21 jun 2014

Avalan la nueva ley ambiental pero con reparos

El Puntal de Río Cuarto (21/06/2014)
Especialistas respaldan la nueva ley ambiental pero piden que se cumpla

Después de lograr un consenso político amplio en la Unicameral, la norma también tuvo el respaldo de quienes habían sido críticos en el proceso de consulta previo a su tratamiento en el Poder Legislativo
La nueva normativa ambiental que fue aprobada con un amplio respaldo político en la Unicameral provincial pasó una exigencia más al superar las críticas de los especialistas, muchos de los cuales formaron parte del proceso previo del debate sobre el proyecto original enviado por el Ejecutivo y que había recibido cuestionamientos de casi todos los sectores, desde los ambientalistas hasta las entidades del campo y la industria.
Incluso muchos de los que sumaron su opinión en la Legislatura, en las rondas organizadas por los diferentes bloques, temían que poco de lo señalado formara parte del texto final que recibiera la última votación. Es que aún estaba fresco para muchas entidades el recuerdo de la Ley de Bosques, que después de una comprometida participación de la Comisión de Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo (Cotbn), nada de lo discutido llegó a ser parte de la ley.
Los técnicos en materia ambiental admiten que el conflicto por la radicación de Monsanto fue el disparador central de que esta normativa comenzara a debatirse en la provincia, y también coinciden en que se dieron importantes pasos pero al mismo tiempo remarcaron la necesidad de contar con voluntad política para que se aplique y recursos para robustecer a la raquítica Secretaría de Ambiente.
“Hay elementos realmente interesantes que tiene esta ley. Por ejemplo lo del amparo ambiental, que no estaba previsto en Córdoba”, remarcó Federico Kopta, biólogo e integrante del Foro Ambiental Córdoba.
El especialista destacó que “los elementos de participación ciudadana no tienen nada que ver con lo que se había escrito en el proyecto enviado en febrero. Hubo avances sobre las precisiones de esas herramientas. Ahora prevé que para un emprendimiento, depende el tamaño, corresponde generar audiencia pública y consulta popular. Esto según el tipo de actividad y la magnitud. De alguna manera está bastante reglamentado en el propio cuerpo de la ley”, señaló.
En el mismo sentido, Nelso Doffo, geólogo y secretario de Relaciones Institucionales de la Universidad Nacional de Río Cuarto, apuntó que “se avanzó bastante y se escucharon las opiniones sobre un proyecto enviado por el Ejecutivo bastante negativo. Aparecen nuevos instrumentos de gestión, como la planificación ambiental estratégica, y también se dieron pasos importantes en educación. Hay que reconocer que hay avances. La posibilidad de un amparo y la mayor vinculación con los Municipios porque la Provincia sola no puede controlar un aspecto que está distribuido en el territorio, también hay que destacarlos. Por ejemplo, en Río Cuarto se había planteado el control del río pero luego de manera unilateral se cayó”, recordó Doffo.
Los dos especialistas habían sido muy críticos de los términos del proyecto original que envió el gobernador José Manuel De la Sota a la Unicameral, pero rescataron los aportes que finalmente aparecieron. De hecho, de 47 artículos que tenía aquella propuesta del Ejecutivo, la normativa duplicó la cantidad de puntos; entre ellos, un capítulo completo destinado a la salud que no era tenido en cuenta en un comienzo.
Para Kopta, “se eliminó una cantidad de grises existentes en el proyecto enviado por el Ejecutivo. Con respecto a la participación ciudadana teníamos la ley nacional que indicaba que lo que debía hacer cada provincia era reglamentar esa participación, pero lo del Ejecutivo no sumaba nada en ese sentido. Por eso es interesante la construcción que se fue realizando. A nivel político es valorable lo hecho porque hubo discusión y aportes de parte de la sociedad”, insistió.
Al ser consultado por inclusiones destacadas, el biólogo destacó que “muchas observaciones fueron absorbidas. Para que una ley fuese eficaz necesitaba presupuesto y personal idóneo, y ambos fueron incorporados dentro de la ley. Cierto es que cuando se habla de personal idóneo puede haber diferentes varas para definirlo, pero está en la ley y es importante”.
Sobre las críticas a la normativa, Kopta señaló que “el proyecto terminó siendo votado luego de que llegara a último momento el acuerdo. Creo que los episodios de violencia se podrían haber evitado si se hubiera difundido unos días antes para bajar la ansiedad de sectores preocupados por esto. Se hubiese evitado un mal trago”, dijo.
Por su parte, Doffo remarcó que “ahora, se requiere una superestructura. Implica pasar de una escuálida secretaría a otra con capacidad humana y técnica. En cuanto a los informes ambientales, tuvimos uno de los incendios más importantes de la historia de Córdoba y no hubo un informe de la autoridad de aplicación para saber cómo quedaron los acuíferos, los relieves. La ley prevé eso. Hay mucho para reglamentar y trabajar, entre otras cosas el ordenamiento territorial. Para todo eso hay que tener una robusta Secretaría”.
Tanto Doffo como Kopta no dudaron en señalar al caso Monsanto como el disparador de este nuevo marco normativo. “Fue el disparador de la discusión. El conflicto de Monsanto y la rebelión policial. El gobierno cambia su estilo cerrado de gobernar a partir de la rebelión policial. Bienvenido sea que fuese así porque era un gobierno autista hasta ahí”, fustigó Kopta. Aunque aclaró que “Monsanto tendrá que presentar un nuevo estudio de impacto ambiental. La nueva norma lo obliga a realizar una audiencia pública y seguramente habrá una consulta popular. Porque para los proyectos conflictivos esto también está previsto. Luego la población va a terminar definiendo de manera definitiva, porque si la consulta le da en contra a Monsanto no podría seguir ahí”.
Por último, Nelso Doffo remarcó que “aún la autoridad de aplicación tiene que definir la participación ciudadana. En la reglamentación debería accederse a la construcción de ese punto. También autoriza que para aquellos que no son de Anexo I -de alto riesgo- se pueda pedir consulta o audiencia pero no está en claro cómo será y eso deberá resolverse en la reglamentación”, advirtió.

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