11 feb. 2018

Córdoba sin remediaciones



La Voz del Interior (11/02/2018)
Deuda ambiental: casi no se hicieron remediaciones

A veces su efecto más notorio es el mal olor, aunque en algunos casos los vecinos llevan la contaminación en la sangre. Eso los distingue; lo que tienen en común es que casi todos los sitios contaminados de la provincia aún están sin remediar.
Se trata de fundiciones, emprendimientos nucleares, depósitos de agroquímicos, rellenos sanitarios, basurales y canteras. En sus suelos hay metales pesados, sustancias radiactivas y otros residuos que pueden generar problemas de salud a la población. A veces, la actividad altera el ambiente: se desmonta o se cambia la fisonomía del terreno.
A pesar de que la Justicia, un municipio o la Provincia solicitaron la remediación del lugar, muchos de estos predios siguen funcionando o están habitados. En el mejor de los escenarios, se clausuró el lugar. Algunas canteras lograron recomponer parte del predio.
Una remediación implica no sólo cerrar el sitio, sino remover o neutralizar la contaminación para evitar daños en la salud y en el ambiente.
La ley 10.208, sancionada en 2012, obliga al Gobierno cordobés a crear el Registro de Pasivos Ambientales de la Provincia (Repa). La norma también indica que el titular de la actividad que generó el pasivo debe recomponer el sitio contaminado.
Javier Britch, secretario de Ambiente de la Provincia, indicó que por ahora sólo tienen un registro georreferenciado de los basurales a cielo abierto. “Son los pasivos ambientales más grandes de la provincia y estamos cerrándolos de a poco. Son más de 400. El año pasado clausuramos 27. La próxima planta de tratamiento de residuos será en Río Tercero, y nos permitirá clausurar 15 basurales más. Luego hay que recomponer esos predios”, explicó.



Radiactivos
Los pasivos ambientales más resonantes son el “chichón” de Alta Córdoba, un enterramiento de 56 mil toneladas de desechos minerales de baja radiación, ubicado en ese barrio de la Capital, y la mina de uranio de Los Gigantes, en las Sierras Grandes.
También son los sitios contaminados más antiguos, ya que la mina dejó de funcionar en 1990, mientras que el “chichón” data de la década de 1960. La Comisión Nacional de Energía Atómica (Cnea) monitorea los sitios, pero aún no los remedia. Desde la Provincia, informaron que la Cnea presentó el plan de remediación a la Secretaría de Minería de la Provincia, pero le fue devuelto con varias correcciones. A fines de 2017, el organismo nacional volvió a entregarlo y ahora la Provincia lo está evaluando. Se espera que en marzo haya una respuesta.

Agroquímicos
En Alta Córdoba también hay un galpón ya en desuso del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), donde habían quedado almacenadas 11 toneladas de DDT (dicloro difenil tricloroetano). En 2005 se dispuso su traslado “provisorio” al predio de la empresa Taym, en Bouwer. Sin embargo, la remediación del depósito ordenada por la Justicia en 2007 aún no se llevó a cabo.
“Está abandonado, lleno de contaminantes. Quisiéramos que ya viniera gente de Senasa a limpiar y poner en condiciones ese lugar”, dijo Jorge, un vecino del predio.
El DDT es un pesticida de alto riesgo, que en su momento contaminó la sangre de al menos 28 personas que vivían en cercanías del galpón. “El material que estaba en ese galpón y que fue llevado por una guarda provisoria a Taym, donde permaneció 10 años, estaría pronto a disponerse localmente en una empresa que lo puede tratar”, aseguró Britch.
Y agregó: “Para el galpón de Alta Córdoba, hay una propuesta de la UNC tendiente a remediarlo sacando el revoque y moviendo el suelo, pero eso nunca se ejecutó porque el tema se judicializó y se impidió el acceso”.

Plomo en sangre
Las fundiciones de plomo de Bouwer y General Cabrera tampoco fueron remediadas. El plomo es una sustancia muy tóxica que provoca anemia, daño neurológico y renal y disminución de la fertilidad. Los vecinos de ambos predios registraron altos niveles en sangre de ese metal pesado, como así también sus operarios.
El año pasado, el predio de Bouwer fue vendido. Sus nuevos dueños viven en el lugar. Juan Lupi, jefe comunal, aseguró que intentó, sin éxito, clausurar el sitio y dejar constancia en la escritura de que el terreno está contaminado.
“Tuvimos que ir a la Justicia. La fundición ya dejó de funcionar, pero el suelo está contaminado. La Provincia o la Nación deberían remediarlo”, comentó.
Britch aclaró: “En el momento en el que se clausuraron esas fundiciones, no había ninguna ley que obligara a remediar sitios contaminados. Espero que la Justicia indique que hay que hacerla; por ejemplo, removiendo la escoria de plomo que queda”.
En 2007, Rolando Guadagna, juez civil y comercial de Río Cuarto, consideró que estaba probada la contaminación originada por la fundición de plomo de General Cabrera y que, “pese a conocer el riesgo”, las autoridades municipales y provinciales “nada hicieron” entre 2002 y 2006.
Ordenó a la Provincia realizar estudios de suelo y napas freáticas, además de encarar tareas de remediación y brindar asistencia médica a las familias afectadas.
Hoy la fundición está radicada en un campo de Carnerillo, pero el antiguo predio no fue remediado. En tanto, el basural de General Cabrera, uno de los sitios donde la Justicia había hallado escoria y restos del plomo, fue tapado con tierra y cercado para que nadie pueda ingresar.
“Mi antecesor cerró el basural con un tejido olímpico y en mi gestión se lo cubrió con tierra. En un tiempo se podrá usar para algo, si están interesados y se hacen los estudios correspondientes”, informó Carolina Eusebio, quien fue intendenta de la localidad entre 2007 y 2015.
Un grupo de vecinos demandó a municipio, Provincia y empresa por la contaminación, aunque 11 años después aún no tienen respuesta. “Seguimos esperando justicia. No sólo fueron los problemas de salud; además tuvimos que mudarnos a otro lugar por recomendación médica”, explicó Laura Albornoz, una vecina damnificada.

Residuos urbanos
Según Ambiente de la Provincia, en Córdoba hay 435 basurales a cielo abierto. Para Britch, es el mayor pasivo ambiental que tiene la Provincia. A través de acuerdos socio ambientales (ASA) por regiones, se logró cerrar 105. “Cada cierre implica ordenar la cadena de disposición de los residuos sólidos urbanos (RSU), desde la clasificación en origen hasta el vertedero, incluyendo acciones de educación, normatización, constitución del ente administrador y tareas de reciclado”, dice Britch.
En la Capital, existen alrededor de 100 microbasurales, indicaron desde la Provincia. En 2015, la Municipalidad encaró un programa para transformarlos en canchas de fútbol, sin mucho éxito. Los vecinos siguieron tirando basura y escombros y en algunos casos se robaron los arcos.
Sobre la ruta 36, al lado de la cárcel de Bouwer, se ubica Potrero del Estado, predio que durante casi 30 años recibió 10 millones de toneladas de RSU de la ciudad de Córdoba y otros municipios y comunas cercanas.
La fosa nueve, la última en la que se dispusieron residuos hasta el cierre del enterramiento en abril de 2010, ya fue cubierta de tierra.
Según la Municipalidad, responsable de la clausura, tras haberse tapado la última fosa sólo resta colocar una cobertura vegetal y continuar haciendo monitoreos ambientales, para devolver el predio al Gobierno provincial en dos años.
Britch indicó que la Provincia proyecta un espacio de generación de energía solar. “La intención es aprovechar una tierra que está muy devaluada para cualquier otro uso, pero que está muy nivelada y es de fácil acceso a la red, en el marco de la Ley de Generación Distribuida”, apuntó el funcionario.
Sin embargo, en 2013 la Justicia hizo lugar a un recurso de amparo presentado por vecinos de Bouwer, la Fundación para la Defensa del Ambiente (Funam) y la Fundación Club de Derecho, para exigir al municipio la remediación del enterramiento y que cese el daño ambiental.

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Un plan verde para remediar canteras mientras se extraen áridos de la montaña

Hace 40 años, en el lado este de lo que hoy es el barrio “el Diquecito”, en La Calera, había un terreno elevado y vegetación. Hoy se ve un suelo marrón claro y paredes de roca en forma de balcones.
Extraer piedras de una montaña –actividad necesaria para la construcción– tiene consecuencias inevitables para el lugar que afecta, lo que vuelve imposible su restauración a la condición original. Sin embargo, se puede planificar cómo hacer las voladuras y cómo dejar el terreno para que al cerrar estas canteras no quede sólo su resabio, lo que no sirvió.
En menos de 10 años, la firma Cantesur piensa dejar las 64 hectáreas que trabaja desde 1978, y hace prácticamente una década empezó a diagramar un master plan para que al abandonar la extracción de áridos el lugar quede remediado.



“Si bien no se cierra la empresa, sino el yacimiento, tenemos que empezar a hacer cosas. En 2007, planteamos que nos quedaban poco más de 15 años, entonces le pusimos el foco a la remediación. No es que sólo se plantea cuando se empieza a ver el final, uno va desarrollando los frentes de cantera, planificándolo, pero el cierre próximo es un acelerador”, apuntó Hernán Soneyro, gerente comercial de Asuntos Públicos y Sustentabilidad de Cantesur.
Junto con una consultora han desarrollado el plan. Una bióloga, un ingeniero agrónomo y una arquitecta ponen su conocimiento a las inquietudes de los directivos.
Trabajadores de la cantera recogen las semillas de árboles autóctonos que se encuentran dentro del predio o cerca, las germinan y hacen crecer los plantines hasta que un terreno quede fuera de uso –”clausurado”– y pase a ser una zona remediable, donde se van a plantar los árboles.
Si bien son pioneros en este tipo de trabajos –ganaron en 2012 el premio a la Ecoeficiencia del Gobierno de Córdoba–, sostienen que la industria está cambiando el paradigma y entendiendo que ese es el camino que se debe seguir, con muchas empresas cordobesas que ya están haciendo lo mismo, cada una con sus propios proyectos.
Incluso otra cantera que extrae fluorita –Fluorita Córdoba SA– en 2013 empezó a plantar vides estimando contar con una pequeña bodega para 2025.
“Hoy cualquier cantera tiene que transitar este camino sí o sí, porque desde el 95 está en la ley del Código de Minería. Algunos más responsablemente, unos más rápidos, otros más lentos, pero el camino es este, adecuado a su proyecto, a su explotación y su espacio”, agregó Soneyro.
Con la ley de política ambiental, las otras industrias también deberían tener que transitarlo, entendiendo y adecuando las disposiciones para cada tipo de industria.

Una laguna con atractivos turísticos
Donde hoy está la Laguna Azul funcionó una cantera.
El lugar en donde hoy se encuentran la Laguna Azul y la Laguna Verde tiempo atrás fue una antigua cantera propiedad de la familia Natal Crespo.
Los desniveles creados por la extracción de roca son aprovechados para realizar deportes extremos, además de utilizar el agua para realizar actividades acuáticas.
En 2007, su acceso fue cerrado al público, pero a finales de 2014 se pudo volver a acceder, configurando un atractivo turístico.

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También hay daños por obras públicas y desmontes

En este caso, la remediación consiste en la clausura del predio para que el bosque se regenere solo. Policía Ambiental debe controlar que no se realicen actividades no autorizadas.
Otros pasivos ambientales que requieren remediación son las alteraciones del ecosistema provocadas por un desmonte ilegal, una cantera o la construcción de una obra pública. Según la Policía Ambiental, hay 12 mil hectáreas “listas para ser reforestadas”, de intervenciones irregulares. De ellas, unas 2.500 están en proceso de recuperación, según datos de enero de 2017.
En este caso, la remediación consiste en la clausura del predio para que el bosque se regenere solo. Policía Ambiental debe controlar que no se realicen actividades no autorizadas.
En 2011, la Dirección de Vialidad Provincial anunció 20 millones de pesos para remediar el daño ambiental generado por el Camino del Cuadrado en la Reserva Natural Vaquerías, de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).
“No se hizo nada. El problema más grave es que se colmató el diquecito que provee de agua al hotel y a parte de Valle Hermoso, pero no lo limpian con la frecuencia que necesitamos”, indicó José Toledo, director de la reserva. Agregó que tampoco colocaron reductores de velocidad y cartelería para evitar que los vehículos sigan atropellando fauna. También fallaron la hidrosiembra de los taludes que se desmoronan y el riprap sobre el curso de agua.

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La diferencia entre recomposición y restauración

El secretario de Ambiente de la Provincia, Javier Britch, explicó que el concepto de remediación engloba dos tipos de intervención diferentes.
La clausura, que es la que se determina, por caso, en los basurales a cielo abierto, no forma parte de una remediación: lo que persigue es que cese la contaminación y que no se vuelva a utilizar.
La recomposición es el tipo de remediación “que lleva los parámetros a valores aceptables”, según la definición que compartió Britch. Es un tipo de intervención más realista que la llamada “restauración”.
“Restaurar es llevar el sitio exactamente a como estaba, no apenas a valores aceptables”, definió.
En muchos casos, esta opción es prácticamente imposible. En otros, mucho más costosa.

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La tarea inconclusa que deja la contaminación
 
El ciclo empieza con el cese de la actividad contaminante, pero debería cerrar con la recomposición del sitio afectado. Deuda ambiental: casi no se hicieron remediaciones
En muchos casos, lograr que cese una fuente de contaminación es un gran progreso humano y ambiental. A menudo, requiere del esfuerzo de los ciudadanos para convencer a las autoridades, plantear acciones judiciales, hacer movilizaciones y trabajar con evidencias para contrastar las defensas de las actividades perniciosas para la salud o el ecosistema, que suelen contraponer el argumento de la incerteza para no suspender sus actividades.
Y si tienen éxito, ¿qué ocurre después? Los galpones del Senasa, en Alta Córdoba, están cerrados desde hace más de una década. Los tachos con DDT esperan su tratamiento final. Y los vecinos siguen aguardando que se quiten los residuos de la contaminación en el terreno que colinda con viviendas familiares. Y es apenas un caso. Lo mismo ocurre con fundiciones de plomo, curtiembres, desmontes, canteras y muchos más.
Es una innegable deuda la falta de remediaciones ambientales, entendida como el paso con el que se tendría que cerrar el proceso que empieza con el cese de una actividad contaminante, aunque sólo sea para recomponer el entorno y dejarlo en condiciones aceptables de habitabilidad. Pero muy pocas veces se pone el acento en esta falta. Es por eso que entendimos que se justificaba darle al tema nuestro informe de Primer plano y contribuir a visibilizar el problema.
Hay que decirlo con claridad: no es que la Secretaría de Ambiente de la Provincia no haga nada. Está atacando lo que definió como el principal pasivo ambiental de Córdoba, que es el de los basurales a cielo abierto. De los más de 400 censados, ya logró cerrar un centenar y busca acuerdos en las comunidades regionales para eliminar estos tiraderos sin control, altamente contaminantes. Podría hacer más, seguro. Y podría tener mayor compromiso de la Justicia, que en causas ambientales parece tener una mora aun mayor que su lentitud promedio, y aún no resuelve qué hacer con pasivos ambientales que tienen más de una década en litigio a vecinos, Estado y particulares.

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Una curtiembre y BusPack, dos casos que siguen en la Justicia

Vecinos del lugar aseguran que las curtiembres siguen funcionando a pesar de que ellos volvieron a realizar una denuncia en enero.
Otros dos casos de posible contaminación son causas que en su momento llevó el fiscal Carlos Matheu, ahora retirado. El primero es un grupo de curtiembre en Chacras de la Merced.
Dos empresas fueron clausuradas por la Municipalidad en 2016. Matheu imputó a los dueños por contaminación de suelo y atmósfera. Un peritaje detectó la presencia de cromo hexavalente, una sustancia cancerígena.
“En octubre, el fiscal que ahora lleva la causa pidió el sobreseimiento de uno de los imputados, pero la jueza no estuvo de acuerdo, con buen criterio. Desde entonces, lo tiene el fiscal de la Cámara de Acusación”, recordó Matheu.
Vecinos del lugar aseguran que las curtiembres siguen funcionando a pesar de que ellos volvieron a realizar una denuncia en enero.
El otro caso es el de BusPack, una empresa que se dedica a la limpieza y el mantenimiento de colectivos en barrio Empalme, de la capital provincial. El entonces fiscal imputó a sus dueños y pidió un peritaje médico para ver si la contaminación afectaba la salud de los vecinos.
La contaminación detectada, ocurrida entre 2009 y 2016, es de hidrocarburos y metales pesados. “Hay nueve casos de cáncer en el sector. En diciembre, me constituí en querellante particular por la fundación Lucha Contra la Contaminación Ambiental en Defensa de la Salud (Lucadesa), que presido. Pero el fiscal rechazó mi pedido”, comentó Matheu.

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