2 nov. 2016

Ordenan audiencia ambiental para el El Gran Dorado



La Voz del Interior (02/11/2016)
La Justicia exige debate por “country”

El Tribunal Superior le ordenó a la Provincia que convocara a una audiencia ambiental. Es por un amparo vecinal ante el proyecto El Gran Dorado, en San Antonio de Arredondo.
El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ) ordenó al Gobierno provincial que convoque a una audiencia pública ambiental para discutir un proyecto inmobiliario presentado para ser desarrollado en la localidad de San Antonio de Arredondo, vecina de Villa Carlos Paz, en el valle de Punilla.
Se trata del emprendimiento conocido como El Gran Dorado, del grupo desarrollista cordobés Gama SA. Aunque la Provincia lo autorizó hace varios años, el country de montaña no pudo ser iniciado por hacer lugar la Justicia a un recurso de amparo presentado en 2014 por vecinos y por la organización ambientalista regional Asociación de Amigos del Río San Antonio (Adarsa).
Desde ese sector se cuestionó la ausencia de debate sobre el impacto del proyecto. Sostuvieron, además, que el loteo avanzaba sobre bosques nativos.
La jueza en lo civil de Villa Carlos Paz, Viviana Rodríguez, hizo lugar en marzo de 2015 al recurso de amparo. Esa resolución fue apelada por el Gobierno provincial y por la empresa mediante un recurso de queja ante el máximo órgano judicial de Córdoba, que acaba de ratificarlo con su fallo.
La resolución establece que el Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos deberá celebrar una audiencia pública para discutir con los vecinos sobre ese emprendimiento inmobiliario.
El Gran Dorado planteaba un barrio privado con 20 torres de departamentos, en un predio de 56 hectáreas. Las obras no fueron iniciadas por la medida judicial, pero si la comercialización.
Desde la Provincia se interpretaba que el proyecto había sido autorizado antes de que entrara en vigencia la nueva ley de ambiente de Córdoba, que obliga desde 2015 a convocar a audiencias públicas ambientales para el debate de todo proyecto de eventual impacto.
La Justicia, en primera instancia y luego en el Tribunal Superior, admitió la necesidad de que haya un proceso de debate abierto por las dudas y polémicas instaladas en la comunidad.
Las audiencias públicas, de todos modos, no son vinculantes.
Marcela Fernández, abogada que representa a Adarsa, señaló ayer: “Este último recurso llega sólo al Gobierno y no a la empresa, y es una paradoja que la ley indique que hay que hacer audiencias públicas y que sea la Provincia la que se oponga a hacerlas”. También insistió en que en esos predios con cobertura boscosa no se podría haber autorizado.

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Más Información:

El Diario de Villa Carlos Paz (02/11/2016)
El TSJ exigió que convoque a una Audiencia Pública por El Gran Dorado
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