6 feb 2018

Reservas: la importancia de la participación ciudadana

La Voz del Interior (06/02/2018)
Participación ciudadana para cuidar el ambiente

Con todo, una investigación publicada en una revista académica de la Universidad Nacional de Córdoba sostiene que la protección puede fracasar por el modelo de gestión instrumentado para tal fin. Áreas protegidas, con aportes muy desiguales
Córdoba es la segunda provincia del país con mayor superficie incluida en algún tipo de área protegida, después de Misiones.
Hay parques nacionales, reservas y parques provinciales, corredores biogeográficos, áreas protegidas municipales y áreas protegidas privadas.
Estas tipologías apuntan a proteger la flora y la fauna autóctonas, así como las cuencas hídricas. De ese modo, no sólo se conserva el ambiente, sino que dichas áreas se vuelven puntos de referencia para el turismo y la recreación.
La tarea de protección tiene un gran valor. Recordemos, por ejemplo, que apenas nos queda un tres por ciento de nuestros bosques nativos, proporción que año tras año se resiente por el desmonte y los incendios, entre otros factores.
Con todo, una investigación publicada en una revista académica de la Universidad Nacional de Córdoba sostiene que la protección puede fracasar por el modelo de gestión instrumentado para tal fin.
Los investigadores detectaron la regular ineficiencia estatal: cuando las áreas protegidas están gestionadas exclusivamente por el Estado, es muy baja la probabilidad de que se cumpla el objetivo de la conservación.
Por el contrario, cuando la administración de las áreas protegidas queda en manos de un municipio y se incluye la participación ciudadana, hay casi un 50 por ciento de probabilidad de lograr el objetivo.
El ejemplo a seguir sería la Reserva Hídrica y Recreativa Los Manantiales, de Río Ceballos. Tiene un consejo de gestión participativo, presupuesto propio, guardaparques asignados por concurso público y actividades colaborativas de cartelería, senderismo y recreación.
Las reservas de Achiras, Bell Ville, la comuna de La Rancherita y Las Cascadas, San Antonio de Arredondo, Jesús María, Cosquín y Capilla del Monte también eligieron este modelo. Para los investigadores, institucionalizar la participación ciudadana es la clave para una mejor administración de las áreas protegidas.
Es lógico. Si una comunidad toma conciencia de la necesidad de proteger su medio ambiente y se organiza en pos de ese objetivo, con la asistencia técnica requerida y la asignación de fondos necesarios, podrá emprender la tarea y controlar a sus responsables de una manera más eficiente que una oficina estatal, que suele encontrarse a considerable distancia del terreno.
Es, además, una buena forma de poner en práctica el principio de subsidiariedad: un problema debe ser resuelto por la autoridad más cercana a él. Esta es una de las reglas que sostiene todo el andamiaje de la Unión Europea, que la tomó de la Doctrina Social de la Iglesia: cuando la comunidad puede hacer algo en pos del bien común, el Estado debe abstenerse de intervenir.

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