31 ago 2016
El Alfil firme junto a Monsanto
Diario El Alfil (31/08/2016)
En tierras de Macri, la izquierda obtiene un gran triunfo
La izquierda siempre fue coherente. Nunca quiso a Monsanto. Jugó sus cartas y, lamentablemente, ganó. No se la puede culpar del resultado porque, en definitiva, a sus militantes no les interesa la inversión, ni el hambre de los demás, ni los puestos de trabajo.
Insistir en que Mauricio Macri obtuvo en Córdoba el 70% en la segunda vuelta es una perogrullada. No hay dudas de que la provincia adhirió sin fisuras a sus promesas de cambio y a lo que ellas representan. Tampoco es complejo advertir a qué cosas se le dijo que no: al autoritarismo, la confrontación, al estatismo sin ton ni son, las absurdas regulaciones económicas y al permanente desprecio del sector agropecuario. Todo está tan claro que no vale la pena insistir sobre el particular. Estas son tierras macristas, de eso no hay dudas.
Sin embargo, la izquierda acaba de obtener, por estos días, un triunfo resonante: todo indica que la multinacional Monsanto abandonará su proyecto de instalar una planta procesadora de semillas de maíz en la localidad de Malvinas Argentinas. Su defección significa perder más de 400 empleos directos y privarse de más de 1.600 millones de pesos de inversión (a valores de 2012), justo ahora que el país tanto los necesita.
La empresa no ha dado, todavía, información oficial, pero nadie da un peso por que la construcción de la planta continúe adelante. A estas alturas, y la verdad sea dicha, si los funcionarios de Monsanto decidieran continuar con esta inversión, el empeño debería ser tildado de patriótico antes que empresario. Los obstáculos, las mentiras y la flojera estatal han sido tan grandes que hasta el más recio capitán de la industria termina por hartarse.
El principal enemigo de la radicación fueron las diferentes franquicias de la izquierda local, aunque no se sepa exactamente a guisa de qué se opusieron tan tenazmente. Dueños de un dialecto que repite, a modo de letanía, un pastiche eco–marxista (del que seguramente Carlos Marx abominaría) sus militantes protagonizaron un bloqueo ilegal de la planta en construcción desde mediados de 2013 hasta la fecha, habitando un campamento tan escaso de pobladores como de buen juicio. Sorprendentemente, nadie los pudo sacar.
Pero, al menos, la izquierda siempre fue coherente. Nunca quiso a Monsanto. Jugó sus cartas y, lamentablemente, ganó. No se la puede culpar del resultado porque, en definitiva, a sus militantes no les interesa la inversión, ni el hambre de los demás, ni los puestos de trabajo. Son marxistas sin obreros ni proletarios, adherentes a la más abyecta doctrina malthusiana. Tampoco creen en la ley, excepto cuando les conviene. Por lo tanto, pedirles que recapacitaran fue, desde el primer momento, pretender peras del olmo. Son, en rigor, los menos culpables en la tragedia productiva en que ha terminado esta historia.
¿Para dónde mirar, entonces? Es fácil. Para el lado del Estado. Hacia sus tres poderes. Porque cada uno de ellos aportó lo suyo (o no aportó lo que debía) para que esto terminara tan mal.
El Poder Ejecutivo, a través de su Secretaría de Ambiente, demoró hasta el paroxismo la autorización del estudio de impacto ambiental presentado por Monsanto. Cuando debió hacerlo, se escudó en cuestiones tan accesorias que daban un poco de vergüenza ajena analizarlas. Sin esta aprobación se dio pábulo a otros indolentes para que se frenaran la inversión desde el flanco judicial.
Es este, precisamente, el Poder que sale peor parado en esta historia. Ningún fiscal tuvo el coraje para desalojar el bloqueo delictivo que los ambientalistas llevaron adelante durante tanto tiempo. Los jueces tampoco aportaron gran cosa: a comienzos de 2014 la Sala 2ª de la Cámara del Trabajo (¡vaya paradoja!) resolvió a favor de un amparo presentado por ecologistas hasta tanto no se concluyera el estudio de impacto ambiental. Para agregar la frutilla al postre, la semana pasada se conoció que el fiscal Anticorrupción Hugo Amayusco imputó al exintendente de Malvinas Argentinas, Daniel Arzani, y al exsecretario de Ambiente, Luis Bocco, entre otros, por haber autorizado la construcción de la planta en terrenos que no contemplaban un uso industrial. Traducido: los funcionarios que pretendieron generar inversiones y puestos de trabajo terminaron imputados, mientras los asambleístas que boicotearon el proyecto brindan por el éxito de su coacción ilegal y la pusilanimidad institucional que les permitió llevarla a cabo. Que alguien, por favor, explique este galimatías.
Por último, el Poder Legislativo. Muchos de los legisladores vienen de sectores productivos y representan regiones vinculadas a la agroindustria. Se esperaba, por lo menos, que respaldaran políticamente una radicación enteramente compatible con el perfil agropecuario de la provincia. Pero no lo hicieron. Su silencio fue reemplazado por la vocinglería del ecologismo berreta, que disputó (y ganó) el debate público. Al final de tanto eslogan vacío –amplificado por buena parte de la prensa– nadie sabe exactamente en qué hubiera dañado Monsanto al medio ambiente.
Tal ignorancia no sorprende: si quienes debían esclarecer el asunto callaron, no puede pedirse que lo hicieran a los que persiguen el negocio de la confusión y del escrache.
Lo imperdonable fue que la política se abstuvo de participar para llevar sensatez y claridad al asunto. Ningún legislador ni, mucho menos, algún funcionario, decidió plantar bandera y defender esta inversión. Tampoco se animaron a contrarrestar los apocalípticos chillidos de los ambientalistas, la mayoría falaces y anticientíficos, con posiciones firmes y claras. En una época como la nuestra, cuando la argumentación lógica ha cedido a pataletas atávicas y premodernas, muchas veces es necesario recurrir a una docencia subida de tono para difundir el buen sentido.
La verdad es triste pero no tiene remedio: en tierras de Macri, triunfa la izquierda. Chau inversión, adiós empleos genuinos, nos vemos señora ciencia. En su lugar, y gracias a funcionarios temerosos de los tres poderes del Estado, damos la bienvenida al oscurantismo, el desempleo y al temor empresario por radicar emprendimientos de fuste en la provincia. La pregunta se impone: ¿de qué sirve el 70% cuando, a efectos prácticos, sólo un puñado de ignorantes invalida un programa que millones han votado? Vale la pena reflexionar sobre el particular, mientras esperamos que Monsanto termine de vender como chatarra sus instalaciones a medio terminar.
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En tierras de Macri, la izquierda obtiene un gran triunfo
La izquierda siempre fue coherente. Nunca quiso a Monsanto. Jugó sus cartas y, lamentablemente, ganó. No se la puede culpar del resultado porque, en definitiva, a sus militantes no les interesa la inversión, ni el hambre de los demás, ni los puestos de trabajo.
Insistir en que Mauricio Macri obtuvo en Córdoba el 70% en la segunda vuelta es una perogrullada. No hay dudas de que la provincia adhirió sin fisuras a sus promesas de cambio y a lo que ellas representan. Tampoco es complejo advertir a qué cosas se le dijo que no: al autoritarismo, la confrontación, al estatismo sin ton ni son, las absurdas regulaciones económicas y al permanente desprecio del sector agropecuario. Todo está tan claro que no vale la pena insistir sobre el particular. Estas son tierras macristas, de eso no hay dudas.
Sin embargo, la izquierda acaba de obtener, por estos días, un triunfo resonante: todo indica que la multinacional Monsanto abandonará su proyecto de instalar una planta procesadora de semillas de maíz en la localidad de Malvinas Argentinas. Su defección significa perder más de 400 empleos directos y privarse de más de 1.600 millones de pesos de inversión (a valores de 2012), justo ahora que el país tanto los necesita.
La empresa no ha dado, todavía, información oficial, pero nadie da un peso por que la construcción de la planta continúe adelante. A estas alturas, y la verdad sea dicha, si los funcionarios de Monsanto decidieran continuar con esta inversión, el empeño debería ser tildado de patriótico antes que empresario. Los obstáculos, las mentiras y la flojera estatal han sido tan grandes que hasta el más recio capitán de la industria termina por hartarse.
El principal enemigo de la radicación fueron las diferentes franquicias de la izquierda local, aunque no se sepa exactamente a guisa de qué se opusieron tan tenazmente. Dueños de un dialecto que repite, a modo de letanía, un pastiche eco–marxista (del que seguramente Carlos Marx abominaría) sus militantes protagonizaron un bloqueo ilegal de la planta en construcción desde mediados de 2013 hasta la fecha, habitando un campamento tan escaso de pobladores como de buen juicio. Sorprendentemente, nadie los pudo sacar.
Pero, al menos, la izquierda siempre fue coherente. Nunca quiso a Monsanto. Jugó sus cartas y, lamentablemente, ganó. No se la puede culpar del resultado porque, en definitiva, a sus militantes no les interesa la inversión, ni el hambre de los demás, ni los puestos de trabajo. Son marxistas sin obreros ni proletarios, adherentes a la más abyecta doctrina malthusiana. Tampoco creen en la ley, excepto cuando les conviene. Por lo tanto, pedirles que recapacitaran fue, desde el primer momento, pretender peras del olmo. Son, en rigor, los menos culpables en la tragedia productiva en que ha terminado esta historia.
¿Para dónde mirar, entonces? Es fácil. Para el lado del Estado. Hacia sus tres poderes. Porque cada uno de ellos aportó lo suyo (o no aportó lo que debía) para que esto terminara tan mal.
El Poder Ejecutivo, a través de su Secretaría de Ambiente, demoró hasta el paroxismo la autorización del estudio de impacto ambiental presentado por Monsanto. Cuando debió hacerlo, se escudó en cuestiones tan accesorias que daban un poco de vergüenza ajena analizarlas. Sin esta aprobación se dio pábulo a otros indolentes para que se frenaran la inversión desde el flanco judicial.
Es este, precisamente, el Poder que sale peor parado en esta historia. Ningún fiscal tuvo el coraje para desalojar el bloqueo delictivo que los ambientalistas llevaron adelante durante tanto tiempo. Los jueces tampoco aportaron gran cosa: a comienzos de 2014 la Sala 2ª de la Cámara del Trabajo (¡vaya paradoja!) resolvió a favor de un amparo presentado por ecologistas hasta tanto no se concluyera el estudio de impacto ambiental. Para agregar la frutilla al postre, la semana pasada se conoció que el fiscal Anticorrupción Hugo Amayusco imputó al exintendente de Malvinas Argentinas, Daniel Arzani, y al exsecretario de Ambiente, Luis Bocco, entre otros, por haber autorizado la construcción de la planta en terrenos que no contemplaban un uso industrial. Traducido: los funcionarios que pretendieron generar inversiones y puestos de trabajo terminaron imputados, mientras los asambleístas que boicotearon el proyecto brindan por el éxito de su coacción ilegal y la pusilanimidad institucional que les permitió llevarla a cabo. Que alguien, por favor, explique este galimatías.
Por último, el Poder Legislativo. Muchos de los legisladores vienen de sectores productivos y representan regiones vinculadas a la agroindustria. Se esperaba, por lo menos, que respaldaran políticamente una radicación enteramente compatible con el perfil agropecuario de la provincia. Pero no lo hicieron. Su silencio fue reemplazado por la vocinglería del ecologismo berreta, que disputó (y ganó) el debate público. Al final de tanto eslogan vacío –amplificado por buena parte de la prensa– nadie sabe exactamente en qué hubiera dañado Monsanto al medio ambiente.
Tal ignorancia no sorprende: si quienes debían esclarecer el asunto callaron, no puede pedirse que lo hicieran a los que persiguen el negocio de la confusión y del escrache.
Lo imperdonable fue que la política se abstuvo de participar para llevar sensatez y claridad al asunto. Ningún legislador ni, mucho menos, algún funcionario, decidió plantar bandera y defender esta inversión. Tampoco se animaron a contrarrestar los apocalípticos chillidos de los ambientalistas, la mayoría falaces y anticientíficos, con posiciones firmes y claras. En una época como la nuestra, cuando la argumentación lógica ha cedido a pataletas atávicas y premodernas, muchas veces es necesario recurrir a una docencia subida de tono para difundir el buen sentido.
La verdad es triste pero no tiene remedio: en tierras de Macri, triunfa la izquierda. Chau inversión, adiós empleos genuinos, nos vemos señora ciencia. En su lugar, y gracias a funcionarios temerosos de los tres poderes del Estado, damos la bienvenida al oscurantismo, el desempleo y al temor empresario por radicar emprendimientos de fuste en la provincia. La pregunta se impone: ¿de qué sirve el 70% cuando, a efectos prácticos, sólo un puñado de ignorantes invalida un programa que millones han votado? Vale la pena reflexionar sobre el particular, mientras esperamos que Monsanto termine de vender como chatarra sus instalaciones a medio terminar.
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