28 ago 2019
Peritaje oficial, Cormecor dice que es beneficioso para el
9:00 a.m. | 
Publicado por
Eco Sitio |
La Voz del Interior (28/08/2019)
Para Cormecor, con ajustes, el peritaje oficial da vía libre al predio
Para la Corporación Intercomunal para la Gestión Sustentable de los Residuos del Área Metropolitana Córdoba (Cormecor), el resultado del peritaje oficial pedido por la Justicia para instalar el complejo ambiental en Villa Parque Santa Ana es “positivo”.
Mediante un comunicado, el ente intercomunal salió a contestar las primeras interpretaciones sobre el estudio que cuestionan la localización del predio. Los vecinos de esa localidad, ubicada a la vera de la autovía Córdoba-Alta Gracia, señalaron que el peritaje obliga a correr el lugar de enterramiento al menos cuatro kilómetros.
Para Cormecor, el resultado no es determinante en ese sentido, ya que podría adaptarse la instalación dentro del predio de 502 hectáreas –expropiado a fines de 2015– para dar un margen mayor de distancia entre la parte operativa del complejo y la zona urbana.
“Realizamos una valoración general positiva sobre el informe en el que la casi totalidad de los puntos de peritaje solicitados ha dado la razón a los argumentos esgrimidos por nuestra parte en lo referido a la inexistencia de impactos ambientales sobre las aguas superficiales y subterráneas incluyendo al canal los Molinos-Córdoba, sobre los suelos, sobre el paisaje, y ha descartado la posibilidad de inundaciones y fenómenos erosivos y mallines”, dice el comunicado del ente.
“En el informe oficial se ha dado por válido el proyecto en forma completa y no se han cuestionado las autorizaciones otorgadas por la Secretaría de Ambiente de la Provincia”, dicen, y subrayan que se trata de un complejo ambiental y no de un megabasural.
El predio reemplazaría al enterramiento de Piedras Blancas, previsto de manera provisoria tras el cierre anticipado de la última fosa en Potrero del Estado y donde desde 2010 se reciben dos mil toneladas diarias de residuos.
En un primer momento, el plazo previsto para la utilización de Piedras Blancas era de un año. Lleva ya más de ocho.
Peritaje
Más de 12 meses les llevó a los cinco peritos oficiales emitir un dictamen sobre el predio en Villa Parque Santa Ana, elegido por Cormecor para la disposición de residuos sólidos urbanos de la ciudad de Córdoba y de otros nueve municipios del Gran Córdoba.
De acuerdo con el peritaje oficial –al que tuvo acceso La Voz–, la ubicación del complejo ambiental a 18 kilómetros de la Capital, entre las autovías 5 y 36, presenta dos objeciones principales. Ninguna de las dos sería concluyente para impedir su instalación.
La primera observación es que el predio destinado para el enterramiento y proyectado para el tratamiento de los residuos por 30 años atraviesa la futura traza del segundo anillo de Circunvalación; y la segunda, la que guarda mayor fuerza argumental, se refiere a la proximidad entre el sitio y el área urbana.
El escrito de 377 páginas, que lleva la firma de cinco profesionales –Gimena Vocos Brouwer de Koning, Andrea Argüello, José Gamboni, Arturo Llupia y Rubén Darío González–, establece que “si bien se han seguido en general criterios usuales para la valoración de sitios y el emplazamiento está en ‘zona apta para condiciones’, no se cumple con la recomendación explícita hecha en el Instituto Superior de Estudios Ambientales (Isea) de cuatro kilómetros al borde urbano con dos kilómetros de restricción absoluta, más dos kilómetros de zona de buffer”.
“En opinión de este cuerpo pericial, reducir a un kilómetro la distancia al borde urbano de la población más próxima hace que no pueda garantizarse la no afectación por diversos peligros, principalmente respecto de emisiones gaseosas y malos olores”, agrega el texto encargado por la Cámara Contencioso Administrativa de Primera Nominación que integran los jueces Leonardo Massimino, Ángel Gutiez y Gabriela Cáceres.
El aspecto socioambiental del peritaje también determina que los vecinos de Villa Santa Ana no fueron consultados adecuadamente al momento de tomar la decisión de instalar el complejo ambiental, que está frenado por un amparo desde octubre de 2016. En total, la causa condensa cinco acciones judiciales presentadas por asociaciones de vecinos y particulares.
El paréntesis judicial también impactó sobre la licitación para la instalación del complejo ambiental. En 2017, la Cámara dispuso frenar la adjudicación de los trabajos para las tres empresas que se habían presentado.
Aspectos negativos
“Se observan falencias respecto de la estimación de los impactos de referidos a emisiones gaseosas y malos olores, dada la proximidad de la localidad más cercana (Villa Parque Santa Ana) y respecto de los impactos sociales que no han sido considerados en particular y específicamente”, dice el escrito que está en la causa judicial.
El peritaje propone la participación de la los vecinos de la comunidad Villa Santa Ana en la Comisión de Control y Monitoreo y señala que el proyecto “no prevé ninguna compensación por parte de Cormecor hacia la población más afectada”.
Aspectos positivos
En el resto de los aspectos técnicos, el estudio concluye que el sitio elegido para la instalación del complejo ambiental no presenta mayores problemas. Y agrega que la infraestructura tecnológica propuesta es la adecuada para el enterramiento sanitario, aunque pone la lupa en el financiamiento necesario. “No implicaría peligros de inundación que no sean contenibles mediante las obras de ingeniería propuestas en el proyecto”, dice el escrito, y agrega que sus desechos no alcanzarían al canal Los Molinos-Córdoba, en alusión a lo ocurrido en el predio de Taym en marzo de 2017.
Sobre la posible contaminación del suelo y de las aguas subterráneas, asegura que “no existirían problemas significativos que no sean controlables si se utilizan las medidas de contención y control previstas en el proyecto”. Tampoco señala inconvenientes significativos sobre la afectación del paisaje y reconoce que están previstos el proceso de mitigación y las operaciones de cierre tras la clausura.
Mañana las partes deben brindar su respuesta al estudio de los peritos oficiales, que tendrán otros 15 días para atender los señalamientos de las partes. Pasará a engrosar el expediente del amparo ambiental, que condensa cinco demandas y que ya tiene 41 cuerpos y más de ocho mil fojas.
Cuando concluya ese plazo, la Cámara deberá fallar.
Una década con un enterramiento provisorio
2010. El exintendente Daniel Giacomino cierra Potrero del Estado y abre de manera provisoria Piedras Blancas.
2013. La Municipalidad de Córdoba, los intendentes de 9 localidades del Gran Córdoba y el Surrbac conforman Cormecor.
2014. Cormecor presenta el Complejo Ambiental de Tratamiento y Disposición Final de RSU y su ubicación.
2015. La Legislatura aprueba la expropiación, y en 2016 la Provincia toma posesión de 100 de 502 hectáreas del proyecto.
2017. La Cámara frenó el proceso licitatorio y encargó un nuevo peritaje oficial. Es el estudio presentado ahora.
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Para Cormecor, con ajustes, el peritaje oficial da vía libre al predio
Para la Corporación Intercomunal para la Gestión Sustentable de los Residuos del Área Metropolitana Córdoba (Cormecor), el resultado del peritaje oficial pedido por la Justicia para instalar el complejo ambiental en Villa Parque Santa Ana es “positivo”.
Mediante un comunicado, el ente intercomunal salió a contestar las primeras interpretaciones sobre el estudio que cuestionan la localización del predio. Los vecinos de esa localidad, ubicada a la vera de la autovía Córdoba-Alta Gracia, señalaron que el peritaje obliga a correr el lugar de enterramiento al menos cuatro kilómetros.
Para Cormecor, el resultado no es determinante en ese sentido, ya que podría adaptarse la instalación dentro del predio de 502 hectáreas –expropiado a fines de 2015– para dar un margen mayor de distancia entre la parte operativa del complejo y la zona urbana.
“Realizamos una valoración general positiva sobre el informe en el que la casi totalidad de los puntos de peritaje solicitados ha dado la razón a los argumentos esgrimidos por nuestra parte en lo referido a la inexistencia de impactos ambientales sobre las aguas superficiales y subterráneas incluyendo al canal los Molinos-Córdoba, sobre los suelos, sobre el paisaje, y ha descartado la posibilidad de inundaciones y fenómenos erosivos y mallines”, dice el comunicado del ente.
“En el informe oficial se ha dado por válido el proyecto en forma completa y no se han cuestionado las autorizaciones otorgadas por la Secretaría de Ambiente de la Provincia”, dicen, y subrayan que se trata de un complejo ambiental y no de un megabasural.
El predio reemplazaría al enterramiento de Piedras Blancas, previsto de manera provisoria tras el cierre anticipado de la última fosa en Potrero del Estado y donde desde 2010 se reciben dos mil toneladas diarias de residuos.
En un primer momento, el plazo previsto para la utilización de Piedras Blancas era de un año. Lleva ya más de ocho.
Peritaje
Más de 12 meses les llevó a los cinco peritos oficiales emitir un dictamen sobre el predio en Villa Parque Santa Ana, elegido por Cormecor para la disposición de residuos sólidos urbanos de la ciudad de Córdoba y de otros nueve municipios del Gran Córdoba.
De acuerdo con el peritaje oficial –al que tuvo acceso La Voz–, la ubicación del complejo ambiental a 18 kilómetros de la Capital, entre las autovías 5 y 36, presenta dos objeciones principales. Ninguna de las dos sería concluyente para impedir su instalación.
La primera observación es que el predio destinado para el enterramiento y proyectado para el tratamiento de los residuos por 30 años atraviesa la futura traza del segundo anillo de Circunvalación; y la segunda, la que guarda mayor fuerza argumental, se refiere a la proximidad entre el sitio y el área urbana.
El escrito de 377 páginas, que lleva la firma de cinco profesionales –Gimena Vocos Brouwer de Koning, Andrea Argüello, José Gamboni, Arturo Llupia y Rubén Darío González–, establece que “si bien se han seguido en general criterios usuales para la valoración de sitios y el emplazamiento está en ‘zona apta para condiciones’, no se cumple con la recomendación explícita hecha en el Instituto Superior de Estudios Ambientales (Isea) de cuatro kilómetros al borde urbano con dos kilómetros de restricción absoluta, más dos kilómetros de zona de buffer”.
“En opinión de este cuerpo pericial, reducir a un kilómetro la distancia al borde urbano de la población más próxima hace que no pueda garantizarse la no afectación por diversos peligros, principalmente respecto de emisiones gaseosas y malos olores”, agrega el texto encargado por la Cámara Contencioso Administrativa de Primera Nominación que integran los jueces Leonardo Massimino, Ángel Gutiez y Gabriela Cáceres.
El aspecto socioambiental del peritaje también determina que los vecinos de Villa Santa Ana no fueron consultados adecuadamente al momento de tomar la decisión de instalar el complejo ambiental, que está frenado por un amparo desde octubre de 2016. En total, la causa condensa cinco acciones judiciales presentadas por asociaciones de vecinos y particulares.
El paréntesis judicial también impactó sobre la licitación para la instalación del complejo ambiental. En 2017, la Cámara dispuso frenar la adjudicación de los trabajos para las tres empresas que se habían presentado.
Aspectos negativos
“Se observan falencias respecto de la estimación de los impactos de referidos a emisiones gaseosas y malos olores, dada la proximidad de la localidad más cercana (Villa Parque Santa Ana) y respecto de los impactos sociales que no han sido considerados en particular y específicamente”, dice el escrito que está en la causa judicial.
El peritaje propone la participación de la los vecinos de la comunidad Villa Santa Ana en la Comisión de Control y Monitoreo y señala que el proyecto “no prevé ninguna compensación por parte de Cormecor hacia la población más afectada”.
Aspectos positivos
En el resto de los aspectos técnicos, el estudio concluye que el sitio elegido para la instalación del complejo ambiental no presenta mayores problemas. Y agrega que la infraestructura tecnológica propuesta es la adecuada para el enterramiento sanitario, aunque pone la lupa en el financiamiento necesario. “No implicaría peligros de inundación que no sean contenibles mediante las obras de ingeniería propuestas en el proyecto”, dice el escrito, y agrega que sus desechos no alcanzarían al canal Los Molinos-Córdoba, en alusión a lo ocurrido en el predio de Taym en marzo de 2017.
Sobre la posible contaminación del suelo y de las aguas subterráneas, asegura que “no existirían problemas significativos que no sean controlables si se utilizan las medidas de contención y control previstas en el proyecto”. Tampoco señala inconvenientes significativos sobre la afectación del paisaje y reconoce que están previstos el proceso de mitigación y las operaciones de cierre tras la clausura.
Mañana las partes deben brindar su respuesta al estudio de los peritos oficiales, que tendrán otros 15 días para atender los señalamientos de las partes. Pasará a engrosar el expediente del amparo ambiental, que condensa cinco demandas y que ya tiene 41 cuerpos y más de ocho mil fojas.
Cuando concluya ese plazo, la Cámara deberá fallar.
Una década con un enterramiento provisorio
2010. El exintendente Daniel Giacomino cierra Potrero del Estado y abre de manera provisoria Piedras Blancas.
2013. La Municipalidad de Córdoba, los intendentes de 9 localidades del Gran Córdoba y el Surrbac conforman Cormecor.
2014. Cormecor presenta el Complejo Ambiental de Tratamiento y Disposición Final de RSU y su ubicación.
2015. La Legislatura aprueba la expropiación, y en 2016 la Provincia toma posesión de 100 de 502 hectáreas del proyecto.
2017. La Cámara frenó el proceso licitatorio y encargó un nuevo peritaje oficial. Es el estudio presentado ahora.
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