10 dic. 2016

Bosques y una editorial tendenciosa

La Voz del Interior (10/12/2016)
Conflictos que deben ser superados

Se trata, sin dudas, de una puja de intereses que pueden ser atendibles desde la visión de cada parte en disidencia; es decir, un anhelo de prosperidad de la producción agropecuaria, por un lado, y la defensa del ecosistema muchas veces arrasado a causa de los desmontes, por el otro.
El ordenamiento territorial del bosque nativo en la provincia de Córdoba mantiene abierto un viejo conflicto entre las entidades rurales y los sectores ambientalistas que se oponen a una reducción drástica de las áreas protegidas.
Se trata, sin dudas, de una puja de intereses que pueden ser atendibles desde la visión de cada parte en disidencia; es decir, un anhelo de prosperidad de la producción agropecuaria, por un lado, y la defensa del ecosistema muchas veces arrasado a causa de los desmontes, por el otro.
Es contraproducente, en este aspecto, que no se exploren canales de diálogo y de entendimiento que tiendan a solucionar un largo litigio que algunos de los propios contendientes se encargan de calificar de “irreconciliable”.
En medio de la controversia, el Gobierno de la Provincia clausuró la mesa de diálogo para modificar el mapa de ordenamiento territorial del bosque nativo (conforme a la ley sancionada hace ya seis años), y pasó a la órbita del Ministerio de Ciencia y Tecnología la autoridad de control que antes tenía la Secretaría de Ambiente.
Otro tema ríspido que puso en alerta a los ambientalistas y al movimiento campesino radica en la decisión de trasladar a la Legislatura provincial la responsabilidad de definir en lo sucesivo el mapa de las zonas bajo protección.
Las diferencias no parecen tan complejas, aunque sí difíciles de dirimir en función de los intereses económicos y ambientales: unos proponen acotar las zonas rojas o amarillas para expandir la actividad agropecuaria, y los ambientalistas temen que se sumen al mapeo miles de hectáreas que quedarán fuera de protección.
Así planteadas las cosas, sería beneficioso que el Gobierno no se desentienda de esta problemática delegando en el Parlamento una competencia que le cabe conforme a las leyes vigentes en la provincia y en la Nación, y que han sido reguladas en bien del resguardo de los bosques nativos en todas sus variedades y dimensiones.
De la misma forma, y en una suerte de equilibrio, los grupos ambientalistas más radicalizados tendrán que acatar las normativas que se dicten y aportar sensatez antes que discordia e intransigencia en la defensa de sus intereses.
Las serranías cordobesas fueron escenario de catástrofes por los torrentes de agua de lluvias copiosas que inundan todo a su paso y cuyos efectos agravaron los desmontes.
Con el Estado como actor responsable de la sanción a los infractores que ponen en riesgo al medio ambiente, es hora de congeniar conductas y fijar leyes claras y perdurables en la protección del bosque nativo. Todos deben bregar por lo mismo: los que trabajan la tierra y los que buscan preservarla.

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