26 mar 2017
Se pusieron de acuerdo y seguro pierde el bosque
8:00 a.m. | 
Publicado por
Eco Sitio |
La Voz del Interior (26/03/2017)
Ley de bosques: inminente aval de la Nación a la Provincia
Una marcha multitudinaria por el Centro de la ciudad de Córdoba en contra de una nueva ley de bosques. Un abrazo cordial entre el gobernador Juan Schiaretti y el ministro de Ambiente de la Nación, Sergio Bergman, en el Centro Cívico.
Esas dos imágenes, de principio de marzo, son los antecedentes más recientes en torno al debate que atraviesa la controvertida actualización del Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos (OTBN) y que ahora vuelve a escena con un elemento de peso: la cartera nacional –la máxima autoridad de aplicación en la materia– está a punto de darle el visto bueno a la herramienta técnica elaborada por la Provincia, lo que permitirá la confección del discutido mapa.
Dos fuentes consultadas por La Voz, una de la administración nacional y otra del Gobierno provincial confirmaron que el OK al instrumento metodológico por parte de Ambiente será oficializado en los próximos días.
“Tenemos información de que el resultado es satisfactorio y hasta elogioso por las características técnicas de la herramienta. Es un reconocimiento importante”, comentó un funcionario provincial que pidió reserva de su nombre.
Voceros del Ministerio de Ambiente nacional, en tanto, estimaron que durante “la próxima semana se enviará la respuesta” a Córdoba y hablaron de un resultado “positivo”. “La nueva herramienta es superior”, destacaron, y adelantaron que habrá “algunas recomendaciones y ajustes”.
El aval nacional es sobre un instrumento técnico que determina una metodología de trabajo para elaborar un mapa sobre la base de un sistema de información geográfico en el que coexisten 16 capas en las que se engloban todos los aspectos del territorio en estudio y que termina estableciendo el grado de protección (rojo, amarillo y verde) de los bosques.
Más allá del aspecto metodológico, en términos políticos, el visto bueno de la Nación representa un fuerte aval de la administración macrista hacia Schiaretti. Hace menos de un mes y en momentos de alta resistencia social a la ley, la Provincia realizó un pedido de asistencia al Gobierno que conduce Mauricio Macri. Fue entonces cuando entraron en escena el ministro Bergman y su equipo.
Para el gobernador, la ley de bosques ha sido hasta aquí el principal escollo político: fue la única norma que no pudo sancionar durante 2016 por el rechazo y por las tensiones internas que surgieron en Unión por Córdoba (UPC) y que tuvo al exgobernador José Manuel de la Sota como protagonista.
Cuestión de tiempos
En ámbitos oficialista hay mucha cautela de hablar en público sobre cómo encaminar la discusión en la Legislatura. Sin embargo, desde el Panal confirmaron a este diario que la ley “será aprobada”. “Creemos haber podido construir el consenso político necesario. Ley va a haber”, aseguró esta semana una altísima fuente gubernamental.
Tras el fallido intento de diciembre último, la posibilidad de llevar al recinto una nueva ley tomó fuerza en los últimos días y está directamente vinculada al respaldo otorgado desde la Nación.
Un paso firme en ese sentido se dará el martes 4 de abril. Ese día, una comitiva integrada por cuatro legisladores cordobeses visitará a Bergman en su despacho en Buenos Aires. De la reunión serán parte referentes de UPC y de Cambiemos, confirmaron desde la Nación.
En los despachos oficiales confían que una vez conseguido el aval técnico, el encuentro con Bergman dará un plafón político adicional en el cual apoyarse para intentar llevar el debate a la Unicameral.
Siempre fuera de micrófono, hasta se barajan fechas para un eventual tratamiento. El miércoles 19 de abril, tras la Semana Santa, está apuntado en el almanaque de UPC.
La fecha no es un dato menor. Con elecciones primarias en agosto y legislativas generales en octubre, tanto en el peronismo como en Cambiemos admiten que si el tratamiento no se produce en abril será “imposible” impulsarlo hasta después de los comicios. Hay especial cuidado de no impregnar el debate electoral con el rechazo y la oposición de amplios sectores de la población.
En el plano legislativo, en el Panal existe un convencimiento de que sólo Cambiemos acompañará la nueva norma. Descuentan que el resto de las bancadas opositoras rechazará cualquier iniciativa.
Para Schiaretti, si la mayoría de los 21 legisladores del interbloque que comparten radicales, juecistas y macristas convalida el nuevo texto será suficiente para avanzar.
En ese espacio hay al menos cinco parlamentarios que se han mostrado contrarios a los cambios. Son los que participaron de la última marcha en contra de la ley. De todos modos, podrían variar sus posturas de acuerdo con cómo termine redactada la norma y, en especial, el mapa.
Mientras tanto, en el bloque mayoritario de UPC, las mismas voces delasotistas que hace poco marcaban diferencias con el ala schiarettista respecto de la ley, ahora se muestran más permeables y hablan de “un momento de distensión” en el PJ.
El proceso participativo
En su paso por Córdoba, a comienzos de mes, Bergman fue enfático al recomendar a la Provincia que instrumente un proceso participativo amplio. “Juntamente con la asistencia para la validación de la herramienta, les hemos recomendado a las autoridades provinciales la realización de audiencias públicas para participar a la sociedad civil, en especial a los académicos, del proceso de confección de los mapas”, le había dicho el ministro a La Voz, aunque aclaró que esa convocatoria dependía de una decisión de la administración local.
La participación de todos los actores involucrados en el debate es una de las principales demandas de quienes se oponen a la actualización del ordenamiento territorial tal como se lo intentó impulsar desde el oficialismo en diciembre pasado.
Hasta aquí y más allá del trabajo realizado hasta mediados de agosto de 2016 por una mesa interdisciplinaria que facilitó la Secretaría General de la Gobernación, la participación ha sido acotada. Un amparo presentado por los ambientalistas frenó el intento de llevar una audiencia pública a Villa María de Río Seco.
En los últimos días, y tras haberse anunciado que la comisión especial saldría al interior para “entrar en contacto con los protagonistas”, aún no se produjeron reuniones de ese tipo.
Tratamiento en conjunto
Reforestación y más. La Legislatura tiene un 2017 cargado de temas ambientales. Además de la discutida ley de ordenamiento territorial, la Provincia avanza con otras iniciativas que están relacionadas con la problemática ambiental. Esta semana, el Ministerio de Agricultura y Ganadería presentó un proyecto de ley con el que se plantea reforestar unas 120 mil hectáreas agrícolas en un plazo de siete años. Otro norma que ya fue propuesta tiempo atrás y que podría recobrar fuerza en los próximos meses es la creación de un fuero ambiental especial.
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El equilibrio, entre el bosque y la comida
La preservación de los bosques suele chocar con la necesidad, cada vez mayor, de alimentos que tiene el planeta.
En su pulseada por la ley de bosques, el año pasado el Gobierno provincial fue tapado por el árbol. No pudo conseguir esa normativa, lo que intentará en el ejercicio legislativo actual, si la presión de los sectores ambientalistas no logra frenarla.
Las cuestiones de medio ambiente –Córdoba demostró que no es la excepción– se están discutiendo en el mundo entre posiciones extremas, que generalmente no contribuyen a enriquecer los debates.
La apuesta de nuestro Primer plano de hoy es un paso inicial hacia el esclarecimiento de la temática y una muestra de cómo se están jugando las cartas.
En el mundo se destruyen alrededor de 17 millones de hectáreas de bosques cada año. Córdoba, a través del instrumento que contempla el proyecto oficial, establece distintas zonas de protección, en un intento por llegar a un punto intermedio.
“Cuando se administran bien, los recursos naturales renovables, las cuencas hidrográficas y los paisajes terrestres y marinos productivos pueden sentar las bases del crecimiento sostenido”, señaló el Banco Mundial al referirse a la situación ambiental general. No dudó en remarcar que “entre el 60% y el 70% de los ecosistemas del mundo se están degradando más rápido de lo que pueden recuperarse”.
Las posturas proconservación de la flora y de la fauna nativa generalmente chocan con los intereses productivos y con su correlato económico. Es lo que está ocurriendo en Córdoba.
La obligación del Estado es encontrar el punto de equilibrio entre las posturas antagónicas que aparecen. Por lo pronto, el instrumento del gobierno de Juan Schiaretti habría conseguido la venia de la Nación.
El tema es de alto impacto. La preservación de los bosques y de los suelos se enfrenta nada menos que a la necesidad de alimentos que tiene el planeta. Se estima que la población global hacia 2050 será de unas 9.500 millones de personas.
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Fuera de norma desde 2015
En diciembre último, la Prvincia envió un proyecto de ley que la Nación criticó por tener marcadas falencias técnicas.
De acuerdo con lo que señala la legislación, desde el 5 de agosto de 2015, la Provincia de Córdoba incumple con la ley nacional 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos.
¿Por qué? Después de haber aprobado en agosto de 2010 su primer ordenamiento territorial, la Provincia debe actualizar de manera obligatoria dicho esquema ambiental cada cinco años, como lo estipula la normativa vigente.
Estar dentro de la norma permite el acceso al Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos, dinero que llega al Ejecutivo y que luego termina en productores, por ejemplo, que demuestren realizar un manejo correcto del bosque.
Desde 2013, la administración provincial recibe estos aportes. Pero el acceso al programa se produjo de manera “excepcional”, ya que mantenía aspectos pendientes por resolver en cuanto al proceso de ordenamiento territorial, los que se comprometió a cumplimentar.
Para 2017, Córdoba tiene asignados por Presupuesto 22,6 millones de pesos.
En promedio, entre los años 2014 y 2016, el Ejecutivo provincial recibió unos 20 millones de pesos anuales de la Nación.
Según lo estipula la ley, la Provincia retiene para programas de preservación el 30 por ciento del monto asignado, mientras que el resto debe llegar a los productores para Planes de Manejo y Planes de Conservación. En promedio, se trata de uno 13 millones de pesos anuales, aunque el cobro viene demorado.
Para todo el año en curso el Presupuesto nacional destina a nivel país unos 300 millones de pesos.
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Ley de bosques: inminente aval de la Nación a la Provincia
Una marcha multitudinaria por el Centro de la ciudad de Córdoba en contra de una nueva ley de bosques. Un abrazo cordial entre el gobernador Juan Schiaretti y el ministro de Ambiente de la Nación, Sergio Bergman, en el Centro Cívico.
Esas dos imágenes, de principio de marzo, son los antecedentes más recientes en torno al debate que atraviesa la controvertida actualización del Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos (OTBN) y que ahora vuelve a escena con un elemento de peso: la cartera nacional –la máxima autoridad de aplicación en la materia– está a punto de darle el visto bueno a la herramienta técnica elaborada por la Provincia, lo que permitirá la confección del discutido mapa.
Dos fuentes consultadas por La Voz, una de la administración nacional y otra del Gobierno provincial confirmaron que el OK al instrumento metodológico por parte de Ambiente será oficializado en los próximos días.
“Tenemos información de que el resultado es satisfactorio y hasta elogioso por las características técnicas de la herramienta. Es un reconocimiento importante”, comentó un funcionario provincial que pidió reserva de su nombre.
Voceros del Ministerio de Ambiente nacional, en tanto, estimaron que durante “la próxima semana se enviará la respuesta” a Córdoba y hablaron de un resultado “positivo”. “La nueva herramienta es superior”, destacaron, y adelantaron que habrá “algunas recomendaciones y ajustes”.
El aval nacional es sobre un instrumento técnico que determina una metodología de trabajo para elaborar un mapa sobre la base de un sistema de información geográfico en el que coexisten 16 capas en las que se engloban todos los aspectos del territorio en estudio y que termina estableciendo el grado de protección (rojo, amarillo y verde) de los bosques.
Más allá del aspecto metodológico, en términos políticos, el visto bueno de la Nación representa un fuerte aval de la administración macrista hacia Schiaretti. Hace menos de un mes y en momentos de alta resistencia social a la ley, la Provincia realizó un pedido de asistencia al Gobierno que conduce Mauricio Macri. Fue entonces cuando entraron en escena el ministro Bergman y su equipo.
Para el gobernador, la ley de bosques ha sido hasta aquí el principal escollo político: fue la única norma que no pudo sancionar durante 2016 por el rechazo y por las tensiones internas que surgieron en Unión por Córdoba (UPC) y que tuvo al exgobernador José Manuel de la Sota como protagonista.
Cuestión de tiempos
En ámbitos oficialista hay mucha cautela de hablar en público sobre cómo encaminar la discusión en la Legislatura. Sin embargo, desde el Panal confirmaron a este diario que la ley “será aprobada”. “Creemos haber podido construir el consenso político necesario. Ley va a haber”, aseguró esta semana una altísima fuente gubernamental.
Tras el fallido intento de diciembre último, la posibilidad de llevar al recinto una nueva ley tomó fuerza en los últimos días y está directamente vinculada al respaldo otorgado desde la Nación.
Un paso firme en ese sentido se dará el martes 4 de abril. Ese día, una comitiva integrada por cuatro legisladores cordobeses visitará a Bergman en su despacho en Buenos Aires. De la reunión serán parte referentes de UPC y de Cambiemos, confirmaron desde la Nación.
En los despachos oficiales confían que una vez conseguido el aval técnico, el encuentro con Bergman dará un plafón político adicional en el cual apoyarse para intentar llevar el debate a la Unicameral.
Siempre fuera de micrófono, hasta se barajan fechas para un eventual tratamiento. El miércoles 19 de abril, tras la Semana Santa, está apuntado en el almanaque de UPC.
La fecha no es un dato menor. Con elecciones primarias en agosto y legislativas generales en octubre, tanto en el peronismo como en Cambiemos admiten que si el tratamiento no se produce en abril será “imposible” impulsarlo hasta después de los comicios. Hay especial cuidado de no impregnar el debate electoral con el rechazo y la oposición de amplios sectores de la población.
En el plano legislativo, en el Panal existe un convencimiento de que sólo Cambiemos acompañará la nueva norma. Descuentan que el resto de las bancadas opositoras rechazará cualquier iniciativa.
Para Schiaretti, si la mayoría de los 21 legisladores del interbloque que comparten radicales, juecistas y macristas convalida el nuevo texto será suficiente para avanzar.
En ese espacio hay al menos cinco parlamentarios que se han mostrado contrarios a los cambios. Son los que participaron de la última marcha en contra de la ley. De todos modos, podrían variar sus posturas de acuerdo con cómo termine redactada la norma y, en especial, el mapa.
Mientras tanto, en el bloque mayoritario de UPC, las mismas voces delasotistas que hace poco marcaban diferencias con el ala schiarettista respecto de la ley, ahora se muestran más permeables y hablan de “un momento de distensión” en el PJ.
El proceso participativo
En su paso por Córdoba, a comienzos de mes, Bergman fue enfático al recomendar a la Provincia que instrumente un proceso participativo amplio. “Juntamente con la asistencia para la validación de la herramienta, les hemos recomendado a las autoridades provinciales la realización de audiencias públicas para participar a la sociedad civil, en especial a los académicos, del proceso de confección de los mapas”, le había dicho el ministro a La Voz, aunque aclaró que esa convocatoria dependía de una decisión de la administración local.
La participación de todos los actores involucrados en el debate es una de las principales demandas de quienes se oponen a la actualización del ordenamiento territorial tal como se lo intentó impulsar desde el oficialismo en diciembre pasado.
Hasta aquí y más allá del trabajo realizado hasta mediados de agosto de 2016 por una mesa interdisciplinaria que facilitó la Secretaría General de la Gobernación, la participación ha sido acotada. Un amparo presentado por los ambientalistas frenó el intento de llevar una audiencia pública a Villa María de Río Seco.
En los últimos días, y tras haberse anunciado que la comisión especial saldría al interior para “entrar en contacto con los protagonistas”, aún no se produjeron reuniones de ese tipo.
Tratamiento en conjunto
Reforestación y más. La Legislatura tiene un 2017 cargado de temas ambientales. Además de la discutida ley de ordenamiento territorial, la Provincia avanza con otras iniciativas que están relacionadas con la problemática ambiental. Esta semana, el Ministerio de Agricultura y Ganadería presentó un proyecto de ley con el que se plantea reforestar unas 120 mil hectáreas agrícolas en un plazo de siete años. Otro norma que ya fue propuesta tiempo atrás y que podría recobrar fuerza en los próximos meses es la creación de un fuero ambiental especial.
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El equilibrio, entre el bosque y la comida
La preservación de los bosques suele chocar con la necesidad, cada vez mayor, de alimentos que tiene el planeta.
En su pulseada por la ley de bosques, el año pasado el Gobierno provincial fue tapado por el árbol. No pudo conseguir esa normativa, lo que intentará en el ejercicio legislativo actual, si la presión de los sectores ambientalistas no logra frenarla.
Las cuestiones de medio ambiente –Córdoba demostró que no es la excepción– se están discutiendo en el mundo entre posiciones extremas, que generalmente no contribuyen a enriquecer los debates.
La apuesta de nuestro Primer plano de hoy es un paso inicial hacia el esclarecimiento de la temática y una muestra de cómo se están jugando las cartas.
En el mundo se destruyen alrededor de 17 millones de hectáreas de bosques cada año. Córdoba, a través del instrumento que contempla el proyecto oficial, establece distintas zonas de protección, en un intento por llegar a un punto intermedio.
“Cuando se administran bien, los recursos naturales renovables, las cuencas hidrográficas y los paisajes terrestres y marinos productivos pueden sentar las bases del crecimiento sostenido”, señaló el Banco Mundial al referirse a la situación ambiental general. No dudó en remarcar que “entre el 60% y el 70% de los ecosistemas del mundo se están degradando más rápido de lo que pueden recuperarse”.
Las posturas proconservación de la flora y de la fauna nativa generalmente chocan con los intereses productivos y con su correlato económico. Es lo que está ocurriendo en Córdoba.
La obligación del Estado es encontrar el punto de equilibrio entre las posturas antagónicas que aparecen. Por lo pronto, el instrumento del gobierno de Juan Schiaretti habría conseguido la venia de la Nación.
El tema es de alto impacto. La preservación de los bosques y de los suelos se enfrenta nada menos que a la necesidad de alimentos que tiene el planeta. Se estima que la población global hacia 2050 será de unas 9.500 millones de personas.
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Fuera de norma desde 2015
En diciembre último, la Prvincia envió un proyecto de ley que la Nación criticó por tener marcadas falencias técnicas.
De acuerdo con lo que señala la legislación, desde el 5 de agosto de 2015, la Provincia de Córdoba incumple con la ley nacional 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos.
¿Por qué? Después de haber aprobado en agosto de 2010 su primer ordenamiento territorial, la Provincia debe actualizar de manera obligatoria dicho esquema ambiental cada cinco años, como lo estipula la normativa vigente.
Estar dentro de la norma permite el acceso al Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos, dinero que llega al Ejecutivo y que luego termina en productores, por ejemplo, que demuestren realizar un manejo correcto del bosque.
Desde 2013, la administración provincial recibe estos aportes. Pero el acceso al programa se produjo de manera “excepcional”, ya que mantenía aspectos pendientes por resolver en cuanto al proceso de ordenamiento territorial, los que se comprometió a cumplimentar.
Para 2017, Córdoba tiene asignados por Presupuesto 22,6 millones de pesos.
En promedio, entre los años 2014 y 2016, el Ejecutivo provincial recibió unos 20 millones de pesos anuales de la Nación.
Según lo estipula la ley, la Provincia retiene para programas de preservación el 30 por ciento del monto asignado, mientras que el resto debe llegar a los productores para Planes de Manejo y Planes de Conservación. En promedio, se trata de uno 13 millones de pesos anuales, aunque el cobro viene demorado.
Para todo el año en curso el Presupuesto nacional destina a nivel país unos 300 millones de pesos.
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Para las ONG, sin consulta, el proceso es ilegal
Confían en que la Nación haga respetar la normativa. Piden que se archive el proyecto oficial.
Las declaraciones de Sergio Bergman, el ministro de Ambiente de la Nación, fueron música para los oídos de los ambientalistas y de las universidades cordobesas.
“No sólo es lo técnico de cómo se hace el mapa de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), sino que hace falta también la participación ciudadana y la consulta a la sociedad civil y a la academia”, dijo Bergman, en su última visita a Córdoba.
Para el ambientalismo y para las universidades, como para Bergman, la modificación de la ley de bosques (9.814) y la actualización del mapa de OTBN son dos temas separados.
También coinciden en que este último punto debe hacerse dentro de un proceso participativo.
“Ese proceso debe cumplir determinados presupuestos mínimos previstos en las normativas nacionales”, asegura Cristian Schneider, integrante de la Coordinadora Ambiental y Derechos Humanos Sierras Chicas.
Y agrega: “Un proceso participativo no significa hacer algunas consultas”.
Para Federico Kopta, del Foro Ambiental Córdoba, el tema no arrancó bien.
“La decisión de legisladores de Unión por Córdoba de proponer reuniones de comisión en localidades del norte provincial no resulta orgánica con el proceso participativo indicado por la Nación”, asegura.
“Esta nueva etapa deberá ajustarse a lo prescripto por la ley nacional número 26.331. No se ajustó en 2010 cuando se aprobó la ley provincial vigente y no se ajustaba ahora”, dice Kopta.
Archivar el proyecto
Desde la coordinadora también piden que se archive el proyecto para modificar la ley de bosques nativos.
“Si aprueban este proyecto, incumplirán con los requisitos de participación y de no regresividad en cuanto a la cantidad de hectáreas protegidas. Volveremos a salir a la calle e iniciaremos las acciones administrativas y legales necesarias porque toda la sociedad será la afectada”, asegura Schneider.
Sin el proceso participativo, Schneider entiende que se pondría en riesgo la acreditación del OTBN a nivel nacional, con lo cual Córdoba no accedería a los fondos nacionales para bosques nativos.
“No creo que haya posibilidades que la Nación convalide un proceso de actualización del mapa del OTBN que esté en contra de la propias normas que ellos sostienen”, dice.
Existen cuatro manuales del Consejo Federal de Medio Ambiente sobre cómo debe ser el proceso participativo.
“Un piso mínimo sería repetir lo que se hizo antes de que se aprobara la actual ley. Se hicieron siete talleres regionales. Además hay que tener en cuenta la nueva ley de política ambiental (10.208)”, comenta Schneider.
La sangría verde del monte cordobés
A pesar de la ley, ya se perdieron 30 mil hectáreas desde 2012.
Pre-2004. Antes de 2004 sólo quedaba el 10 por ciento de los 12 millones de hectáreas de bosque que había en Córdoba a principios del siglo 20.
2004-2010. Hasta la sanción de la actual ley, se perdió el 40 por ciento de los bosques nativos del norte y oeste de la provincia, por un total de 269 mil hectáreas.
2012-2015. Se perdieron 29.925 hectáreas, en un cálculo que incluye datos oficiales desde septiembre de 2014 y relevamientos anteriores de la ONG Guyra.
2016. Se perdieron 1.619 hectáreas, según la ONG Guyra. Policía ambiental aún no lo informó.
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Se sigue detectando desmonte químico
La reglamentación actual de la ley de bosques nativos prohíbe el desmonte químico, pero esa situación podría cambiar si prospera tal cual está el proyecto oficial para modificar la norma.
La semana pasada, la Policía ambiental detectó una nueva intervención del bosque nativo en donde se sospecha el uso de herbicidas específicos.
La reglamentación actual de la ley de bosques nativos prohíbe el desmonte químico, pero esa situación podría cambiar si prospera tal cual está el proyecto oficial para modificar la norma.
Policía ambiental detectó la intervención con imágenes satelitales en un campo ubicado en las cercanías de Villa Quilino.
En el predio, los agentes corroboraron que efectivamente se trataba de un desmonte químico, pero además se estaba realizando un rolado sin autorización.
En el establecimiento también detectaron un feedlot vacuno con aproximadamente 600 animales que tampoco contaba con los permisos correspondientes.
Además del secuestro de la maquinaria, se procedió al cese preventivo y precautorio de todas las actividades hasta que se regularice la situación. Se labraron las actas correspondientes.
Figura repetida
A fines de febrero, el organismo ya había detectado otro desmonte químico en Alto de los Quebrachos, en el departamento Cruz del Eje. En ese caso la intervención se dio en unas 500 hectáreas. Las primeras actas de infracción por desmonte químico se labraron a fines de 2016.
Para esta tarea se utilizan productos que eliminan el estrato arbustivo, aunque a veces también pueden afectar a algunos árboles.
La técnica es cuestionada porque altera la estructura del bosque de una manera diferente a la del desmonte mecánico con rolado. Por lo general, la aplicación se realiza con aviones fumigadores para cubrir grandes superficies.
En el mercado existen tres arbusticidas, todos fabricados por Dow Chemical: Togar, Pastar y Tordon D30.
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Confían en que la Nación haga respetar la normativa. Piden que se archive el proyecto oficial.
Las declaraciones de Sergio Bergman, el ministro de Ambiente de la Nación, fueron música para los oídos de los ambientalistas y de las universidades cordobesas.
“No sólo es lo técnico de cómo se hace el mapa de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), sino que hace falta también la participación ciudadana y la consulta a la sociedad civil y a la academia”, dijo Bergman, en su última visita a Córdoba.
Para el ambientalismo y para las universidades, como para Bergman, la modificación de la ley de bosques (9.814) y la actualización del mapa de OTBN son dos temas separados.
También coinciden en que este último punto debe hacerse dentro de un proceso participativo.
“Ese proceso debe cumplir determinados presupuestos mínimos previstos en las normativas nacionales”, asegura Cristian Schneider, integrante de la Coordinadora Ambiental y Derechos Humanos Sierras Chicas.
Y agrega: “Un proceso participativo no significa hacer algunas consultas”.
Para Federico Kopta, del Foro Ambiental Córdoba, el tema no arrancó bien.
“La decisión de legisladores de Unión por Córdoba de proponer reuniones de comisión en localidades del norte provincial no resulta orgánica con el proceso participativo indicado por la Nación”, asegura.
“Esta nueva etapa deberá ajustarse a lo prescripto por la ley nacional número 26.331. No se ajustó en 2010 cuando se aprobó la ley provincial vigente y no se ajustaba ahora”, dice Kopta.
Archivar el proyecto
Desde la coordinadora también piden que se archive el proyecto para modificar la ley de bosques nativos.
“Si aprueban este proyecto, incumplirán con los requisitos de participación y de no regresividad en cuanto a la cantidad de hectáreas protegidas. Volveremos a salir a la calle e iniciaremos las acciones administrativas y legales necesarias porque toda la sociedad será la afectada”, asegura Schneider.
Sin el proceso participativo, Schneider entiende que se pondría en riesgo la acreditación del OTBN a nivel nacional, con lo cual Córdoba no accedería a los fondos nacionales para bosques nativos.
“No creo que haya posibilidades que la Nación convalide un proceso de actualización del mapa del OTBN que esté en contra de la propias normas que ellos sostienen”, dice.
Existen cuatro manuales del Consejo Federal de Medio Ambiente sobre cómo debe ser el proceso participativo.
“Un piso mínimo sería repetir lo que se hizo antes de que se aprobara la actual ley. Se hicieron siete talleres regionales. Además hay que tener en cuenta la nueva ley de política ambiental (10.208)”, comenta Schneider.
La sangría verde del monte cordobés
A pesar de la ley, ya se perdieron 30 mil hectáreas desde 2012.
Pre-2004. Antes de 2004 sólo quedaba el 10 por ciento de los 12 millones de hectáreas de bosque que había en Córdoba a principios del siglo 20.
2004-2010. Hasta la sanción de la actual ley, se perdió el 40 por ciento de los bosques nativos del norte y oeste de la provincia, por un total de 269 mil hectáreas.
2012-2015. Se perdieron 29.925 hectáreas, en un cálculo que incluye datos oficiales desde septiembre de 2014 y relevamientos anteriores de la ONG Guyra.
2016. Se perdieron 1.619 hectáreas, según la ONG Guyra. Policía ambiental aún no lo informó.
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Se sigue detectando desmonte químico
La reglamentación actual de la ley de bosques nativos prohíbe el desmonte químico, pero esa situación podría cambiar si prospera tal cual está el proyecto oficial para modificar la norma.
La semana pasada, la Policía ambiental detectó una nueva intervención del bosque nativo en donde se sospecha el uso de herbicidas específicos.
La reglamentación actual de la ley de bosques nativos prohíbe el desmonte químico, pero esa situación podría cambiar si prospera tal cual está el proyecto oficial para modificar la norma.
Policía ambiental detectó la intervención con imágenes satelitales en un campo ubicado en las cercanías de Villa Quilino.
En el predio, los agentes corroboraron que efectivamente se trataba de un desmonte químico, pero además se estaba realizando un rolado sin autorización.
En el establecimiento también detectaron un feedlot vacuno con aproximadamente 600 animales que tampoco contaba con los permisos correspondientes.
Además del secuestro de la maquinaria, se procedió al cese preventivo y precautorio de todas las actividades hasta que se regularice la situación. Se labraron las actas correspondientes.
Figura repetida
A fines de febrero, el organismo ya había detectado otro desmonte químico en Alto de los Quebrachos, en el departamento Cruz del Eje. En ese caso la intervención se dio en unas 500 hectáreas. Las primeras actas de infracción por desmonte químico se labraron a fines de 2016.
Para esta tarea se utilizan productos que eliminan el estrato arbustivo, aunque a veces también pueden afectar a algunos árboles.
La técnica es cuestionada porque altera la estructura del bosque de una manera diferente a la del desmonte mecánico con rolado. Por lo general, la aplicación se realiza con aviones fumigadores para cubrir grandes superficies.
En el mercado existen tres arbusticidas, todos fabricados por Dow Chemical: Togar, Pastar y Tordon D30.
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1 comentarios:
Hay algo que no se dice. Si talan el bosque vendran inundaciones y vientos q diezmaran pueblos por un lado mas la perdida de biodiversidad.La pregunta es..los millones de peso que se necesitaran para ayudar a los damnificados los pondra la Nacion? Eso debe constar en la ley. Asimismo cuando la piblacion se enferme por fumigaciones y herbicidas usado para tala..quien pondra el dinero? La Nacion? Eso debe constar en la ley. Cuando el suelo cierre sus poros y no tenga mas nutrientes para el crecimiento de granos..quiwn pagara a los agricultores? La Nacion? Por las experiencia anteriores y sabiendo que todo volvera a suceder es importante que la Nacion rubrique su garantia en este caso especial ambiental que frente a toda contingencia se hara cargo de absolutamente todos los gastos.