24 jul. 2016

Crese en vías de desaparecer



La Voz del Interior (24/07/2016)
Reducida a la mínima expresión, Crese va camino al tacho de basura

Sólo se ocupa del enterramiento, centros verdes y reciclado con personal de Esop. Con la nueva licitación y el arranque de Cormecor, a partir de julio próximo perdería toda razón de ser.
Con la nueva estructura que la Municipalidad destinó a cubrir el servicio de higiene urbana, donde le han asignado un rol casi marginal y que irá decreciendo aún más en los próximos meses, la estatal Crese (sociedad del Estado municipal) inició un camino lento, pero sin retorno, hacia su liquidación en el mediano plazo.
Creada el 1° de enero de 2009, legalmente su existencia se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2018. Pero igual el tránsito de los dos años y medio que faltan para esa fecha están signados por una reducción drástica de su estructura y competencias.
Hoy, casi no tiene empleados ni disponibilidad operativa propia. Su flota de vehículos pasó a Lusa y Cotreco en 2012, cuando el intendente Ramón Mestre dispuso una cesión temporaria de contrato desde la firma estatal hacia esas dos prestadoras privadas.
Lo propio pasó con los empleados, aunque con una nueva vuelta de tuerca desde el primer día de este mes. Desde julio, 1.154 agentes pasaron en forma definitiva al Esop (Ente se Servicios y Obras Públicas) para hacerse cargo del barrido manual de calles.
Otros 948 trabajadores de Crese siguen en calidad de cedidos temporales a Lusa y Cotreco.
La “desvinculación” legal definitiva de esos trabajadores de la firma estatal se dará una vez concretada la nueva licitación del servicio de recolección domiciliaria, oportunidad en la que tendrán nueva patronal privada. Eso ocurriría dentro de un año.

En retirada
Desde lo funcional, Crese sigue a cargo de cuatro frentes: la disposición final de residuos en el predio de enterramiento de Piedras Blancas; el manejo de cuatro centros verdes (de reciclado); residuos patógenos; y servicios especiales (microbasurales, contenedores).
Norberto Bergami, titular de la empresa, dijo que esas tareas se cumplen a través de terceros, ya sea empresas, personal cedido por el Esop (como ocurre en el enterramiento) o monotributistas nucleados en cooperativas (es el caso de cartoneros y recicladores).
Crese maneja más que nada la logística de esas prestaciones, por las cuales factura al Esop y a la Municipalidad unos 15 millones de pesos mensuales.
Respecto a su constitución legal y el proceso de liquidación que se le avecina, tiene diferencias sustanciales con Tamse, la otra sociedad del Estado creada en 2002.
Tras la reprivatización del sistema de transporte que encaró el Ejecutivo en 2012, Tamse residual quedó a cargo del servicio de trolebuses. Pero, legalmente, la gestión de Luis Juez extendió su horizonte de duración a 99 años.
Su déficit crónico, que demandó desembolsos de subsidios millonarios desde la Municipalidad mientras tenía a su cargo el 40 por ciento del transporte urbano, continuó luego con la obligación de asumir sus pasivos.
Entre juicios laborales, deudas con proveedores e incumplimientos impositivos, Tamse afronta aún hoy pagos millonarios.
Crese, en cambio, mantiene una estructura mínima y sus directivos aseguran que la situación con proveedores y juicios está casi al día, y sólo les quedaría por establecer planes de pago con Afip por aportes no abonados.

El fantasma de Tamse
“La situación (de Crese) es muy diferente a la de Tamse y está controlada. Cuando llegue la liquidación, ya no habrá compromisos pendientes”, señala Bergami.

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Un año para licitar y tener el enterramiento

La decisión política del intendente Ramón Mestre de liquidar Crese está tomada hace rato, aunque los plazos para que eso ocurra dependen de dos frentes que, por distintos factores, han venido sufriendo muchas postergaciones.
La referencia es para poner en marcha un nuevo predio de enterramiento en manos de Cormecor y adjudicar definitivamente el servicio de higiene, de modo tal de terminar con la cesión precaria y temporal de contratos.
El primer caso le permitiría a Crese desentenderse finalmente del tratamiento de los residuos; el segundo, desligarse de un millar de trabajadores que hoy tiene “cedidos” a Lusa y Cotreco.
La disponibilidad de las 500 hectáreas elegidas a la vera de ruta 36 (pasando Bouwer) para instalar el futuro relleno sanitario está en manos del Gobierno provincial, que debe avanzar en la expropiación. Ya tiene la ley que declara de utilidad pública esas tierras, pero falta operativizar los trámites.
El proceso de verificación de títulos y tasación para la posterior compra del inmueble es por demás engorroso. Y además, una vez liberada la tierra, quedan por delante varios meses de tareas “preparatorias” para que pueda funcionar el vertedero.
La Municipalidad desespera por que ese proceso no vaya más allá de julio próximo, plazo máximo de vida útil del actual depósito de residuos en Piedras Blancas, cuya capacidad real viene sorteando límites hace rato.
La nueva licitación, en tanto, tiene replanteos lógicos tras el reciente fracaso (por los altos costos) del anterior llamado que hizo Mestre y también por el desdoblamiento de servicios: se licitará sólo recolección domiciliaria, ya que el barrido manual seguirá en manos del Esop, para abaratar costos vía el ahorro en IVA y otros impuestos.
Fuentes oficiales indicaron que los pliegos ya están confeccionados y circulando por las distintas secretarías del Ejecutivo, para obtener el visto bueno y aterrizar en el Concejo Deliberante en agosto.
La pretensión oficial es convocar a los oferentes antes de fin de año y que en lo posible el nuevo esquema esté en funcionamiento, al igual que el nuevo enterramiento, en julio de 2017.

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