26 mar 2016
La Nuclear de Embalse sin estudio de impacto ambiental
8:00 a.m. | 
Publicado por
Eco Sitio |
La Voz del Interior (26/03/2016)
La Nuclear adeuda el estudio de impacto ambiental
La Provincia lo reclama desde hace un año para habilitar las obras de extensión de vida útil. Esos trabajos están en ejecución desde 2011. El nuevo Gobierno cumpliría ese paso.
La Provincia intimó a la Nación, varias veces durante 2015, para que no avance en la obra de extensión de vida útil de la Central Nuclear de Embalse hasta no cumplir con los requisitos de la nueva ley de ambiente de Córdoba. La obra, sin embargo, está en plena marcha y nada indica que la advertencia pase a los hechos.
“Hasta la fecha, no obra presentación de estudio de impacto ambiental por parte de la empresa Nucleoeléctrica Argentina SA”, respondió por escrito el 15 de marzo pasado el Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos de Córdoba al pedido de informes elevado por el Foro Ambiental Córdoba.
En la respuesta a esa institución, el Ministerio adjuntó todos los trámites realizados, sin éxito, para que el Estado nacional cumpla con la ley de ambiente cordobesa aprobada en 2015. Una primera nota enviada por el ministro Fabián López a la empresa estatal que administra las usinas atómicas, el 30 de enero de 2015, notifica que “no podrá dar inicio a las obras de extensión de vida útil de la Central Nuclear Embalse sin que antes le sea otorgada la correspondiente licencia ambiental, conforme establece el artículo 31 de la ley provincial 10.208”.
Esa norma exige, para toda nueva radicación de cierta envergadura, la presentación de un estudio de impacto ambiental, que deberá evaluar la Provincia, además de “una audiencia pública u otros mecanismos que aseguren la participación ciudadana”.
En realidad, las obras para que la usina pueda operar por otros 30 años se iniciaron en 2011 y fueron avanzando paulatinamente. Con la vida útil de su reactor ya vencida, la parada prolongada para el recambio de los equipos críticos se inició en diciembre pasado. Se estima que demandará por lo menos dos años (algunos calculan tres) para que vuelva a ser puesta en marcha. Según informó años atrás el ex Ministerio de Planificación Federal, la inversión total superaría los 1.600 millones de dólares. Una buena parte ya se erogó en las obras ejecutadas y equipos adquiridos.
Federico Kopta, coordinador del Foro Ambiental Córdoba, señaló que reclamaron información a la Provincia “porque importa saber si se cumple la nueva ley de ambiente”. Indicó que “ni siquiera este planteo es a favor o en contra de la continuidad de la Nuclear, sino para asegurar que se cumpla la norma” y remarcó que “en este caso es el propio Estado el que no la está acatando”.
Kopta planteó que “si se cumple, la ciudadanía podrá acceder al estudio sobre el impacto ambiental, y en la audiencia pública consultar y discutir, como nunca se ha hecho, qué medidas prevén por ejemplo ante emergencias o riesgos”.
Por correo
Tras aquella primera notificación de enero de 2015 a Nucleoeléctrica, hubo otra (el 18 de agosto), además de cartas documento a la Secretaria de Energía de la Nación (el 3 de febrero) y a la Comisión Nacional de Energía Atómica (el 28 de abril). Finalmente, el 16 de noviembre pasado, la Policía Ambiental de Córdoba giró otra a la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), órgano estatal de contralor de la actividad atómica, en la que “intima a cesar las obras” por no dar cumplimiento a la ley cordobesa.
Las respuestas –a las que este diario tuvo acceso– muestran que las diferentes reparticiones nacionales rechazaron las intimaciones argumentando que no era una cuestión de sus incumbencias. En todo caso, quedaba en manos de Nucleoeléctrica.
La ARN replicó que la actividad atómica está en realidad regulada por la ley nacional 24.804 y precisó que “las actividades de Nucleoeléctrica se enmarcan en la licencia de operación otorgada y no existen objeciones que puedan demostrar eventuales incumplimientos” a la ley nacional y a las regulaciones de esa ARN.
¿Ahora sí?
En este marco, el flamante secretario de Ambiente y Cambio Climático de la Provincia, Javier Britch, admitió a este diario que el tema sigue abierto pero dijo saber ahora que “el estudio de impacto ambiental está en elaboración y hay un compromiso de enviarlo lo antes posible”. Según apuntó, algo varió desde el cambio de autoridades. “Nos hemos reunido con gente de Nucleoeléctrica. Hay una relación mucho mejor que la que había. Nos aseguran que el estudio está en marcha. Ellos tienen auditorías y normas internacionales exigentes, pero eso no quita que la Provincia pueda exigir que cumplan también con nuestra ley”, señaló.
Britch aseguró que una vez que se evalúe el estudio se convocará a la audiencia pública “como establece la ley”. Admitió que las obras de reconversión de la usina están en avanzada marcha y aclaró que “por el momento” no se insistirá con intimaciones para paralizarlas. “Mientras veamos predisposición, no hay intenciones de tomar otras medidas”, contestó el funcionario provincial.
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La Provincia lo reclama desde hace un año para habilitar las obras de extensión de vida útil. Esos trabajos están en ejecución desde 2011. El nuevo Gobierno cumpliría ese paso.
La Provincia intimó a la Nación, varias veces durante 2015, para que no avance en la obra de extensión de vida útil de la Central Nuclear de Embalse hasta no cumplir con los requisitos de la nueva ley de ambiente de Córdoba. La obra, sin embargo, está en plena marcha y nada indica que la advertencia pase a los hechos.
“Hasta la fecha, no obra presentación de estudio de impacto ambiental por parte de la empresa Nucleoeléctrica Argentina SA”, respondió por escrito el 15 de marzo pasado el Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos de Córdoba al pedido de informes elevado por el Foro Ambiental Córdoba.
En la respuesta a esa institución, el Ministerio adjuntó todos los trámites realizados, sin éxito, para que el Estado nacional cumpla con la ley de ambiente cordobesa aprobada en 2015. Una primera nota enviada por el ministro Fabián López a la empresa estatal que administra las usinas atómicas, el 30 de enero de 2015, notifica que “no podrá dar inicio a las obras de extensión de vida útil de la Central Nuclear Embalse sin que antes le sea otorgada la correspondiente licencia ambiental, conforme establece el artículo 31 de la ley provincial 10.208”.
Esa norma exige, para toda nueva radicación de cierta envergadura, la presentación de un estudio de impacto ambiental, que deberá evaluar la Provincia, además de “una audiencia pública u otros mecanismos que aseguren la participación ciudadana”.
En realidad, las obras para que la usina pueda operar por otros 30 años se iniciaron en 2011 y fueron avanzando paulatinamente. Con la vida útil de su reactor ya vencida, la parada prolongada para el recambio de los equipos críticos se inició en diciembre pasado. Se estima que demandará por lo menos dos años (algunos calculan tres) para que vuelva a ser puesta en marcha. Según informó años atrás el ex Ministerio de Planificación Federal, la inversión total superaría los 1.600 millones de dólares. Una buena parte ya se erogó en las obras ejecutadas y equipos adquiridos.
Federico Kopta, coordinador del Foro Ambiental Córdoba, señaló que reclamaron información a la Provincia “porque importa saber si se cumple la nueva ley de ambiente”. Indicó que “ni siquiera este planteo es a favor o en contra de la continuidad de la Nuclear, sino para asegurar que se cumpla la norma” y remarcó que “en este caso es el propio Estado el que no la está acatando”.
Kopta planteó que “si se cumple, la ciudadanía podrá acceder al estudio sobre el impacto ambiental, y en la audiencia pública consultar y discutir, como nunca se ha hecho, qué medidas prevén por ejemplo ante emergencias o riesgos”.
Por correo
Tras aquella primera notificación de enero de 2015 a Nucleoeléctrica, hubo otra (el 18 de agosto), además de cartas documento a la Secretaria de Energía de la Nación (el 3 de febrero) y a la Comisión Nacional de Energía Atómica (el 28 de abril). Finalmente, el 16 de noviembre pasado, la Policía Ambiental de Córdoba giró otra a la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), órgano estatal de contralor de la actividad atómica, en la que “intima a cesar las obras” por no dar cumplimiento a la ley cordobesa.
Las respuestas –a las que este diario tuvo acceso– muestran que las diferentes reparticiones nacionales rechazaron las intimaciones argumentando que no era una cuestión de sus incumbencias. En todo caso, quedaba en manos de Nucleoeléctrica.
La ARN replicó que la actividad atómica está en realidad regulada por la ley nacional 24.804 y precisó que “las actividades de Nucleoeléctrica se enmarcan en la licencia de operación otorgada y no existen objeciones que puedan demostrar eventuales incumplimientos” a la ley nacional y a las regulaciones de esa ARN.
¿Ahora sí?
En este marco, el flamante secretario de Ambiente y Cambio Climático de la Provincia, Javier Britch, admitió a este diario que el tema sigue abierto pero dijo saber ahora que “el estudio de impacto ambiental está en elaboración y hay un compromiso de enviarlo lo antes posible”. Según apuntó, algo varió desde el cambio de autoridades. “Nos hemos reunido con gente de Nucleoeléctrica. Hay una relación mucho mejor que la que había. Nos aseguran que el estudio está en marcha. Ellos tienen auditorías y normas internacionales exigentes, pero eso no quita que la Provincia pueda exigir que cumplan también con nuestra ley”, señaló.
Britch aseguró que una vez que se evalúe el estudio se convocará a la audiencia pública “como establece la ley”. Admitió que las obras de reconversión de la usina están en avanzada marcha y aclaró que “por el momento” no se insistirá con intimaciones para paralizarlas. “Mientras veamos predisposición, no hay intenciones de tomar otras medidas”, contestó el funcionario provincial.
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