5 mar 2019
Rinaudo detalla la labor de la Policía Ambiental en el 2018
8:00 a.m. | 
Publicado por
Eco Sitio |
El Puntal de Villa María (05/03/2019)
La Policía Ambiental receptó 2.500 denuncias y labró más de 1.700 actas
El director del organismo, Adrián Rinaudo, destacó el trabajo que llevan a cabo en materia de deforestación, recursos hídricos y fauna. En materia forestal se analizan diariamente imágenes satelitales para evitar desmontes
La Policía Ambiental labró más de 1.700 actas sobre un total de 2.500 denuncias recibidas el año pasado, según confirmó el director del organismo, Adrián Rinaudo. El funcionario provincial destacó la tarea que llevan adelante en materia de deforestación, recursos hídricos y fauna, y reconoció que en el último año se practicaron unas 130 intervenciones para evitar desmontes.
Durante la entrevista con PUNTAL VILLA MARÍA, Rinaudo reconoció que la cantidad de denuncias, que ya venía en ascenso en los últimos tiempos, se disparó gracias a la implementación de la línea 0-800-777-0220. “Tuvimos casi 2.500 denuncias. De esa cantidad se labraron 1.700 actas, y la diferencia entre una y otras es que muchas veces existen varias denuncias sobre un mismo hecho puntual. Esta particularidad suele ocurrir en intervenciones al bosque nativo”, dijo.
Sobre el trabajo específico en materia forestal, sostuvo que desde hace años implementan el control con un sistema que nuclea tres subsistemas: “estudios de imágenes satelitales, sobrevuelos asociados a los puntos georeferenciales que encontramos con cambios de coloración en las imágenes satelitales, y posteriormente por tierra para labrar el acta y frenar la deforestación”, dijo.
La gran mayoría de las actuaciones se realizan de oficio. “En todo el 2018 tuvimos casi 130 intervenciones en la cuestión forestal, y a través de este sistema todas las intervenciones son en pequeñas cantidad de hectáreas. Es decir que llegamos mucho antes de lo que se hacía anteriormente. Ahora los predios tienen intervenciones menores”.
Durante la charla, Rinaudo insistió en que la provincia tiene “muy poca cantidad de bosque nativo” y recordó que “hace más de 20 años, con otras leyes y otras políticas donde se apuntaba sobretodo a la producción, se desforestó montones de hectáreas. Hoy hay que proteger lo que tenemos, que es un porcentaje. Se habla del 6 ó 7% y es lo que hay que proteger”.
El funcionario defendió el método que aplican en el territorio cordobés y recordó viajes a Brasil “para saber cómo trabajan allá en materia de controles, y la verdad es que al mecanismo lo tenemos bien aceitado. Diariamente son casi 10 personas que miran imágenes en forma permanente para ver las posibles intervenciones. Esto hace que, si bien el desmonte 0 no existe, sí logramos que los sitios de intervención son más pequeños y podemos frenarlas a tiempo”.
El titular de Policía Ambiental recordó que cuando los controles se hacían por tierra, las camionetas “pasaban por un lugar donde había sido desmontado pero como dejaban una cortina forestal pegada al camino, no se enteraban”. Recién tomaban conocimiento de la situación cuando se radicaba una denuncia, “entrábamos al campo y nos dábamos cuenta de que se desmontó 400 ó 500 hectáreas”.
Ahora, en cambio, “desde arriba nos permite ver todo. Incluso hacer patrones de desmonte. Con esto podemos saber que de Jesús María hacia el norte, la deforestación tiene que ver con el desplazamiento de la ganadería. La agricultura llegó hasta donde pueden dar los rindes”
Intervenciones autorizadas
Rinaudo reconoció que se pueden llevar a cabo intervenciones pero con la correspondiente autorización de la secretaría de Ambiente.
“Hay sectores en los que se dejan árboles y sacan otros para generar pastura para ganadería. Esas intervenciones se pueden hacer, pero con autorización por parte de Ambiente, que analiza el lugar, el color del mapa y autoriza con una serie de requisitos”, sostuvo.
Abordado sobre las exigencias, explicó que se debe dejar una cobertura para que el bosque siga teniendo presencia, como así también “áreas intangibles donde pueda haber fauna con corredores que conectan”.
Reconoció que también hay deforestaciones denominadas “delgadas o cerca de centros poblados, que tienen que ver con loteos y desarrollos inmobiliarios de la zona y generalmente se llevan a cabo por aperturas de caminos y demás, pero que también requieren de autorización”.
Rinaudo expuso además que según la zona de la provincia, la intervención se da de una u otra manera: “en el noroeste, en las salinas, las intervenciones son de tipo tela araña, con caminitos que ingresan al bosque para obtener leña. A eso le llamamos aprovechamiento forestal, que también requiere de una autorización”.
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En el último año se detectaron unos 500 canales clandestinos
Rinaudo explicó que se desactivó más del 60% de las obras. Prevén para agosto o septiembre de este año llegar al 100%. Recordó el impacto negativo de los canales de 2015 a la fecha
El control de obras hídricas, muchas de las cuales fueron realizadas sin la debida autorización -indefectiblemente demanda un estudio previo de la zona a intervenir- es otro de los ejes sobre los que trabaja la Policía Ambiental y que en el último año permitió detectar más de 500 canales clandestino en el territorio provincial, la gran mayoría de ellos en el sudeste.
Rinaudo explicó que de manera permanente trabajan sobre canales o bordos que no dejan escurrir naturalmente el agua. “En todo 2018 y algo de 2017 hay unas 500 denuncias”, reconoció, y explicó que la tarea de la Policía Ambiental trata de hacerse de manera rápida “para desactivar las obras. Así se logró que el 60% de las obras hídricas clandestinas que fuimos descubriendo el último año fueran desactivadas”.
La gran mayoría “fueron desactivadas por los mismos infractores, intimándolos y dándole un tiempo para hacerlo, y el resto lo hicimos nosotros a través de un llamado a licitación con tres empresas en zonas de la provincia. Se cotiza por metro cúbico de canal clandestino que hay que tapar y que fue realizado de forma irregular”.
El entrevistado reconoció que todavía quedan obras por reparar: “estamos en el proceso; hicimos un proyecto para que en agosto o septiembre del presente año tendríamos que estar estabilizados con las obras clandestinas. Esto quiero decir que las que debían ser tapadas, deben estarlo, pero siempre van surgiendo nuevas”.
Canales con más de dos décadas de antigüedad
“Durante casi 20 años, con regímenes de lluvia normales o inferiores a lo normal, se hicieron un montón de canales clandestinos que no trajeron mayores problemas al resto. Entonces se fue acumulando un número importante de canales sin autorizaciones o sin tener en cuenta las correntías naturales o el daño que podían provocar”, reconoció Rinaudo al realizar un repaso de lo efectuado por cientos de productores en la territorio rural de Córdoba.
El impacto de dichas obras se advirtió a partir del año 2015, cuando el régimen de lluvia “fue mayor a lo que veníamos teniendo, incluso superando la media. Allí empezaron a aparecer este tipo de problemas en diferentes lugares, sobretodo en el sudeste provincial”.
Rinaudo recordó que de 2015 a la fecha “se detectaron más de 800 obras hídricas clandestinas en toda la provincia, de las cuales casi 500 fueron en 2018. Hay de todo, canales de grandes envergaduras de 2 metros de profundidad y cuatro de ancho, hasta pequeñas canalizaciones hechas con pala de mano, pero que modifican el escurrimiento natural de las aguas”.
Igualmente, mencionó que la Provincia tiene en claro “cuáles son las prioridades en cuanto a poner a resguardo cuando hay problemas con el exceso de lluvia. Primero los centros poblados, luego los canales de comunicación -caminos-, y tercero la zona rural. Ese es el orden”.
Consultado sobre la zona más preocupante en materia de obras hídricas ilegales, dijo que “desde San Francisco hacia el sur es el sector en el que hubo muchas intervenciones. Estamos en una zona muy llana con pocas pendientes, y cuando se acelera la pendiente se producen los problemas, principalmente en las zonas de comunicación. Los centros poblados la gran mayoría fueron protegidos con obras para evitar inconvenientes”.
Control de fauna
A lo largo de 2018, la Policía Ambiental efectuó 120 procedimientos realizados a fauna. “Es un gran grupo que incluye el secuestro de animales, el mascotismo mal entendido. Se incautaron más de 1.300 animales silvestres en cautiverio”, expresó Rinaudo en otro pasaje de la entrevista.
Según graficó, el 95% del total de los operativos fue por tenencia y tráfico. “Tenemos una brigada canina que no existe en el país. Es un equipo que permite la detección de fauna en tránsito, se hacen controles con perros adiestrados para detectar justamente el traslado, que puede ser en bodegas de colectivo o baúles de auto”.
Del total de animales secuestrados, más del 85% son aves. “La mayoría son pájaros, ya que tienen un mercado negro muy amplio. Pero también secuestramos un número importante de reptiles, sobretodo tortugas, y también siempre se da el caso de mamíferos”.
Sobre la tarea que realizan una vez recuperados los animales, mencionó que quedan en cuarentena “y cuando el veterinario considera que están aptos para volver a la vida silvestre, se los libera. En esa situación aparece el 70% de las especies secuestradas; mientras que el otro 30% está compuesto por algunos que tienen cuarentenas más largas, y otros que es imposible volverlos al hábitat natural dado a que están demasiado mascotizados”, sostuvo.
Reconoció que la dirección que preside se propuso para el presente año “seguir con el mismo ímpetu que tenemos. Hubo un crecimiento grande, y hay que mantenernos en todos los frentes y no dejar pasar nada. El ministro (de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, Fabián López) nos pidió que tengamos cada vez más presencia en el interior provincial, que es lo que venimos haciendo con nuestras bases operativas”.
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La Policía Ambiental receptó 2.500 denuncias y labró más de 1.700 actas
El director del organismo, Adrián Rinaudo, destacó el trabajo que llevan a cabo en materia de deforestación, recursos hídricos y fauna. En materia forestal se analizan diariamente imágenes satelitales para evitar desmontes
La Policía Ambiental labró más de 1.700 actas sobre un total de 2.500 denuncias recibidas el año pasado, según confirmó el director del organismo, Adrián Rinaudo. El funcionario provincial destacó la tarea que llevan adelante en materia de deforestación, recursos hídricos y fauna, y reconoció que en el último año se practicaron unas 130 intervenciones para evitar desmontes.
Durante la entrevista con PUNTAL VILLA MARÍA, Rinaudo reconoció que la cantidad de denuncias, que ya venía en ascenso en los últimos tiempos, se disparó gracias a la implementación de la línea 0-800-777-0220. “Tuvimos casi 2.500 denuncias. De esa cantidad se labraron 1.700 actas, y la diferencia entre una y otras es que muchas veces existen varias denuncias sobre un mismo hecho puntual. Esta particularidad suele ocurrir en intervenciones al bosque nativo”, dijo.
Sobre el trabajo específico en materia forestal, sostuvo que desde hace años implementan el control con un sistema que nuclea tres subsistemas: “estudios de imágenes satelitales, sobrevuelos asociados a los puntos georeferenciales que encontramos con cambios de coloración en las imágenes satelitales, y posteriormente por tierra para labrar el acta y frenar la deforestación”, dijo.
La gran mayoría de las actuaciones se realizan de oficio. “En todo el 2018 tuvimos casi 130 intervenciones en la cuestión forestal, y a través de este sistema todas las intervenciones son en pequeñas cantidad de hectáreas. Es decir que llegamos mucho antes de lo que se hacía anteriormente. Ahora los predios tienen intervenciones menores”.
Durante la charla, Rinaudo insistió en que la provincia tiene “muy poca cantidad de bosque nativo” y recordó que “hace más de 20 años, con otras leyes y otras políticas donde se apuntaba sobretodo a la producción, se desforestó montones de hectáreas. Hoy hay que proteger lo que tenemos, que es un porcentaje. Se habla del 6 ó 7% y es lo que hay que proteger”.
El funcionario defendió el método que aplican en el territorio cordobés y recordó viajes a Brasil “para saber cómo trabajan allá en materia de controles, y la verdad es que al mecanismo lo tenemos bien aceitado. Diariamente son casi 10 personas que miran imágenes en forma permanente para ver las posibles intervenciones. Esto hace que, si bien el desmonte 0 no existe, sí logramos que los sitios de intervención son más pequeños y podemos frenarlas a tiempo”.
El titular de Policía Ambiental recordó que cuando los controles se hacían por tierra, las camionetas “pasaban por un lugar donde había sido desmontado pero como dejaban una cortina forestal pegada al camino, no se enteraban”. Recién tomaban conocimiento de la situación cuando se radicaba una denuncia, “entrábamos al campo y nos dábamos cuenta de que se desmontó 400 ó 500 hectáreas”.
Ahora, en cambio, “desde arriba nos permite ver todo. Incluso hacer patrones de desmonte. Con esto podemos saber que de Jesús María hacia el norte, la deforestación tiene que ver con el desplazamiento de la ganadería. La agricultura llegó hasta donde pueden dar los rindes”
Intervenciones autorizadas
Rinaudo reconoció que se pueden llevar a cabo intervenciones pero con la correspondiente autorización de la secretaría de Ambiente.
“Hay sectores en los que se dejan árboles y sacan otros para generar pastura para ganadería. Esas intervenciones se pueden hacer, pero con autorización por parte de Ambiente, que analiza el lugar, el color del mapa y autoriza con una serie de requisitos”, sostuvo.
Abordado sobre las exigencias, explicó que se debe dejar una cobertura para que el bosque siga teniendo presencia, como así también “áreas intangibles donde pueda haber fauna con corredores que conectan”.
Reconoció que también hay deforestaciones denominadas “delgadas o cerca de centros poblados, que tienen que ver con loteos y desarrollos inmobiliarios de la zona y generalmente se llevan a cabo por aperturas de caminos y demás, pero que también requieren de autorización”.
Rinaudo expuso además que según la zona de la provincia, la intervención se da de una u otra manera: “en el noroeste, en las salinas, las intervenciones son de tipo tela araña, con caminitos que ingresan al bosque para obtener leña. A eso le llamamos aprovechamiento forestal, que también requiere de una autorización”.
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En el último año se detectaron unos 500 canales clandestinos
Rinaudo explicó que se desactivó más del 60% de las obras. Prevén para agosto o septiembre de este año llegar al 100%. Recordó el impacto negativo de los canales de 2015 a la fecha
El control de obras hídricas, muchas de las cuales fueron realizadas sin la debida autorización -indefectiblemente demanda un estudio previo de la zona a intervenir- es otro de los ejes sobre los que trabaja la Policía Ambiental y que en el último año permitió detectar más de 500 canales clandestino en el territorio provincial, la gran mayoría de ellos en el sudeste.
Rinaudo explicó que de manera permanente trabajan sobre canales o bordos que no dejan escurrir naturalmente el agua. “En todo 2018 y algo de 2017 hay unas 500 denuncias”, reconoció, y explicó que la tarea de la Policía Ambiental trata de hacerse de manera rápida “para desactivar las obras. Así se logró que el 60% de las obras hídricas clandestinas que fuimos descubriendo el último año fueran desactivadas”.
La gran mayoría “fueron desactivadas por los mismos infractores, intimándolos y dándole un tiempo para hacerlo, y el resto lo hicimos nosotros a través de un llamado a licitación con tres empresas en zonas de la provincia. Se cotiza por metro cúbico de canal clandestino que hay que tapar y que fue realizado de forma irregular”.
El entrevistado reconoció que todavía quedan obras por reparar: “estamos en el proceso; hicimos un proyecto para que en agosto o septiembre del presente año tendríamos que estar estabilizados con las obras clandestinas. Esto quiero decir que las que debían ser tapadas, deben estarlo, pero siempre van surgiendo nuevas”.
Canales con más de dos décadas de antigüedad
“Durante casi 20 años, con regímenes de lluvia normales o inferiores a lo normal, se hicieron un montón de canales clandestinos que no trajeron mayores problemas al resto. Entonces se fue acumulando un número importante de canales sin autorizaciones o sin tener en cuenta las correntías naturales o el daño que podían provocar”, reconoció Rinaudo al realizar un repaso de lo efectuado por cientos de productores en la territorio rural de Córdoba.
El impacto de dichas obras se advirtió a partir del año 2015, cuando el régimen de lluvia “fue mayor a lo que veníamos teniendo, incluso superando la media. Allí empezaron a aparecer este tipo de problemas en diferentes lugares, sobretodo en el sudeste provincial”.
Rinaudo recordó que de 2015 a la fecha “se detectaron más de 800 obras hídricas clandestinas en toda la provincia, de las cuales casi 500 fueron en 2018. Hay de todo, canales de grandes envergaduras de 2 metros de profundidad y cuatro de ancho, hasta pequeñas canalizaciones hechas con pala de mano, pero que modifican el escurrimiento natural de las aguas”.
Igualmente, mencionó que la Provincia tiene en claro “cuáles son las prioridades en cuanto a poner a resguardo cuando hay problemas con el exceso de lluvia. Primero los centros poblados, luego los canales de comunicación -caminos-, y tercero la zona rural. Ese es el orden”.
Consultado sobre la zona más preocupante en materia de obras hídricas ilegales, dijo que “desde San Francisco hacia el sur es el sector en el que hubo muchas intervenciones. Estamos en una zona muy llana con pocas pendientes, y cuando se acelera la pendiente se producen los problemas, principalmente en las zonas de comunicación. Los centros poblados la gran mayoría fueron protegidos con obras para evitar inconvenientes”.
Control de fauna
A lo largo de 2018, la Policía Ambiental efectuó 120 procedimientos realizados a fauna. “Es un gran grupo que incluye el secuestro de animales, el mascotismo mal entendido. Se incautaron más de 1.300 animales silvestres en cautiverio”, expresó Rinaudo en otro pasaje de la entrevista.
Según graficó, el 95% del total de los operativos fue por tenencia y tráfico. “Tenemos una brigada canina que no existe en el país. Es un equipo que permite la detección de fauna en tránsito, se hacen controles con perros adiestrados para detectar justamente el traslado, que puede ser en bodegas de colectivo o baúles de auto”.
Del total de animales secuestrados, más del 85% son aves. “La mayoría son pájaros, ya que tienen un mercado negro muy amplio. Pero también secuestramos un número importante de reptiles, sobretodo tortugas, y también siempre se da el caso de mamíferos”.
Sobre la tarea que realizan una vez recuperados los animales, mencionó que quedan en cuarentena “y cuando el veterinario considera que están aptos para volver a la vida silvestre, se los libera. En esa situación aparece el 70% de las especies secuestradas; mientras que el otro 30% está compuesto por algunos que tienen cuarentenas más largas, y otros que es imposible volverlos al hábitat natural dado a que están demasiado mascotizados”, sostuvo.
Reconoció que la dirección que preside se propuso para el presente año “seguir con el mismo ímpetu que tenemos. Hubo un crecimiento grande, y hay que mantenernos en todos los frentes y no dejar pasar nada. El ministro (de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, Fabián López) nos pidió que tengamos cada vez más presencia en el interior provincial, que es lo que venimos haciendo con nuestras bases operativas”.
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