6 mar. 2016

Mestre, recolección y un costo millonario para Córdoba



La Voz del Interior (06/03/2016)
Indemnizaciones condicionan el nuevo esquema de la basura

El municipio debe pagar esa cifra a 1.856 agentes para que cambien de patronal. Buscan crédito para un primer desembolso. Los nuevos pliegos estarían en junio, aunque Lusa y Cotreco pueden recurrir a una prórroga.
El pasado martes, el intendente de Córdoba, Ramón Mestre, aprovechó su discurso de apertura del año legislativo para blanquear de una buena vez lo que era un secreto a voces hace tiempo: el fracaso de la licitación del servicio de higiene urbana, porque sus costos son impagables para la Municipalidad. En breve, la anulación de ese proceso se materializará por vía administrativa.
Puso fin así a dos años de incertidumbre –la apertura de sobres y la preadjudicación habían sido en diciembre de 2013– y tiró sobre la mesa un esquema tripartito para el servicio, que sumará a un nuevo actor: el flamante Ente de Servicios y Obras Públicas (Esop).
El proyecto inicial del Ejecuti­vo contemplaba dejar en manos de dos empresas (con la ciudad dividida en dos zonas y el centro) el barrido y la recolección de residuos, mientras que Cormecor SA iba a tomar las riendas de la disposición final de los residuos, que hoy está en manos de Crese residual.

Escobas
El fallido proceso licitatorio alumbró ahora el ingreso de otro protagonista. El Esop tomará a su cargo el barrido de calles, que supone la tarea más mano de obra intensiva de todo el proceso, con el declarado propósito de abaratar por esa vía costos impositivos.
A diferencia de las empresas privadas y de Crese (esta es sociedad del Estado), el Esop fue constituido bajo la figura de ente autárquico, lo que le permitirá facturar servicios a la Municipalidad obviando el pago de IVA y otros impuestos.
En el municipio, calculan que eso reportará un ahorro anual de unos 180 millones de pesos, un importe menor al gasto mensual total por la higiene urbana, que ronda hoy los 130 millones de pesos.
Pero para llegar a ese nuevo esquema tripartito, todavía ­debe correr el calendario y ­también bastante agua bajo el puente.
En la coyuntura, hay varias definiciones pendientes para modelar primero la transición, que depende centralmente de dos aspectos: acordar con los trabajadores nucleados en el gremio Surrbac el pago de indemnizaciones por el cambio de patronal (así lo fija el convenio de la ac­tividad); y también con las actuales prestatarias, Lusa y Cotreco, los términos de su continuidad hasta que se consume la nueva licitación.

Efectivo, se busca
El sistema de higiene urbana tiene 1.856 empleados, de los cuales aproximadamente 250 revistan en Crese residual y el resto están repartidos entre Lusa y Cotreco, ambas a cargo del servicio a partir de una cesión de contrato que les hizo Crese por decisión de Mestre en 2012, a poco de iniciado su primer ­mandato.
En consecuencia, legalmente todos los empleados revistan en Crese y es esta firma –y por su intermedio la propia Munici­palidad–, la que debe pagarles indemnización si cambian de patronal.
El nuevo esquema supone que un millar de empleados pasarán al Esop, muy posiblemente desde el mes próximo; y el resto, a quienes ganen la nueva licitación, lo que ocurriría –según estimaciones del Ejecutivo– recién a mediados del año que viene.
No está resuelto el destino de los 250 empleados de Crese. Para el futuro enterramiento, Cormecor recibiría a entre 80 y 90 de ellos. Una posibilidad es que Crese se quede con empleados y maneje los centros verdes, aunque eso habilita la discusión respecto de si esos trabajadores deben recibir indemnización, dado que seguirían dependiendo de la misma patronal.
El pago de indemnizaciones supone un desembolso no menor a 200 millones de pesos, para trabajadores que tienen como antigüedad máxima siete años, contabilizando que Crese nació en febrero de 2009. La Municipalidad no dispone hoy de esos fondos y eso condiciona los tiempos –y la tranquilidad– de la transición.

Apuro
El secretario general del Surrbac, Mauricio Saillén, tiene compromiso asumido ante sus representados de que van a cobrar ese dinero; pero la demora de dos años del oficialismo en resolver la licitación acortó los márgenes de espera gremial, que más de una vez se tradujo en amagues de protestas, invocando carencias de insumos.
Desde el Ejecutivo, esperan ansiosos que la marcha de la macroeconomía (arreglo del Gobierno con los fondos buitre y nuevas posibilidades de financiamiento) les permita acceso al crédito para cubrir las indemnizaciones.
La idea que campea en el oficialismo es empezar a pagar lo antes posible, por ejemplo dos de los siete años de indemnizaciones (serían unos 50 millones de pesos). Admiten que Saillén contuvo a sus representados y que hay que darles a los trabajadores alguna señal en los bolsillos antes de avanzar.
El otro punto caliente de la transición tiene que ver con la situación de Lusa y Cotreco. Una adenda realizada en los pliegos de la licitación fijaba que si ese proceso de anulaba (como ocurrió), el vínculo con las actuales prestatarias se prorrogaba dos años más, con opción a un tercero.
El municipio no desconoce esa letra, pero quiere agregarle otro ingrediente: que si la conclusión de la nueva licitación ocurre antes, queda sin efecto la prórroga de dos años antes mencio­nada.
Ese punto será motivo de negociación con Lusa y Cotreco, aunque desde el municipio confían en que las firmas accederán, sabiendo que quedan bien posicionadas de cara a la próxima licitación y por un plazo de concesión mayor.
Tampoco se puede ignorar un factor adicional. El traspaso de mil “barrenderos” al Esop, les sacará a las prestatarias mucha carga de personal y les permitirá concentrarse en la recolección húmeda, con demanda repartida entre mano de obra y camiones.
El negocio para ellos sería más chico en volumen, pero posiblemente más rendidor en términos económicos.

Puntos clave del cambio de jugadores
Indemnizaciones. El convenio del Surrbac prevé que ante cada cambio de patronal los empleados deben ser indemnizados y su antigüedad vuelve a cero (sólo la conservan a los fines de computar vacaciones, por ejemplo). Quien debe pagarles ahora, como patronal, es Crese, tal como lo hizo en 2009 Cliba cuando dejó el servicio en manos de esa sociedad estatal. El sistema de los recolectores es diferente al que rige para los choferes de UTA, que ante un cambio de empresa conservan la fuente de trabajo y antigüedad, pero no son indemnizados.
Cormecor. Esa sociedad anónima armada para manejar el destino final de los residuos de la Capital y buena parte del Gran Córdoba ya está funcionando y a la espera de que la Provincia materialice la compra del predio donde funcionará el nuevo relleno sanitario. La expectativa municipal es cerrar ese proceso a mediados de año, para en los primeros meses de 2017 dejar el actual predio de Piedras Blancas, cuya capacidad de recepción de basura ya está al límite.
Burocracia. El flamante Esop tiene designado el tridente de funcionarios que lo conducirá. Son César Ferreyra (exsecretario de Transporte municipal); Luis Brower de Koning (exlegislador provincial) y Armando Mayor (camarista en la Justicia de Faltas municipal). Hay versiones de que este último se bajaría, pero todavía no tiene reemplazante designado. Para manejar el millar de empleados que harán el barrido de calles, el Esop debe generar su propia estructura administrativa (serían 15 o 20 personas).
Quejas. Estadísticamente, ocho de cada 10 quejas que plantean los vecinos por el servicio de higiene tienen que ver con la recolección y no con el barrido. En el Ejecutivo, admiten que las empresas están incumpliendo y esperan que el próximo esquema permita mejorar sustancialmente la calidad de la prestación.
Nueva licitación. La Municipalidad espera tener los pliegos definidos en julio o agosto, para encarar el proceso y estrenar nuevas prestatarias a mediados del año que viene. El esquema podría ser ­similar al de la fallida licitación anterior: con dos empresas, una por zona, y una de ellas tomando a su cargo –además– el área central.

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Las licitaciones siguen acumulando fracasos

El intendente Ramón ­Mestre ­(padre) ­patentó la comparación de la empresa que prestaba el servicio con “una mucama de lujo”, que limpiaba bien pero ­cobraba muy caro.
Otra licitación de la basura que se cae. Y van... Cambian los guionistas y los actores principales, pero la película termina siempre más o menos igual: hace más de una década que la ciudad de Córdoba no logra encauzar el servicio de higiene urbana ­bajo un contrato a mediano plazo, con reglas claras y a un precio razonable.
A fines de 2008, la tumultuosa salida de servicio de la empresa Cliba –había recibido varias prórrogas previas durante la gestión de Luis Juez– terminó pariendo, de apuro, la creación de la estatal Crese. Fue a principios de 2009, con Daniel Giacomino como intendente.
Previo a eso, hubo una licitación en la que las oferentes, Cliba y Covelia, pedían un canon de 40 millones de pesos mensuales, cuando el municipio a duras penas podía pagarles 15 millones.
A mediados de 2010, también bajo gestión de Giacomino, sobrevino el papelón con la firma estadounidense Invironn, que iba a tomar a su ­cargo la disposición final de la basura, hasta que este diario reveló que la firma no tenía, en ese rubro, la experiencia ni la solvencia técnica que decía. Y todo volvió a foja cero.
Ahora, tras dos años de agonía, cayó la licitación convocada por Ramón Mestre. Hay algunos factores repetitivos: la evidente cartelización de las empresas (no son tantas en esta actividad), que cotizan cifras astronómicas; las exigencias de los pliegos, quizá impecables técnicamente pero imposibles de pagar para el municipio; ambiciosos planes de contenerización, que requieren inversiones millonarias que las empresas no pueden o no quieren hacer; y posiblemente también la exigente demanda de lidiar con un gremio muy fuerte como el Surrbac, cuyos dependientes perciben sueldos elevados.
A principios de la década de 1980, el entonces intendente Ramón Mestre (padre) patentó la comparación de la firma que prestaba entonces el servicio con “una mucama de lujo”, que limpiaba bien pero cobraba muy caro. Hoy el dilema es doble: el servicio resulta caro, pero además, dista mucho de ser eficiente.

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