18 dic. 2017

Canals también se levanta contra las fumigaciones



La Voz del Interior (18/12/2017)
Canals: otro pueblo en debate por las fumigaciones

Vecinos reclaman hacer cumplir la ley provincial, una ordenanza con más restricciones y estudios sanitarios. Denuncian que hasta las máquinas pulverizadoras circulan por las calles.
Una tensa situación se vive por estos días en Canals, en el sudeste de la provincia, por la problemática generada por el control de las pulverizaciones con agroquímicos. Se suma a la lista de localidades que han sostenido similares controversias. Unas 25 de ellas han apelado a normas locales, más restrictivas que la ley provincial.
En Canals, vecinos autoconvocados denuncian descontrol, exigen una ordenanza que fije más limites a las fumigaciones de campos vecinos a la zona urbana y un relevamiento sanitario. En medio de la polémica, renunció un concejal oficialista y el intendente Carlos Peiretti recurrió a la Provincia, prometió medidas y reclamó “pacificar”.
Más de un millar de pobladores, en una localidad de nueve mil habitantes, firmaron un petitorio para exigir que al menos se cumpla la ley provincial de agroquímicos 9.164.
Avalados por Adolfo Estrella, médico con más de 40 años de experiencia, sumaron apoyos y consiguieron que los concejales (con excepción de la presidenta) firmaran una intimación al intendente. Exigieron que se hiciera cumplir la ley y se convocara a un estudio de la problemática sanitaria.
Hace años que los casos de cáncer, abortos e infertilidad preocupan. Unas jornadas sociambientales, realizadas en noviembre con la participación de Medardo Ávila Vázquez, médico cordobés de la agrupación Pueblos Fumigados, dieron el puntapié inicial.
Canals está apenas a 65 kilómetros de Monte Maíz, donde en 2015 se vivió una tensión similar, luego de que estudios médicos revelaron afecciones que sus autores vincularon con el descontrol de los agroquímicos. Ese estudio generó una intensa controversia, incluso provincial, sobre la validez de sus resultados.
Los vecinos de Canals impulsan ahora una ordenanza semejante a la aprobada hace dos años en Monte Maíz, que endurece las exigencias de la ley provincial.

Residuos peligrosos
Hartos de la incertidumbre, hace un mes los vecinos comenzaron a relevar casa por casa. “Yo me metí en esta lucha porque todos los días en mi pueblo sé de alguien que se muere de cáncer o se enferma. En la manzana de mi mamá, donde hubo un depósito de agroquímicos muchos años, registramos 15 casos, entre vivos y muertos. Vamos a traer nosotros al campamento sanitario, porque estamos cansados de convivir con el olor de agroquímicos y de ver pasar chorreando a los fumigadores”, dice María Angélica, una de las promotoras del reclamo.
Fueron periodistas del medio local Eccos Multimedia y un fotógrafo español que releva esos reclamos quienes detectaron en el basural municipal de Canals decenas de bidones con restos de agroquímicos (práctica que la ley prohíbe) y hasta facturas de una empresa que los comercializa. Registraron cómo se quema basura y se la deposita en una laguna, sin cuidados con respecto al aire, el suelo o las napas.
Hugo, quien tenía un depósito de agroquímicos pared de por medio a su taller y tuvo cáncer de próstata, llevó al juez de Paz para que constatara el hallazgo. “No queremos enfrentarnos con el campo, pero pedimos que al menos no anden los fumigadores por el pueblo, han estado fumigando a 50 metros de las casas”, remarcó.

Reacciones
En medio de la tensión, el intendente Peiretti lamentó la polémica y negó que el Concejo lo haya intimado. “Hubo una carta para que se haga respetar la ley 9.164, firmada por algunos concejales, pero les respondí que siempre estuvimos encuadrados en la ley, más allá de que lo quieran entender o no”, dijo.
Citó que al asumir, en 2011, nombró a un ingeniero agrónomo para los controles fitosanitarios, pero este renunció en 2014. “Luego no conseguimos otro, pero seguimos recibiendo las recetas fitosanitarias a través de nuestro sistema de inspectorías. Ahora, contratamos a uno. Pero siempre estuvimos trabajando y respetando la ley”, sostuvo.
Peiretti valoró la trayectoria del médico Adolfo Estrella que lidera a los vecinos autoconvocados y aceptó la preocupación, pero marcó la necesidad de que sean organismos oficiales de la Provincia quienes evalúen la situación. Tiene programada una reunión con autoridades de Salud, Ambiente y Agricultura. “El ministro Carlos Massei me dijo que bajarán a Canals con todos sus profesionales técnicos, para informar a la población y ponerse a disposición. Hay que brindar las soluciones que hagan falta, con información fidedigna, veraz y con certezas”, remarcó el intendente.
Descartó que el municipio vaya a convocar al campamento sanitario al grupo de la UNC que relevó la situación en Monte Maíz. Argumentó que “no se trata de una estructura oficial”. Tampoco consideró necesario aprobar una nueva ordenanza (ya adhieren a la ley 9.164), pero admitió que “es atribución de los concejales decidir sobre el tema”. “El nuevo ingeniero estará a cargo de hacer una verificación de los equipos que ingresan al pueblo, de que los productores respeten la distancia. Y está el 0800-888-2476 del Ministerio, por si alguien quiere denunciar algo”, agregó.

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Unas 25 localidades ya tienen normas más restrictivas

Desde hace más de una década, cada año se suman más pueblos y ciudades cordobesas al debate local sobre el impacto de las pulverizaciones con agroquímicos para las zonas urbanas.
El último -semanas atrás- fue en Dique Chico, una muy pequeña comuna de la zona de Alta Gracia en la que mientras algunos vecinos se movilizaban reclamando más controles y restricciones, otros se encadenaban en protesta para evitar que esas limitaciones sobre su producción rural avanzaran.
Unas 25 localidades cordobesas (de las 427 existentes) han dictado ya normas propias, más restrictivas que la ley provincial de agroquímicos, vigente de 2004.
Esa ley prohíbe toda fumigación aérea a menos de 1.500 metros de zonas pobladas. Y a las terrestres las restringe parcialmente: en los 500 metros vecinos a viviendas no pueden aplicarse algunos productos, aunque sí permite otros considerados por el ente nacional Senasa como de menor riesgo tóxico. Entre esos está el glifosato, el más utilizado en la práctica rural actual.
Para esas pulverizaciones terrestres pegadas a áreas pobladas la ley exige que se cumplan varios requisitos (climáticos, técnicos y de aplicación con un profesional autorizado y maquinarias habilitadas), más un control del municipio.
La discusión pasa por si es suficiente esa restricción, si la clasificación de productos de riesgo no debiera revisarse, y si los controles se cumplen. En parte, la ley descansa sobre la capacidad de control de comunas o municipios que, en algunos casos por incapacidad operativa y en otros por desinterés o inoperancia, no es ejercida.
Los municipios que han dictado restricciones, en general, han fijado “zonas de resguardo ambiental”: franjas en las que no se permite ninguna aplicación química. Esa distancia es muy variable: va desde los 200 a los 1.500 metros, según los casos. El acatamiento real también depende de la voluntad y la capacidad de control de cada municipio.
Entre las ciudades más grandes que han dictado normas de ese tipo están Alta Gracia, San Francisco, Oncativo, Jesús María, Oliva, General Baldissera, Mendiolaza, Hernando, Villa General Belgrano, San Marcos Sierras y Huinca Renancó.
En barrio Ituzaingó Anexo, de la ciudad de Córdoba, esa restricción surgió antes y por orden judicial, tras un juicio por contaminación.
En la Legislatura cordobesa se presentaron varios proyectos en los últimos años para establecer prohibiciones más estrictas en campos pegados a áreas urbanas, escuelas y cursos de agua. No fueron tratados. La discusión está planteada entre quienes creen que sólo se deben mejorar los controles que impone la ley existente, y los que reclaman cambios con restricciones más marcadas que hagan más foco en la salud que en la producción.

La distancia de las zonas pobladas es la clave
La mayoría de las ciudades que dictaron sus propias normas en la materia han dispuesto distancias mínimas a zonas pobladas hasta las cuales no pueden aplicarse agroquímicos. En algunos casos, son 200 metros, y llegan en algunos pueblos hasta los 1.500 metros.

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