27 ago 2018

Nuevo “Punillazo”

La Nueva Mañana (27/08/2018)
La Autovía de Montaña y un nuevo “Punillazo” en Córdoba

La Secretaría de Ambiente de Córdoba firmó la resolución autorizando llevar adelante la licitación del segundo tramo de la Autovía Punilla, que funcionará como alternativa a la ruta 38.
El próximo viernes 31 de agosto, las calles de la capital cordobesa volverán a teñirse de verde nativo para dar paso a un nuevo “Punillazo”. Es que la construcción de la Autovía Pedemontana en Punilla sigue siendo un tema de debate, tanto a nivel social como político, en torno a algunos conceptos como ‘desarrollo sustentable’, ‘progreso’ y ‘medio ambiente’, y sobre las políticas públicas de preservación del bosque nativo y de los recursos naturales.
Asambleas de vecinos y ambientalistas rechazan el proyecto oficial de trazado de la vía alternativa a la Ruta Nacional 38, entre el dique San Roque y La Cumbre (47 kilómetros). Alegan que su emplazamiento afectará el ecosistema de las Sierras.
El segundo tramo de la obra obtuvo licencia ambiental el pasado jueves a través de la resolución N°374, que fue firmada por la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, y habilita la licitación de la obra de 14,3 kilómetros entre San Roque y Cosquín.
Desde la Provincia, aseguraron que los cambios introducidos en el proyecto original, que cuenta con un estudio de impacto ambiental elaborado por el Instituto de Investigación de Servicios Públicos e Infraestructura (Iispi), “lo definen como la traza más conveniente y oportuna”, ya que “responde a las necesidades planteadas en la histórica audiencia pública de mayo pasado”.
Sin embargo, lo que cuestionan los asambleístas no es el objetivo de la iniciativa que busca potenciar el turismo y las economías regionales. El eje de la disputa está puesto en el nivel de impacto medioambiental que tendrá el trazado de la obra planificada y los fundamentos del avance de la misma.

“El potencial de transformación de la región es enorme”
Durante la noche del jueves, el secretario de Ambiente de la Provincia, Javier Britch, dio luz verde a la autorización que permite llevar adelante la licitación del segundo tramo de la Autovía Punilla. De esta manera, Vialidad Provincial quedó habilitada para agilizar el procedimiento que permite que Caminos de las Sierras pueda licitar la obra, tal como lo hizo ya para el primer tramo, ya en marcha, entre el acceso a Carlos Paz y San Roque por la Variante Costa Azul.
Al respecto, Britch indicó en declaraciones a La Nueva Mañana que el proyecto que abarca a las localidades de San Roque, Bialet Massé, Santa María y Cosquín, contó con un estudio de impacto ambiental pormenorizado de la zona y la evaluación de la Comisión Técnica Interdisciplinaria (CTI) provincial. Asimismo, sostuvo que “la potencia de transformación de la región será enorme”. “Antes de tomar esta decisión, realizamos un balance y resolvimos que los aspectos positivos son mayores que los negativos”, agregó.
El titular del área de la cartera de Ambiente provincial resaltó que se trata de un avance fundamental en “materia de conectividad”: “Se trata de un pequeño tramo que implica un gran impacto en lo que respecta al turismo, el desarrollo económico e inclusive el trazado de un corredor bioceánico y el establecimiento de una frontera a la urbanización de montaña que se encuentra amenazada”, detalló.En relación a la intervención sobre el bosque nativo, uno de los aspectos más cuestionados por ambientalistas y vecinos durante la audiencia que duró ocho días y que contó con 957 oradores inscriptos, Britch aclaró que “hay 40 hectáreas en buen estado y, otras 80 que son donde se va a intervenir a causa de su deterioro por el avance de la frontera urbana”. “Esto se compensará con el triple de superficie y se van a reforestar unas 450 hectáreas”, señaló.

“Un proyecto sin licencia social”
La medida oficial se dio a conocer luego de los reclamos de los vecinos que denunciaron “avances de la obra en zonas rojas”, donde el desmonte es ilegal. También tras la protesta y posterior represión policial del pasado martes 21 de agosto, donde se intentó impedir el avance de las máquinas de la firma Chediak, que lleva adelante las tareas de deforestación en la primera parte.
“La decisión de la Provincia no nos sorprende porque era uno de los escenarios previstos. Sin embargo, es importante reconocer que se trata de una decisión sin licencia social por lo que las acciones en defensa del ambiente van a continuar”, aseguró Fernando Barri, biólogo especialista en Vida Silvestre e integrante de Asambleas por Punilla.
En ese sentido, Barri manifestó que “lo que sorprende es que ante el rechazo del proyecto en el marco de la audiencia, la licencia responda en sus fundamentos a los planteos de los expositores”.
Sobre las implicancias medioambientales, el especialista sostuvo que los trabajos en la zona “alterarán la composición del bosque nativo y afectarán las cuencas y la dinámica hídrica, lo que podría provocar inundaciones y escasez de agua en la región”, a pesar de las modificaciones planteadas por Ambiente.

El debate continúa
El proyecto que obtuvo licencia ambiental propone modificaciones en dos puntos del tramo original: el de Barranca Bermeja (Bialet Massé) y el de los Yacimientos de Uranio “Rodolfo”. El primero cuenta con una riqueza faunística de aves por lo que se determinó el desplazamiento de 120 metros de la autovía hacia el este, para mayor distancia del área; para el segundo se dispuso el desplazamiento de 300 metros de la autovía hacia el oeste para evitar el paso por afloramientos mineralizados del metal, según mapas de la Comisión Nacional de Energía Atómica (Cnea).
Desde el sector de los asambleístas no convalidaron los cambios y resaltaron que “si el proyecto se modifica se debe hacer un nuevo estudio de impacto y una nueva audiencia pública”.
A pesar de esto, Britch precisó que el dictamen firmado ya contaba con estas modificaciones que no alteran la sustancia del proyecto, por lo que no se concibe la necesidad de reabrir un proceso de discusión como lo establece la Ley de Política Ambiental de Córdoba (Nº 10208) en sus artículos 28° y 29°.
Días atrás, en diálogo con este medio, el abogado Darío Ávila anunció que presentarán un recurso de amparo contra la medida de Secretaría y una denuncia penal contra el Instituto de Servicios Públicos e Infraestructura (Iispi) de la UNC.

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