6 ago 2018
Paravachasca: un mapa de los conflictos ambientales
8:00 a.m. | 
Publicado por
Eco Sitio |
La Nueva Mañana (06/08/2018)
Varios frentes de conflicto por “alerta ambiental” en Paravachasca
Fumigaciones, desmontes, negocios inmobiliarios, minería a cielo abierto y concentración de residuos, entre los problemas ambientales que enfrentan los vecinos del valle.
A partir de la construcción de la autovía Atilio López, en la ruta 5, el valle de Paravachasca se convirtió en una de las zonas cordobesas con mayor explosión demográfica en los últimos años. Son miles las familias que eligieron la región para asentarse, provenientes en su mayoría de la ciudad de Córdoba y buscando tranquilidad, vista a las sierras y una vida más armónica con la naturaleza.
Sin embargo, a poco de haberse instalado en la zona, más de uno se llevó una sorpresa: demasiado pronto descubrieron que muy cerca de sus casas había distintos focos de impacto ambiental, que a priori se daban de patadas con ese proyecto de vida más natural y relajada. Así, muchos “recién llegados” se sumaron a los pobladores más antiguos en una serie de reclamos vecinales que tienen sus particularidades pero están unidos por un hilo conductor: la lucha por un ambiente sano.
Esta nota da cuenta del estado actual de los principales reclamos ambientales en la zona, una “ruta de alerta ambiental” que atraviesa de lado a lado al valle de Paravachasca.
Dique Chico
En la comuna de Dique Chico, los pobladores llevan dos años batallando contra las fumigaciones cercanas al ejido urbano. La lucha comenzó en la primavera de 2016, y tuvo un hito importante en noviembre pasado, cuando la Resolución Nº 242 firmada por el jefe comunal Nilo Pérez limitó las aplicaciones y directamente las prohibió cerca de las viviendas y de la escuela Bernardo de Monteagudo. La norma, similar a la sancionada en Alta Gracia, no fue bien recibida por los productores, que desestimaron reconvertirse a agricultores orgánicos y judicializaron su reclamo.
Actualmente los empresarios cuentan con permiso para fumigar, ya que “está vigente una ampliación de aquella medida cautelar que pidieron los productores y se les concedió. Nosotros presentamos Recurso de Apelación contra esa nueva medida pero la Justicia todavía no se pronunció sobre la admisibilidad”, señaló Darío Ávila, abogado de los vecinos.
Mientras el tema se dirime en el Poder Judicial, la comuna, los vecinos organizados y la Red Universitaria de Ambiente y Salud realizaron un relevamiento sanitario. Se trata de estudios de genotoxicidad a niños del lugar de entre 5 y 12 años de edad, llevados adelante en el marco del Programa Integral de Salud Preventiva que sostiene la comuna. La idea es relevar la eventual existencia de daños genéticos por la exposición a sustancias químicas, entre las que están las que se utilizan en agricultura.
“Esta iniciativa se da en el marco del intento de aplicar una resolución que restrinja el uso de agroquímicos en cercanías de las viviendas y la escuela de Bajo Chico”, informaron desde el municipio y destacaron la importancia del relevamiento, en el que trabajaron unas 30 personas y tuvo carácter multidisciplinario. Inclusive va más allá de las fumigaciones, porque “también estamos haciendo un análisis del ambiente, del pueblo, ver si hay antenas de celulares, si hay contaminación, con la basura o el agua. O sea, ver otros factores, no solamente tomar la hipótesis de los agrotóxicos como el único factor de contaminación, puede haber otros elementos que pueden que estén mal manejados y que estén produciendo un riesgo para la población”, señaló a Diario Tortuga el médico Medardo Ávila Vázquez.
Los datos de las 82 casas y las 271 personas relevadas están en proceso y estarán listos “a fines de agosto”, informó a La Nueva Mañana el facultativo, y señaló que “quedan pendiente los análisis químicos que van a hacerse en septiembre u octubre, que es la época en que comienzan las fumigaciones”. Pero más allá de lo que arroje el estudio, hay un antecedente importante: el Laboratorio Servicios y Diagnóstico en Salud y Ambiente de Río Cuarto tomó muestras de seis niños de entre 7 y 11 años y concluyó que todos tienen elevado daño en sus genes, hasta tres veces por encima de los niños no expuestos a agrotóxicos.
José de la Quintana
Las canteras son la principal preocupación ambientan en el pueblo, que alberga a la Escuela de Minería creada en 1954 y tuvo una fuerte impronta minera durante todo el siglo XX. En 2016 sacudió al poblado y a la cercana Villa San Isidro el proyecto para instalar la cantera Sol de Venus en una explotación abandonada, ubicada en un campo muy cercano a las viviendas del lugar. La enérgica reacción y participación vecinal frenó el proyecto, que está judicializado y en instancia de audiencias entre dos partes que a priori tienen intereses irreconciliables.
Pero este año el tema volvió a la palestra: surgió con fuerza el proyecto minero de Canteras Blancaley-Grupo Calderón, que pretende extraer 2.500 toneladas al mes de carbonato de calcio, en un campo ubicado a menos de 3 kilómetros del pueblo.
El proyecto se debatió el 17 de julio en una audiencia pública celebrada en Anisacate, donde hubo más de 60 expositores en contra de la iniciativa y solo 2 a favor: el empresario y un empleado. En la reunión, Miguel Calderón admitió que tiempo atrás se realizaron trabajos en la cantera pese a no contar con el estudio de impacto ambiental aprobado, hecho que en 2016 le valió una clausura de Ambiente provincial.
A modo de represalia
Tras la audiencia, la polémica continuó: la empresa suspendió las pasantías de los estudiantes de la Escuela de Minería en su sede de San Agustín, tras la exposición pública del director escolar, Jorge Giménez, que criticó la radicación de una nueva cantera. En una carta enviada a la IPET 256, Blancaley señala que “nos resulta inviable otorgar pasantías a una institución cuyo máximo responsable está totalmente en contra de nuestra actividad”.
Entre los vecinos que se oponen a la explotación, el escrito fue interpretado como una represalia por aquella postura crítica durante la audiencia pública. Las idas y vueltas de Calderón abonan esa hipótesis: en la entrevista que brindó a este medio a principios de Julio, el empresario había señalado que “por ahí hablamos con el director del colegio, e inclusive tenemos buena relación ahí con el colegio de La Quintana” y que “ahora después de Julio los chicos de la Escuela de Minería vienen a hacer acá 200 horas de pasantías”.
Tras darlas de baja, y reclamo estudiantil mediante, la escuela anunció convenios con una empresa de La Calera que sí estaría dispuesta a recibir a los alumnos.
Santa Ana
La lucha ambiental más grande de la zona, y quizás de todo Córdoba. Los habitantes de Villa Santa Ana llevan casi dos años enfrentando a la sociedad anónima Cormecor, que pretende gestionar los residuos de la Capital provincial y un puñado de municipalidades asociadas en una planta a erigirse en Alto El Durazno, a unos mil metros del pueblo. El proyecto generó amplia resistencia vecinal, es motivo de múltiples reclamos y también está judicializado.
Si Cormecor prospera en ese sitio, sería la frutilla del postre de una zona que es catalogada como “la cloaca de Córdoba”: allí están el viejo enterramiento sanitario, el más reciente –Piedras Blancas- y la planta Taym, de residuos peligrosos, que colapsó durante el temporal del 28 de marzo de 2017. También el complejo carcelario, incluido en el rubro de “residuo social” por un amplio espectro de la población que reniega de los Derechos Humanos y al que nada le importa la situación de las personas privadas de su libertad.
Si hubo un hito en la lucha vecinal contra Cormecor fue justamente aquel temporal del año pasado. Los vecinos insisten en que el colapso de la planta del grupo Roggio devino en el derrame de agua contaminada en los sembradíos de la zona y en el canal Los Molinos, que abastece de agua potable al sur de la ciudad de Córdoba.
Una investigación judicial comandada por el fiscal Alejandro Peralta Otonello investiga el hecho desde hace más de un año, con un único imputado por ahora: el gerente de la empresa. Esta semana culminarían las pericias y los vecinos insisten en el reclamo de justicia, mientras sostienen un acampe en las puertas del futuro “complejo ambiental”, que sólo tomará forma si logra un aval explícito del Poder Judicial.
“Mi pueblo no es un basural”
En Santa Ana, los vecinos organizados bajo el lema “Mi pueblo no es un basural” también avanzaron en una experiencia novedosa de separación de residuos y reciclaje, que redujo considerablemente la cantidad de basura que produce la localidad. “Si nosotros podemos hacerlo, cada localidad de las que integran Cormecor y quieren tirar su basura acá puede hacerlo también”, indican.
Mientras, falta avanzar en la cuantificación económica que potencialmente implican las toneladas de residuos que manejaría la sociedad anónima, que tiene a la Municipalidad de Córdoba como accionista principal (clase A), a nueve municipios y comunas como accionistas clase B y al Surrbac como accionista clase C.
A desalambrar… los arroyos
Si hubo un hito ambiental en Alta Gracia en los últimos años fue la lucha por la protección del arroyo Chicamtoltina, que cruza a la ciudad. Allá por 2001 se escucharon las primeras voces por el uso privado de los recursos naturales y públicos, hasta que el tema estalló años más tarde con la conformación del colectivo “Todos por Nuestros Arroyos”, que denunció al barrio cerrado Potrerillo de Larreta por el uso del agua para riego de su cancha de golf de 18 hoyos, entre otras cuestiones.
Mientras el country apeló la decisión judicial que lo obliga a demarcar los límites de ribera, el arroyo sigue alambrado y los vecinos comenzaron a juntar firmas para ingresar al expediente como “terceros interesados”.
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