6 oct 2013
La chatarra a desguace y un negocio millonario
8:56 a.m. | 
Publicado por
Eco Sitio |
La Voz del Interior (06/10/2013)
Es chatarra, pero dará millones
Los legisladores discutirán y posiblemente aprobarán un proyecto con un procedimiento para descontaminación y compactación de autos, camiones, colectivos, móviles policiales, embarcaciones, bicicletas y motocicletas incluidas.
Bouwer es, sin duda, la localidad más contaminada de la provincia de Córdoba, en la que confluyen basurales, depósitos de materiales radioactivos y el monumento a la desidia que es el depósito judicial, en el que se amontonan varios miles de vehículos secuestrados y a disposición de la Justicia.
Es un descomunal predio, en el que se apilan autos de cualquier modelo, incluso los de alta gama que se van pudriendo con el paso y las inclemencias del tiempo, miles de bicicletas, centenares de motos, camiones, colectivos, móviles policiales en desuso y hasta casas rodantes, lan chas y otro tipo de embarcaciones. Además de ser un foco contaminante, ha sido blanco, en muchas oportunidades, de casos de corrupción, hurtos y robos de autopartes, en los que resultaron imputados policías que estaban al custodio de esos bienes.
A instancias de la superioridad y ante la falta de recursos para renovar la flota automotor, los depósitos judiciales y los vehículos precintados y estacionados en los alrededores de distintas comisarías se convirtieron en una inagotable fuente de repuestos.
Pero, además de esos hechos delictivos que podrían haber tenido como protagonistas a los cuidadores de bienes secuestrados, el personal policial afectado al depósito de Bouwer no tiene la estructura necesaria para proteger los vehículos custodiados, y en la oscuridad cualquiera podría ingresar al campo sin ser advertido.
Los agentes policiales afectados a esa custodia viven al desamparo y sin poder cubrir mínimas necesidades.
El tema no es nuevo y lleva décadas de discusión. Cuando Eduardo Angeloz era gobernador, el ya fallecido jefe de Policía Pedro Grigioni encomendó al director de Operaciones de ese momento, Víctor Aguirre (también fallecido), que relevara la cantidad de automotores secuestrados en toda la provincia, porque irían a remate y se obtendrían fondos para comprar armamento y móviles. “El Gaucho” Aguirre (como le decían en la Jefatura) consagró un año de servicio para recopilar datos que volcaba en cientos de planillas.
Al cabo de ese año, quedó demostrado que trabajó en vano, ya que desde el Poder Judicial se advirtió que el total de lo recaudado correspondía a ese ámbito, porque los vehículos estaban a su disposición.
La Justicia y la Policía nunca se pusieron de acuerdo, aunque coincidían en que algo había que hacer (remate, reducción a chatarra de los vehículos). Pero, ¿quién se beneficiaría?
El Poder Judicial se declaraba dueño de esos bienes secuestrados, la Policía sostenía que el producto de lo recaudado, cualquiera fuera su fin, le pertenecía porque había policías afectados en forma permanente a su custodia.
En enero de 2009, por primera vez en la historia y por orden del Tribunal Superior de Justicia, se llamó a licitación y alrededor de 12 mil autos incautados y sin estar registrados, además de patrulleros fuera de servicio, destruidos en choques o dados de baja y depositados en Bouwer, se convirtieron en chatarra.
“Hubo un solo reclamo y se indemnizó al damnificado”, recuerda Aída Tarditti, vocal del Tribunal Superior que impulsó aquella iniciativa.
Hoy parece que los sectores en pugna se han puesto de acuerdo y en la Legislatura provincial se discute un proyecto de ley que seguramente será aprobado en los próximos días, porque Justicia y Policía serán socios en los beneficios del destino final de los bienes secuestrados.
El proyecto de ley sobre el “Procedimiento para descontaminación y compactación de vehículos” establece la creación de un “Registro único de vehículos provenientes de secuestros realizados por autoridad pública” en el territorio cordobés, lo que incluiría a unas 15 mil unidades acumuladas en Bouwer y un número similar en el interior provincial.
En ese Registro, la autoridad que secuestre el bien deberá remitir un informe en el término de 48 horas si es en el ejido de la ciudad de Córdoba, o de 72 horas si se trata de una jurisdicción ajena a Capital.
Fundamentos
“Los pobres policías del depósito de Bouwer están rodeados de arañas y todo tipo de alimañas. No les dan ni una chapa de zinc y encima viven sospechados”, explica Luis Sosa, secretario de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia. Él fue designado como representante del Poder Judicial para llevar adelante el ambicioso proyecto defendido y compartido por el ahora exministro de Seguridad Alejo Paredes,
Sosa estima que en el ámbito de la ciudad hay unos 15 mil vehículos en condiciones de ser compactados (convertidos en chatarra) y un número similar en el resto de la provincia.
El funcionario judicial aclara que el tema de los beneficios económicos por compactación van de la mano de los momentos económicos.
“En 2009, cobramos 387 mil pesos de la chatarra entregada”, indica el funcionario. Ahora se estima que el desguace significará un ingreso millonario.
Bouwer es el espejo donde todos reflejan el problema, pero hay muchos más depósitos distribuidos en la provincia.
A pesar de los vaivenes económicos, en la realidad actual se estaría hablando de un negocio millonario.
¿Adónde irán esos beneficios? ¿Quién se hará cargo de eventuales reclamos?
La ley, que seguramente será aprobada en poco tiempo, establece que del total recaudado, se repartirán 40 por ciento el Poder Judicial y 40 por ciento el Ministerio de Seguridad (en concreto, la Policía), un 10 por ciento será destinado para el mejoramiento de los depósitos judiciales y su adaptación para no perjudicar el ambiente y el 10 por ciento restante se convertirá en un fondo fiduciario para indemnizar a probables damnificados por la compactación de su rodado y al amparo de la ley.
Antes del desguace, a los vehículos se les sacarán cubiertas, baterías y líquidos (de frenos y aceites) apara evitar la contaminación del suelo.
Las unidades modernas y de alta gama secuestradas por la Justicia serán destinadas a instituciones públicas y privadas que figurarán como “depositarios judiciales”. Hace pocos años, hubo una fuerte polémica por el destino que el Tribunal Superior daba a los automotores del depósito judicial.
Las denuncias de irregularidades paralizaron por un tiempo la modalidad, hasta que se realizaron correcciones para evitar suspicacias y se designó al secretario de la Sala Penal como responsable del área.
Sosa comenta que desde que está a cargo del tema “ya se entregaron más de tres mil autos, camionetas y camiones a la Policía, a los consorcios camineros, al Ministerio de Seguridad, a Cáritas, a dependencias judiciales y a bomberos voluntarios, entre otros”.
Datos desde 2009
Luis Sosa, secretario Penal del Tribunal Superior, tiene a su cargo la entrega de automotores en buen estado que están secuestrados. Desde 2009 a hoy, ya se distribuyeron tres mil, cuenta el funcionario.
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Más Información:
- No hay precisión sobre cuántos hay
- Funam respalda, pero hace advertencias
.
Es chatarra, pero dará millones
Los legisladores discutirán y posiblemente aprobarán un proyecto con un procedimiento para descontaminación y compactación de autos, camiones, colectivos, móviles policiales, embarcaciones, bicicletas y motocicletas incluidas.
Bouwer es, sin duda, la localidad más contaminada de la provincia de Córdoba, en la que confluyen basurales, depósitos de materiales radioactivos y el monumento a la desidia que es el depósito judicial, en el que se amontonan varios miles de vehículos secuestrados y a disposición de la Justicia.
Es un descomunal predio, en el que se apilan autos de cualquier modelo, incluso los de alta gama que se van pudriendo con el paso y las inclemencias del tiempo, miles de bicicletas, centenares de motos, camiones, colectivos, móviles policiales en desuso y hasta casas rodantes, lan chas y otro tipo de embarcaciones. Además de ser un foco contaminante, ha sido blanco, en muchas oportunidades, de casos de corrupción, hurtos y robos de autopartes, en los que resultaron imputados policías que estaban al custodio de esos bienes.
A instancias de la superioridad y ante la falta de recursos para renovar la flota automotor, los depósitos judiciales y los vehículos precintados y estacionados en los alrededores de distintas comisarías se convirtieron en una inagotable fuente de repuestos.
Pero, además de esos hechos delictivos que podrían haber tenido como protagonistas a los cuidadores de bienes secuestrados, el personal policial afectado al depósito de Bouwer no tiene la estructura necesaria para proteger los vehículos custodiados, y en la oscuridad cualquiera podría ingresar al campo sin ser advertido.
Los agentes policiales afectados a esa custodia viven al desamparo y sin poder cubrir mínimas necesidades.
El tema no es nuevo y lleva décadas de discusión. Cuando Eduardo Angeloz era gobernador, el ya fallecido jefe de Policía Pedro Grigioni encomendó al director de Operaciones de ese momento, Víctor Aguirre (también fallecido), que relevara la cantidad de automotores secuestrados en toda la provincia, porque irían a remate y se obtendrían fondos para comprar armamento y móviles. “El Gaucho” Aguirre (como le decían en la Jefatura) consagró un año de servicio para recopilar datos que volcaba en cientos de planillas.
Al cabo de ese año, quedó demostrado que trabajó en vano, ya que desde el Poder Judicial se advirtió que el total de lo recaudado correspondía a ese ámbito, porque los vehículos estaban a su disposición.
La Justicia y la Policía nunca se pusieron de acuerdo, aunque coincidían en que algo había que hacer (remate, reducción a chatarra de los vehículos). Pero, ¿quién se beneficiaría?
El Poder Judicial se declaraba dueño de esos bienes secuestrados, la Policía sostenía que el producto de lo recaudado, cualquiera fuera su fin, le pertenecía porque había policías afectados en forma permanente a su custodia.
En enero de 2009, por primera vez en la historia y por orden del Tribunal Superior de Justicia, se llamó a licitación y alrededor de 12 mil autos incautados y sin estar registrados, además de patrulleros fuera de servicio, destruidos en choques o dados de baja y depositados en Bouwer, se convirtieron en chatarra.
“Hubo un solo reclamo y se indemnizó al damnificado”, recuerda Aída Tarditti, vocal del Tribunal Superior que impulsó aquella iniciativa.
Hoy parece que los sectores en pugna se han puesto de acuerdo y en la Legislatura provincial se discute un proyecto de ley que seguramente será aprobado en los próximos días, porque Justicia y Policía serán socios en los beneficios del destino final de los bienes secuestrados.
El proyecto de ley sobre el “Procedimiento para descontaminación y compactación de vehículos” establece la creación de un “Registro único de vehículos provenientes de secuestros realizados por autoridad pública” en el territorio cordobés, lo que incluiría a unas 15 mil unidades acumuladas en Bouwer y un número similar en el interior provincial.
En ese Registro, la autoridad que secuestre el bien deberá remitir un informe en el término de 48 horas si es en el ejido de la ciudad de Córdoba, o de 72 horas si se trata de una jurisdicción ajena a Capital.
Fundamentos
“Los pobres policías del depósito de Bouwer están rodeados de arañas y todo tipo de alimañas. No les dan ni una chapa de zinc y encima viven sospechados”, explica Luis Sosa, secretario de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia. Él fue designado como representante del Poder Judicial para llevar adelante el ambicioso proyecto defendido y compartido por el ahora exministro de Seguridad Alejo Paredes,
Sosa estima que en el ámbito de la ciudad hay unos 15 mil vehículos en condiciones de ser compactados (convertidos en chatarra) y un número similar en el resto de la provincia.
El funcionario judicial aclara que el tema de los beneficios económicos por compactación van de la mano de los momentos económicos.
“En 2009, cobramos 387 mil pesos de la chatarra entregada”, indica el funcionario. Ahora se estima que el desguace significará un ingreso millonario.
Bouwer es el espejo donde todos reflejan el problema, pero hay muchos más depósitos distribuidos en la provincia.
A pesar de los vaivenes económicos, en la realidad actual se estaría hablando de un negocio millonario.
¿Adónde irán esos beneficios? ¿Quién se hará cargo de eventuales reclamos?
La ley, que seguramente será aprobada en poco tiempo, establece que del total recaudado, se repartirán 40 por ciento el Poder Judicial y 40 por ciento el Ministerio de Seguridad (en concreto, la Policía), un 10 por ciento será destinado para el mejoramiento de los depósitos judiciales y su adaptación para no perjudicar el ambiente y el 10 por ciento restante se convertirá en un fondo fiduciario para indemnizar a probables damnificados por la compactación de su rodado y al amparo de la ley.
Antes del desguace, a los vehículos se les sacarán cubiertas, baterías y líquidos (de frenos y aceites) apara evitar la contaminación del suelo.
Las unidades modernas y de alta gama secuestradas por la Justicia serán destinadas a instituciones públicas y privadas que figurarán como “depositarios judiciales”. Hace pocos años, hubo una fuerte polémica por el destino que el Tribunal Superior daba a los automotores del depósito judicial.
Las denuncias de irregularidades paralizaron por un tiempo la modalidad, hasta que se realizaron correcciones para evitar suspicacias y se designó al secretario de la Sala Penal como responsable del área.
Sosa comenta que desde que está a cargo del tema “ya se entregaron más de tres mil autos, camionetas y camiones a la Policía, a los consorcios camineros, al Ministerio de Seguridad, a Cáritas, a dependencias judiciales y a bomberos voluntarios, entre otros”.
Datos desde 2009
Luis Sosa, secretario Penal del Tribunal Superior, tiene a su cargo la entrega de automotores en buen estado que están secuestrados. Desde 2009 a hoy, ya se distribuyeron tres mil, cuenta el funcionario.
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