19 may 2017

El predio de Cormecor frenado por la justicia



La Nueva Mañana  - Edición Electrónica (19/05/2017)
El TSJ frenó el inicio de las obras en el predio de Cormecor

Rechazó el pedido presentado por 20 intendentes de Córdoba. La disposición del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba estará vigente hasta que se resuelva la cuestión de fondo.
El Tribunal Superior de Córdoba (TSJ) rechazó la medida cautelar presentada por 20 intendentes de Córdoba. Estará vigente hasta que se resuelva la cuestión de fondo.
Intendentes y jefes comunales de las 20 localidades que no podrán llevar más sus residuos al enterramiento de Piedras Blancas desde el 1° de agosto, solicitaron hace algunos días una audiencia mediante una nota dirigida al Tribunal Superior de Justicia.
La nota estaba firmada, entre otros, por los intendentes Daniel Salibi (Mendiolaza), Orlando Selli (Agua de Oro), Eduardo Romero (Villa Allende), Omar Albanese (Río Ceballos), Facundo Torres (Alta Gracia) y Myrian Prunotto (Estación Juárez Celman).
Cabe recordar, que el director de Crese, Norberto Bergami, indicó semanas atrás que desde el 1 de agosto el predio de enterramiento de Piedras Blancas receptará residuos solamente de Córdoba Capital.
En la nota emitida por los jefes comunales, se relata que esos municipios cerraron sus basurales a cielo abierto y que comenzaron a llevar sus residuos a Piedra Blanca, relleno sanitario operado por la Municipalidad de Córdoba ubicado al sur de la Capital. Agregan que se viene trabajando desde hace años "para lograr una adecuada gestión de los residuos" a través de la Corporación Intercomunal para la Gestión Sustentable de los Residuos del Área Metropolitana Córdoba (Cormecor).
La instalación del complejo ambiental diseñado por Cormecor está paralizado por dos cautelares: una en manos del TSJ y otra en un juzgado de Alta Gracia. Además, desde la empresa Crese (propiedad del municipio capitalino), se informó a 20 localidades que no podrán disponer más sus residuos en Piedra Blanca.
"Existe gran preocupación frente al inminente daño ambiental y sanitario cierto que afectaría a más de 2,5 millones de personas, por vernos conminados a disponer los RSU de nuestras localidades en lugares no aptos, no habilitados a tal fin y sin ningún tipo de posibilidad de ejecutarse conforme a leyes ambientales", dice el escrito.

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Más Información:

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El Diario de Villa Carlos Paz - Edición Electrónica (19/05/2017)
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