Análisis

«El análisis de plondemia para detectar la presencia de plomo en la sangre humana se realiza en dos lugares del país: en la Fundación para el Progreso de la Medicina en Córdoba y en Buenos Aires. En esta oportunidad será en la Capital provincial donde nos darán una respuesta”, indicó Pablo Castro. Además, el joven funcionario garantizó la transparencia del procedimiento explicando que “se sacará sangre y sin otro contacto se llevarán directamente las muestras a Córdoba”.
Aunque aún no se indicó cuándo se tendrá el resultado definitivo, se espera que la semana próxima se termine de recolectar los análisis y lo “antes posible” se cuente con una respuesta.
Debe recordarse que en la búsqueda de detectar la supuesta contaminación tras más de 10 años de existencia de la fundición en General Cabrera profesionales del área de Ambiente de la provincia tomaron diferentes muestras de suelo para ser analizadas.
“Los profesionales vinieron y buscaron 5 muestras de suelo en el barrio y en el terreno donde se encuentra nuestro basural”, concluyó Pablo CastroEsas muestras fueron cubiertas y enviadas luego al Instituto Nacional de Tecnología Industrial para su análisis esperándose los resultados con una demora no mayor a los 30 días de la toma de muestras.

Reunión con la CNEA
La denuncia fue formulada por las entidades ambientalistas en una carta, fechada el 29 de julio de 2006, al Banco Mundial en Washington, y al ombudsman de la corporación financiera internacional.
En el escrito, el Foro reproduce un dictamen en el que se exige a la CNEA la “cancelación de todo crédito o financiamiento para el proyecto de remediación de la ex mina de uranio de Los Gigantes y la planta de producción de dióxido de uranio de barrio Alta Córdoba que se hubiera gestionado ante el Banco Mundial, dado que el foro no tuvo la oportunidad de analizarlo y desconoce tal proyecto”.
Además, declara que “la situación ambiental por los residuos estables e inestables” de ambas localizaciones, “es de extrema gravedad, y que por lo tanto su remediación no admita dilación alguna, ni es posible esperar la concreción de eventuales créditos internacionales”.
Por último, hacen referencia a una carta enviada por la CNEA en julio, en la que anticipa a las ONG la posible aprobación de créditos del Banco Mundial para el Proyecto de Restitución ambiental de la Minería del Uranio (PRAMU).
Esto produjo malestar en estas instituciones que afirman que, “el Foro Social nunca fue consultado ni emitió dictamen alguno” que autorizara un proyecto de remediación.
“A raíz de esta nota enviada al Banco Mundial en julio, la CNEA se puso en contacto con nosotros solicitando reanudar el diálogo. En la asamblea que el Foro realizó el miércoles pasado, decidimos concretar el encuentro el 1 de setiembre, a título informativo”, dijo Vélez.
El Foro Social está compuesto por 25 ONG, como Amigos del Río San Antonio (ADARSA), APROAS, FUNAM, Paz y Justicia, Greenpeace, Vecinos y Amigos del Suquía, Perspectiva Social y CEDHA, entre otras.
Esta última, la Fundación Centro de Derechos Humanos y Medio Ambiente, era representada hasta no hace mucho ante el Foro por Romina Picolotti, actual secretaria de Ambiente de la Nación. Vélez afirmó que el CEDHA fue la única ONG que no firmó la carta dirigida al Banco Mundial. “Consideró que contenía términos muy duros”, dijo.
El subcoordinador señaló que al margen de lo que pueda decidir la CNEA, el Foro continuará trabajando en la búsqueda de soluciones para el problema ambiental que se genera con la planta de procesamiento de uranio Dioxitek en Alta Córdoba y la ex mina de uranio de Los Gigantes.
Cabe recordar que el proyecto ambiental presentado al Banco Mundial fue denunciado por el titular de la Fundación en Defensa del Ambiente (FUNAM) el martes pasado.
Raúl Montenegro señaló que Comisión Nacional de Energía Atómica tendría la intención de enviar los residuos de la planta de procesamiento de uranio Dioxitek a la mina de Los Gigantes, en la localidad de Tanti, ubicada a 100 km de Córdoba Capital.
El titular de la ONG ambientalista, Raúl Montenegro, señaló además que la CNEA tampoco trasladaría el complejo fabril de barrio Alta Córdoba, como están solicitando los vecinos e instituciones ambientalistas.

Se remonta a 1995

En principio, en 1995 la Cnea había firmado un compromiso con la Municipalidad de Córdoba para cerrar Dioxitek, y en 1998 se suscribió un acta en la que se fijaba como fecha del cese de actividades el mes de agosto de 1999.
Con respecto a la remediación del predio –donde hay 36 mil metros cúbicos de residuos de baja radiactividad– el funcionario sostuvo que es “necesaria”, y que desde el inicio la autoridad regulatoria nuclear aconsejó llevar las colas de uranio (residuos) a Los Gigantes, donde ya hay material del mismo tipo. “Eso es lo más lógico, y para llegar ahí, no necesariamente se pasaría por Tanti, ya que se podría hacer una vía férrea o un camino especial. Eso se discutirá”, indicó. Y señaló que, para eso, la Cnea sigue gestionando un crédito del Banco Mundial.
“En cualquier caso, tiene que quedar claro que el informe al que se refiere Funam fue público todo el tiempo, porque está colgado en la web de la Cnea desde junio de 2005; también que el conocimiento de la situación ambiental de Alta Córdoba es de larga data, y que la planta no representa peligro para la sociedad”, aseguró Gregui.

Funcionarios de la Defensoría del Pueblo de la Nación se reunieron ayer con el Presidente de la Autoridad Regulatoria Nuclear Argentina (ARN), Raúl O. Racana, para conocer detalles sobre la fiscalización que realiza en relación al riesgo ambiental que provocaría la planta de producción de dióxido de uranio Dioxitek, en el barrio Alta Córdoba.
El encuentro giró sobre los pasivos ambientales nucleares existentes en el predio desde hace décadas, conocidos como colas de uranio, con el propósito de tener una información más actualizada y para saber cuál ha sido la estrategia preventiva en la materia.
Con relación a la posible localización de la planta (Dioxitek) Racana les señaló que ello depende de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), pero agregó que hasta la fecha no hay en el ámbito de la ARN ninguna solicitud para que se autorice una relocalización.
Cabe destacar que la Autoridad Regulatoria Nuclear es la máxima autoridad de control del sistema nuclear nacional y tiene a su cargo la función de regulación y fiscalización de toda la actividad nuclear que se desarrolle en el territorio nacional proveniente de operadores públicos o privados.
Según se informó, hoy funcionarios y técnicos de la Defensoría se reunirán con el Presidente de la Comisión Nacional de la Energía Atómica (CNEA), José Abriata, para continuar la ronda de consultas en torno al denunciado traslado del Dioxitek y temas relacionados al medio ambiente.

“No ocultamos información”

“Este no es un informe enviado al Banco Mundial. Es un estudio ambiental que no ocultamos para nada. Está a disposición de todo el mundo en nuestra página web”, indicó ayer Aníbal Núñez, responsable del Proyecto de Restitución Ambiental de la Minería del Uranio (PRAMU) dependiente de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).
El funcionario nacional dialogó con LA MAÑANA, tras la denuncia realizada por FUNAM. Dijo estar sorprendido de que se utilice “en forma confusa esta información”.
Vinculó esa denuncia, con el anuncio que realizó ayer el presidente Néstor Kirchner sobre el lanzamiento del Plan Nuclear Argentino, que contempla la finalización de Atucha II y la realización de estudios de factibilidad para la construcción de una nueva central nuclear. “Probablemente, este anuncio moleste”, especuló.Al respecto, ayer Greenpeace difundió un comunicado señalando que, según los resultados de una encuesta realizada por MORI, “la amplia mayoría de la población considera que el gobierno debería invertir en energía eólica y suspender la construcción de una central obsoleta, peligrosa, contaminante y cara, como Atucha II”.“Para nosotros, las alternativas de mitigación que difundimos son la solución técnica a este problema. Si la sociedad no coincide, o no la acepta, todos pagaremos los costos, pero seguiremos discutiendo alternativas hasta que acordemos alguna”, dijo Núñez.
Al mismo tiempo, subrayó: “No estamos tomando decisiones a espaldas de la gente. Para esto conformamos en Córdoba un foro social integrado por distintas ONG ambientalistas, con quienes planeamos reunirnos en una o dos semanas para restituir el diálogo”.
Mientras este encuentro se concreta, trascendió que la semana próxima está prevista una charla, coordinada por las comunas de Punilla, con un especialista ambiental, que informe a autoridades y vecinos sobre las alternativas y riesgos de trasladar uranio a Los Gigantes.

Conclusiones del estudio

Según se informó la auditoría cuyos resultados estaban en manos de Almada, arrojó que "existe una inadecuada gestión ambiental en el predio; la disposición de los residuos a cielo abierto, fuera de las celdas impermeabilizadas".
Además, se destacó "la falta de cobertura periódica de los residuos", y se constató la presencia de "líquidos lixiviados fuera de las celdas de disposición final, sin un tratamiento adecuado de los mismos". También, desde la Agencia Córdoba Ambiente identificaron "la presencia de animales alimentándose en los lugares de disposición de la basura, de focos de incendio en forma generalizada, y rastros residuos domiciliarios e industriales, quemados en grandes extensiones de superficie".
"Ingreso por un acceso roto del cerco perimetral de personas ajenas al predio, que realizan tareas de segregación incontrolada de residuos (cirujeo). Existe una incorrecta gestión y disposición de las pilas. No cuenta con áreas apropiadas para el acopio de residuos peligrosos de acuerdo a la norma vigentes. No se cuenta con un programa de monitoreo de los tanques de lixiviado, así como tampoco, con un plan de control de plagas y vectores. Si bien existen pozos de monitores de los acuíferos, no se realiza una toma de muestras en forma periódica para constatar el estado de la napa".

Incertidumbre

Mientras tanto en la comunidad existe incertidumbre y temor por este tema que surgió tras la intervención de Córdoba Ambiente que clausuró preventivamente una fábrica de fundición de plomo.
En el medio vecinos se movilizaron, y se detectaron durante este proceso desechos que podrían ser de plomo en distintos sectores de la población lo cual generó aún más alarma.
El reclamo data de seis años aproximadamente cuando vecinos del barrio Centenario comenzaron a observar pequeñas partículas en el aire y en la tierra, y se multiplicaron los problemas de alergia, bronquiales y hasta neurológicos en pequeños.
La doctora Alicia Zigarán, de la Dirección de Epidemiología, que días atrás se reunió con vecinos en Cabrera puntualizó que en la actualidad no habría emanaciones tóxicas ya que la fábrica se encuentra clausurada. “El plomo más tóxico es el que sale como material particulado de una chimenea, al frenarse la actividad de la empresa la chimenea no tendría por qué emitir más plomo y no ingresaría a los pulmones por la vía respiratoria como es lo más frecuente”.

Malestar de los vecinos

“Nos produce perplejidad y sorpresa que los vecinos de Alta Córdoba y FUNAM tengamos que conocer el pensamiento de la Comisión Nacional de Energía Atómica, sobre el destino de Dioxitek en dos informes que están en la base de datos del Banco Mundial”, señaló Montenegro a LA MAÑANA.

“Si bien había trascendido la posibilidad de que la CNEA enviara sus residuos a la mina de Los Gigantes en Tanti, nunca lo habíamos visto claramente escrito. No creo que esto le cause gracia, ni a los vecinos de Alta Córdoba, ni a la gente de Tanti”, agregó el biólogo.

La sociedad de Tanti se había opuesto ocho años atrás a la explotación de uranio en Los Gigantes, con una fuerte conciencia ecologista. “De hecho, Tanti tiene una ordenanza de declaración no nuclear”, recordó Montenegro. Integrantes de la asamblea de vecinos autoconvocados de Alta Córdoba, también se mostraron preocupados por las denuncias realizadas ayer por el FUNAM.

Silvia Sant´Angelo indicó que los datos revelados ayer, “nos demuestran que los ciudadanos no valemos nada, y que la desinformación la tienen nuestras autoridades. Creemos que la fábrica tiene que ser clausurada, cerrada”.Por su parte, Liliana Argüello señaló: “Tenemos miedo que la planta no se vaya de Alta Córdoba, pero creemos que la única forma de lograrlo es que los vecinos nos movilicemos”. Ernesto Vaca agregó: “Probablemente Córdoba sea una de las pocas ciudades en el mundo que tiene una planta de uranio en pleno barrio residencial. Eso no tiene que estar ahí”, resaltó.

Los vecinos adelantaron que realizarán estudios epidemiológicos por su cuenta y que mañana jueves a las 19, en el Centro Cultural de Alta Córdoba, la asamblea entregará a los medios de comunicación una copia del petitorio que se presentó a la Secretaría de Ambiente de la Nación dirigido a su titular, Romina Piccolotti. “Nos conectaremos con los vecinos de Ezeiza, y los habitantes que estén afectados por la minería del uranio, para movilizarnos juntos, más ahora cuando el presidente realizará el anuncio del nuevo plan nuclear para nuestro país. Creo que antes de eso, tiene que remediar todas estas irresponsabilidades que comete la CNEA”, señaló Silvia.

En Córdoba no
El funcionario señaló que aunque no está decidida ni estudiada aún la localización de una eventual cuarta central atómica, no cabría imaginarse una Embalse II, como ocurrió con Atucha II en la provincia de Buenos Aires. Tampoco es razonable –admitió– imaginar que pueda ser localizada en la provincia de Córdoba.
“Las plantas de generación deben estar cerca de donde se requiere el mayor consumo de energía, porque el costo de transporte hoy es muy alto”, señaló, tras considerar que por esa razón –entre otras– no entraría Córdoba como escenario para una nueva usina nuclear.
La misma fuente aclaró que sobre esa cuarta nuclear recién se iniciarán ahora los estudios de factibilidad, que deberán considerar, entre otros puntos, su localización. “Pero antes hay otras acciones previas imprescindibles”, señaló. En ese sentido, aclaró que la prioridad es terminar la central Atucha II, cuya construcción el Estado retomó, y que entraría en servicio recién en el año 2010 si se mantiene el actual ritmo de inversiones.
Una vez que empiece a generar Atucha II (dentro de cuatro años) saldría de servicio la usina de Embalse, cuya vida útil –está en actividad plena desde 1984– tiene fecha de vencimiento para ese mismo año 2010. “Allí empezarían entonces las obras para prolongar Embalse”, aseguró el funcionario a este diario. Esa obra demandaría un plazo de unos 18 meses, según citó.
Años atrás se calcularon en 400 millones de dólares las inversiones necesarias para que la usina de Embalse funcione como nueva, por 20 años más. Ahora, la cifra está en análisis, aunque no se descarta que sea mayor.
“Hay que hacer un estudio bien detallado de lo que haría falta para completar esa inversión. Ya hay un equipo de trabajo en esa tarea, cuyo gerente designado es un ingeniero con años de experiencia en la central embalseña”, completó el funcionario nacional.
El costo de reconvertir una central existente sería, en principio, un 60 por ciento inferior a la construcción de una nueva, según estimó.
Si los planes del Gobierno nacional avanzan en el sentido anunciado, Embalse debería imaginar que no tendrá una nueva central nuclear pegada a la actual (como ocurrió con Atucha I y Atucha II), pero sí la ya casi certeza de que en el año 2010 la existente no será desmantelada porque no estará en condiciones de generar más energía sino que habrá millonarias inversiones para, casi dos años después, volver a ponerla en marcha.

Predio contaminado

En tal sentido, en el informe denunciado por Funam, la Cnea también admite que existen importantes niveles de contaminación en el suelo del predio, con elevados valores de metales como cobre, vanadio, zinc y cromo.
Esto significa que los residuos producidos por la planta se encuentran depositados sin ningún tipo de membrana y sin un sistema de contención, en contacto directo con el suelo y las aguas subterráneas, lo que torna urgente la remediación del sitio, según explicó a este diario el biólogo Montenegro.
Este diario intentó conocer la opinión al respecto de las autoridades de la Cnea, que no respondieron la consulta telefónica.

Árbol de la vida

Siete años de vida tiene Wichán Ranquén, esta organización ambientalista de Río Cuarto cuyo objetivo es conservar la flora nativa y revalorizar la relación entre el hombre y su hábitat. Wichán Ranquén significa en mapuche “árbol de la vida”.
En 1999, Pablo Motto junto a Hugo Sanz comenzaron con un vivero con el objetivo de multiplicar especies nativas. Con los años el grupo fue creciendo y también la cantidad de plantas: hoy cuentan con más de tres mil algarrobos y caldenes que cuidan los días sábados y los regalan a todas aquellas personas o instituciones que asuman el compromiso de plantarlos y cuidarlos.
Los ejes de trabajo de Wichán son tres: el pedagógico (transmitirlo a los demás); el vivero, que tiene tres mil especies, sin contar con subsidios ni créditos; y el trabajo conjunto con otras organizaciones ambientalistas, luchando contra el desmonte y en un proyecto de apicultura y bosque nativo.
Según el grupo, en 1915 había tres millones de hectáreas de caldenes en el sur de la provincia de Córdoba y hoy quedan apenas 30 mil hectáreas. “El caldén es un árbol protegido legalmente. Existe un proyecto que impide la utilización del caldén, un árbol que identifica a nuestra región”. Otro dato significativo que aportaron: la provincia de Córdoba tuvo desde el año 2000 hasta 2004 el índice de desmonte más grande del mundo. El promedio de desmonte mundial no alcanza al uno por ciento y Córdoba tuvo casi el tres por ciento. Le quedan ahora a Córdoba –dijeron– el 13 por ciento de sus bosques originarios.