26 ene. 2017

Bosques: buscando apoyos afuera



La Nueva Mañana  - Edición Electrónica (26/01/2017)
La estrategia de Schiaretti es que la Nación apoye la ley de bosques

El gobernador le pidió al presidente Macri que se involucre en el debate de la norma. Los legisladores del PRO y radicales dicen que no respaldarán si no hay cambios “profundos”.
El gobernador Juan Schiaretti le pidió al presidente Mauricio Macri que el Gobierno nacional se involucre en el debate sobre la nueva ley de bosques para Córdoba. El pedido se concretó durante la última visita del jefe del Estado a la provincia, cuando estuvo en La Calera y en Jesús María.
Por el contexto hay que entender la decisión del ministro de Medio Ambiente de la Nación, Sergio Bergman, quien confirmó que en febrero vendrá a Córdoba y opinará sobre esta cuestión.
“La nueva ley saldrá de la decisión de los legisladores cordobeses, pero el ministro irá a la provincia para conocer los detalles del proyecto y luego dará su opinión”, aseguró a La Voz uno de los colaboradores más cercanos del funcionario macrista.
Pero, en realidad, ante la resistencia del interbloque Cambiemos (UCR-PRO-Frente Cívico) a respaldar el proyecto de ley que Unión por Córdoba (UPC) presentó el mes pasado en la Legislatura, la estrategia del gobernador es que la Casa Rosada intervenga en la discusión, al menos para que los legisladores radicales y macristas apoyen la iniciativa del oficialismo.
Tanto el gobernador Schiaretti como los legisladores peronistas han dicho que cuentan con los votos para sacar la nueva ley de bosques nativos, pero no quieren pagar el costo político de aprobar una norma que es resistida por muchos sectores, en especial el de los ambientalistas.
El 1° de febrero, cuando se reanuden las sesiones ordinarias, el PJ impulsará su proyecto presentado en diciembre último.
Habría predisposición para hacer algunos retoques al texto, pero no tantos como exigen los opositores.

La visión de la oposición
Por el momento, tanto radicales como macristas se muestran firmes en su decisión de rechazar la propuesta oficial y exigen cambios “profundos”.
La legisladora Soher el Sukaría (PRO) le dijo a este diario que está “convencida” de que no habrá presión de la Nación para sacar una ley “de cualquier modo”.
“Estoy en permanente contacto con el ministro de Medio Ambiente y su equipo. Jamás bajarían una orden para que apoyemos una ley que salga de cualquier modo. El proyecto de Unión por Córdoba tiene muchas lagunas jurídicas y nuestro bloque no lo respaldará. Tenemos que sentarnos a discutir nuevamente y debe haber cambios profundos para que la ley salga por consenso”, aseguró la legisladora macrista.
Desde la vereda del radicalismo, el presidente del bloque, Orlando Arduh, se pronunció en el mismo sentido.
“Debemos aprobar una nueva ley, porque hoy no tenemos nada y muchas autorizaciones de desmonte dependen de la firma de un funcionario provincial de segunda línea. Hay que aprobar una nueva ley, pero no estamos de acuerdo con el proyecto que presentó el PJ”, dijo el parlamentario mestrista.
Arduh y El Sukaría proponen un debate en el cual participen todas las organizaciones involucradas en la cuestión ambiental.
“El oficialismo intentó sacar en diciembre una ley a las apuradas. Es una cuestión sensible, en la cual hay muchos intereses y debemos escuchar a todos. Hay que convocar a un debate abierto para que nadie quede afuera”, propuso Arduh.
La legisladora del PRO también avaló esta estrategia. Que en la Legislatura se escuche a todos los sectores y que la ley salga con el mayor consenso posible.
“Llevamos varios años con una ley del año 2009 que está desactualizada. Podemos esperar unos meses más y sacar un texto que deje conformes a todos los sectores. No es fácil, pero vamos a intentarlo. No estamos dispuestos a aprobar nada a libro cerrado”, manifestó El Sukaría.
Todos coinciden en que debe haber una nueva ley que reemplace a la aprobada en 2009, pero no hay acuerdo con el texto.
Reforestación. Además de la ley de bosques, en la Legislatura se debatirá una ley de reforestación. Según el proyecto del oficialismo, en un plazo de cinco años, los productores deberán destinar el tres por ciento de las superficies de sus campos a la reforestación. Las entidades ruralistas tienen objeciones.

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