18 oct 2019

Dos problemas para Cormecor



La Voz del Interior (18/10/2019)
Cormecor: la distancia del predio, el punto sobre el que debe resolver la Justicia

La distancia entre el predio de enterramiento y el borde urbano es uno de los dos nudos por resolver sobre el futuro complejo ambiental que pretende instalar la Corporación Intercomunal para la Gestión Sustentable de los Residuos del Área Metropolitana Córdoba (Cormecor) en Villa Parque Santa Ana. El otro, la factibilidad.
Esta semana la causa que lleva adelante la Cámara Contencioso Administrativo de 1° Nominación tuvo un nuevo avance. Las partes recibieron la contestación de los peritos oficiales a las observaciones que realizaron semanas atrás.
Los cinco especialistas se dedicaron a fiscalizar si el proyecto presentado por Cormecor se adaptaba a los requerimientos establecidos por el estudio del Instituto Superior de Estudio Ambientales (Isea) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).
La primera conclusión es que el futuro predio que reemplazará a Piedra Blanca no respeta las indicaciones de los especialistas de la UNC sobre la zona de exclusión.
El estudio de impacto ambiental señala que debe ubicarse como mínimo a cuatro kilómetros de un área urbanizada (2 kilómetros de restricción absoluta y otros dos de buffer).
El proyecto actual se encuentra a un kilómetro de la vivienda más cercana.
“Reducirla a un kilómetro la distancia al borde urbano de la población más próxima, hace que no pueda garantizarse la no afectación por diversos peligros, principalmente respecto a emisiones gaseosas y malos olores”, repiten los peritos en su informe.
Agregan que para cumplirse con esa zona de amortiguación “tendrían que expropiarse las áreas respectivas”.
Al no tratarse de un nuevo estudio de impacto ambiental no se volvieron a hacer pruebas sobre el terreno, salvo algunas excepciones para corroborar los resultados.
En su momento desde Cormecor y la Provincia argumentaron que la distancia de un kilómetro era la misma que utilizaban en otras ciudades de América Latina y de Europa. Además de ser la legislación establecida por la normativa provincial, aprobada con posterioridad a la decisión de establecer el predio.

Puntos positivos
A pesar de este señalamiento, los peritos retoman el concepto de que el predio es “apto con condiciones” para el Isea, aunque no coinciden con su evaluación final.
También aclaran que están en desacuerdo con la calificación realizada por la empresa a la firma Geoambiental. No obstante la factibilidad del predio es el otro nudo importante a resolver.
Sobre el resto de los puntos analizados, los peritos tienen apreciaciones positivas. Aseguran que la instalación del complejo ambiental –donde se depositaría la basura de Córdoba Capital y una veintena de municipios del Gran Córdoba– no tiene un peligro de inundación.
Ese señalamiento es relevante para que no ocurra otro episodio como el de Taym en 20118. El informe asegura que una situación similar puede ser contenida por las obras de ingeniería proyectadas. Inclusive recomienda, como un punto adicional, que el Canal Los Molinos-Córdoba debería estar entubado aguas debajo de Cormecor.
También dice que la instalación del predio no implica peligro para el suelo ni para las aguas subterráneas; que el paisaje no será afectado de manera significativa de acuerdo con las medidas de mitigación en el proyecto y que la tecnología utilizada para el enterramiento sanitario es la adecuada.
Asegura están previstas las medidas de mitigación y las operaciones post cierre del predio.

Aspectos sociales
En cuanto al punto de vista social, la respuesta de los peritos subraya nuevamente que no fue valorada la opinión de los vecinos de Villa Parque Santa Ana, que son precisamente las personas más afectadas por el complejo.
A su vez dentro de la condiciones que plantea el peritaje se señala que en la Comisión de Monitoreo y Control que tiene que estar integrada por miembros de esa comunidad.
El escrito de casi 100 páginas al que ya accedieron las partes recomienda consensuar formas de compensación para las comunidades más afectadas.
Este señalamiento sería una alternativa para que las partes busquen un acuerdo.

Recta final
La causa ya entró en su recta final. La instalación del predio esta suspendida desde 2016. Las partes tienen siete días hábiles para contestar las consideraciones finales de los peritos.
Luego la Cámara deberá resolver entonces si hace lugar a la demanda, si rechaza el amparo o si busca una solución intermedia (la menos probable). Todo parece indicar que antes de fin de año podría estar el fallo.

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