4 feb 2018
Áreas protegidas provinciales y el problema del presupuesto
8:00 a.m. | 
Publicado por
Eco Sitio |
La Voz del Interior (04/02/2018)
Áreas protegidas, con aportes muy desiguales
Después de Misiones, Córdoba es la segunda provincia con mayor superficie incluida en algún área protegida. Sin embargo, hay enormes diferencias de presupuesto y de gestión.
Estos espacios son claves para proteger flora y fauna autóctona, pero también para preservar cuencas hídricas y ser puntos de referencia para turismo y recreación.
Salvo algunos casos, la mayoría de las áreas protegidas de Córdoba sólo lo son en el papel porque solamente cuentan con una normativa que las creó, concluye un trabajo de egresados de instituciones superiores de Córdoba y publicado en la revista Cardinalis de la Universidad Nacional de Córdoba.
El estudio fue realizado por Joaquín Páez, Joaquín Deon y Celeste Camacho. Los autores apuntan que, cuando las áreas protegidas están gestionadas exclusivamente por el Estado (nacional, provincial o municipal), sólo el 13 por ciento cumple una real función de conservar un ecosistema.
En cambio, cuando estos espacios están en manos de un municipio pero se incluye la participación ciudadana, cerca de la mitad logra sus objetivos ambientales.
Los recursos que tiene cada área protegida son dispares. A nivel nacional, el Parque Nacional Quebrada del Condorito cuenta con 304 pesos para gastar por cada hectárea protegida. Su presupuesto 2017 fue de 11.368.908 pesos. Este año recibirá 567 mil pesos más, es decir, un incremento del cinco por ciento. Dos tercios de los fondos están destinados al personal.
El presupuesto baja sensiblemente a nivel provincial. El trabajo calculó que cada hectárea protegida bajo jurisdicción provincial cuenta con apenas tres pesos. Sin embargo, desde la Secretaría de Ambiente de la Provincia aseguran que la cifra es mucho más alta.
El estudio realizó el cálculo en base a las 3.925.385 hectáreas preservadas que tiene la provincia y por una estimación extraoficial de 10 millones de pesos.
Pero esta enorme superficie incluye 2,9 millones de hectáreas de reservas cuyos predios son privados. Son los casos de los Corredores Biogeográficos del Caldén y del Chaco Árido y la Reserva Hídrica y Recreativa Calamuchitana. Si se restan estos espacios, las áreas protegidas exclusivas de la Provincia serían 1,27 millones de hectáreas.
A su vez, los 10 millones de pesos de presupuesto se quedan cortos, asegura Diego Suárez, director de Conservación de la Biodiversidad y Recursos Naturales de la Secretaría de Ambiente. “Cada año estamos incrementando los fondos para poner en valor las áreas protegidas”, dice.
Áreas protegidas, con aportes muy desiguales
Después de Misiones, Córdoba es la segunda provincia con mayor superficie incluida en algún área protegida. Sin embargo, hay enormes diferencias de presupuesto y de gestión.
Estos espacios son claves para proteger flora y fauna autóctona, pero también para preservar cuencas hídricas y ser puntos de referencia para turismo y recreación.
Salvo algunos casos, la mayoría de las áreas protegidas de Córdoba sólo lo son en el papel porque solamente cuentan con una normativa que las creó, concluye un trabajo de egresados de instituciones superiores de Córdoba y publicado en la revista Cardinalis de la Universidad Nacional de Córdoba.
El estudio fue realizado por Joaquín Páez, Joaquín Deon y Celeste Camacho. Los autores apuntan que, cuando las áreas protegidas están gestionadas exclusivamente por el Estado (nacional, provincial o municipal), sólo el 13 por ciento cumple una real función de conservar un ecosistema.
En cambio, cuando estos espacios están en manos de un municipio pero se incluye la participación ciudadana, cerca de la mitad logra sus objetivos ambientales.
Los recursos que tiene cada área protegida son dispares. A nivel nacional, el Parque Nacional Quebrada del Condorito cuenta con 304 pesos para gastar por cada hectárea protegida. Su presupuesto 2017 fue de 11.368.908 pesos. Este año recibirá 567 mil pesos más, es decir, un incremento del cinco por ciento. Dos tercios de los fondos están destinados al personal.
El presupuesto baja sensiblemente a nivel provincial. El trabajo calculó que cada hectárea protegida bajo jurisdicción provincial cuenta con apenas tres pesos. Sin embargo, desde la Secretaría de Ambiente de la Provincia aseguran que la cifra es mucho más alta.
El estudio realizó el cálculo en base a las 3.925.385 hectáreas preservadas que tiene la provincia y por una estimación extraoficial de 10 millones de pesos.
Pero esta enorme superficie incluye 2,9 millones de hectáreas de reservas cuyos predios son privados. Son los casos de los Corredores Biogeográficos del Caldén y del Chaco Árido y la Reserva Hídrica y Recreativa Calamuchitana. Si se restan estos espacios, las áreas protegidas exclusivas de la Provincia serían 1,27 millones de hectáreas.
A su vez, los 10 millones de pesos de presupuesto se quedan cortos, asegura Diego Suárez, director de Conservación de la Biodiversidad y Recursos Naturales de la Secretaría de Ambiente. “Cada año estamos incrementando los fondos para poner en valor las áreas protegidas”, dice.
“Estamos intentando fortalecer estos espacios para fomentar el turismo alternativo. El problema es que son sitios muy alejados, por lo que la gente debe viajar mucho y hacer noche. Entonces estamos creando unos módulos que servirán como vivienda para el guardaparque, una sala de usos múltiples y 30 plazas de alojamiento en cada reserva”, detalla.
En 2016 se destinaron dos millones de pesos para recuperar la Reserva de la laguna La Felipa (departamento Juárez Celman). En 2017 fueron seis millones para este espacio y para el Refugio de Vida Silvestre Monte de las Barrancas (Ischilín). Suárez estima que para 2018 se destinarán 12 millones de pesos.
A estos montos hay que sumar los fondos para el pago de los 33 guardaparques (con un sueldo promedio de 20 mil pesos), más los gastos de mantenimiento. El presupuesto total se acercaría a los 25 millones de pesos, es decir, casi 20 pesos por cada una de las 1,27 millones de hectáreas que están bajo la órbita provincial.
En las reservas naturales bajo jurisdicción municipal hay diferencias marcadas. La Reserva Natural Parque San Martín de la ciudad de Córdoba invierte 11 mil pesos por hectárea, mientras que el presupuesto de la Reserva Los Quebrachitos de Unquillo es de 77 pesos. De todas formas, los autores aclaran que el presupuesto asignado a un área protegida depende de las acciones que se realicen para su conservación y no siempre está relacionado con el tamaño.
“Un área protegida urbana pequeña que dé prioridad a la educación ambiental y a la concienciación puede requerir más presupuesto que una reserva remota, que necesita una gestión menos activa”, ejemplifican.
Los autores destacan el trabajo de la Reserva Hídrica y Recreativa Los Manantiales de Río Ceballos. Cuenta con un presupuesto alto –914 pesos por hectárea–, pero lo más importante es su gestión.
“La movilización social y articulada con las ONG impulsó la creación y reglamentación de la reserva. Cuenta con un Consejo de Gestión Participativo, presupuesto propio, guardaparques asignados por concurso público y actividades colaborativas de cartelería, senderismo y recreación”, comentan.
Otros espacios municipales que van por el mismo camino son las reservas Achiras, Bell Ville, la comuna de La Rancherita y Las Cascadas, San Antonio de Arredondo, Jesús María, Cosquín y Capilla del Monte.
“Lo superador de estos modelos (de gobernanza colaborativa) es la institucionalización de la participación ciudadana”, concluyen.
Sierras Chicas sigue siendo zona caliente
Sierras Chicas continúa perdiendo monte nativo debido al avance inmobiliario y a los incendios. En este sector existen 12 áreas protegidas, pero sólo tres tienen guardaparque y plan de manejo, según un estudio de 2016. ONG, junto con la Provincia, municipios y Parques Nacionales crearon un corredor. Estas reservas son vulnerables porque padecen incendios, basurales, invasión de especies exóticas, emprendimientos mineros y actividades recreativas, como los circuitos de motocrós. Solo el 20 por ciento de las más de 47 mil hectáreas son terrenos fiscales. Sin un plan de manejo, los dueños de esos predios podrían avanzar con más loteos u otra actividad que elimine el bosque nativo.
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En las reservas naturales bajo jurisdicción municipal hay diferencias marcadas. La Reserva Natural Parque San Martín de la ciudad de Córdoba invierte 11 mil pesos por hectárea, mientras que el presupuesto de la Reserva Los Quebrachitos de Unquillo es de 77 pesos. De todas formas, los autores aclaran que el presupuesto asignado a un área protegida depende de las acciones que se realicen para su conservación y no siempre está relacionado con el tamaño.
“Un área protegida urbana pequeña que dé prioridad a la educación ambiental y a la concienciación puede requerir más presupuesto que una reserva remota, que necesita una gestión menos activa”, ejemplifican.
Los autores destacan el trabajo de la Reserva Hídrica y Recreativa Los Manantiales de Río Ceballos. Cuenta con un presupuesto alto –914 pesos por hectárea–, pero lo más importante es su gestión.
“La movilización social y articulada con las ONG impulsó la creación y reglamentación de la reserva. Cuenta con un Consejo de Gestión Participativo, presupuesto propio, guardaparques asignados por concurso público y actividades colaborativas de cartelería, senderismo y recreación”, comentan.
Otros espacios municipales que van por el mismo camino son las reservas Achiras, Bell Ville, la comuna de La Rancherita y Las Cascadas, San Antonio de Arredondo, Jesús María, Cosquín y Capilla del Monte.
“Lo superador de estos modelos (de gobernanza colaborativa) es la institucionalización de la participación ciudadana”, concluyen.
Sierras Chicas sigue siendo zona caliente
Sierras Chicas continúa perdiendo monte nativo debido al avance inmobiliario y a los incendios. En este sector existen 12 áreas protegidas, pero sólo tres tienen guardaparque y plan de manejo, según un estudio de 2016. ONG, junto con la Provincia, municipios y Parques Nacionales crearon un corredor. Estas reservas son vulnerables porque padecen incendios, basurales, invasión de especies exóticas, emprendimientos mineros y actividades recreativas, como los circuitos de motocrós. Solo el 20 por ciento de las más de 47 mil hectáreas son terrenos fiscales. Sin un plan de manejo, los dueños de esos predios podrían avanzar con más loteos u otra actividad que elimine el bosque nativo.
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