11 feb 2017

Río Cuarto: a la Justicia por la calidad del agua

El Puntal de Río Cuarto (11/02/2017)
Emos va a la Justicia por las dudas sobre la calidad del agua

El gobierno resolvió presentar una denuncia en la fiscalía de turno para que se investiguen los rumores sobre contaminación con Escherichia coli. Apuntarán a un laboratorio privado y a empleados del ente
El gobierno de Juan Manuel Llamosas decidió ir a la Justicia por las dudas que se han planteado en los últimos días sobre la calidad del agua que suministra Emos a la población. La definición fue tomada por el propio intendente, junto con Pablo Salinas, titular del ente, y el fiscal municipal, Julián Oberti. Los funcionarios entendieron que los últimos rumores, que señalaban una supuesta contaminación con Escherichia coli, superaron todos los límites y que no los pueden dejar pasar. Por eso, llevarán una serie de pruebas a la fiscalía de turno y pedirán que se investigue si existió un delito y se determine el grado de responsabilidad de un laboratorio privado y de un grupo de personas, algunas de las cuales trabajan dentro del Emos.
Esta semana, el Emos se vio obligado a desmentir la supuesta contaminación con Escherichia coli, una bacteria que deriva en cuadros de gastroenteritis y, en casos extremos, puede producir insuficiencia renal y hasta la muerte. El rumor, que se propagó por las redes sociales y por WhatsApp, señalaba que los análisis habían sido realizados por la Facultad de Exactas de la Universidad, lo que fue desmentido oficialmente a través de un comunicado de la decana, Rosa Cattana.
Las versiones que señalaban que el agua del Emos no sería apta para el consumo humano ya se habían empezado a propagar a fines del año pasado.
Ahora, el gobierno decidió cortar con ese tipo de situaciones que adjudica a operaciones políticas de la oposición.
El fiscal Oberti señaló que esta vez serán inflexibles porque el Municipio no puede permitir que se genere intranquilidad en la gente sobre un servicio básico como es el agua. “Entendemos que como Estado debemos llevar tranquilidad como prestadores de un servicio básico, reconocido como un derecho elemental del ser humano. Estamos en presencia de difamaciones y calumnias; se está haciendo circular una noticia que es, a todas luces, falsa de falsedad absoluta y poner en tela de juicio la seguridad de la  población”, manifestó el funcionario.
En la denuncia, la Fiscalía presentará elementos de prueba como, por ejemplo, las publicaciones que hizo un laboratorio privado de la ciudad (se trata del laboratorio Espina), una nónima de empleados de Emos que propagaron el rumor de la contaminación del agua y números de teléfonos que han logrado capturar de WhatsApp y que habrían contribuido a difundir la noticia falsa de manera maliciosa.
“Primero, vamos a pedir que se investigue qué tipo de delito podría existir y qué grado de participación o autoría tendrían las personas que hemos logrado detectar. Que también se determine qué participación tiene el laboratorio privado, el responsable de esa empresa y cuál es la finalidad. Queremos que se determine si estos rumores son la acción de un psicópata que quiere sembrar miedo o si está pagada por un grupo”, señaló Oberti.
En el gobierno se inclinan más por la segunda opción: creen que es una operación política de la oposición, más precisamente de Cambiemos, para generarle un desgaste político al gobierno peronista.
Una de las acciones que se generarán paralelamente a la denuncia judicial es el inicio de sumarios internos a empleados que participaron en la cadena de WhatsApp. “El problema no sería que opinen sobre la gestión, que tienen todo el derecho a hacerlo. Pero se están extralimitando, participando en una calumnia, en una actitud maliciosa con la que quieren generar un daño. Generar un estado de inquietud en la gente que no podemos permitir”, dijo un funcionario del gobierno.
Además de la denuncia por los rumores, habrá una presentación específica por difamación en contra del presidente del Emos, Pablo Salinas. En el Ejecutivo entienden que hubo manifestaciones agraviantes en contra del titular del ente por la responsabilidad que se le adjudicó en la supuesta contaminación con la bacteria Escherichia coli.

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