28 jun. 2016

Los planes de reforestación rural que nunca fueron



La Voz del Interior (28/06/2016)
Planes de reforestación rural: dos proyectos quedaron en la nada

En 2011 y en 2013, la Provincia anunció leyes de arbolado masivo en campos y en rutas. Ninguna se concretó, mientras Córdoba sigue perdiendo bosques y desnudando suelos.
Ya nadie discute en Córdoba la necesidad de sumar forestación. Ha dejado de ser sólo un planteo de ambientalistas; y hasta los partidos políticos, incluso gobernantes, lo prometen en sus campañas. Pero Córdoba sigue perdiendo masa forestal, y con ello sustentabilidad ambiental, año tras año.
En las últimas dos décadas ha sido uno de los lugares de América con mayor tasa de desmonte.
El siglo pasado se dio en la zona llana, dominada por el uso agrícola, donde ya no quedan bosques y hasta las cortinas forestales rurales fueron desapareciendo. Más recientemente, el desmonte avanzó sobre las Sierras y el noroeste, donde se conservaba el bosque nativo remanente.
Sobre los 16 millones de hectáreas de Córdoba, alguna vez 12 millones fueron de bosque autóctono. De eso, hoy queda menos del tres por ciento bien conservado y el nueve por ciento si se suman los medianamente preservados (sin contar las forestaciones industriales con pinares), según el más reciente relevamiento con imágenes satelitales de los investigadores Marcelo Cabido y Marcelo Zak, del Conicet y la UNC.
En los últimos años, la Provincia anunció dos planes de forestación que prometían plantar millones de árboles, sobre todo en zonas rurales agrícolas. Pero ninguno se concretó. Ni las leyes que los proponían fueron aprobadas.
Esos planes son independientes de la discusión sobre la vigente Ley de Bosques Nativos, cuyo fin es preservar lo que aún queda de monte autóctono.

Uno y dos
En 2011, el gobernador Juan Schiaretti envió a la Legislatura un proyecto que prometía plantar 17 millones de árboles en cinco años, en campos privados y en banquinas de rutas. Exigía que cada dueño de campo presentara una propuesta que sumara arbolado a su lote, y que, luego de aprobada, debía ejecutar. Ese proyecto nunca se transformó en ley. Sólo se plantaron unos 150 mil árboles (menos del uno por ciento) en las banquinas de algunas rutas, y apenas una parte sobrevivió por falta del vital cuidado inicial.
En 2013, el gobernador José Manuel de la Sota anunció el envío de una ley que obligaría a cada dueño de campo, cualquiera fuera su uso y ubicación, a forestar “al menos el uno por ciento de su superficie”. Se estimaba que, de ese modo, en cinco años se sumarían unas 80 mil hectáreas arboladas en la provincia. Ese proyecto nunca fue tratado en la Legislatura.
En ambos casos, los objetivos declamados eran ayudar a fijar los suelos rurales para evitar una mayor erosión, mitigar las tormentas de tierra y colaborar con la retención de aguas en deriva. Los “campos que vuelan” en días de sequía y viento, como las inundaciones rurales y la aparición de cárcavas (grietas) cuando llueve en exceso, vienen siendo explicados, en parte, por esa ausencia de forestación que fije los suelos.
Las dos iniciativas oficiales, en realidad, no llegaban a configurar la creación de bosques, que suponen varios estratos vegetales y no sólo un conjunto de árboles dispersos. Implicaban sólo cortinas forestales o núcleos verdes entre medio de los mares de soja, maíz o sorgo. Pero representaban, al menos, un intento por recuperar algo de la forestación perdida.
En la Legislatura anticipan ahora que la Provincia tiene en análisis un nuevo proyecto.
Los dos proyectos archivados no establecían estrategias diferenciadas para las Sierras, donde el bosque nativo resulta vital para proteger las cuencas hídricas que nutren de agua a Córdoba. Hace años que desde ámbitos académicos se advierte que el desmonte serrano agudiza las sequías sobre ríos y lagos en invierno, pero, a la vez, también las crecidas más alevosas en verano. Sin suficiente tejido verde, se afecta la esponja que absorbe agua y se acrecienta el tobogán que la deriva.

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