7 feb. 2017

Cotreco cobrará con bono la deuda en Río Cuarto

El Puntal de Río Cuarto (07/02/2017)
El Municipio le pagará con un bono la deuda a Cotreco

La empresa reclamaba 170 millones pero el gobierno de Llamosas le reconoció 45 por mayores costos y pagos fuera de término. Para cumplir con ese monto, se emitirá un instrumento financiero del Bancor
Cotreco le exigía al Municipio una deuda de 170 millones de pesos. En las últimas horas, el gobierno de Juan Manuel Llamosas dio por cerrado el análisis del reclamo y determinó que, en realidad, a la empresa de higiene urbana y mantenimiento del alumbrado le corresponde, por todo concepto, un total de 45 millones de pesos.
Así, el Ejecutivo clausuró no sólo el capítulo Cotreco -que podrá hacer un  planteo en otros ámbitos si no acepta la cifra- sino que consideró terminado el proceso de normalización de las deudas con proveedores y otro tipo de acrecedor, que en julio de 2016, cuando asumió el actual gobierno, totalizaba los 300 millones de pesos. Después de ese paso, la consecuencia será el fin de la emergencia económica que se decretó hace 8 meses para avanzar en el saneamiento de las cuentas.
El gobierno envió en las últimas horas los expedientes en los que oficializa los pagos que pretende hacerle a Cotreco. Uno de los aspectos más novedosos es que la Municipalidad no pagará al contado ni con cheques los 45 millones de pesos, sino que lo hará a través de un bono que el Banco de Córdoba le entregará a la empresa. El Estado local deberá devolverlo a un plazo de cuatro años. De esa forma, conseguirá oxígeno para evitar que los pagos compliquen las cuentas públicas.
El fiscal municipal, Julián Oberti, detalló que Cotreco hizo varios planteos: por mayores costos, por diferencia de ampliación de la trama, por intereses por pago fuera de término, por diferencia de pesaje por tonelaje de basura, por ajustes del Refop, un fondo nacional que Cristina Kirchner dejó de reconocer y que beneficiaba a las empresas.
De ese cúmulo de pedidos, el Municipio terminó admitiendo dos conceptos: diferencia por redeterminación de precios no abonados por la no publicación de los índices entre noviembre de 2015 y junio de 2016, el mismo concepto entre julio y fin de 2016, e intereses por pago fuera de término.
Por los dos primeros ítems, el Municipio reconoció 33 millones de pesos de los más de 50 que pedía Cotreco.
Ese pago adicional se produjo porque la crisis del Indec eliminó la referencia que estaba establecida por contrato para fijar los mayores costos. Cuando los índices volvieron, el gobierno acordó un criterio con la empresa y estableció los montos adeudados.
El otro concepto son casi 10 millones de pesos que se fueron generando por pagos fuera de término. En este punto, la empresa de higiene urbana señalaba que la deuda del Estado llegaba a 25 millones de pesos por el período 2011-2016, pero la Fiscalía determinó que solamente correspondían los dos últimos años porque Cotreco renunció expresamente en el acuerdo que se firmó en el juzgado de Rolando Guadagna a cualquier reclamo con más de dos años de antigüedad.
Por contrato, la Municipalidad tiene la obligación de pagar a los 30 días de facturado el servicio; por las complicaciones que fue teniendo la gestión anterior, esos plazos se estiraron, incluso, hasta los 150 días.
Esos retrasos se fueron acumulando hasta generar la deuda que hoy se le reconoce a la empresa y que está en el Tribunal de Cuentas.
Oberti calculó que, por algunos conceptos menores como por ejemplo los ajustes por el canon establecido en la prórroga que regirá hasta abril de este año, la cifra total llegará a los 45 milones de pesos por todo concepto.
“Reconocimos lo que está en el contrato. No nos apartamos de esa referencia e hicimos un estudio pormenorizado de lo que correspondía y lo que no. Lo demás no estaba en el contrato y, en algunos casos, no encontramos ninguna prueba que nos diera la certeza de que lo que reclamaba la empresa efectivamente correspondía”, manifestó el fiscal municipal.

Disidencia
En el Tribunal de Cuentas, algunos de los expedientes están bajo análisis.
El representante de Respeto, Alejandro Saffadi, indicó que del estudio que realizaron sobre el reclamo por pago fuera de términos, hay conceptos que corresponden y otros que no.
Primero, planteó que debería determinarse qué funcionarios fueron responsables de los retrasos en los pagos.
Saffadi detalló que, a la vez, los 10 millones surgen de tres ítems: por los intereses por pagos fuera de término, el costo impositivo que le generan a la empresa esos intereses, y los intereses por pago fuera de término de los propios intereses y el consecuente costo impositivo.
El tribuno indicó que la ordenanza 705/10 permite inferir que el primer concepto es válido; sin embargo, señaló que son discutibles los otros dos que totalizan algo más de 1.200.000 pesos.
Por eso, Respeto rechazará el gasto, aunque el oficialismo tiene los votos para imponerlo.

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