la vera de la ruta provincial E-86.
El proyecto que se gestó a poco de iniciar su mandato el intendente Javier Rezza procura dar un espacio adecuado a estos comercios y reducir al mínimo los riesgos de contaminación o accidentes en la zona urbana, donde actualmente se encuentra la mayoría de los locales que trabajan con agrotóxicos.
En la actualidad ya son ocho las empresas que adquirieron sus terrenos en este nuevo espacio.
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El Alfil un poco tendencioso, pro Monsanto
Diario El Alfil (25/08/2014)
El mayor desempleo del país y sigue demorando radicación de Monsanto
Mientras el empleo cae, los funcionarios se escudan en pocas convincentes razones burocráticas para dilatar las autorizaciones a Monsanto. Lo último que se sabe es que desde la Secretaría de Ambiente se rechazó el estudio de impacto ambiental presentado por la firma por aspectos que, a juicio de algunos expertos, parecen excusas para no tomar la decisión que corresponde, que no es otra que la aprobación del expediente.
Es raro: en el mismo momento en que Córdoba presenta la mayor tasa de desempleo del país (el 10,2%, según el INDEC), la provincia no mueve un dedo para agilizar el proceso de radicación de la multinacional Monsanto en Malvinas Argentinas. Esta parsimonia no es patrimonio sólo del gobierno de José Manuel De la Sota: ningún referente de la clase política se ha mostrado demasiado activo para reclamar que esta inversión finalmente se concrete.
Es fácil advertir que el escenario provincial dista de ser auspicioso en materia laboral. En el gran Córdoba hay 80 mil personas sin trabajo, mientras que otras 82 mil se encuentran subocupadas. Las automotrices y autopartistas hace ya tiempo que suspenden a su personal por diferentes causas (entre las que se cuentan la caída de la demanda y las trabas kafkianas a las importaciones de insumos), mientras que crece semanalmente el número de comercios que baja sus persianas.
En los últimos tiempos han cerrado dos importantes frigoríficos, con una pérdida neta de centenares de puestos de trabajo. El contrasentido de ser el país con la mejor carne del mundo y mostrar una industria frigorífica al borde de la extinción es tal que el propio gobernador salió a acusar al gobierno de Cristina Fernández de ser el responsable de esta lamentable paradoja.
Sin embargo, la gravedad de esta situación no alcanza a conmover, aparentemente, el impasse en que se encuentra la autorización final para que Monsanto comience a producir semillas. Mientras el empleo cae, los funcionarios se escudan en pocas convincentes razones burocráticas para dilatar las autorizaciones de rigor. Lo último que se sabe es que desde la Secretaría de Ambiente se rechazó el estudio de impacto ambiental presentado por la firma por aspectos que, a juicio de algunos expertos, parecen excusas para no tomar la decisión que corresponde, que no es otra que la aprobación del expediente.
Lo llamativo del caso es que, por lo bajo, funcionarios y políticos coinciden en que Monsanto debería comenzar a producir cuanto antes. Ningún experto serio objeta la radicación, ni señala que su impacto ambiental no sea mitigable. Además, el hecho de sumar 800 nuevos puestos de trabajo (entre directos e indirectos) hace que la inversión sea vista como un bálsamo dentro de un entorno económico recesivo y con pronóstico reservado.
Sin embargo, nadie sale a reclamar por la reactivación del proceso de autorización pendiente. La coincidencia subterránea sobre las bondades del proyecto se vuelve invisible tan pronto se demanda que sea expuesta ante la opinión pública. ¿Qué es lo que paraliza a tanta gente para tomar las decisiones que, a todas luces, aparecen como pertinentes y necesarias?
La razón es simple de entender pero imposible de aceptar: la extorsión de grupos pretendidamente ambientalistas que, sin mayores razones ni argumentos científicos, se oponen a la radicación. Es cierto que no son muchos ni cuentan con adhesiones relevantes pero, como toda cruzada que inventa la izquierda más cavernaria, siempre es ruidosa y amenazante. La sola perspectiva de disturbios, heridos o corridas obra como un eficaz paralizante de los propósitos más urgentes en el marco de la actual situación socioeconómica.
Conste que, en este caso en particular, no se trata de combatir a la extorsión izquierdista con otra –no menos extorsiva– por la cual se amenaza con más desempleo de no aceptarse una industria probadamente contaminante. Estas líneas no serían escritas si, en definitiva, el establecimiento de Monsanto significase un intercambio de puestos de trabajo por la admisión de un impacto ambiental cierto e irreparable.
Pero nada de esto ocurre en este caso. No existe ninguna evidencia científica que pueda sostener que la planta de esta multinacional entrañe riesgos ecológicos. De hecho, la empresa tiene funcionando una similar a la proyectada en la localidad bonaerense de Rojas sin que allí nada haya sucedido, ni la comunidad se sienta afectada por su funcionamiento. Además, en la provincia de Córdoba existen otras plantas que llevan adelante similares procesos productivos, sin que nunca se haya puesto en duda su sustentabilidad.
Quizá la única razón por la que exista tanta oposición en ciertos grupos ecologistas sea porque, en definitiva, la compañía se llame Monsanto. No importa que la firma sea líder mundial en biotecnología y que haya contribuido decisivamente a paliar el hambre del mundo, sino el hecho (aparentemente diabólico) de tener origen estadounidense y de contar con patentes que le han permitido ganar mucho dinero. Estos antecedentes funcionan como mecanismos de perturbación para nuestros marxistas quienes, con las pruebas a la vista, detestan que existan nuevos obreros y más puestos de trabajo con los cuales hacer la revolución. Es ya un clásico advertir que la izquierda argentina se siente más a gusto con el empleo público que con el privado, como si el primero fuera genuinamente sustentable y el segundo la antesala al pecado ideológico.
No se tilde de exagerado tal juicio. Baste advertir lo ocurrido con la imprenta RR Donnelly en el conurbano bonaerense para advertir la triste realidad de lo que ocurre con la inversión privada en el país. El cierre de esta imprenta fue motivado, entre otros factores, porque se le hizo imposible producir con las trabas al comercio exterior que la Nación ha establecido para detener la sangría de dólares de la que adolece. Pero, y a pesar que las evidentes razones de su quebranto, la primera reacción de sus obreros fue reclamar la estatización, del mismo modo que la Casa Rosada lo hizo con la ex Ciccone y como si el propio Estado no fuera el responsable de esta situación. No existen dudas que, si en lugar de Monsanto, fuera alguna clase de engendro estatal el que el que intentara fabricar alguna semilla “nacional y popular” en Malvinas Argentinas no habría protestas ni histeria alguna, aunque tampoco –de más está decirlo– producción de cualquier clase.
Por supuesto que la izquierda ambientalista, el catastrofismo ecologista o los enojados de siempre tienen todo el derecho del mundo a protestar. La Constitución garantiza la libre expresión, por lo que su punto de vista debe ser respetado. Pero una cosa es escucharlo y otra muy distinta paralizarse ante sus amenazas de caos y revueltas. Estos grupos tienen muy en claro que las sociedades modernas no toleran por demasiado tiempo ni los cortes de ruta ni las gomas ardiendo y que, debido a este umbral tan bajo, suelen desentenderse de los esfuerzos de sus gobernantes por generar más inversión y puestos de trabajo. Además, el hombre moderno parece haber regresado a cierta precariedad conceptual, en donde cualquier cambio amenaza con calamidades milenaristas que, sometidas al rigor de la ciencia, de ninguna manera son tales.
De cualquier manera, los gobiernos deben hacer lo correcto, más allá de las amenazas de estos grupos minoritarios. Y, en este caso, lo correcto es hacer que Monsanto comience a trabajar cuanto antes. Buena parte de la estructura económica de la provincia es agropecuaria, por lo que este proyecto es consistente con su perfil productivo. Por cierto, tal responsabilidad debería ser compartida por la oposición. Ningún dirigente de los principales partidos se ha opuesto a la radicación (de hecho, Malvinas Argentinas tiene un intendente radical), pero tampoco la han apoyado públicamente pese a que, en privado, destacan sus bondades. Es evidente que la clase política tiene miedo de meter la pata ante el temor irracional de la contaminación y otras calamidades, poniéndose por detrás a la sociedad cuando, en rigor, debería ocurrir lo contrario.
Mientras esto sucede, se siguen perdiendo puestos de trabajo. Es una verdadera pena observar de cómo, todos los días, caen baldazos de agua helada –tan de moda en las redes sociales– sobre el empleo, cuando la provincia tiene a mano una oportunidad muy concreta de crear cientos de ellos en el ámbito privado a condición que exista el coraje necesario para enfrentar las críticas de los oscurantistas de siempre.
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El mayor desempleo del país y sigue demorando radicación de Monsanto
Mientras el empleo cae, los funcionarios se escudan en pocas convincentes razones burocráticas para dilatar las autorizaciones a Monsanto. Lo último que se sabe es que desde la Secretaría de Ambiente se rechazó el estudio de impacto ambiental presentado por la firma por aspectos que, a juicio de algunos expertos, parecen excusas para no tomar la decisión que corresponde, que no es otra que la aprobación del expediente.
Es raro: en el mismo momento en que Córdoba presenta la mayor tasa de desempleo del país (el 10,2%, según el INDEC), la provincia no mueve un dedo para agilizar el proceso de radicación de la multinacional Monsanto en Malvinas Argentinas. Esta parsimonia no es patrimonio sólo del gobierno de José Manuel De la Sota: ningún referente de la clase política se ha mostrado demasiado activo para reclamar que esta inversión finalmente se concrete.
Es fácil advertir que el escenario provincial dista de ser auspicioso en materia laboral. En el gran Córdoba hay 80 mil personas sin trabajo, mientras que otras 82 mil se encuentran subocupadas. Las automotrices y autopartistas hace ya tiempo que suspenden a su personal por diferentes causas (entre las que se cuentan la caída de la demanda y las trabas kafkianas a las importaciones de insumos), mientras que crece semanalmente el número de comercios que baja sus persianas.
En los últimos tiempos han cerrado dos importantes frigoríficos, con una pérdida neta de centenares de puestos de trabajo. El contrasentido de ser el país con la mejor carne del mundo y mostrar una industria frigorífica al borde de la extinción es tal que el propio gobernador salió a acusar al gobierno de Cristina Fernández de ser el responsable de esta lamentable paradoja.
Sin embargo, la gravedad de esta situación no alcanza a conmover, aparentemente, el impasse en que se encuentra la autorización final para que Monsanto comience a producir semillas. Mientras el empleo cae, los funcionarios se escudan en pocas convincentes razones burocráticas para dilatar las autorizaciones de rigor. Lo último que se sabe es que desde la Secretaría de Ambiente se rechazó el estudio de impacto ambiental presentado por la firma por aspectos que, a juicio de algunos expertos, parecen excusas para no tomar la decisión que corresponde, que no es otra que la aprobación del expediente.
Lo llamativo del caso es que, por lo bajo, funcionarios y políticos coinciden en que Monsanto debería comenzar a producir cuanto antes. Ningún experto serio objeta la radicación, ni señala que su impacto ambiental no sea mitigable. Además, el hecho de sumar 800 nuevos puestos de trabajo (entre directos e indirectos) hace que la inversión sea vista como un bálsamo dentro de un entorno económico recesivo y con pronóstico reservado.
Sin embargo, nadie sale a reclamar por la reactivación del proceso de autorización pendiente. La coincidencia subterránea sobre las bondades del proyecto se vuelve invisible tan pronto se demanda que sea expuesta ante la opinión pública. ¿Qué es lo que paraliza a tanta gente para tomar las decisiones que, a todas luces, aparecen como pertinentes y necesarias?
La razón es simple de entender pero imposible de aceptar: la extorsión de grupos pretendidamente ambientalistas que, sin mayores razones ni argumentos científicos, se oponen a la radicación. Es cierto que no son muchos ni cuentan con adhesiones relevantes pero, como toda cruzada que inventa la izquierda más cavernaria, siempre es ruidosa y amenazante. La sola perspectiva de disturbios, heridos o corridas obra como un eficaz paralizante de los propósitos más urgentes en el marco de la actual situación socioeconómica.
Conste que, en este caso en particular, no se trata de combatir a la extorsión izquierdista con otra –no menos extorsiva– por la cual se amenaza con más desempleo de no aceptarse una industria probadamente contaminante. Estas líneas no serían escritas si, en definitiva, el establecimiento de Monsanto significase un intercambio de puestos de trabajo por la admisión de un impacto ambiental cierto e irreparable.
Pero nada de esto ocurre en este caso. No existe ninguna evidencia científica que pueda sostener que la planta de esta multinacional entrañe riesgos ecológicos. De hecho, la empresa tiene funcionando una similar a la proyectada en la localidad bonaerense de Rojas sin que allí nada haya sucedido, ni la comunidad se sienta afectada por su funcionamiento. Además, en la provincia de Córdoba existen otras plantas que llevan adelante similares procesos productivos, sin que nunca se haya puesto en duda su sustentabilidad.
Quizá la única razón por la que exista tanta oposición en ciertos grupos ecologistas sea porque, en definitiva, la compañía se llame Monsanto. No importa que la firma sea líder mundial en biotecnología y que haya contribuido decisivamente a paliar el hambre del mundo, sino el hecho (aparentemente diabólico) de tener origen estadounidense y de contar con patentes que le han permitido ganar mucho dinero. Estos antecedentes funcionan como mecanismos de perturbación para nuestros marxistas quienes, con las pruebas a la vista, detestan que existan nuevos obreros y más puestos de trabajo con los cuales hacer la revolución. Es ya un clásico advertir que la izquierda argentina se siente más a gusto con el empleo público que con el privado, como si el primero fuera genuinamente sustentable y el segundo la antesala al pecado ideológico.
No se tilde de exagerado tal juicio. Baste advertir lo ocurrido con la imprenta RR Donnelly en el conurbano bonaerense para advertir la triste realidad de lo que ocurre con la inversión privada en el país. El cierre de esta imprenta fue motivado, entre otros factores, porque se le hizo imposible producir con las trabas al comercio exterior que la Nación ha establecido para detener la sangría de dólares de la que adolece. Pero, y a pesar que las evidentes razones de su quebranto, la primera reacción de sus obreros fue reclamar la estatización, del mismo modo que la Casa Rosada lo hizo con la ex Ciccone y como si el propio Estado no fuera el responsable de esta situación. No existen dudas que, si en lugar de Monsanto, fuera alguna clase de engendro estatal el que el que intentara fabricar alguna semilla “nacional y popular” en Malvinas Argentinas no habría protestas ni histeria alguna, aunque tampoco –de más está decirlo– producción de cualquier clase.
Por supuesto que la izquierda ambientalista, el catastrofismo ecologista o los enojados de siempre tienen todo el derecho del mundo a protestar. La Constitución garantiza la libre expresión, por lo que su punto de vista debe ser respetado. Pero una cosa es escucharlo y otra muy distinta paralizarse ante sus amenazas de caos y revueltas. Estos grupos tienen muy en claro que las sociedades modernas no toleran por demasiado tiempo ni los cortes de ruta ni las gomas ardiendo y que, debido a este umbral tan bajo, suelen desentenderse de los esfuerzos de sus gobernantes por generar más inversión y puestos de trabajo. Además, el hombre moderno parece haber regresado a cierta precariedad conceptual, en donde cualquier cambio amenaza con calamidades milenaristas que, sometidas al rigor de la ciencia, de ninguna manera son tales.
De cualquier manera, los gobiernos deben hacer lo correcto, más allá de las amenazas de estos grupos minoritarios. Y, en este caso, lo correcto es hacer que Monsanto comience a trabajar cuanto antes. Buena parte de la estructura económica de la provincia es agropecuaria, por lo que este proyecto es consistente con su perfil productivo. Por cierto, tal responsabilidad debería ser compartida por la oposición. Ningún dirigente de los principales partidos se ha opuesto a la radicación (de hecho, Malvinas Argentinas tiene un intendente radical), pero tampoco la han apoyado públicamente pese a que, en privado, destacan sus bondades. Es evidente que la clase política tiene miedo de meter la pata ante el temor irracional de la contaminación y otras calamidades, poniéndose por detrás a la sociedad cuando, en rigor, debería ocurrir lo contrario.
Mientras esto sucede, se siguen perdiendo puestos de trabajo. Es una verdadera pena observar de cómo, todos los días, caen baldazos de agua helada –tan de moda en las redes sociales– sobre el empleo, cuando la provincia tiene a mano una oportunidad muy concreta de crear cientos de ellos en el ámbito privado a condición que exista el coraje necesario para enfrentar las críticas de los oscurantistas de siempre.
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Otro espacio verde en decadencia
Día a Día (25/08/2014)
El Paseo del Suquía está desagradable
Las costas del río que fueron recuperadas el año pasado están deterioradas. Hay juegos vandalizados y sectores con yuyos altos. La Provincia dice que está realizando el mantenimiento.
Las costas del río Suquía, esas que la Provincia había recuperado para que los vecinos de la ciudad ganaran un espacio verde más, están muy degradadas. El tramo que comprende el puente Centenario hasta el Nudo Vial Mitre se inauguró en julio del año pasado, pero lo cierto es que en este tiempo se han visto más daños que personas haciendo deportes o tomando mate.
Desde el puente Santa Fe hasta casi el Centro Cívico –por obras, por destrucción o por falta de mantenimiento–, hay muy pocos sectores que se pueden disfrutar realmente.
La temporada de lluvias de verano y la consecuente crecida del río aportaron su grado de devastación. El agua arrastró champas y afectó el concreto con el que se reparó la canalización del río. Pese a que “la seca” arrancó hace meses, los trabajos de restauración recién han comenzado.
Los vándalos también aportan lo suyo. En la zona del puente peatonal Suquía, uno de los tramos más céntricos del paseo, la destrucción de los aparatos para hacer gimnasia es una invitación a retirarse del lugar. Como lo es también la montaña de escombros que rodea a los juegos colocados a la altura del puente Maipú.
Pero además, hay que sumarle a estos problemas de infraestructura una delicada situación social, ya que desde el puente Centenario hasta el Alvear, Día a Día pudo constatar que hay varios vecinos en situación de calle que viven en las márgenes del río sin ningún tipo de asistencia. Puntualmente, en la Plaza Austria, debajo del puente peatonal Suquía y también en el sector que va desde el puente Santa Fe hasta el Antártida.
Además, en este tramo, que es el más utilizado por los vecinos, los yuyos han ganado altura y presencia, y quienes optan por pasar un rato a la vera del río prefieren armar su pic-nic en el cemento y no en el pasto.
Prometen mejoras. La Provincia, encargada del mantenimiento del Suquía y sus costas, reconoce los problemas que está teniendo el río. Desde el Ministerio de Agua, Ambiente y Energía aseguraron que se trabaja para mejorar la situación.
“A la altura del puente Maipú, se ven escombros porque se está ejecutando la obra de recuperación de ese sector, que fue muy afectado por las crecientes del verano. Estamos con un plan de obras para reparar los daños aprovechando la época seca”, aseguró Edgar Castelló, secretario de Recursos Hídricos de la Provincia.
El funcionario explicó que hasta el momento se han realizado movimientos de tierra para tratar de recuperar el pasto que se había plantado en la zona que se inauguró el año pasado, e indicó que se colocarán nuevas champas en algunos puntos para tratar de que crezca y se afirme en el suelo para evitar que nuevas crecientes laven todo.
Además, los equipos que trabajan en la zona tienen que reparar la canalización de hormigón en un sector donde el agua rompió el recubrimiento. Por otro lado, la promesa de la Provincia es que esta semana comenzarán a cortar los yuyos y a juntar la basura en la zona del puente Santa Fe.
El secretario puntualizó que como la obra de recuperación de costas del Suquía está en garantía, el mantenimiento no tiene costo, y agregó que existe un presupuesto de ocho millones de pesos para trabajos a lo largo de todo el curso de agua en la ciudad.
Así, Castelló justificó: “Las tareas de mantenimiento son lógicas, más para una obra como esta, ya que cuando llueve el río crece. Respecto al vandalismo, no podemos hacer mucho. Frente al puente peatonal Suquía hay una comisaría, pero eso no amedrenta a quienes rompen los gimnasios. Es verdad que los vecinos no se han apropiado de este nuevo espacio, creo que por una cuestión de seguridad, ya que cuando llega la noche, si bien está todo iluminado, quedan muy pocas personas en la zona”.
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El Paseo del Suquía está desagradable
Las costas del río que fueron recuperadas el año pasado están deterioradas. Hay juegos vandalizados y sectores con yuyos altos. La Provincia dice que está realizando el mantenimiento.
Las costas del río Suquía, esas que la Provincia había recuperado para que los vecinos de la ciudad ganaran un espacio verde más, están muy degradadas. El tramo que comprende el puente Centenario hasta el Nudo Vial Mitre se inauguró en julio del año pasado, pero lo cierto es que en este tiempo se han visto más daños que personas haciendo deportes o tomando mate.
Desde el puente Santa Fe hasta casi el Centro Cívico –por obras, por destrucción o por falta de mantenimiento–, hay muy pocos sectores que se pueden disfrutar realmente.
La temporada de lluvias de verano y la consecuente crecida del río aportaron su grado de devastación. El agua arrastró champas y afectó el concreto con el que se reparó la canalización del río. Pese a que “la seca” arrancó hace meses, los trabajos de restauración recién han comenzado.
Los vándalos también aportan lo suyo. En la zona del puente peatonal Suquía, uno de los tramos más céntricos del paseo, la destrucción de los aparatos para hacer gimnasia es una invitación a retirarse del lugar. Como lo es también la montaña de escombros que rodea a los juegos colocados a la altura del puente Maipú.
Pero además, hay que sumarle a estos problemas de infraestructura una delicada situación social, ya que desde el puente Centenario hasta el Alvear, Día a Día pudo constatar que hay varios vecinos en situación de calle que viven en las márgenes del río sin ningún tipo de asistencia. Puntualmente, en la Plaza Austria, debajo del puente peatonal Suquía y también en el sector que va desde el puente Santa Fe hasta el Antártida.
Además, en este tramo, que es el más utilizado por los vecinos, los yuyos han ganado altura y presencia, y quienes optan por pasar un rato a la vera del río prefieren armar su pic-nic en el cemento y no en el pasto.
Prometen mejoras. La Provincia, encargada del mantenimiento del Suquía y sus costas, reconoce los problemas que está teniendo el río. Desde el Ministerio de Agua, Ambiente y Energía aseguraron que se trabaja para mejorar la situación.
“A la altura del puente Maipú, se ven escombros porque se está ejecutando la obra de recuperación de ese sector, que fue muy afectado por las crecientes del verano. Estamos con un plan de obras para reparar los daños aprovechando la época seca”, aseguró Edgar Castelló, secretario de Recursos Hídricos de la Provincia.
El funcionario explicó que hasta el momento se han realizado movimientos de tierra para tratar de recuperar el pasto que se había plantado en la zona que se inauguró el año pasado, e indicó que se colocarán nuevas champas en algunos puntos para tratar de que crezca y se afirme en el suelo para evitar que nuevas crecientes laven todo.
Además, los equipos que trabajan en la zona tienen que reparar la canalización de hormigón en un sector donde el agua rompió el recubrimiento. Por otro lado, la promesa de la Provincia es que esta semana comenzarán a cortar los yuyos y a juntar la basura en la zona del puente Santa Fe.
El secretario puntualizó que como la obra de recuperación de costas del Suquía está en garantía, el mantenimiento no tiene costo, y agregó que existe un presupuesto de ocho millones de pesos para trabajos a lo largo de todo el curso de agua en la ciudad.
Así, Castelló justificó: “Las tareas de mantenimiento son lógicas, más para una obra como esta, ya que cuando llueve el río crece. Respecto al vandalismo, no podemos hacer mucho. Frente al puente peatonal Suquía hay una comisaría, pero eso no amedrenta a quienes rompen los gimnasios. Es verdad que los vecinos no se han apropiado de este nuevo espacio, creo que por una cuestión de seguridad, ya que cuando llega la noche, si bien está todo iluminado, quedan muy pocas personas en la zona”.
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Se espera una primavera lluviosa
El Diario de Villa María (25/08/2014)
“Para esta primavera se esperan entre 140% y 200% más de lluvia”
El observador meteorológico Mario Navarro brindó un panorama sobre la estación que viene, haciendo hincapié en el aumento de precipitaciones
El panorama climático parece no ser el mejor a seis meses de la inundación que vulneró, no sólo las márgenes del río, sino también muchos hogares de familias que, con preocupación de que se repita un suceso similar, aún esperan respuestas en cuanto a la finalización de obras.
Es que, según adelantó el observador meteorológico Mario Navarro a EL DIARIO, para la primavera que se avecina, “se esperan entre 140% y 200% más de lluvia con respecto al año pasado”.
Navarro, con más de 25 años de experiencia en la actividad meteorológica, brindó una perspectiva para nuestra parte de la provincia en cuanto a lo que se puede esperar de lo que resta del invierno y, sobre todo, en los últimos tres meses del año.
Consultado sobre las posibilidades de precipitaciones, explicó que “el año pasado solamente había llovido entre 80 y 100 milímetros de septiembre a diciembre, en cambio para ahora se esperan entre 200 y 300 milímetros hasta final de año”. De hecho, según los valores de la Bolsa de Cereales de Córdoba, el promedio de lluvias en nuestra ciudad entre septiembre y diciembre de 2013 fue de 102 milímetros.
“Todos los meses va a llover, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, con valores normales en la mayoría de los casos, salvo en noviembre y diciembre que pueden dispararse un poco con más agua de la normal, pero respecto a los valores del año pasado, estaremos entre 140% y 200% más de milímetros”, detalló.
Con respecto a las temperaturas, estimó que “podremos tener valores de unos 35º, con mucha humedad y sensación térmica que alcance los 45º en octubre y noviembre”.
El panorama a corto plazo
En primer lugar, Navarro se encargó de dejar en claro que los fuertes calores que se registraron, por ejemplo, la semana pasada “son absolutamente normales”, y para justificar esto, recordó que “el récord de temperatura en agosto es de 38º y este año llegamos a unos 34º”, además sostuvo que “agosto, octubre y noviembre son meses en donde hemos tenido temperaturas de más de 40º, el año pasado hizo 40º 3 en septiembre, pero no creo que lleguemos a eso este año”.
El observador meteorológico sostuvo, sobre la estación en curso y en referencia al frío, que “todas las olas de frío que hubo hasta el momento se dieron dentro de lo normal”, y reveló que, hasta el momento “hemos tenido 23 heladas en lo que va del año, cuando un promedio normal son 38”, por eso, advirtió que “hasta el 5 de octubre, todavía quedan entre cuatro y seis heladas más por venir”.
Sobre los próximos días, pronosticó que “la semana que viene está la posibilidad de tormentas, lluvias y fríos, y para la otra semana vamos a tener heladas, con mínimas entre 3º y 5º, y máximas de 15º ó 18º, después tendremos nuevamente valores de entre 20º y 24º”.
Además, explicó que “la tormenta de Santa Rosa podría tener lugar en los últimos días de agosto y principios de septiembre”.
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“Para esta primavera se esperan entre 140% y 200% más de lluvia”
El observador meteorológico Mario Navarro brindó un panorama sobre la estación que viene, haciendo hincapié en el aumento de precipitaciones
El panorama climático parece no ser el mejor a seis meses de la inundación que vulneró, no sólo las márgenes del río, sino también muchos hogares de familias que, con preocupación de que se repita un suceso similar, aún esperan respuestas en cuanto a la finalización de obras.
Es que, según adelantó el observador meteorológico Mario Navarro a EL DIARIO, para la primavera que se avecina, “se esperan entre 140% y 200% más de lluvia con respecto al año pasado”.
Navarro, con más de 25 años de experiencia en la actividad meteorológica, brindó una perspectiva para nuestra parte de la provincia en cuanto a lo que se puede esperar de lo que resta del invierno y, sobre todo, en los últimos tres meses del año.
Consultado sobre las posibilidades de precipitaciones, explicó que “el año pasado solamente había llovido entre 80 y 100 milímetros de septiembre a diciembre, en cambio para ahora se esperan entre 200 y 300 milímetros hasta final de año”. De hecho, según los valores de la Bolsa de Cereales de Córdoba, el promedio de lluvias en nuestra ciudad entre septiembre y diciembre de 2013 fue de 102 milímetros.
“Todos los meses va a llover, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, con valores normales en la mayoría de los casos, salvo en noviembre y diciembre que pueden dispararse un poco con más agua de la normal, pero respecto a los valores del año pasado, estaremos entre 140% y 200% más de milímetros”, detalló.
Con respecto a las temperaturas, estimó que “podremos tener valores de unos 35º, con mucha humedad y sensación térmica que alcance los 45º en octubre y noviembre”.
El panorama a corto plazo
En primer lugar, Navarro se encargó de dejar en claro que los fuertes calores que se registraron, por ejemplo, la semana pasada “son absolutamente normales”, y para justificar esto, recordó que “el récord de temperatura en agosto es de 38º y este año llegamos a unos 34º”, además sostuvo que “agosto, octubre y noviembre son meses en donde hemos tenido temperaturas de más de 40º, el año pasado hizo 40º 3 en septiembre, pero no creo que lleguemos a eso este año”.
El observador meteorológico sostuvo, sobre la estación en curso y en referencia al frío, que “todas las olas de frío que hubo hasta el momento se dieron dentro de lo normal”, y reveló que, hasta el momento “hemos tenido 23 heladas en lo que va del año, cuando un promedio normal son 38”, por eso, advirtió que “hasta el 5 de octubre, todavía quedan entre cuatro y seis heladas más por venir”.
Sobre los próximos días, pronosticó que “la semana que viene está la posibilidad de tormentas, lluvias y fríos, y para la otra semana vamos a tener heladas, con mínimas entre 3º y 5º, y máximas de 15º ó 18º, después tendremos nuevamente valores de entre 20º y 24º”.
Además, explicó que “la tormenta de Santa Rosa podría tener lugar en los últimos días de agosto y principios de septiembre”.
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24 ago 2014
Jornada de limpieza en el Cerro de la Cruz
El Diario de Villa Carlos Paz - Edición Electrónica (24/08/2014)
Carlos Paz: Un día de limpieza en el Cerro de la Cruz
Un grupo de vecinos y funcionarios de Carlos Paz estuvieron limpiando las laderas y quebradas del Cerro de la Cruz, uno de los principales atractivos turísticos de la ciudad.
Carlos Paz. Un grupo de vecinos y funcionarios de Carlos Paz estuvieron limpiando las laderas y quebradas del Cerro de la Cruz, uno de los principales atractivos turísticos de la ciudad. La actividad fue organizada por el municipio y contó con la participación de todas las áreas del Palacio 16 de Julio y del Concejo de Representantes.
Según pudo conocer El Diario, el objetivo de la jornada de limpieza fue concientizar sobre los efectos nocivos de la contaminación y lograr que el cerro vuelva a mostrar "su mejor cara". Consultado al respecto, el coordinador del Aula Ambiental, Danilo Castelli, manifestó: "La última vez que hicimos esta actividad fue el pasado 28 de junio. Esa fue una acción conjunta entre la Secretaría de Turismo y el Aula Ambiental, y en esta ocasión, están participando varias áreas de la Municipalidad y el Concejo de Representantes". "La idea es limpiar los costados del sendero donde hay una acumulación histórica de botellas de plástico sobre todo de ese tipo de residuos. Para eso los guías del cerro han señalizado con estacas los lugares donde tenemos que limpiar"; agregó el funcionario.
Federico, uno de los guías del Cerro de la Cruz, también se pronunció al respecto y destacó: "En los senderos hay bastante basura de años acumulada y trataremos de ir sacándola de a poquito, se realizará seguramente otra jornada antes de la llegada de la temporada". Por último, María Luz, otra de las guías, puntualizó a este medio: "Con las visitas, lo que hacemos es mostrarle a la gente esta situación para que tomen conciencia y se acerquen a ayudarnos. Por suerte, hemos tenido la participación de varios vecinos en la etapa anterior y ahora también".
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Carlos Paz: Un día de limpieza en el Cerro de la Cruz
Un grupo de vecinos y funcionarios de Carlos Paz estuvieron limpiando las laderas y quebradas del Cerro de la Cruz, uno de los principales atractivos turísticos de la ciudad.
Carlos Paz. Un grupo de vecinos y funcionarios de Carlos Paz estuvieron limpiando las laderas y quebradas del Cerro de la Cruz, uno de los principales atractivos turísticos de la ciudad. La actividad fue organizada por el municipio y contó con la participación de todas las áreas del Palacio 16 de Julio y del Concejo de Representantes.
Según pudo conocer El Diario, el objetivo de la jornada de limpieza fue concientizar sobre los efectos nocivos de la contaminación y lograr que el cerro vuelva a mostrar "su mejor cara". Consultado al respecto, el coordinador del Aula Ambiental, Danilo Castelli, manifestó: "La última vez que hicimos esta actividad fue el pasado 28 de junio. Esa fue una acción conjunta entre la Secretaría de Turismo y el Aula Ambiental, y en esta ocasión, están participando varias áreas de la Municipalidad y el Concejo de Representantes". "La idea es limpiar los costados del sendero donde hay una acumulación histórica de botellas de plástico sobre todo de ese tipo de residuos. Para eso los guías del cerro han señalizado con estacas los lugares donde tenemos que limpiar"; agregó el funcionario.
Federico, uno de los guías del Cerro de la Cruz, también se pronunció al respecto y destacó: "En los senderos hay bastante basura de años acumulada y trataremos de ir sacándola de a poquito, se realizará seguramente otra jornada antes de la llegada de la temporada". Por último, María Luz, otra de las guías, puntualizó a este medio: "Con las visitas, lo que hacemos es mostrarle a la gente esta situación para que tomen conciencia y se acerquen a ayudarnos. Por suerte, hemos tenido la participación de varios vecinos en la etapa anterior y ahora también".
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La espada de damocles de los incendios pasados
La Voz del Interior (24/08/2014)
Las secuelas son graves y el riesgo persiste
En Calamuchita, existe una importante cantidad de pinos quemados que nadie ha retirado hasta el momento. El año pasado, ese departamento tuvo 62 mil hectáreas incendiadas y Villa Yacanto fue la localidad más castigada por las llamas. Daños en la fauna.
Las condiciones climáticas justificaron esta semana el “alerta máxima” por incendios en Córdoba, pero la alarma cobró fuerza por el recuerdo aún caliente de las llamas que hace un año consumían unas 100 mil hectáreas serranas, repartiendo imágenes de destrucción que quedarán por largo tiempo en la memoria colectiva cordobesa.
Un año después, los daños ambientales y paisajísticos muestran sus secuelas y millones de pinos quemados y no retirados siguen representado riesgos en Calamuchita. Al mismo tiempo, esas llamas aceleraron una buena cantidad de debates, aún abiertos, sobre el Plan Provincial de Manejo del Fuego y su financiamiento.
No fue 2013 el año con más superficie quemada en Córdoba: décadas atrás hubo varios con más de 200 mil hectáreas afectadas. Tampoco fue el año más trágico: en 2005, por ejemplo, dos hermanos murieron quemados.
El de 2013 fue, sí, el más agresivo. Condiciones climáticas extremas (tras meses de sequía, una sucesión de días de calor, fuertes vientos y humedad del cuatro por ciento, inusual para Córdoba) facilitaron lo que los técnicos llaman “incendios explosivos”.
En apenas nueve días se quemaron 96 mil hectáreas, sólo en el área serrana, según un relevamiento satelital de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales. Es casi el doble de la superficie del departamento Capital. El valle de Calamuchita se llevó la peor parte: 62 mil hectáreas arrasadas, muchas con pinares.
El total anual, sólo en las Sierras, superó las 110 mil hectáreas, según estimaciones de este diario. Hasta hoy, el Plan Provincial del Fuego no publicó su estadística de 2013.
Casas quemadas
La Provincia puso en marcha el Plan de Reconstrucción Cura Brochero para asistir a los damnificados. Se estimó en 60 la cantidad de viviendas y cabañas turísticas dañadas. De las más de 20 casas familiares totalmente destruidas, el Ministerio de Desarrollo Social asegura que, a un año, se construyeron y entregaron 15 (10 en Villa Yacanto, tres en Salsipuedes y dos en Villa Ciudad de América) y que seis están en ejecución. Dos más no se iniciaron, argumentando problemas de dominio.
En Villa Ciudad de América se quemó también un vivero familiar, que fue reconstruido con apoyo provincial.
En el paraje La Pampa, cerca de Ascochinga, las llamas devoraron el establecimiento educativo privado La Lucena. Un año después, con apoyo de vecinos, instituciones y aportes provinciales, la nueva estructura está en marcha. Pedro Dunn, que hace un año creyó sepultado su esfuerzo de 20 años, asegura que en 2015 su colegio con orientación en ambiente retomará la actividad.
En Villa Yacanto ardieron tres aserraderos. Dos lograron recuperarse. Sebastián Martínez (39), cuya familia poseía dos, contó que entre ambos armaron uno, cuatro meses después de las llamas. De las ayudas prometidas, poco les llegó. Las líneas de créditos ofrecidas no convencían: “Tenías que empeñarte en pagar cinco o seis años y no sabemos si quedan pinos para dos o tres años”, sostuvo. Dijo que sólo recibieron un subsidio nacional de 20 mil pesos, muy bajo para el daño sufrido.
El pueblo más golpeado
Yacanto, en Calamuchita, fue la localidad más complicada. “Mejoramos mucho, pero la recuperación demandará al menos diez años. Hay pinares en los que ni se ha podido entrar y gente que perdió todo su ganado”, resume un año después Oscar Musumeci, intendente de Villa Yacanto.
En cinco años, el pueblo estuvo dos veces recalentado por las llamas, lo que generó una conciencia comunitaria. “Se vive un clima de guerra ante la sospecha de incendio”, apuntó Musumeci.
Yacanto estuvo meses sin energía porque el fuego quemó las líneas de media tensión. Con subsidios nacionales se repararon, mientras se aguantó con equipos generadores móviles.
La localidad tiene hoy más elementos para combatir el fuego: recibió un camión cisterna y una autobomba de la Nación, abrió calles cortafuegos en su perímetro y creó el área de Defensa Civil municipal.
Respecto a las varias cabañas para turismo destruidas, el intendente dijo que algunas se reconstruyeron de forma privada y otras con créditos del plan Procrear.
Ambiente y paisaje
Cada fuego impacta. Quema bosques nativos en una provincia que sólo conserva el cinco por ciento de los que alguna vez tuvo. Erosiona los suelos serranos, que pierden su capacidad de retener agua y cada lluvia termina luego más fácilmente en crecidas de ríos, y en lagos que se colman de sedimentos arrastrados.
Esa esponja dañada reduce el aporte de agua en meses de sequía, en una provincia con recurrentes crisis hídricas. Los árboles, si vuelven, tardan entre 30 y 40 años para parecerse a los adultos quemados.
La fauna silvestre se pierde: estudios muestran que dos años después de incendios sólo se observa el 41 por ciento de las aves que se veían antes.
Cada fuego compromete además el paisaje, capital vital para una provincia turística.
Demasiados costos e impactos como para que los cordobeses no hagamos lo posible para que no se repitan.
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Más Información:
Los sobrevivientes
Se renueva el debate por el impuesto al fuego
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Las secuelas son graves y el riesgo persiste
En Calamuchita, existe una importante cantidad de pinos quemados que nadie ha retirado hasta el momento. El año pasado, ese departamento tuvo 62 mil hectáreas incendiadas y Villa Yacanto fue la localidad más castigada por las llamas. Daños en la fauna.
Las condiciones climáticas justificaron esta semana el “alerta máxima” por incendios en Córdoba, pero la alarma cobró fuerza por el recuerdo aún caliente de las llamas que hace un año consumían unas 100 mil hectáreas serranas, repartiendo imágenes de destrucción que quedarán por largo tiempo en la memoria colectiva cordobesa.
Un año después, los daños ambientales y paisajísticos muestran sus secuelas y millones de pinos quemados y no retirados siguen representado riesgos en Calamuchita. Al mismo tiempo, esas llamas aceleraron una buena cantidad de debates, aún abiertos, sobre el Plan Provincial de Manejo del Fuego y su financiamiento.
No fue 2013 el año con más superficie quemada en Córdoba: décadas atrás hubo varios con más de 200 mil hectáreas afectadas. Tampoco fue el año más trágico: en 2005, por ejemplo, dos hermanos murieron quemados.
El de 2013 fue, sí, el más agresivo. Condiciones climáticas extremas (tras meses de sequía, una sucesión de días de calor, fuertes vientos y humedad del cuatro por ciento, inusual para Córdoba) facilitaron lo que los técnicos llaman “incendios explosivos”.
En apenas nueve días se quemaron 96 mil hectáreas, sólo en el área serrana, según un relevamiento satelital de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales. Es casi el doble de la superficie del departamento Capital. El valle de Calamuchita se llevó la peor parte: 62 mil hectáreas arrasadas, muchas con pinares.
El total anual, sólo en las Sierras, superó las 110 mil hectáreas, según estimaciones de este diario. Hasta hoy, el Plan Provincial del Fuego no publicó su estadística de 2013.
Casas quemadas
La Provincia puso en marcha el Plan de Reconstrucción Cura Brochero para asistir a los damnificados. Se estimó en 60 la cantidad de viviendas y cabañas turísticas dañadas. De las más de 20 casas familiares totalmente destruidas, el Ministerio de Desarrollo Social asegura que, a un año, se construyeron y entregaron 15 (10 en Villa Yacanto, tres en Salsipuedes y dos en Villa Ciudad de América) y que seis están en ejecución. Dos más no se iniciaron, argumentando problemas de dominio.
En Villa Ciudad de América se quemó también un vivero familiar, que fue reconstruido con apoyo provincial.
En el paraje La Pampa, cerca de Ascochinga, las llamas devoraron el establecimiento educativo privado La Lucena. Un año después, con apoyo de vecinos, instituciones y aportes provinciales, la nueva estructura está en marcha. Pedro Dunn, que hace un año creyó sepultado su esfuerzo de 20 años, asegura que en 2015 su colegio con orientación en ambiente retomará la actividad.
En Villa Yacanto ardieron tres aserraderos. Dos lograron recuperarse. Sebastián Martínez (39), cuya familia poseía dos, contó que entre ambos armaron uno, cuatro meses después de las llamas. De las ayudas prometidas, poco les llegó. Las líneas de créditos ofrecidas no convencían: “Tenías que empeñarte en pagar cinco o seis años y no sabemos si quedan pinos para dos o tres años”, sostuvo. Dijo que sólo recibieron un subsidio nacional de 20 mil pesos, muy bajo para el daño sufrido.
El pueblo más golpeado
Yacanto, en Calamuchita, fue la localidad más complicada. “Mejoramos mucho, pero la recuperación demandará al menos diez años. Hay pinares en los que ni se ha podido entrar y gente que perdió todo su ganado”, resume un año después Oscar Musumeci, intendente de Villa Yacanto.
En cinco años, el pueblo estuvo dos veces recalentado por las llamas, lo que generó una conciencia comunitaria. “Se vive un clima de guerra ante la sospecha de incendio”, apuntó Musumeci.
Yacanto estuvo meses sin energía porque el fuego quemó las líneas de media tensión. Con subsidios nacionales se repararon, mientras se aguantó con equipos generadores móviles.
La localidad tiene hoy más elementos para combatir el fuego: recibió un camión cisterna y una autobomba de la Nación, abrió calles cortafuegos en su perímetro y creó el área de Defensa Civil municipal.
Respecto a las varias cabañas para turismo destruidas, el intendente dijo que algunas se reconstruyeron de forma privada y otras con créditos del plan Procrear.
Ambiente y paisaje
Cada fuego impacta. Quema bosques nativos en una provincia que sólo conserva el cinco por ciento de los que alguna vez tuvo. Erosiona los suelos serranos, que pierden su capacidad de retener agua y cada lluvia termina luego más fácilmente en crecidas de ríos, y en lagos que se colman de sedimentos arrastrados.
Esa esponja dañada reduce el aporte de agua en meses de sequía, en una provincia con recurrentes crisis hídricas. Los árboles, si vuelven, tardan entre 30 y 40 años para parecerse a los adultos quemados.
La fauna silvestre se pierde: estudios muestran que dos años después de incendios sólo se observa el 41 por ciento de las aves que se veían antes.
Cada fuego compromete además el paisaje, capital vital para una provincia turística.
Demasiados costos e impactos como para que los cordobeses no hagamos lo posible para que no se repitan.
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Depósito judicial de Bouwer con 12 mil vehículos
Día a Día (24/08/2014)
La 'ciudad' de autos sextuplica a la de personas en Bouwer
Depósito judicial. En el predio ubicado en el ejido de esa localidad de 2 mil habitantes se acumulan al menos 12 mil vehículos. Crece a ritmo “impresionante”. La Justicia trabaja en bajar esa población a unos 3 mil.
Técnicamente, con sus algo más de 2 mil habitantes la localidad de Bouwer no alcanza el estatus de ciudad, fijado por sobre los 10 mil. Sin embargo su ejido urbano sí alberga una ciudad de vehículos, sobrepoblada y con crecimiento imparable. Se trata del depósito judicial ubicado sobre la ruta 36, contiguo a la cárcel, un predio de unas 13 hectáreas donde se estima que permanecen al menos 12 mil vehículos secuestrados.
El número crece en forma constante, debido a los nuevos ingresos dispuesto en el marco de causas penales y civiles que se tramitan todo el tiempo. A ese caudal se suman unidades secuestradas por la Justicia Federal –en su mayoría en procedimientos por drogas– que también terminan en el lote. El tráfico de ingreso al predio al menos duplica al de salida, constituido por las unidades que son recuperadas por propietarios sumadas a aquellas que la Justicia otorga para su uso a instituciones públicas y privadas que figuran como “depositarios judiciales”. Las fotos aéreas que acompañan esta nota dan idea de la magnitud que tiene el lugar, que luce como una verdadera ciudad desde el cielo.
El destino de estos vehículos, su uso y almacenamiento constituyen un problema ambiental y económico de larga data, que la Justicia provincial ahora está decidida a encausar. Es una tarea de gran alcance, que incluye como primer paso inventariar lo que guarda este depósito (denominado 1), pero también muchos distribuidos por el interior. A falta de datos certeros sólo existen estimaciones que hablan de unos 30 mil vehículos acumulados en toda la provincia.
El proceso avanza enmarcado en la ley 10.207, aprobada este año, un marco legal que acorta los tiempos para que la Justicia pueda disponer de los vehículos, habilita su venta como chatarra, su remate y obliga a generar un registro de ellos, entre otras buenas medidas. “Empezamos a inventariar la situación actual y la prioridad es el predio 1 de Bouwer. También mantuvimos contacto con empresas para diseñar la licitación por la chatarra, y por lo que averiguamos en este momento se podría armar un proceso importante que genere algún ingreso al Estado”, explicó Luis Sosa, al frente de la Sala Penal y designado por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la provincia como autoridad de aplicación de la 10.207.
“El colapso de los depósitos es un problema antiquísimo que nunca se encaró hasta ahora, se trata de una tarea titánica porque el ritmo al que ingresan autos es impresionante”, señaló.
El triple en 5 años
La única medida de magnitud aplicada hasta ahora también tuvo a Sosa como gestor, y fue en 2009, cuando el TSJ habilitó la venta como chatarra de unos 12 mil vehículos que se encontraban en Bouwer.
“Se pudo hacer sin esta ley porque eran autos que llevaban años acá, destruidos, imposibles de identificar. Con ese antecedente se avanzó en diseñar el marco legal”, apuntó. En esa oportunidad, además de desactivar la enorme bomba ambiental que constituían los autos, la venta de chatarra significó ingresos que fueron invertidos en dejar en condiciones un predio de 28 hectáreas (el depósito 2), un lote muy cercano al depósito 1 donde hoy se acumulan motos secuestradas en operativos policiales.
El plan oficial es utilizar ese en reemplazo del 1, que no debería usarse porque está junto a un colegio y ocupa el área pensada como laguna de contención de la cárcel. Sosa calculó que luego del procesamiento de 2009 quedaron alrededor de 4 mil o 5 mil autos en depósito. Eso significa que en cinco años volvieron a acumularse al menos otros 7 mil u 8 mil, elevando hoy la población del predio por encima de 12 mil unidades.
A esa cifra final habría que sumar otra a contramano: desde 2009 la Justicia logró distribuir para su uso más de 3 mil autos, camionetas y camiones a la Policía, al Ministerio de Seguridad, los consorcios camineros, Cáritas, dependencias judiciales y bomberos voluntarios; entre otros “depositarios judiciales” de los vehículos.
La meta con la que trabaja la Sala Penal es conseguir, al fin de todo el proceso, “estabilizar” la población del depósito en unos 2 mil a 3 mil autos, al menos una cuarta parte del tamaño actual.
Reúso
Las diferentes partes de los autos deteriorados pueden ser vendidos para su reinserción productiva. El metal se compacta y vende como chatarra, los neumáticos también (para reciclado de caucho) y con mayor procesamiento pueden separarse plásticos y obtener metales de partes más pequeñas, como cobre.
Desperdicio económico y daño ambiental
Todos coinciden: apilar autos, bicis, camionetas, motos y hasta casillas rodantes durante años y hasta que se convierten en chatarra constituye un derroche económico fenomenal y entraña un gran daño ambiental.
“En materia de contaminación, los materiales que se desprenden de los autos son hidrocarburos y metales pesados como plomo y cromo. Si se queman, como ya sucedió, pueden liberar sustancias muy peligrosas como ácido cianhídrico, dioxinas y furanos. Además pueden acumular agua de lluvia que se convierten en criaderos de mosquitos”, enumeró Federico Kopta, integrante del Foro Ambiental Córdoba.
Por otra parte, desde el punto de vista económico, la mejor opción es poder seguir usando los vehículos como tales; sea bajo depósito judicial (lo que hoy realiza la Justicia) o vía venta o remate. Vale aclarar que la flota que ingresa a los depósitos incluye unidades en buenas condiciones, incluso de alta gama. Cuando los vehículos están deteriorados, se procede a su desguace y venta como chatarra.
“En el país existe un circuito económico que aprovecha esa clase de materiales. Aquí en Ferreyra la mayor empresa operadora de chatarra del país tiene un depósito”, explicó Hugo Pesci, asesor técnico de Cormecor (la SA creada en el Gran Córdoba para tratar los residuos). La firma es Scrap Service, creada por el Grupo Techint –la mayor acerera argentina– con la misión de comprar y procesar chatarra ferrosa para transformarla en materia prima del acero. Desde 2009, procesó más de 400 mil autos. Según estimaciones de mercado, de cada auto pueden obtenerse unos 400 kilos de chatarra ferrosa, un material cuyo valor por tonelada pueden estar hoy en torno a los 500 pesos. Además del metal, Pesci remarcó que del auto pueden aprovecharse las cubiertas y, con una separación más sofisticada, cobre.
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La 'ciudad' de autos sextuplica a la de personas en Bouwer
Depósito judicial. En el predio ubicado en el ejido de esa localidad de 2 mil habitantes se acumulan al menos 12 mil vehículos. Crece a ritmo “impresionante”. La Justicia trabaja en bajar esa población a unos 3 mil.
Técnicamente, con sus algo más de 2 mil habitantes la localidad de Bouwer no alcanza el estatus de ciudad, fijado por sobre los 10 mil. Sin embargo su ejido urbano sí alberga una ciudad de vehículos, sobrepoblada y con crecimiento imparable. Se trata del depósito judicial ubicado sobre la ruta 36, contiguo a la cárcel, un predio de unas 13 hectáreas donde se estima que permanecen al menos 12 mil vehículos secuestrados.
El número crece en forma constante, debido a los nuevos ingresos dispuesto en el marco de causas penales y civiles que se tramitan todo el tiempo. A ese caudal se suman unidades secuestradas por la Justicia Federal –en su mayoría en procedimientos por drogas– que también terminan en el lote. El tráfico de ingreso al predio al menos duplica al de salida, constituido por las unidades que son recuperadas por propietarios sumadas a aquellas que la Justicia otorga para su uso a instituciones públicas y privadas que figuran como “depositarios judiciales”. Las fotos aéreas que acompañan esta nota dan idea de la magnitud que tiene el lugar, que luce como una verdadera ciudad desde el cielo.
El destino de estos vehículos, su uso y almacenamiento constituyen un problema ambiental y económico de larga data, que la Justicia provincial ahora está decidida a encausar. Es una tarea de gran alcance, que incluye como primer paso inventariar lo que guarda este depósito (denominado 1), pero también muchos distribuidos por el interior. A falta de datos certeros sólo existen estimaciones que hablan de unos 30 mil vehículos acumulados en toda la provincia.
El proceso avanza enmarcado en la ley 10.207, aprobada este año, un marco legal que acorta los tiempos para que la Justicia pueda disponer de los vehículos, habilita su venta como chatarra, su remate y obliga a generar un registro de ellos, entre otras buenas medidas. “Empezamos a inventariar la situación actual y la prioridad es el predio 1 de Bouwer. También mantuvimos contacto con empresas para diseñar la licitación por la chatarra, y por lo que averiguamos en este momento se podría armar un proceso importante que genere algún ingreso al Estado”, explicó Luis Sosa, al frente de la Sala Penal y designado por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la provincia como autoridad de aplicación de la 10.207.
“El colapso de los depósitos es un problema antiquísimo que nunca se encaró hasta ahora, se trata de una tarea titánica porque el ritmo al que ingresan autos es impresionante”, señaló.
El triple en 5 años
La única medida de magnitud aplicada hasta ahora también tuvo a Sosa como gestor, y fue en 2009, cuando el TSJ habilitó la venta como chatarra de unos 12 mil vehículos que se encontraban en Bouwer.
“Se pudo hacer sin esta ley porque eran autos que llevaban años acá, destruidos, imposibles de identificar. Con ese antecedente se avanzó en diseñar el marco legal”, apuntó. En esa oportunidad, además de desactivar la enorme bomba ambiental que constituían los autos, la venta de chatarra significó ingresos que fueron invertidos en dejar en condiciones un predio de 28 hectáreas (el depósito 2), un lote muy cercano al depósito 1 donde hoy se acumulan motos secuestradas en operativos policiales.
El plan oficial es utilizar ese en reemplazo del 1, que no debería usarse porque está junto a un colegio y ocupa el área pensada como laguna de contención de la cárcel. Sosa calculó que luego del procesamiento de 2009 quedaron alrededor de 4 mil o 5 mil autos en depósito. Eso significa que en cinco años volvieron a acumularse al menos otros 7 mil u 8 mil, elevando hoy la población del predio por encima de 12 mil unidades.
A esa cifra final habría que sumar otra a contramano: desde 2009 la Justicia logró distribuir para su uso más de 3 mil autos, camionetas y camiones a la Policía, al Ministerio de Seguridad, los consorcios camineros, Cáritas, dependencias judiciales y bomberos voluntarios; entre otros “depositarios judiciales” de los vehículos.
La meta con la que trabaja la Sala Penal es conseguir, al fin de todo el proceso, “estabilizar” la población del depósito en unos 2 mil a 3 mil autos, al menos una cuarta parte del tamaño actual.
Reúso
Las diferentes partes de los autos deteriorados pueden ser vendidos para su reinserción productiva. El metal se compacta y vende como chatarra, los neumáticos también (para reciclado de caucho) y con mayor procesamiento pueden separarse plásticos y obtener metales de partes más pequeñas, como cobre.
Desperdicio económico y daño ambiental
Todos coinciden: apilar autos, bicis, camionetas, motos y hasta casillas rodantes durante años y hasta que se convierten en chatarra constituye un derroche económico fenomenal y entraña un gran daño ambiental.
“En materia de contaminación, los materiales que se desprenden de los autos son hidrocarburos y metales pesados como plomo y cromo. Si se queman, como ya sucedió, pueden liberar sustancias muy peligrosas como ácido cianhídrico, dioxinas y furanos. Además pueden acumular agua de lluvia que se convierten en criaderos de mosquitos”, enumeró Federico Kopta, integrante del Foro Ambiental Córdoba.
Por otra parte, desde el punto de vista económico, la mejor opción es poder seguir usando los vehículos como tales; sea bajo depósito judicial (lo que hoy realiza la Justicia) o vía venta o remate. Vale aclarar que la flota que ingresa a los depósitos incluye unidades en buenas condiciones, incluso de alta gama. Cuando los vehículos están deteriorados, se procede a su desguace y venta como chatarra.
“En el país existe un circuito económico que aprovecha esa clase de materiales. Aquí en Ferreyra la mayor empresa operadora de chatarra del país tiene un depósito”, explicó Hugo Pesci, asesor técnico de Cormecor (la SA creada en el Gran Córdoba para tratar los residuos). La firma es Scrap Service, creada por el Grupo Techint –la mayor acerera argentina– con la misión de comprar y procesar chatarra ferrosa para transformarla en materia prima del acero. Desde 2009, procesó más de 400 mil autos. Según estimaciones de mercado, de cada auto pueden obtenerse unos 400 kilos de chatarra ferrosa, un material cuyo valor por tonelada pueden estar hoy en torno a los 500 pesos. Además del metal, Pesci remarcó que del auto pueden aprovecharse las cubiertas y, con una separación más sofisticada, cobre.
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Siguen sacando arena del Río Cuarto
El Puntal de Río Cuarto (24/08/2014)
Aunque en otro sector, siguen sacando arena en una zona prohibida del río
Al menos dos camiones cargados fueron sorprendidos ayer saliendo de una propiedad privada ubicada a la vera del kilómetro 581 de la ruta 8. Estiman que la Provincia está detrás de la extracción de áridos
Un nuevo punto de extración de arena del río Cuarto fue localizado ayer por referentes de distintas instituciones de la ciudad. El mismo se ubica en un predio privado situado en el kilómetro 581, sobre la ruta nacional 8.
En horas de la mañana de la víspera, al menos dos camiones completamente cargados con áridos salieron de la propiedad referenciada anteriormente con destino desconocido.
Las unidades pertenecen a la empresa Incisa S.A., una de las firmas que aportaron sus vehículos en la polémica extracción que durante varias semanas se realizó en la zona de Playa Bonita.
Al igual que en esos operativos, se estima que la Provincia es quien está ordenando sacar la arena de este nuevo punto que, según los datos técnicos, se encuentra en la zona D de Permisionarios, clasificación otorgada por la Dipas a todas las canteras ubicadas aguas abajo de Río Cuarto, durante el relevamiento que realizó en el año 2010.
Pero el elemento más contundente por el que surgen las dudas respecto a las maniobras que se están llevando adelante tiene que ver con que el sector de extracción se encuentra emplazado en el tramo de veda absoluta para la explotación. Dicha zona está comprendida entre las localidades de Tres Acequias y Paso del Durazno y fue fijada por el propio Gobierno provincial en 2012.
Desconocimiento
Hasta ahora, se desconoce oficialmente si existe un estudio de factibilidad técnica, evaluación de impacto ambiental y/o autorización correspondiente que permitan avalar las tareas de extracción de áridos en este nuevo punto.
En las últimas horas, esta situación generó alarma y preocupación en distintas instituciones que vienen trabajando en la defensa del río Cuarto. Incluso hay quienes sostienen que todo podría ser parte de un negocio que llegaría a mover $100 mil por día.
De larga data
La polémica por la explotación del río Cuarto surgió hace alrededor de tres años, pero se reavivó en los últimos meses cuando desde el Copreserc, Bio Red y la Comisión de Amigos de Río Cuarto (entre otras) alertaron a la ciudadanía por la inmensa cantidad de metros cúbicos de arena que se extrajo en el sector de Playa Bonita, entre los puentes colgante y carretero.
Las constantes quejas y reclamos derivaron en una reunión entre la Secretaría de Rescursos Hídricos del Gobierno de Córdoba y el Copreserc, y la posterior puesta a disposición de los estudios técnicos que justificarían los procedimientos que se llevaron adelante en la zona urbana del cauce (que aún se están analizando).
Las autoridades provinciales prometieron iniciar convenios con la Universidad Nacional de Río Cuarto para realizar un relevamiento topográfico sobre el cauce que permita establecer las condiciones del mismo y a la vez posibilite pensar en la aplicación de medidas a largo plazo para cuidar el principal recurso natural de la zona.
Al mismo tiempo, se puso en funcionamiento una delegación de la Policía Ambiental con móviles y personal. En ese momento, la patrulla se comprometió a vigilar y denunciar las actividades ilegales que pudieran ser detectadas.
Sin embargo, pese al paso del tiempo, no se han observado cambios concretos. Incluso todavía no está claro el destino que la Provincia le dio a la arena que extrajo de la zona de Playa Bonita.
Casos similares
Paralelamente, semanas atrás se conocieron más denuncias por la puesta en marcha de prácticas similares a las que se vieron en el río Cuarto, en otros ríos de la provincia de Córdoba.
De hecho, en los últimos días el diario La Voz del Interior publicó imágenes de máquinas y camiones que estuvieron sacando arena del río Xanaes (en jurisdicción del Municipio de Despeñaderos) para ser destinada a la obra de la autovía que unirá las ciudades de Río Cuarto y Córdoba.
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Aunque en otro sector, siguen sacando arena en una zona prohibida del río
Al menos dos camiones cargados fueron sorprendidos ayer saliendo de una propiedad privada ubicada a la vera del kilómetro 581 de la ruta 8. Estiman que la Provincia está detrás de la extracción de áridos
Un nuevo punto de extración de arena del río Cuarto fue localizado ayer por referentes de distintas instituciones de la ciudad. El mismo se ubica en un predio privado situado en el kilómetro 581, sobre la ruta nacional 8.
En horas de la mañana de la víspera, al menos dos camiones completamente cargados con áridos salieron de la propiedad referenciada anteriormente con destino desconocido.
Las unidades pertenecen a la empresa Incisa S.A., una de las firmas que aportaron sus vehículos en la polémica extracción que durante varias semanas se realizó en la zona de Playa Bonita.
Al igual que en esos operativos, se estima que la Provincia es quien está ordenando sacar la arena de este nuevo punto que, según los datos técnicos, se encuentra en la zona D de Permisionarios, clasificación otorgada por la Dipas a todas las canteras ubicadas aguas abajo de Río Cuarto, durante el relevamiento que realizó en el año 2010.
Pero el elemento más contundente por el que surgen las dudas respecto a las maniobras que se están llevando adelante tiene que ver con que el sector de extracción se encuentra emplazado en el tramo de veda absoluta para la explotación. Dicha zona está comprendida entre las localidades de Tres Acequias y Paso del Durazno y fue fijada por el propio Gobierno provincial en 2012.
Desconocimiento
Hasta ahora, se desconoce oficialmente si existe un estudio de factibilidad técnica, evaluación de impacto ambiental y/o autorización correspondiente que permitan avalar las tareas de extracción de áridos en este nuevo punto.
En las últimas horas, esta situación generó alarma y preocupación en distintas instituciones que vienen trabajando en la defensa del río Cuarto. Incluso hay quienes sostienen que todo podría ser parte de un negocio que llegaría a mover $100 mil por día.
De larga data
La polémica por la explotación del río Cuarto surgió hace alrededor de tres años, pero se reavivó en los últimos meses cuando desde el Copreserc, Bio Red y la Comisión de Amigos de Río Cuarto (entre otras) alertaron a la ciudadanía por la inmensa cantidad de metros cúbicos de arena que se extrajo en el sector de Playa Bonita, entre los puentes colgante y carretero.
Las constantes quejas y reclamos derivaron en una reunión entre la Secretaría de Rescursos Hídricos del Gobierno de Córdoba y el Copreserc, y la posterior puesta a disposición de los estudios técnicos que justificarían los procedimientos que se llevaron adelante en la zona urbana del cauce (que aún se están analizando).
Las autoridades provinciales prometieron iniciar convenios con la Universidad Nacional de Río Cuarto para realizar un relevamiento topográfico sobre el cauce que permita establecer las condiciones del mismo y a la vez posibilite pensar en la aplicación de medidas a largo plazo para cuidar el principal recurso natural de la zona.
Al mismo tiempo, se puso en funcionamiento una delegación de la Policía Ambiental con móviles y personal. En ese momento, la patrulla se comprometió a vigilar y denunciar las actividades ilegales que pudieran ser detectadas.
Sin embargo, pese al paso del tiempo, no se han observado cambios concretos. Incluso todavía no está claro el destino que la Provincia le dio a la arena que extrajo de la zona de Playa Bonita.
Casos similares
Paralelamente, semanas atrás se conocieron más denuncias por la puesta en marcha de prácticas similares a las que se vieron en el río Cuarto, en otros ríos de la provincia de Córdoba.
De hecho, en los últimos días el diario La Voz del Interior publicó imágenes de máquinas y camiones que estuvieron sacando arena del río Xanaes (en jurisdicción del Municipio de Despeñaderos) para ser destinada a la obra de la autovía que unirá las ciudades de Río Cuarto y Córdoba.
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Una reserva verde altamente degradada y contaminada
La Voz del Interior (24/08/2014)
Una reserva degradada en el este de la Capital
Es Parque del Este, de 215 hectáreas, muy deterioradas. El municipio planea instalar el Polígono Científico Tecnológico.
Si se toma el eje que constituye la avenida Colón-Olmos-24 de Septiembre hacia el este de la ciudad de Córdoba, llega un punto en el que la trama urbana sufre un corte abrupto. Unos metros después de calle Acoyte, donde se origina la calle Bajada de Piedra, hay una enorme extensión de tierras degradada.
Son 215 hectáreas que constituyen uno de los sitios más postergados de la ciudad, pero con una potencialidad enorme ya que se encuentran dentro del límite impuesto por avenida de Circunvalación y a menos de cuatro kilómetros de la intersección céntrica de las avenidas Colón y General Paz.
La calle Bajada de Piedra es el único acceso. Se trata de una arteria muy deteriorada por el continuo paso de camiones. Hacia sus costados se extienden grandes superficies de tierra que acumulan basura y que sufrieron durante años la extracción de áridos, lo que dejó como secuela numerosas lagunas.
Por la tarde, un olor fétido inunda el ambiente hasta tornarlo irrespirable. A pocos metros hacia el norte corre el río Suquía, que también luce descuidado.
La distancia al centro es un kilómetro más corta de la que hay desde avenida Sagrada Familia, en el oeste capitalino. Eso otorga a la zona un potencial inmenso desde el punto de vista del desarrollo.
La zona se denomina oficialmente Parque del Este, aunque de parque no tiene absolutamente nada. Su paisaje se asemeja más a un paraje devastado por la depredación y el arrojo incontrolado de desechos.
El secretario de Desarrollo Urbano municipal, Juan Giunta, explicó que son tierras definidas como reserva verde, y según las ordenanzas vigentes, sólo pueden cambiar de destino a espacio verde. “Es una zona degradada por la explotación de áridos, cercana a la vieja planta de cloacas de Córdoba, por lo que es una zona deprimida. Si tuviera un uso potencial, los propietarios hubieran hecho algo, pero sólo lo pueden pasar a espacio verde”, detalló el funcionario.
Alejandro Cohen, del Taller de Investigación de Proyectos Urbanos (Tipu) de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Córdoba, describió la zona: “Son tierras vacantes, accesibles, muy maltratadas, subutilizadas porque están aguas abajo después de las curtiembres y por las escorrentías y efluentes. Es una zona deteriorada y marginalizada por todos los costados”.
No obstante, tienen un alto valor desde el punto de vista urbanístico. “Es una de las últimas barrancas de esta ciudad, está en la salida a la ruta 19 que llamamos del Mercosur; entonces tiene condiciones de localización excepcionales. De esa dimensión no hay tierras dentro del anillo de Circunvalación”.
Parque tecnológico
Desde hace unos años, la Municipalidad trabaja con el Tipu y otras organizaciones para desarrollar en la zona el Polígono Científico Tecnológico de Córdoba. La idea es instalar un polo de industrias limpias y de desarrollo. “No es de fácil concreción, hay que conseguir adherentes y comenzar a construir. Con el agravante de la ausencia de fondos”, afirmó Giunta.
La Agencia para el Desarrollo de la ciudad de Córdoba (Adec) es la encargada de diseñar, desde el punto de vista jurídico y operativo, un ente que promueva la constitución del Polígono. Está planificado en un sector de 45 hectáreas en poder el municipio, para que allí se instalen laboratorios, sedes de cámaras, centros de capacitación e investigación.
Otro sector, también en manos del municipio, se destinará a un parque, aprovechando los espacios que suman las costas del Suquía.
Para el resto de las parcelas, que están en manos de privadas, la idea es promover la instalación de emprendimientos de actividades recreativas, como canchas de alquiler o discotecas. Sólo se destinará para vivienda una franja en el sector oeste, entre ruta 19 y Bajada de Piedra.
Para Cohen, se debería destinar una porción mayor para urbanizar. “No sobra tierra urbana de proximidad a los servicios, de buena accesibilidad. El mercado de tierra está muy distorsionado”, afirmó.
Cohen sostiene que se podría aprovechar para una urbanización similar a la que se quiere hacer en la zona norte para los créditos Procrear.
“Aunque sí nos parece bien que tenga un sesgo productivo de industrias limpias. Y por otro lado incorporar algo de la agricultura dentro de la ciudad, producir arbolado, algunos alimentos de huerta, junto con lo productivo de mayor agregado y lo habitativo”, concluyó.
“Es una zona desolada”
Testimonio. Marcelo Maldonado nació en el club Libertad, una institución deportiva a punto de cumplir 100 años y que está enclavada en la Reserva Parque del Este. Los padres de Marcelo eran cancheros de Libertad. Hoy, el hombre preside esa institución a la que asisten más de un centenar de chicos de la zona. “Esto era todo quintas, era un lugar hermoso. Ya no hay más quintas, quedaron las lagunas que dejó la extracción de áridos”, comentó Marcelo. “Al camino no lo arreglan, pasan muchísimos camiones. Estamos en una zona desolada”, agregó.
Suciedad. Además de las lagunas, hay basurales y yuyales. Además, se siente el olor que emanan las curtiembres que hay cerca del río Suquía. “Las curtiembres volvieron a funcionar, y hay que sumar el crematorio del cementerio San Vicente”, sostuvo Marcelo. “Es tremendo cómo dejaron venir abajo todo esto. El club está quedando solo, abandonado. Da mucha pena”, concluyó.
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Más Información:
Ubicación
Prometen obras viales para el sector
Las imágenes de la reserva Parque del Este
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Una reserva degradada en el este de la Capital
Es Parque del Este, de 215 hectáreas, muy deterioradas. El municipio planea instalar el Polígono Científico Tecnológico.
Si se toma el eje que constituye la avenida Colón-Olmos-24 de Septiembre hacia el este de la ciudad de Córdoba, llega un punto en el que la trama urbana sufre un corte abrupto. Unos metros después de calle Acoyte, donde se origina la calle Bajada de Piedra, hay una enorme extensión de tierras degradada.
Son 215 hectáreas que constituyen uno de los sitios más postergados de la ciudad, pero con una potencialidad enorme ya que se encuentran dentro del límite impuesto por avenida de Circunvalación y a menos de cuatro kilómetros de la intersección céntrica de las avenidas Colón y General Paz.
La calle Bajada de Piedra es el único acceso. Se trata de una arteria muy deteriorada por el continuo paso de camiones. Hacia sus costados se extienden grandes superficies de tierra que acumulan basura y que sufrieron durante años la extracción de áridos, lo que dejó como secuela numerosas lagunas.
Por la tarde, un olor fétido inunda el ambiente hasta tornarlo irrespirable. A pocos metros hacia el norte corre el río Suquía, que también luce descuidado.
La distancia al centro es un kilómetro más corta de la que hay desde avenida Sagrada Familia, en el oeste capitalino. Eso otorga a la zona un potencial inmenso desde el punto de vista del desarrollo.
La zona se denomina oficialmente Parque del Este, aunque de parque no tiene absolutamente nada. Su paisaje se asemeja más a un paraje devastado por la depredación y el arrojo incontrolado de desechos.
El secretario de Desarrollo Urbano municipal, Juan Giunta, explicó que son tierras definidas como reserva verde, y según las ordenanzas vigentes, sólo pueden cambiar de destino a espacio verde. “Es una zona degradada por la explotación de áridos, cercana a la vieja planta de cloacas de Córdoba, por lo que es una zona deprimida. Si tuviera un uso potencial, los propietarios hubieran hecho algo, pero sólo lo pueden pasar a espacio verde”, detalló el funcionario.
Alejandro Cohen, del Taller de Investigación de Proyectos Urbanos (Tipu) de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Córdoba, describió la zona: “Son tierras vacantes, accesibles, muy maltratadas, subutilizadas porque están aguas abajo después de las curtiembres y por las escorrentías y efluentes. Es una zona deteriorada y marginalizada por todos los costados”.
No obstante, tienen un alto valor desde el punto de vista urbanístico. “Es una de las últimas barrancas de esta ciudad, está en la salida a la ruta 19 que llamamos del Mercosur; entonces tiene condiciones de localización excepcionales. De esa dimensión no hay tierras dentro del anillo de Circunvalación”.
Parque tecnológico
Desde hace unos años, la Municipalidad trabaja con el Tipu y otras organizaciones para desarrollar en la zona el Polígono Científico Tecnológico de Córdoba. La idea es instalar un polo de industrias limpias y de desarrollo. “No es de fácil concreción, hay que conseguir adherentes y comenzar a construir. Con el agravante de la ausencia de fondos”, afirmó Giunta.
La Agencia para el Desarrollo de la ciudad de Córdoba (Adec) es la encargada de diseñar, desde el punto de vista jurídico y operativo, un ente que promueva la constitución del Polígono. Está planificado en un sector de 45 hectáreas en poder el municipio, para que allí se instalen laboratorios, sedes de cámaras, centros de capacitación e investigación.
Otro sector, también en manos del municipio, se destinará a un parque, aprovechando los espacios que suman las costas del Suquía.
Para el resto de las parcelas, que están en manos de privadas, la idea es promover la instalación de emprendimientos de actividades recreativas, como canchas de alquiler o discotecas. Sólo se destinará para vivienda una franja en el sector oeste, entre ruta 19 y Bajada de Piedra.
Para Cohen, se debería destinar una porción mayor para urbanizar. “No sobra tierra urbana de proximidad a los servicios, de buena accesibilidad. El mercado de tierra está muy distorsionado”, afirmó.
Cohen sostiene que se podría aprovechar para una urbanización similar a la que se quiere hacer en la zona norte para los créditos Procrear.
“Aunque sí nos parece bien que tenga un sesgo productivo de industrias limpias. Y por otro lado incorporar algo de la agricultura dentro de la ciudad, producir arbolado, algunos alimentos de huerta, junto con lo productivo de mayor agregado y lo habitativo”, concluyó.
“Es una zona desolada”
Testimonio. Marcelo Maldonado nació en el club Libertad, una institución deportiva a punto de cumplir 100 años y que está enclavada en la Reserva Parque del Este. Los padres de Marcelo eran cancheros de Libertad. Hoy, el hombre preside esa institución a la que asisten más de un centenar de chicos de la zona. “Esto era todo quintas, era un lugar hermoso. Ya no hay más quintas, quedaron las lagunas que dejó la extracción de áridos”, comentó Marcelo. “Al camino no lo arreglan, pasan muchísimos camiones. Estamos en una zona desolada”, agregó.
Suciedad. Además de las lagunas, hay basurales y yuyales. Además, se siente el olor que emanan las curtiembres que hay cerca del río Suquía. “Las curtiembres volvieron a funcionar, y hay que sumar el crematorio del cementerio San Vicente”, sostuvo Marcelo. “Es tremendo cómo dejaron venir abajo todo esto. El club está quedando solo, abandonado. Da mucha pena”, concluyó.
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